En los últimos meses Mario Silva, ha venido dando declaraciones en las que pretende presentarse como víctima de una supuesta entrega de Venezuela a intereses extranjeros, lo que constituye un ejercicio de impostura política que ofende la memoria de quienes padecieron durante más de dos décadas el aparato de persecución que él ayudó a sostener. Mario Silva no fue un espectador extraviado dentro de la llamada revolución bolivariana. Fue uno de sus operadores propagandísticos más visibles, persistentes y agresivos. Desde una televisora perteneciente al Estado venezolano utilizó recursos públicos para identificar, denigrar, intimidar y exponer ante el poder a periodistas, dirigentes políticos, intelectuales, defensores de derechos humanos y ciudadanos cuyo único delito consistía en disentir.

 La Hojilla no fue simplemente un programa de opinión ni una expresión excéntrica de la polarización venezolana. Fue una pieza del dispositivo mediante el cual el chavismo transformó al adversario político en enemigo interno. Allí se exhibían nombres, rostros, escritos y trayectorias; se destruían reputaciones; se atribuían delitos sin juicio; se sembraba odio contra personas concretas; y se preparaba a la sociedad para aceptar como legítimas la vigilancia, la exclusión, la inhabilitación, el encarcelamiento y el exilio de quienes cuestionaban al régimen. La persecución comenzaba en el lenguaje. Primero se despojaba al ciudadano de su honor; después se le despojaba de sus derechos.

 Silva denuncia ahora que el pueblo venezolano está vigilado, que la disidencia será silenciada y que los antiguos dirigentes revolucionarios han abandonado a sus seguidores. No descubre una realidad nueva: describe el sistema que defendió mientras sus víctimas eran otros. Cuando los servicios de inteligencia perseguían opositores; cuando los tribunales obedecían al poder político; cuando los medios independientes eran cerrados o sometidos; cuando los venezolanos acudíamos a organismos internacionales pidiendo auxilio; cuando se llamaba traidores, apátridas y mercenarios a quienes denunciaban la destrucción del país, Mario Silva no alzó la voz contra el abuso. Lo justificó, lo difundió y contribuyó a hacerlo socialmente aceptable.

 Resulta igualmente inadmisible que invoque ahora la soberanía nacional quien guardó silencio ante la penetración política, militar, financiera y de inteligencia ejercida durante años por la dictadura Cubana, así como ante la dependencia estratégica que el chavismo construyó respecto de Rusia y China. Para Silva, la presencia extranjera nunca fue un problema mientras garantizara la continuidad del régimen al que servía. Su repentina defensa de la patria no nace de una convicción soberana, sino del temor de que la estructura de poder haya cambiado de administradores y ya no reserve un lugar para sus antiguos propagandistas. Su apelación obsesiva a “los gringos y los sionistas”, además de sustituir la prueba por una narración conspirativa, instrumentaliza prejuicios antisemitas para encubrir una disputa interna por el control del poder.

 Arcadia Foundation precisa una cuestión jurídica esencial. Lo ejecutado por Mario Silva desde los medios de comunicación del Estado no fue propaganda política en el sentido legítimo de esa expresión, sino una contribución consciente, sostenida y funcional al crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Durante años individualizó a opositores, periodistas, intelectuales y defensores de derechos humanos; los señaló ante un aparato estatal que los vigilaba, perseguía, detenía, inhabilitaba y condenaba al exilio; los despojó públicamente de su honor y de su condición de ciudadanos; y convirtió el escarnio televisivo en un mecanismo de preparación, legitimación y acompañamiento de la represión. Esa conducta no puede separarse artificialmente del ataque generalizado y sistemático contra la población civil del cual formó parte: fue uno de sus instrumentos. Al actuar con conocimiento del aparato represivo al que servía y contribuir deliberadamente a identificar, estigmatizar y neutralizar a sus víctimas, Mario Silva comprometió su responsabilidad individual por su aportación al crimen de persecución política previsto en el Estatuto de Roma. Que hoy pretenda presentarse como disidente, abandonado o víctima de aquel mismo sistema no extingue su responsabilidad ni modifica la naturaleza de los hechos.

 Por esa razón, Mario Silva figura entre las quince personas que Arcadia Foundation ha identificado por su intervención dirigente, política o propagandística en el aparato de persecución de la denominada revolución bolivariana. La Fundación ha reunido, clasificado y preservado las emisiones, los vídeos, los señalamientos nominales, las expresiones utilizadas, las víctimas individualizadas y el contexto en que cada una de esas intervenciones fue difundida, de modo que pueda establecerse no sólo lo que dijo, sino la función concreta que su actuación cumplió dentro de la maquinaria estatal de estigmatización, intimidación y persecución política. Ese cuerpo probatorio está preparado para ser presentado ante las jurisdicciones competentes. 

