Por segundo día se realizaron masivas protestas en diversos puntos de Panamá exigiendo la eliminación de un contrato entre el Estado y una empresa de capital canadiense para seguir extrayendo cobre en una amplia zona boscosa, mientras el presidente Laurentino Cortizo volvió a defenderlo y destacó sus aportes a la economía y la generación de empleos.
Las marchas, concentraciones y cierres en puntos de la ciudad de Panamá y en provincias continuaron con una gran concentración en la calle 50, una de las más conocidas en el sector bancario de la capital del país y otrora sitio de lucha contra el pasado régimen militar a fines de los años 80.
Las protestas se recrudecieron luego de que el presidente Cortizo sancionara y promulgara el viernes con rapidez la ley del contrato con una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que había sido aprobado antes por el Legislativo a pesar del rechazo popular.
Se trata de un nuevo contrato que otorga a la empresa minera el derecho de extraer, procesar y exportar cobre y minerales afines por un periodo de 20 años prorrogable por 20 más en cuatro zonas de 12.955 hectáreas al norte del país, una actividad que ya venía desarrollándose desde que se dieron en concesión esos yacimientos a fines de la década de 1990. Se estima que esta es la mayor inversión privada en la historia de Panamá, con más de 6.000 millones de dólares, y la mayor mina de su tipo en Centroamérica.
Los críticos lo rechazan porque consideran que otorga demasiadas concesiones a la minera y que tendría un fuerte impacto medioambiental y pondría en riesgo el recurso hídrico, vital para el consumo humano.
También hablan de que podría verse incluso afectada la futura operación del canal interoceánico, ya golpeado por el cambio climático y la sequía.
