Con un discurso de tintes autoritarios, el gobierno de Panamá intentó aplacar a la ciudadanía tras 48 horas de protestas públicas en rechazo a un contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en el país la mina de cobre [al aire libre] más grande de Centroamérica.
“Como presidente hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones; la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno, estos actos serán judicializados. Como he reiterado en varias ocasiones, nadie está por encima de la ley”, advirtió el presidente Laurentino Cortizo en relación con las manifestaciones populares en esta capital.
Tras su discurso, que lejos de apaciguar parece haber encendido todavía más el descontento, residentes del entorno de la iglesia de Santa Ana, que divide el antiguo arrabal de las primeras zonas urbanizadas, colocaron botes de basura a modo de barricadas en las esquinas, mientras que el ala turística permanece militarizada.
En horas de la tarde del lunes, efectivos de la policía aseguraron a este diario que dos de sus compañeros habían sido impactados, sin ofrecer más detalles, mientras que este martes se escucharon disparos en el área.
Información oficial refiere que al caer la noche seguían los enfrentamientos en varios puntos del país, con un saldo preliminar de al menos 25 detenidos. Al paso de las horas, se habla de decenas de detenidos y de manifestantes que quemaron neumáticos y lanzaron piedras a los efectivos antimotines.
Las protestas que bloquearon varias calles de la capital y derivaron en lanzamientos de gases lacrimógenos a manifestantes, buscan derogar el contrato Ley 406 de 2023 que oficializó el acuerdo minero.
Qué dijo el gobierno de Panamá
Aunque el presidente Cortizo declaró que se trata de una solución que ofrece su gobierno a un problema heredado de gobiernos antecesores, los detractores sostienen que la minería metálica no es viable ni sostenible en un país con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá.
En el contexto de las protestas, predominaron gritos de “¡Abajo los vendepatria!”, “¡No al contrato minero!”, así como banderas y letreros de “No a la minería, sí a la vida”; “Protejamos nuestros recursos naturales”, “Basta de destruir nuestras tierras”, “La Patria se defiende”. En el casco antiguo de la ciudad también se leen carteles que rezan: “están vendiendo el país al mejor postor”.
La postura de los ambientalistas
Organizaciones ambientalistas como el Observatorio Socioambiental de Panamá cuestionan que el contrato no solo explota lo que llaman una “depredadora actividad” en Colón, sino que además “crea el marco de referencia para futuras concesiones similares”. Las denuncias ciudadanas insisten en la opacidad en la que se han estado manejando estos acuerdos y ponderan la necesidad de que se cumpla el compromiso de “moratoria para la exploración y explotación de minería metálica en todo el territorio nacional”.
El paro nacional y las protestas
En tanto, Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), informó el lunes 23 de octubre que su gremio, a partir de este martes 24 de octubre, establece un paro de 48 horas debido a que el presidente Cortizo sancionó la Ley No. 406, cuya letra decreta que el contrato entre el Estado y Minera Panamá puede ser prorrogable.
El sindicalista indicó que la suspensión del paro dependerá de que el Ejecutivo “haga lo que el pueblo quiere”, que es “la derogación del contrato minero” y, mientras tanto, pidió a las familias que no lleven a sus niños a la escuela.
Muchos no pudieron llegar a sus centros de trabajo en estas jornadas en las que además de las vías principales, fueron cerradas estaciones de metro, bancos, comercios y restaurantes, así como algunos quedaron atrapados en sus rutas hacia el aeropuerto. El paro, en consideración de un sector de la ciudadanía, provoca pérdidas económicas para un país que apuesta al desarrollo tras la pandemia.
Bases de la concesión minera
El nuevo contrato minero, que desplaza el contrato de explotación original firmado en 2017 que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, contempla aportes mínimos anuales de 375 millones de dólares de la minera al Estado panameño, diez veces el monto del acuerdo anterior. «Es una mejora sustancial”, justificó este lunes el ministro de Comercio, Federico Alfaro.
El propio Cortizo apela a estos argumentos, al tiempo que repasó en su discurso la concesión minera y la participación que han tenido distintos gobiernos. Dijo que cuando asumió el gobierno en 2019, Minera Panamá estaba operando, explotando y exportando cobre y minerales asociados y, de cara a las protestas indicó que los cierres de calles afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población, se pierden citas médicas, se dificulta la atención de pacientes en riesgo. “Todo esto afecta el comercio, las industrias, pequeños productores, los apoyos semanales a las Comarcas y la generación de nuevos empleos”, agregó.
La profesora universitaria Katia Malo coincide en que debe protegerse la pequeña empresa privada, así como garantizarse la seguridad social, y aunque es partidaria de que los panameños se manifiesten por sus derechos y contra todo aquello que consideren injusto, suscribe que no es necesario llegar a la violencia ni mucho menos a paralizar el país. Apuntó que ahora —fuera del horario laboral— se están manifestando varios sectores de la población en la céntrica Calle 50.
“No tenemos cargos en el gobierno, soy comerciante. A mí me afecta el bolsillo si las calles están trancadas, a mi familia también”, amplió en tanto denunció el hecho de que en medio de los enfrentamientos terminara siendo atacada, según trascendió en la prensa local, una ambulancia y transportes de pacientes dependientes de la hemodiálisis.
“Aquí en Panamá protestamos, aquí se protesta por todo y eso es un derecho, el problema es cuando se vuelven protestas violentas y se infiltran personas que no están a favor del desarrollo del país y quieren desestabilizar al Estado”, destacó y recordó los tiempos en que, durante su juventud, asistió a protestas pacíficas “antimilitares” y detalló que ahora, en la tercera edad, vive de su jubilación y de las ventas de servicios.
No obstante, cuestiona que el gobierno haya firmado de manera tan apresurada el contrato minero con el que la ciudadanía no concuerda y, sostiene, le preocupa lo que le pueda venir encima a la nación si retira la concesión y se desencadena una demanda internacional. Tampoco ha sido muy convincente la respuesta de Cortizo, quien finaliza el próximo año su primer término como Jefe de Estado, hasta las elecciones de 2024.
A pesar de que han sido denunciados los actos de represión policial y desobediencia civil, el presidente justificó que la operación minera se originó en 1991 con un Contrato de Concesión de Exploración. Luego, en 1997, hace 26 años, se aprobó el Contrato Ley 9 para esa explotación minera.
