Después de cinco días de protestas y bloqueos de carreteras en todo el país, que incluso llegaron a la casa de playa privada del Presidente de Panamá, en rechazo a la Ley 406 que concede derechos de explotación a Minera Panamá, el diputado Edison Broce ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley ante la Asamblea de Diputados para derogar el proyecto minero.
Broce compartió su decisión a través de sus redes sociales y explicó que intentó presentar el proyecto durante la sesión parlamentaria de este jueves, pero lamentablemente la sesión finalizó antes de que pudiera ser recibido oficialmente.
El diputado independiente aseguró que ya ha mantenido conversaciones con el actual Secretario General del Parlamento panameño, Quibián Panay, quien se comprometió a recibir su proyecto el próximo lunes.
Broce argumenta que la extracción minera plantea preocupaciones significativas sobre la contaminación y sus efectos perjudiciales para la salud de los ciudadanos, lo que, en su opinión, contraviene los artículos 118 y 119 de la Constitución panameña.
El artículo 118 establece: «Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana». Mientras que el artículo 119 señala: «El Estado y todos los habitantes del territorio tienen el deber de promover un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas».
A pesar de la ratificación por parte del presidente Cortizo la pasada semana, cuatro demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano legal de Panamá, en contra de la Ley 406. Hasta el momento, solo una de estas demandas ha sido admitida por el tribunal supremo.
Mientras tanto, las manifestaciones en contra de la Ley continúan diariamente en todo el país, lo que ha ocasionado enfrentamientos de manifestantes con la policía, paralización de clases escolares y universitarias, pérdidas millonarias al comercio, congestión vehicular y la suspensión parcial del sistema de transporte.
El contrato de la Ley 406, que otorga a Minera Panamá los derechos de explotación, procesamiento, exploración y exportación en cerca de 13,000 hectáreas en las provincias de Coclé y Colón, fue ratificado por el presidente Cortizo la tarde del viernes 20 de octubre, apenas unas horas después de haber sido aprobado en tercer debate en el parlamento panameño.
La rapidez de la aprobación, así como las cuestiones relacionadas con los ingresos estatales, asuntos ambientales y el destino de los fondos generados por esta ley, han suscitado cuestionamientos, especialmente por parte de gremios ecologistas, educadores y de la construcción, desencadenando protestas desde la semana pasada.
