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Es lo que es

Alejandro Hernández

Por Alejandro Hernández en La Gran Aldea

Una reunión de este tipo en Caracas solo es realizable si ocurre con algún tipo de venia del régimen, ¿qué busca la dictadura?.

Circula en redes sociales la invitación que el Instituto de Transiciones Integradas (IFIT) y la Embajada de Suiza, le hacen a un grupo selecto de personas para debatir sobre la “Reforma Constitucional oportunidades en un esquema de continuidad del conflicto”. El evento se realizará el próximo 29 de enero en la residencia del Embajador suizo en Caracas y tiene como fin “examinar las oportunidades para alentar al diálogo y al entendimiento en un contexto muy adverso, de continuidad del conflicto político”. Además, busca “comenzar a explorar cómo podría contribuir este desafío a la transformación de la iniciativa en un nuevo pacto político”.

En este artículo me detendré en tres detalles que pueden ayudar al lector a entender la relevancia de este encuentro y porqué en La Gran Aldea nos dedicamos a escudriñar en él. Primero, aspectos sobre su realización. Segundo, descripción de los convocados y, tercero, detalles relevantes sobre su temática.

Reunión presencial ¿en Caracas?

Comencemos por los aspectos de su realización. Llama la atención que el evento sea en modalidad presencial, en una sede diplomática ubicada en Caracas. Es bien sabida la grave situación de persecusión y violación de Derechos Humanos que hay en nuestro país. Quienes hacen política y han desafíado a la dictadura, se encuentran resguardados, exiliados o presos. Son pocos los que, formando parte del mundo político o de la sociedad civil, se pueden dar el lujo de circular por la ciudad, mucho menos reunirse.

Sumado a esto, conviene recordar que el pasado 14 de enero la cancillería de Nicolás Maduro ordenó limitar el número de diplomáticos acreditados en las embajadas de Países Bajos, Francia e Italia, y les impuso limitaciones de movilidad en el país. La dictadura de Nicolás Maduro monitorea de cerca el comportamiento del cuerpo diplomático y no son pocas las presiones a las que son sometidos. Considerando lo anterior, se puede presumir que una reunión de este tipo solo es realizable si ocurre con algún tipo de venia del régimen. De otra manera, difícilmente se realizaría.

Los convocados

Ahora, debemos preguntarnos: ¿Por qué la dictadura de Nicolás Maduro permitiría un encuentro de este tipo? La respuesta a esta interrogante, esta asociada a los convocados y a la naturaleza de la reunión.

Veamos la lista de invitados: Arturo Peraza, sacerdorte jesuita y rector de la Universidad Católica Andrés Bello; Ana María San Juan, profesora de la Universidad Central de Venezuela; Claudia Nikken, secretaria ejecutiva de la delegación de la Plataforma Unitaria en la mesa de negociación de Barbados; Jesús María Casal, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y expresidente de la Comisión Nacional de Primarias; María Eugenia Salazar, socia del escritorio jurídico Baker & Mckenzie y miembro de la Junta Directiva de CONAPRI; Rafael Guzmán, miembro de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia; Ramón Guillermo Aveledo, político venezolano; Ramón José Medina, político venezolano; Stalin González, representante de Un Nuevo Tiempo y Victor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela.

A la mayoría de los invitados los une su rechazo extendido y público al proceso de cambio político que lideró María Corina Machado, y sus esfuerzos por torpedearlo. Veamos los episodios concretos que sustentan esta afirmación. Recordemos algunas acciones y declaraciones de Arturo Peraza: la reunión que hizo en la sede de la UCAB- La Castellana en abril de 2024, para promover la candidatura presidencial de Manuel Rosales; a pocas semanas del fraude del 28 de julio, declaró que “la oposición no tiene capacidad ni viabilidad para gobernar” y en numerosas ocasiones ha dicho que la oposición y la dictadura deben negociar, sin referir al fraude electoral o la violación masiva de Derechos Humanos.

Veamos ahora los pollíticos que han sido convocados: Rafael Guzmán, de Primero Justicia; Stalin González, de Un Nuevo Tiempo; y Ramón Guillermo Aveledo y Ramón José Medina, sin militancia partidista.

Rafael Guzmán fue diputado a la Asamblea Nacional 2015 y actualmente es miembro de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia.  Es abogado y se le relaciona con el bufete de abogados De Jesús & De Jesús, escritorio designado por el régimen de Nicolás Maduro para actuar a su nombre, en el proceso de arbitraje que inició la empresa transnacional ConocoPhillips.