Que todavía no haya sido consignado íntegramente ante la Corte Penal Internacional no obedece a falta de pruebas ni a incertidumbre alguna sobre los hechos, sino al profundo descrédito que la propia Corte ha provocado al tolerar durante años conflictos de interés, dilaciones injustificables y una deferencia incompatible con la gravedad de los crímenes cometidos en Venezuela. Arcadia no permitirá que esa degradación institucional convierta la prueba en silencio ni que quienes utilizaron los medios del Estado como instrumentos del ataque contra la población civil encuentren refugio en la parálisis, la complacencia o la inacción de la justicia internacional.

Arcadia Foundation afirma que el chavismo logró neutralizar durante años decisivos la actuación del fiscal Karim Khan en la situación venezolana. No lo hizo obteniendo una absolución del régimen, sino mediante un resultado más útil para la impunidad: tiempo, deferencia, cooperación institucional y una denominada “complementariedad positiva” aplicada a un Estado cuyo Poder Judicial había sido capturado precisamente para impedir que la investigación alcanzara a la cadena superior de mando. La Corte concedió al régimen más de cinco años de examen, interlocución y paciencia institucional, y bajo Karim Khan esa deferencia adquirió memorandos, visitas, planes conjuntos y una oficina en Caracas. Ese tratamiento no puede separarse del hecho de que Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal y antigua integrante de equipos jurídicos en los que existieron relaciones profesionales y jerárquicas entre ambos, representara al Estado venezolano en el proceso de investigación que precisamente él mismo dirigía. Tampoco puede separarse del doble rasero aplicado por la misma Fiscalía, que prolongó la confianza hacia una justicia venezolana incapaz de investigarse a sí misma, mientras avanzaba con velocidad coercitiva extrema contra Israel, pese a la existencia allí de instituciones judiciales funcionales y capaces de someter a proceso a las más altas autoridades. La decisión de la Sala de Apelaciones del 1 de agosto de 2025 no creó el conflicto ni lo convirtió tardíamente en una posibilidad: reconoció judicialmente lo que Arcadia Foundation venía denunciando desde el pasado 8 de septiembre de 2024 de que el conflicto de interés era real, objetivo y suficientemente grave para obligar a Karim Khan a apartarse del caso venezolano. Para Arcadia, la conclusión que deja el expediente es inequívoca: aquella incompatibilidad contaminó la conducción de la investigación, contribuyó a neutralizar su fuerza y entregó al aparato chavista años irreparables de impunidad.

 Esa obstrucción no será permanente ni convertirá la impunidad en un derecho adquirido. Arcadia Foundation actuará en los dos ámbitos llamados a establecer la responsabilidad de Mario Silva. En Venezuela, cuando sea restituido un Poder Judicial verdaderamente independiente, promoverá ante los tribunales nacionales su investigación y enjuiciamiento por la contribución que prestó al aparato de persecución política del chavismo. Paralelamente, a partir de la Asamblea de los Estados Parte de diciembre de este año, con la elección de un nuevo Fiscal y el establecimiento de una nueva conducción en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Arcadia presentará el cuerpo probatorio reunido para que su actuación sea examinada dentro del ataque generalizado y sistemático cometido contra la población civil venezolana. El cambio institucional que se aproxima deberá poner fin a los años de parálisis, deferencia y encubrimiento que protegieron a los responsables. Ningún cambio de discurso, ocultamiento o pretendida conversión tardía en víctima borrará los hechos ni impedirá que Arcadia impulse, tanto en Venezuela como ante la justicia penal internacional, la determinación de su responsabilidad individual.

 Mario Silva no puede ocupar ahora el lugar moral de los venezolanos a quienes contribuyó a humillar. No puede denunciar el silencio después de haberlo impuesto; invocar la dignidad después de haberla destruido públicamente; ni reclamar solidaridad internacional después de haber señalado como traidores a quienes acudían al mundo buscando protección para Venezuela. Su ruptura con determinados sectores del chavismo no borra su trayectoria. Su temor presente no cancela el sufrimiento ajeno. Su nueva condición de marginado no lo convierte en inocente.

 El problema de Mario Silva no es que haya perdido el favor de una facción ni que hoy tema por su propia suerte. Es que durante años convirtió los medios del Estado en una tribuna de acusación sin defensa, sentencia sin juez y castigo sin proceso. Ahora pretende invocar para sí la dignidad, la protección y la solidaridad que negó a los demás. La Venezuela democrática no reproducirá sus métodos ni le dispensará el trato que él contribuyó a imponer a sus víctimas: le reconocerá todas las garantías del debido proceso y, precisamente por ello, le exigirá responder por sus actos. 

 La democracia no se vengará de Mario Silva. Lo juzgará.

