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Vía VOA

La Voz de América conversó con David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos acerca de la situación actual de la migración venezolana y qué se espera para 2023.

David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, afirmó a la Voz de América que “la gente va a seguir huyendo de Venezuela” de prolongarse la “tiranía” de Nicolás Maduro y mientras tengan que seguir lidiando con “escasez de alimentos, escasez de medicina, alto costo de la vida y seguridad”.

Smolansky explicó a la VOA el lado oculto detrás de crisis humanitaria de los venezolanos, argumentando por ejemplo sobre la muerte de 71 migrantes que se registró este año en las rutas migratorias y la situación de los más de siete millones que ya han huido del país en un éxodo que no da señales de disminuir.

“Murieron tratando de llegar a otra parte”, dijo Smolansky, “y sigue siendo una cifra muy alta. La verdad es que en todo el continente registramos venezolanos falleciendo que huían del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, mientras se siga prolongando la tiranía, pues lamentablemente siempre van a haber”.

De hecho, señaló que “el año está cerrando con aproximadamente 1.700 venezolanos huyendo diariamente”.

“Estamos hablando que aproximadamente 50.000 personas huyen al mes, entonces eso tú lo proyectas a un año y bueno, podrían ser 600.000 personas más que se vayan el año que viene. En 2022 fueron un millón”.

Smolansky opina que “a esta crisis hay que hay que darle la dimensión que se merece, que es una dimensión global. América Latina y el Caribe, todo el continente… tienen la crisis migratoria más grande del planeta. Solamente se asemeja hoy por hoy a la de Ucrania”.

La respuesta ha sido inconsistente, añadió y espera que sea “mucho más propositiva y acogedora y solidaria para 2023”.

“Todos los años desde 2019 se venía haciendo una conferencia global de donantes para dar respuesta a la crisis migratoria venezolana y en el caso de este año se postergó”, debido a la otra crisis en Ucrania.

“Este ha sido uno de los años más difíciles desde el punto de vista de cooperación para poder proteger, atender e integrar a los migrantes y refugiados y además darle apoyo a los países receptores”, explicó Smolansky.

Cuando se habla en la cooperación económica solamente se piensa en inmigrantes y refugiados, dijo, “pero también aquí se habla del país receptor o país receptor, donde muchos países en América Latina están en vías de desarrollo y tienen su propias limitaciones para poder integrar a los migrantes venezolanos”.

“Quiero ser muy claro que mi mayor anhelo es que todos los venezolanos tengamos la oportunidad de volver a nuestra nación y que podamos disfrutar de una nación donde haya libertades y estado de derecho de oportunidades, donde haya democracia y donde, sobre todo, poder reencontrarnos con nuestra familia”, declaró Smolansky.

Sin embargo, “esta época del año es muy dura para para los venezolanos porque pasamos la Navidad y el Año Nuevo alejados los seres queridos”.

Las necesidades planteadas por la ACNUR

La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), codirigida por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presentó a comienzos de diciembre su plan regional de 1.720 millones de dólares para apoyar las necesidades actuales de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.

El comunicado indicó que a varios años del comienzo de esta emergencia, millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en la región «todavía no pueden costear tres comidas al día, no tienen un alojamiento seguro y digno, se enfrentan a obstáculos para acceder a atención médica y no pueden trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias».

El texto afirmó que los fondos serían destinados a responder a esas necesidades humanitarias, complementando y apoyando los esfuerzos de los gobiernos de acogida, que son los principales responsables de la respuesta. A su vez promoverán la integración socioeconómica, mediante el acceso a oportunidades de empleo, educación y regularización, así como a programas de bienestar social para que puedan lograr estabilidad financiera y una integración efectiva que les permita alcanzar su pleno potencial y contribuir al desarrollo de los países que les han acogido con generosidad.

“Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela no pueden ser olvidadas. Muchas han visto sus vidas paralizadas y millones luchan por alimentar a sus familias o encontrar oportunidades para reconstruir sus vidas”, señaló Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos. “Están deseosos de contribuir a sus comunidades de acogida con sus conocimientos, habilidades y creatividad, y lo han estado haciendo, pero necesitan nuestro apoyo para superar sus retos más acuciantes”.

De acuerdo con ACNUR, más de 7 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela han abandonado su país en busca de seguridad y estabilidad. La gran mayoría, casi seis millones de pe

Vía EFE

El número de refugiados y desplazados internos en el mundo alcanzó a finales de 2021 una cifra récord de 89,3 millones de personas, pero en 2022 este colectivo ya ha superado los 100 millones a causa de conflictos como el de Ucrania, indicó hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Conflictos, persecuciones, violencia y violaciones de derechos humanos provocaron que en 2021 la cifra de refugiados y desplazados internos aumentara por décimo año consecutivo, por lo que este colectivo se ha duplicado con respecto a hace una década, cuando no alcanzaba los 43 millones.

“Si no tomamos medidas para hacer frente a estas cifras fruto de la desesperación y encontramos soluciones duraderas, seguiremos batiendo nuevos y terribles récords”, destacó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, en la rueda de prensa en la que presentó el informe.

Este informe se publica cada año en vísperas del Día Mundial de los Refugiados (20 de junio) y contabiliza tanto refugiados (personas que huyen de su país a otros) como desplazados internos en naciones sacudidas por conflictos, violencia o (en el caso de los venezolanos) graves crisis.

Siria, Venezuela y Afganistán

Los colectivos de refugiados más numerosos a finales del año pasado eran los procedentes de Siria (6,8 millones), Venezuela (4,6 millones, aunque sumando los migrantes superan los 6,1 millones) y Afganistán (2,7 millones).

A estas cifras debe sumarse este año la de los casi 5 millones de ucranianos huidos a otros países, principalmente del resto de Europa, desde la invasión rusa iniciada a finales de febrero.

En cuanto a los países de destino, Turquía sigue siendo el que más refugiados acoge (3,8 millones, en su mayoría procedentes de Siria), seguido de Colombia (1,8 millones, principalmente venezolanos), Uganda (1,5 millones procedentes de la República Democrática del Congo) y Pakistán (1,5 millones de afganos).

En quinto lugar se sitúa el primer país desarrollado de la lista, Alemania (1,3 millones), según un informe en el que se resalta que un 83 % de los refugiados en el mundo, casi uno de cada diez, son acogidos en países en desarrollo.

Estados Unidos fue el país que el año pasado recibió más solicitudes de asilo (188.000), seguido de Alemania (148.000), México (131.000), Costa Rica (108.000), Francia (89.000) y España (65.000).

Los menores, los grandes afectados

ACNUR denunció en su informe que los niños se cuentan entre las principales víctimas de este éxodo, ya que representan un 30 % de la población refugiada y un 42 % de la que sufre desplazamiento interno.

El pasado año, por otro lado, 5,3 millones de desplazados internos y 429.000 refugiados regresaron a sus casas, y 57.500 se acogieron a programas de reasentamiento (desde un país inicial de acogida a otro), dos tercios más que en 2020.

El informe se publica en un momento de intensa polémica por el intento británico de deportar solicitantes de asilo a Ruanda, merced a un acuerdo firmado entre Londres y Kigali en abril que ha sido muy criticado desde instancias internacionales, incluido el ACNUR.

Ese acuerdo es un “error” que podría sentar “precedentes catastróficos”, afirmó Grandi en la presentación del informe, destacando que “es básicamente un traspaso de responsabilidades desde un país con estructuras y recursos a otro, Ruanda (…), que no tiene las estructuras para esta tarea en particular”.

Grandi advirtió que muchos países de África, América y otras regiones que acogen a grandes poblaciones de refugiados “podrían verse tentados a hacer lo mismo que el Reino Unido”, algo que en su opinión “podría hacer el trabajo de ACNUR muy difícil”.

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