Stalin González es bien conocido. Fue diputado a la Asamblea Nacional en el período 2016-2021 y ha acompañado abiertamente las posiciones de su partido político. No estuvo de acuerdo con las primarias, promovió la candidatura de Manuel Rosales y, llegado el momento de la elección presidencial, mantuvo un perfil especialmente bajo.

Ramón Guillermo Aveledo también es un personaje relevante de la política nacional. Ha tenido diferencias políticas y estratégicas con el proceso político que comenzó en las primaras. Quizás, el más relevante lo resume la publicación en “X”, hecha el 27 de abril de 2024: “Ni tan cerca que queme el Santo ni tan lejos que no lo alumbre. Viejo dicho venezolano que me viene a la mente en estos días”. De esta manera, recomendaba que María Corina Machado se alejara de Edmundo González Urrutia, en el periodo de campaña. La sugerencia no fue escuchada por el Comando Con Venezuela y el tiempo demostró que la unidad perfecta entre candidato y líder, fue exitosa.

Por su parte, Ramón José Medina es un político de larga trayectoria en nuestro país. Recientemente participó, junto a la Embajada suiza, en las gestiones de mediación con el régimen, que permitieron que Fernando Martínez Mottola, abandonara la sede diplomática y volviera a su casa. Recordemos que esta negociación al «detal» de Martínez Mottola, se hizo de espaldas al Comando y sin informar a sus compañeros de cautiverio.

Para finalizar, detengámonos en María Eugenia Salazar, socia del escritorio jurídico Baker & Mckenzie y hasta el año pasado fue miembro de la Junta Directiva de CONAPRI. Salazar es especialista en disputas y arbitrajes. Quienes la conocen, aseguran que es del equipo cercano de Alberto Vollmer (Ron Santa Teresa) y ha trabajo en el lobby antisanciones, dentro y fuera del país. El pasado 21 de marzo de 2024, la Cámara Venezolano-Suiza de Comercio e Industria organizó un evento titulado: “Las sanciones de los USA y su impacto en las transacciones financieras” y ella fue la única ponente.

¿Quién dialoga?

Volvamos ahora a los objetivos de la reunión: “examinar las oportunidades para alentar al diálogo y al entendimiento en un contexto muy adverso, de continuidad del conflicto político”. Además, busca “comenzar a explorar cómo podría contribuir (la constituyente de Maduro) este desafío a la transformación de la iniciativa en un nuevo pacto político”.

Viendo los convocados, uno podría cuestionar las presencias y, sobretodo, las ausencias. Llama la atención que entre los invitados no se encuentre ningún representante del Comando Con Venezuela. Destaca también que no se disponga un espacio para quienes representan más de siete millones de votos, emitidos el pasado 28 de julio. En el mejor de los casos, esta ausencia le resta eficiencia y trascendencia política al encuentro. En el peor de los casos, se podría pensar que son los primeros pasos de un proceso de diálogo de espaldas al país.

De igual manera, podríamos preguntarnos si efectivamente el proceso constituyente que propone Nicolás Maduro, puede abrir puertas a un nuevo pacto político que restablezca la democracia en nuestro país. Todo parece indicar que no ocurrirá de esa manera y que la iniciativa refundacional de Maduro, busca darle estabilidad en el poder. Y para lograr validez con un proceso amañado a todas luches, deberá ganar en legitimidad y ser creíble. Para ello, necesita de la cooperación de la comunidad internacional y de ciertos actores políticos, sociales y económicos nacionales. En la invitación del Embajador suizo y del IFIT, el régimen encontrará ambas cosas.

Por eso, y para concluir, no dudo en afirmar que ese desayuno lo brindan los suizos, lo aúpa la dictadura y lo padecemos los venezolanos que queremos democracia para nuestro país.

Por Alejandro Hernández en La Gran Aldea

¿Qué hacían allí los otros abogados y empresarios venezolanos, los líderes de think tanks que desde hace ya un buen tiempo abogan por el fin de las sanciones, los acreedores, los bonistas?

El 10 de junio, después de una pausa para tomar té o café y hacer networking, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, y la fundadora y directora del canal Vale TV, María Eugenia Mosquera, a partir de las 4 de la tarde, compartieron un panel con el actual jefe de la misión de Venezuela en Gran Bretaña, hombre de extrema confianza de la vicepresidenta Delcy RodríguezFélix Plasencia y con el expresidente dominicano, Leonel Fernández, quien siempre se ha mostrado muy agradecido con las bondades del chavismo. 

