En las últimas semanas, mientras los apagones se intensifican en gran parte de Venezuela —con cortes de 6 a 12 horas diarias en estados como Zulia, Lara, Aragua, Carabobo, Guárico y Mérida—, una discusión virulenta ha tomado fuerza en X.
Usuarios del interior acusan a los caraqueños de “privilegiados”, de vivir en una “burbuja” y de que “les quitan la luz a las regiones para dársela a Caracas”. Algunos posts llegan a celebrar hipotéticos apagones en la capital o a sugerir que los habitantes de Caracas merecen sufrir igual.
Caracas no está exenta de fallas: registra bajones frecuentes, fluctuaciones de voltaje que dañan electrodomésticos y cortes intermitentes. Sin embargo, los racionamientos programados son más cortos porque la capital es el centro político, financiero y de telecomunicaciones del país. Mantener un mínimo de estabilidad allí responde a una lógica de control del poder: un apagón prolongado en Miraflores, en los bancos o en las redes de comunicación generaría un impacto político inmediato que el régimen evita.
Técnicamente, Caracas se encuentra al final de varias líneas de transmisión. El cuello de botella no está en “robarle” megavatios a las regiones, sino en la saturación de las redes regionales, la baja disponibilidad de generación (apenas alrededor del 40 % de la capacidad instalada funciona) y el déficit estructural que se agravó tras el pico de demanda de más de 16.000 MW registrado en septiembre. Fallas en turbinas de Guri y en plantas termoeléctricas afectan a todo el sistema. Priorizar la capital no es una decisión de los caraqueños de a pie; es una política estatal.
Culpar a los habitantes de Caracas es tan absurdo como culpar a los vecinos de un edificio porque el ascensor solo funciona en algunos pisos. Ellos tampoco controlan la generación ni la distribución.
La culpa
El SEN arrastra años de falta de mantenimiento, corrupción, desinversión y promesas incumplidas. Corpoelec y el Ministerio de Energía Eléctrica han atribuido las fallas a la alta demanda, al “Super Niño” o a supuestos sabotajes, mientras piden a la población “ahorrar energía”. Al mismo tiempo, anuncian planes de recuperación que rara vez se concretan en mejoras visibles para el interior.
Expertos y opositores coinciden en que el problema es estructural: corrupción, falta de repuestos y ausencia de una política energética seria. Mientras tanto, las regiones productoras de energía (como Bolívar, donde está Guri) sufren apagones prolongados, lo que evidencia que ni siquiera se prioriza a quienes generan la electricidad.
El resentimiento entre capital e interior no es nuevo, pero convertirlo en el centro del debate debilita la presión real. Mientras venezolanos se pelean en redes —con posts sarcásticos, acusaciones de “parásitos” o celebraciones del sufrimiento ajeno—, el Gobierno sigue sin rendir cuentas.
Estos intercambios muestran el cansancio legítimo del interior, pero también el error de apuntar al vecino en lugar de al responsable.
La solución no pasará por igualar el sufrimiento ni por sembrar más división. Pasará por exigir al Gobierno inversión real, transparencia y recuperación del sistema eléctrico. Atacar a los caraqueños solo distrae y debilita la voz colectiva de los venezolanos que, en Caracas o en el interior, están pagando las consecuencias de la misma crisis.
La responsabilidad de la crisis eléctrica no recae en los ciudadanos de Caracas, sino en el Gobierno venezolano y en décadas de deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Una narrativa incorrecta, injusta y contraproducente.
