Por tercer día consecutivo, y en un escenario de protestas, intensos debates y discusiones, la Asamblea de Panamá, se encuentra inmersa en la evaluación del proyecto de Ley 1043 el cual aborda un crucial contrato entre Minera Panamá y el Estado.
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos que se reúne en el Salón Carlos “Titi” Alvarado del palacio legislativo ha abierto la posibilidad de discusión a ciudadanos y gremios interesados.
Mientras existe el debate, grupos que se oponen al contrato y encabezados por trabajadores de la construcción protestan en las afueras de la Asamblea legislativa.
Durante los tres días la propuesta de ley ha generado un acalorado intercambio de opiniones entre legisladores y diversos sectores de la sociedad.
Uno de los opositores al contrato fue Marcos Andrade actual Secretario General de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), quien exigió mayores medidas para proteger el ambiente.
“Lo que van a llevar allí es un ecocidio, esta palabra significa destrucción de ecosistemas, y las consecuencias serán irreversibles para el ambiente, nos preguntamos si en este país los profesionales, políticos y trabajadores no somos capaces de tener políticas económicas que permitan el desarrollo sin atentar con el ecosistema” señaló el sindicalista.
Por su parte Enilda Bernal, residente en el área minera del distrito Omar Torrijos Herrera, poblado de Nuevo San José, provincia de Colón, dijo “Nuestro distrito no es el mismo de antes, ahora hay muchos profesionales, ya que la minera se ha comprometido con la educación y la habilitación de carreteras, aproximadamente 14 hectáreas de bosques en recuperación, se ha mantenido un balance entre la ganadería y los bosques” añadió.
Hasta el momento, el proyecto de Ley se encuentra en primer debate y la Asamblea ha convocado a expertos en derecho, economía y medio ambiente para proporcionar su opinión. Estas audiencias han enriquecido el debate con perspectivas técnicas y especializadas, aportando elementos adicionales a considerar para los legisladores.
La discusión de este tema ha cautivado la atención del país ya que se espera que la Asamblea tome una decisión informada que tenga en cuenta tanto los intereses económicos como las preocupaciones medioambientales y sociales de la comunidad.
La aprobación o rechazo tendrá un impacto duradero en el futuro de la industria minera en Panamá y la relación entre el Estado y las empresas extractivas.