Frente a ellos, en el público, trasnacionales petroleras, fondos de inversión, bonistas y unos cuantos diplomáticos y empresarios interpretando sus respectivos papeles para el objetivo común: convencer a los actores del negocio energético de que Venezuela se mantendrá estable, de que hay que presionar para el levantamiento definitivo de las sanciones y de que después del 28 de julio nada cambiará para ellos. Entre los empresarios venezolanos presentes, destacaron Ricardo Cisneros y el conocido presidente de Ron Santa Teresa, Alberto Vollmer. 

El evento se llamó “Gobernanza, deuda, seguridad energética: Venezuela y la Región del Caribe” y se llevó a cabo en la sede londinense –en Pall Mall- del Royal Automobile Club, lugar lujoso y privilegiado, con más de un centenar de habitaciones y espléndidos salones, restaurantes y bares. En fin, un escenario apropiado para la labor. 

¿Y quién pagó esto? Dentons Europe y The Ambassador Partnership figuran como convocantes. La segunda, es una organización conformada por cuarenta y seis exdiplomáticos de quince nacionalidades que ofrecen sus servicios como asesores y mediadores en conflictos. Hay que traducirlo mejor: son elegantes y sofisticados lobistas. Difícil creer que esa gente habrá pagado siquiera por el té y las galletitas. 

Otra cosa es Dentons Europe. Y no hay que indagar mucho para que se aclare el panorama. Esta es la filial europea de una firma trasnacional de abogados, que incluso tiene representantes en Caracas, a los que encabeza un abogado llamado Juan Carlos Pró-Rísquez, quien en este evento moderó el panel “Energy Security”, en el que participaron empresas del negocio petrolero y gasífero, incluyendo a algunas que, como la francesa Maurel & Prom y la curazoleña RDK, tienen sociedades con Pdvsa. 

Para esta nota conversamos con Luis Vicente León, quien aclaró que no tiene relación contractual con ninguna de las firmas convocantes y que no cobró por su presentación. Asimismo, explicó que no conocía al excanciller Plasencia: “era la primera vez que lo veía en persona”. Ante la pregunta de a qué obedecía su presencia en ese evento, el presidente de Datanálisis respondió enfáticamente: “yo estaba ahí en mi condición de experto y analista, tengo cuarenta años estudiando a Venezuela y mi empresa es la más grande del país en su área, lo ilógico sería que no estuviera”.

Sobre lo que dijo en su intervención no quiso opinar, argumentando que hacerlo violaba los acuerdos establecidos por los organizadores de la jornada londinense. Sin embargo, se pudo conocer que dibujó escenarios diferentes a los de Plasencia; aunque en interacciones privadas con inversionistas, el León reconoció que era posible y probable que Nicolás Maduro gane las elecciones, debido al control institucional que mantiene el chavismo y la ingeniería electoral que están aplicando para las presidenciales.   

Antes de pasar a los “drinks” a las 5 de la tarde y después de escuchar al embajador Plasencia pronosticar una irremediable victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, el cierre de la jornada en Pall Mall estuvo a cargo de David Syed, abogado socio de la firma Dentons. Y hay que detenerse en la presencia de este personaje. 

Dentons, que opera en sesenta países pero tiene su sede principal en Estados Unidos, derivó a su oficina europea a un cliente grande, con mucho dinero, pero problemático: el gobierno de Maduro. 

Y esto no es secreto. En 2021 el medio español OK Diario tocó a sus puertas a propósito de un reportaje y la propia directora de comunicaciones de la firma en Europa explicó la relación formal: “Dentons Europe fue contratado en 2017 para representar a la República Bolivariana de Venezuela con respecto a la reestructuración de la deuda soberana del país, el rastreo de activos y los esfuerzos de recuperación, así como asuntos relacionados. La representación se amplió para incluir a PDVSA para defender su posición en arbitrajes internacionales y frente a reclamos de acreedores, y asesorar en asuntos legales internacionales. No comentamos más sobre asuntos confidenciales de los clientes”.

En su web, Dentons publicó una nota de prensa el 20 de noviembre de 2023 sobre parte de su trabajo con el Estado venezolano: “Dentons Europe LLP ha asesorado a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en una transacción con Etablissements Maurel & Prom S.A. (Maurel & Prom) para promover la inversión en su empresa mixta, denominada Petroregional del Lago S.A., propietaria de los derechos del campo petrolífero Urdaneta Oeste en el Lago de Maracaibo. Este acuerdo aumentará la producción en la industria del petróleo y el gas en Venezuela y pretende contribuir a la recuperación de la economía nacional”. 

