Después de una semana de intensas manifestaciones y protestas en rechazo a la Ley 406, que otorga derechos de explotación de cobre a Minera Panamá, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció su decisión de solicitar al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular, la que se llevará a cabo el domingo 17 de diciembre próximo, permitiendo a los ciudadanos determinar el destino del controvertido contrato minero.
Cortizo también declaró su apoyo a la prohibición de la minería metálica a nivel nacional, basando su decisión en el respeto hacia aquellos que se oponen al contrato minero y en respuesta a las voces que se han manifestado en su contra.
«Como presidente, entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre este asunto… El pueblo es el soberano», afirmó Cortizo.
La noticia llega tras días de protestas en contra de la Ley 406, lo que ha llevado al presidente Cortizo a emitir tres comunicados a nivel nacional en una sola semana, específicamente sobre este tema.
A pesar de que la mayoría de las manifestaciones se han desarrollado pacíficamente durante la última semana, informes policiales indican que durante este periodo, 55 comercios resultaron vandalizados, se realizaron 571 detenciones y se reportaron cerca de 34 policías heridos.
Hasta el momento, según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (CCIAP), las pérdidas en el comercio debido a las huelgas y bloqueos de carretera se calculan entre los US$60 y US$90 millones diarios.
La decisión del presidente Cortizo se produce en medio de más de una semana de protestas y bloqueos de carreteras en todo el país, en oposición a la Ley 406, que otorga derechos de explotación, distribución y procesamiento de Minera Panamá en un área que abarca aproximadamente 13,000 hectáreas.
Los principales detonantes de las manifestaciones han sido la rapidez con la que se aprobó la ley, así como las preocupaciones relacionadas con los ingresos estatales, asuntos ambientales y el destino de los fondos generados por esta ley. Estas inquietudes han sido expresadas, especialmente, por ciudadanos, grupos indígenas y diversos gremios, incluyendo ecologistas, educadores y trabajadores de la construcción, desencadenando protestas desde la semana pasada.
