El pasado 27 de febrero, en un aniversario más de El Caracazo –una serie de saqueos y disturbios masivos que azotaron Caracas en febrero de 1989 y dejaron cientos de muertos–, reapareció la discusión sobre por qué situaciones similares no ocurrieron en Venezuela durante los peores años de la la crisis y bajo una emergencia humanitaria compleja. La respuesta pasa por que el chavismo tenga en cuenta la variable de una posible repetición de los hechos de febrero de 1989, pese a la presencia de las “condiciones objetivas” que provocaron los saqueos. Tal como supo del 11 de abril de 2002 y de las protestas de 2017, Miraflores ha cortado el conjunto de vínculos asociativos que hacían posible la expresión de la indignación de las multitudes.
Por: Rafael Uzcátegui – Caracas Chronicles
En el caso de “El Caracazo”, repetiremos ideas del foro “Derechos Ambientales Ayer y Hoy” , realizado el 18 de noviembre en la Casa Disiente de Caracas, donde los activistas Claudia Rodríguez, Jorge Padrón y Liliana Buitrago hicieron un balance histórico de El movimiento ecologista en Venezuela. Aunque hoy no lo parezca, en la década de 1990 el movimiento ambientalista tenía presencia en casi todo el país, demostrando una importante capacidad de movilización e incidencia ante las autoridades.
Como se recordó en el debate, en 1997 los ambientalistas venezolanos lograron generar masa crítica suficiente para revertir el llamado Decreto de 1850, que permitía la actividad extractiva en la Reserva Forestal de Imataca en los estados Bolívar y Delta Amacuro. Un bolivarianismo emergente, en forma de movimiento político-electoral, capitalizó las demandas ciudadanas a su favor -asimilando a buena parte de aquellos activistas verdes de los años 90-. Pero la cooptación del Estado tenía como objetivo neutralizar la capacidad autónoma de movilización y lucha de la sociedad, incluido el ambientalismo. El derribo de torres de transmisión por parte de indígenas en Brasil en el año 2000 fue el último viento de independencia del ambientalismo venezolano.
En 2004, Hugo Chávez emitió el decreto presidencial 3.110, que permitió nuevamente la explotación minera y maderera en Imataca. Y la decisión, en plena popularidad del izquierdista de Sabaneta, se produjo sin respuesta social alguna. Los verdes combativos de antaño ya formaban parte del nuevo establishment. Sin embargo, la transformación de los defensores de los derechos ambientales en funcionarios es insuficiente para explicar este apaciguamiento. Esto fue acompañado por una política deliberada para poner fin a las condiciones materiales que apoyaban e hacían posible este tipo de activismo.
La primera de estas decisiones fue doblegar la red de universidades públicas del país. Los análisis del enfrentamiento del chavismo con las instituciones de educación superior han tendido a explicarlo por el acaparamiento de la libertad académica y la generación de conocimiento, lo cual es cierto. Sin embargo, una dimensión que se omite es que la Universidad Central de Venezuela (UCV) y universidades similares fueron un territorio clave de funcionamiento no sólo para las organizaciones de izquierda, sino para todas las expresiones asociativas y sindicales que surgieron en el país desde finales de los años 70.
La infraestructura de la universidad, durante mucho tiempo, fue clave para el surgimiento y expansión de demandas de todo tipo. Sus aulas y auditorios albergaron reuniones periódicas y encuentros regionales y nacionales de diversa índole, sin costo alguno para sus promotores; los comedores universitarios se encargaron del catering durante esos días; sus buses garantizaron la movilización, tanto en la ciudad como hacia distintos puntos del país; los impresores universitarios duplicaban proclamas y manifiestos, en offset o en rudimentarias multigrafías; profesores y estudiantes procesaron los datos que alimentaron la narrativa de las demandas.
Acabar con la universidad, también, fue una forma de eliminar el sustrato material utilizado por las organizaciones sociales y populares del país. Si la metáfora es válida, es como si un partido político de amplio alcance tuviera todas sus sedes nacionales allanadas y confiscadas al mismo tiempo. Su capacidad operativa se verá considerablemente reducida.
Una segunda dimensión del activismo característico de los años 1980 y 1990, que finalmente llevó a Hugo Chávez al poder, es que se basó en gran medida en el voluntariado. A diferencia del esquema posible a través de la cooperación internacional, que se desarrolló en todo el mundo a finales de los años 90, en esos años los distintos y emergentes movimientos vecinales, estudiantiles, indígenas y contraculturales se basaron en el esfuerzo voluntario y el apoyo mutuo altruista.
Las personas recibían un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo que tenían la posibilidad de dedicar su tiempo libre e incluso financiar de su propio bolsillo las iniciativas ciudadanas en las que participaban. Con el poder adquisitivo del salario dinamitado, colocando a todas las personas en la lucha darwiniana por la supervivencia, no hay tiempo, ganas ni posibilidades económicas para transformar la realidad mediante un esfuerzo asociativo.
Una tercera y última dimensión, que agrego desde mi propia perspectiva, es la ruptura de los vínculos comunitarios horizontales en los sectores de bajos ingresos. Cuando el gobierno conoció la crisis económica que se avecinaba en 2014, tras la importante caída de los precios internacionales de sus principales productos de exportación, tomó dos decisiones. El primero fue crear la contranarrativa de la “guerra económica”, culpando a los empresarios y al sector privado, para explicar todos los males que iban a sufrir las mayorías a continuación. Y en paralelo, realizar el mayor operativo de intervención policial-militar en los barrios del país: la Operación Liberación Popular (OLP), que con el tiempo sería reemplazada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Tras el golpe de Estado de 2002, el chavismo llevó a cabo las purgas y reestructuraciones necesarias dentro de la Fuerza Armada para evitar que algo similar ocurriera en el futuro. Lo mismo puede decirse de las protestas de 2017. Si El Caracazo no se puede repetir después de 25 años de chavismo, a pesar del empobrecimiento y marginación de las mayorías, es porque el oficialismo ha tomado medidas para destruir los vínculos sociales que lo hicieron posible.