El líder de esa operación fue –se lee allí- David Syed. La razón por la cual OK Diario solicitaba información a Dentons Europe en junio de 2021 debería resultar al menos escandalosa. Una filtración de documentos reveló que la filial europea de Dentons había recibido –entre 2018 y 2019- al menos 13,8 millones de euros por asesorar al gobierno de Maduro y a la Pdvsa de Tareck El Aissami

La filtración también reveló que a partir de 2019 –como consecuencia de las sanciones a Pdvsa- Dentons Europe y la petrolera triangularon pagos a través de una empresa productora de asfaltos de Tailandia llamada Tipco. 

«Todo va a estar bien, Maduro va a ganar, la oposición tendrá que aceptar que sus expectativas electorales estaban fundamentadas solo en la ilusión del triunfalismo»

De acuerdo con esa explicación, Tipco pagaba las deudas a clientes y proveedores de Pdvsa para burlar las sanciones y posteriormente descontaba los montos de su cartera de negocios. En 2020 Tipco recibió al menos 2 millones de euros de Pdvsa en operaciones a través de Bangkok y Estambul.   

David Syed es el nombre común en esto y más. Este abogado, de origen irlandés, entró a Dentons en 2017, el mismo año en el que la firma hizo su contrato con Pdvsa. Desde entonces, Syed ha sido el interlocutor y director de orquesta: para eso entró a Dentons. 

Syed habría mantenido estrechas relaciones con el entonces ministro El Aissami y también con el coronel Antonio Pérez Suárez, su vicepresidente de Comercio y Suministro en Pdvsa y a quien se ha señalado de ser el funcionario clave en la red de corrupción que desfalcó a la petrolera venezolana. De esa relación hay evidencias de jugosos pagos para Dentons a través de transferencias e incluso de 2,9 millones de euros en efectivo. 

Habilidoso, Syed parece haber salido sin mácula de la llamada trama Pdvsa-Cripto. Y allí estuvo en el salón del lujoso club británico, en plan de encantador anfitrión. 

Que haya participado Plasencia es normal: es el representante del gobierno de Maduro allá en el reino. Operadores petroleros como Harry Sargent, también; pero la presencia de Luis Vicente León y María Eugenia Mosquera dejó distintas interpretaciones, porque es incuestionable que el evento fue organizado por la firma de abogados que trabaja con Pdvsa desde 2017. 

A pesar de que niega que sus opiniones están influenciadas por los intereses de sus clientes, es difícil que cuando el encuestador que asume el papel de analista político, escriba o hable sobre las venideras elecciones presidenciales, no haya quien se haga preguntas sobre su independencia. 

Por su parte, Mosquera, participó como observadora lejana, junto a otros miembros de la sociedad civil, de las negociaciones llevadas a cabo en República Dominicana en 2017, pero ¿qué hacía allí en ese panel de un evento organizado por los abogados del gobierno de Maduro hablando de negociaciones?

Un evento, no hay que olvidarlo, liderado por un personaje vinculado, además, al desfalco de la petrolera venezolana. 

¿Qué hacían allí, los otros abogados y empresarios venezolanos, los líderes de think tanks que desde hace ya un buen tiempo abogan por el fin de las sanciones, los acreedores, los bonistas?. 

Quedará insatisfecha la curiosidad por saber de qué se hablaba a micrófono apagado, en los breaks para tomar el té, a la hora de los tragos. Pero una fuente presencial nos resumió el espíritu del evento: todo va a estar bien, Maduro va a ganar, la oposición tendrá que aceptar que sus expectativas electorales estaban fundamentadas solo en la ilusión del triunfalismo, vendrán otros procesos de diálogo y habrá estabilidad para los grandes negocios petroleros. No se preocupen, vamos a brindar.   

Por Alejandro Hernández en La Gran Aldea

En este momento hay un movimiento de opinión pública que se ventila puertas adentro y va en dos direcciones: la eliminación de las sanciones y posicionamiento de la candidatura presidencial de Manuel Rosales. 

El pasado lunes 8 de abril en una oficina de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en La Castellana, Caracas, se realizó una reunión convocada por factores políticos oposición; individualidades, como el presidente de Datanálisis Luis Vicente León y representantes de instituciones de la sociedad civil como el Foro Cívico y la Compañía de Jesús. 

La idea: lograr articular un comunicado conjunto a favor de la ruta electoral protagonizada por el Gobernador del Zulia y rechazar que se retome sanción alguna contra el régimen de Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. Los presentes, por supuesto, que apuestan y confían en el triunfo de Rosales el 28 de julio, pero hay que arrimar la brasa a las sardinas.

