En medio de las intenciones de inhabilitar al candidato presidencial Ricardo Martinelli para las elecciones del próximo 5 de mayo, el gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo emitieron un comunicado donde expresa su preocupación por la situación de Venezuela y hace un llamado a que se propicien las condiciones para unas elecciones presidenciales libres y transparentes.
Ante ello dirigentes de Realizando Metas (RM) cuestionan dicho comunicado, planteado que el Gobierno no tiene autoridad moral para solicitar lo que ellos no están respetando en su propio país.
En ese sentido el abogado Alejandro Pérez expresó: «Obviamente nadie ve la brusca en su ojo, ve la brusca en los ojos de los demás. ¿Qué autoridad moral tiene el gobierno panameño de pedir que no inhabiliten a María Corina Machado, si en Panamá el presidente Cortizo lleva a través de la Corte Suprema de Justicia una persecución implacable contra uno de los participantes en las elecciones de mayo».
Señala el jurista: «Qué autoridad moral tienen si ellos son los que han venido manipulando todo el proceso judicial de Ricardo Martinelli, metiendo sus manos peludas desde la jueza, magistrados de segunda instancia y la presidenta de la Corte están hasta el tuétano involucrados dolosamente, con maldad en el proceso de Ricardo Martinelli».
Recordó que en Panamá las advertencias de inconstitucionalidad demoraban años, pero ahora en tres semanas se resuelven porque es Ricardo Martinelli, ¿entonces qué autoridad moral tiene el gobierno perseguidor?, ninguna, no pueden pedir que se respete la democracia cuando en nuestro país no se está respetando la democracia, no dejan que el pueblo decida mediante el voto popular».
Por su parte el secretario general de RM, Luis Eduardo Camacho indicó: «Cuando uno lee ese tipo de comunicado, nos viene a la mente la frase luz para la calle y oscuridad para la casa, porque eso es lo que representa ese comunicado. Se habla de su preocupación por la democracia en Venezuela, pero en nuestro país ese mismo gobierno que le reclama respeto a la institucionalidad y a las garantías democráticas y a las elecciones libres, está siendo todo lo contrario precisamente que le reclaman al gobierno venezolano, porque aquí el Gobierno no solamente atenta contra la institucionalidad del país haciendo presiones indebidas a otros órganos del Estado, sino que también busca afectar de la misma manera que está criticando los procesos electorales excluyendo de manera ilegal, ilegítima a candidatos que gozan del apoyo mayoritario».
Planteó que están utilizando la misma vía de judicializar los procesos electorales con decisiones ilegales y presiones en el Órgano Judicial para que saque de la carrera a candidatos presidenciales y esto no solo en el caso de Ricardo Martinelli, es quizás el caso más palpable en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, pero también intenta con otros candidatos presidenciales y de otros cargos.’
En ese sentido el abogado Alejandro Pérez expresó: «Obviamente nadie ve la brusca en su ojo, ve la brusca en los ojos de los demás. ¿Qué autoridad moral tiene el gobierno panameño de pedir que no inhabiliten a María Corina Machado, si en Panamá el presidente Cortizo lleva a través de la Corte Suprema de Justicia una persecución implacable contra uno de los participantes en las elecciones de mayo».
Considera que en Panamá se está aplicando lo mismo que Venezuela: «Es lo mismo, primero hay dos realidades afectar la institucionalidad del país ejerciendo presiones ilegales, inconstitucionales y antidemocráticas en otro órgano del Estado, como hace allá mismo en otros países que vemos ejemplos similares como lo vimos en Guatemala».
