Panamá amanece en un estado de relativa calma después de que el presidente Laurentino Cortizo anunciara su decisión de solicitar al Tribunal Electoral una consulta popular para determinar el futuro del contrato Ley 406 entre Minera Panamá y el Estado panameño. Hoy las expectativas están centradas en la Asamblea Nacional donde deberán llegar los proyectos de ley para el referéndum y la moratoria minera.
El reciente anuncio del presidente Cortizo ha desencadenado diversas discusiones, principalmente entre abogados, que discrepan en cuanto a la forma de convocar el plebiscito y si esta medida pondrá fin a las protestas en curso.
Por otro lado, algunos juristas consideran que la mejor vía para anular el contrato minero es probar su inconstitucionalidad. Hasta ahora, el contrato minero ha enfrentado cuatro demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, de las cuales solo dos han sido admitidas por el tribunal supremo. No se descarta la presentación de nuevas demandas en este sentido.
Mientras tanto, diversos gremios de trabajadores, educadores y líderes indígenas han anunciado su intención de continuar con las manifestaciones y los cierres de calles. En efecto, durante la mañana de este lunes, un grupo de campesinos bloqueó la carretera de acceso a la minera en el sector de Donoso, en la provincia de Colón.
También se han reportado cierres en los alrededores de la Ciudad de Panamá, incluyendo la Plaza 5 de Mayo, la vía Interamericana cerca de Howard, San Isidro y el Corredor Sur.
El contrato de la Ley 406, que otorga a Minera Panamá los derechos de explotación de cobre en las provincias de Coclé y Colón, fue ratificado por el presidente Cortizo la tarde del viernes 20 de octubre, apenas unas horas después de haber sido aprobado en tercer debate en el parlamento panameño.
La rapidez con la que se aprobó el contrato, así como las preocupaciones relacionadas con los ingresos estatales, cuestiones medioambientales y el destino de los fondos generados por esta ley, han suscitado críticas y malestar, especialmente entre ciudadanos, grupos indígenas, y gremios de ecologistas, educadores y del sector de la construcción, lo que ha llevado a protestas que se mantienen desde la semana pasada.