Figuras notables de la reunión fueron el rector de la UCAB, el padre jesuita Arturo Peraza, y el provincial de la Compañía de Jesús, Alfredo Infante, muy activo en la convocatoria. Abrió el encuentro el propio Infante, luego hablaron Luis Vicente León, seguido por el profesor Michael Penfold y después el dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, Stalin González.

También asistieron personas vinculadas con Fedecámaras como Jorge Botti, Jorge Roig y Tiziana Polesel; miembros del partido Fuerza Vecinal como el alcalde de Chacao Gustavo Duque y David Uzcátegui. Por el Foro Cívico estuvo Mariela Ramírez; por Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles, Tomás Guanipa, María Beatriz Martínez y el alcalde Maracaibo Rafael Ramírez; de otros espacios de la sociedad civil participaron la psicóloga Colette Capriles, quien ayudó en la organización de la reunión; la abogada Claudia Nikken, miembro de la delegación opositora de Barbados; el director de teatro Héctor Manrique; y un par de sacerdotes más vinculados al Centro Gumilla.

Hubo intervenciones de distinto tenor. Una de las que más impactó fue la del rector Peraza quien sostuvo que no entendía cómo la Plataforma Unitaria (PU) aún no apoya a Manuel Rosales. “¿Cómo es posible que sigan sin tomar una decisión? Lo que corresponde es apoyar a Rosales y después ver como se entienden con la señora”, sentenció. La señora es María Corina Machado.

El excandidato presidencial Henrique Capriles estuvo en la misma línea y señaló que el problema es salvar el voto, no una candidatura y que por eso la PU debía sumarse a respaldar al Gobernador zuliano. Stalin González destacó que Rosales es el único que tiene la posibilidad de competir en la presidencial por la oposición, pero que existe el riesgo de que “por culpa de falta de apoyo de la PU, deje de ser candidato”. Cuestionó el funcionamiento de esa instancia al decir que “no se toman decisiones”. 

Entretanto, el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, dijo que el diálogo social entre patronos y obreros estaba avanzando más rápido que el diálogo político. “Los empresarios no estamos para pronunciarnos políticamente en estos tiempos y menos de forma partidista. Hemos aprendido la lección”, añadió. Palabras que luego hizo suyas su colega Botti al señalar que “el gremio empresarial está silencioso, pero no sumiso…”. 

Llamó la atención la intervención de la portavoz del Foro Cívico, Mariela  Ramírez, quien comentó que había hecho una gira por Europa y Estados Unidos abogando por la suspensión de las sanciones al país y al gobierno. 

El problema se presentó cuando intervino la presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, al expresar incomodidad por la presión que introdujeron los organizadores de la reunión. “No se puede tomar una decisión dándole la espalda a la gente”, alertó Martínez, refiriéndose a quienes votaron en la primaria y eligieron a María Corina Machado para liderar la estrategia de la oposición en la próxima contienda electoral. 

Se hizo notorio, entonces, que el comunicado que se pensaba producir a raíz de la reunión no iba a darse. Luis Vicente León cerró el encuentro recalcando que las organizaciones políticas debían tomar una decisión y evitar sanciones de nuevo. También comentó que una comisión intentaría concretar el documento público en función de las dos variables mencionadas al principio y centro del debate del cónclave. Al cierre de esta publicación pudimos conocer que en las próximas horas habrá un escrito dirigido a la opinión pública y firmado por buena parte de los asistentes al evento del lunes 08 de abril, mas otras personalidades.

Al encuentro no fueron invitados los partidos Voluntad Popular, Convergencia y La Causa R. Encuentro Ciudadano sí fue notificado, pero no asistió. Hubo desconcierto entre varios de los asistentes, porque desconocían la razón de fondo de la reunión y terminaron sorprendidos por el contenido y las propuestas puestas sobre la mesa. 

Una fuente en Washington, relacionada con estos temas, explicó que petroleras y gasíferas internacionales, bonistas, figuras de la boliburguesía y parte del empresariado están impulsando y financiando la agenda antisanciones. Para ese fin, se indica, es clave que el candidato opositor participe y de tinte de legitimidad a las próximas elecciones presidenciales.

“Para que no haya más sanciones la comunidad internacional debe reconocer las próximas elecciones y para eso es necesario que la oposición compita. El problema es que Maduro no correrá ningún riesgo, por eso solo dejará correr a Rosales”, trascendió.

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