Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que reconoció la inconstitucionalidad del Contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño, diversos gremios económicos han expresado sus posturas y hacen un llamado a la normalización en Panamá.
La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) se pronunció tras el fallo, expresando su esperanza de que Panamá recupere la normalidad sin restricciones al derecho de libre tránsito. La Capac aboga por que cada sector económico retome sus actividades cotidianas, propiciando condiciones para la restauración de las actividades sociales, educativas y económicas en todo el territorio nacional.
La Capac sostiene que el cierre de la mina debe llevarse a cabo de manera progresiva y ordenada, minimizando el daño ecológico en las áreas afectadas por la actividad minera. En su comunicado, el gremio insta al Gobierno Nacional a presentar a la comunidad panameña un plan ordenado que detalle todas las actividades, auditorías y componentes necesarios para el cierre de la mina.
En un llamado a la unidad, la Capac insta a todas las partes involucradas a defender los intereses del país ante posibles reclamos arbitrales de Minera Panamá contra el Estado panameño.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) destaca que la decisión de la CSJ debe ser acatada sin reservas. El gremio reconoce la importancia de instituciones robustas y resalta la necesidad de promover la eficiencia en la actividad productiva y garantizar la convivencia social, incluyendo el regreso a las clases.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) también respalda el fallo de la Corte Suprema de Justicia, considerándolo oportuno dadas las circunstancias del país. Adolfo Fábrega, presidente del gremio, destaca el respeto a los tiempos procesales y la consideración del clamor de la población por parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La CCIAP hace un llamado a los grupos manifestantes para que abran vías de comunicación, permitan el libre tránsito y devuelvan la paz social necesaria para que la ciudadanía retome sus actividades diarias. Además, exige al Presidente de la República, al Ministro de Seguridad y al Ministro de Gobierno cumplir con su responsabilidad constitucional y garantizar las libertades ciudadanas en todo el territorio nacional.