Robert Carmona-Borjas
CEO y cofundador
Arcadia Foundation

 Washington, D. C., 23 de julio de 2026

Link: https://arcadiafoundation.org/arcadia-foundation-sostiene-que-la-ruptura-de-mario-silva-con-el-chavismo-no-elimina-su-responsabilidad/ 

La transición venezolana volvió a quedar interpelada este 15 de abril desde Washington con una carta pública de alto voltaje político que, por su tono, por su destinatario y por el momento en que irrumpe, rebasa con mucho el lenguaje habitual de los pronunciamientos institucionales. Arcadia Foundation, organización no gubernamental sin fines de lucro registrada en Washington, D.C., dirigió una exigencia formal al nuevo Encargado de Negocios de los Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, para reclamarle que no reproduzca la pasividad que, a juicio de la organización, marcó la etapa anterior, y que asuma de inmediato una línea de firmeza pública frente a tres asuntos que considera decisivos para impedir que la crisis venezolana siga siendo administrada como simulacro: la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos, el cese de la censura y de la persecución contra periodistas y medios de comunicación, y la apertura urgente de un proceso real de desarme de los colectivos y de todas las estructuras armadas irregulares que continúan ejerciendo control social en el país.

La carta, firmada por Robert Carmona-Borjas en nombre de Arcadia Foundation, no se limita a formular observaciones ni a sugerir prioridades diplomáticas. Está escrita como una impugnación frontal a cualquier intento de tratar el momento venezolano como una transición ordinaria entre actores institucionales convencionales. El documento parte de una premisa tajante: Venezuela no está saliendo todavía de una controversia política normal, sino de una devastación prolongada causada por una estructura criminal de poder que convirtió la represión, la manipulación, la censura y la coerción armada en mecanismos permanentes de gobierno. Desde esa lógica, la llegada de John Barrett a Caracas no es presentada como un relevo burocrático, sino como una prueba política. Arcadia le advierte desde las primeras líneas que no llega para administrar una presencia protocolar ni para dosificar silencios diplomáticos, sino para actuar en un escenario donde la firmeza ya no es una opción de estilo, sino una obligación.

Lo más significativo del texto es que no se mueve dentro del vocabulario temeroso con el que tantas veces se ha intentado rodear el caso venezolano. La organización no disfraza su diagnóstico con prudencias de escritorio ni con reverencias a fórmulas agotadas. Sostiene, por el contrario, que en la hora actual la intervención firme de los Estados Unidos no solo es legítima, sino indispensable para el restablecimiento de la paz, la libertad y el orden democrático en Venezuela. Esa afirmación, colocada sin rodeos en el arranque mismo de la carta, define el tono de todo lo que sigue. Arcadia no está pidiendo acompañamiento. Está exigiendo conducción. No está apelando a la contemplación de una tragedia. Está reclamando ejecución política sobre el terreno.

En ese marco, la nueva comunicación adquiere también el valor de una enmienda severa a la gestión saliente. Arcadia recuerda que ya había dirigido una carta pública previa a Laura Dogu, antecesora de Barrett, y afirma que aquel llamado no recibió respuesta ni produjo acción perceptible sobre materias que ya entonces juzgaba esenciales. Esa referencia no aparece como antecedente decorativo, sino como parte central del argumento. La organización deja claro que la nueva jefatura diplomática no puede permitirse heredar la misma inercia ni refugiarse en el mismo compás de espera. Lo que se le reclama a Barrett, en consecuencia, no es sensibilidad discursiva, sino una ruptura concreta con la pasividad anterior.

El primer núcleo de la exigencia se concentra en los presos políticos. La carta describe como obsceno el espectáculo de excarcelaciones administradas por goteo y denuncia su uso como herramienta propagandística, como cálculo de presión y como simulacro de apertura. En uno de sus pasajes más incisivos, el documento afirma que un preso político no es una ficha de negociación ni una mercancía para producir titulares dosificados, sino una persona secuestrada por el poder. Esa formulación no es una licencia retórica aislada. Resume la acusación de fondo: mientras la libertad siga siendo administrada como concesión parcial de quienes nunca debieron arrebatarla, no habrá transición digna de ese nombre. La exigencia de Arcadia no deja márgenes para componendas lingüísticas ni para coreografías graduales. Reclama libertad inmediata, plena y verificable para todos los presos políticos, sin teatralización, sin cuentagotas y sin la perversión de presentar como magnanimidad tardía lo que no es más que el fin, siempre incompleto, de una injusticia infame.

El segundo eje del documento se detiene en la censura y en la persecución contra periodistas y medios de comunicación. Aquí la carta abandona cualquier tentación de tratar la libertad de prensa como una variable secundaria del conflicto venezolano. La presenta, con razón, como uno de los pilares estructurales de la dominación. Allí donde informar sigue siendo castigado, donde se hostiga al periodismo independiente, donde se bloquea, se amenaza, se procesa penalmente o se intimida a quienes documentan la verdad, no puede hablarse seriamente de restablecimiento democrático. Arcadia formula este punto con una frase de enorme densidad política: una sociedad amordazada no entra en transición; entra en confusión dirigida. En esa sentencia está condensada una idea central del documento: la mentira de Estado no se desmonta mientras la circulación de la verdad siga sometida al castigo, al miedo o a la represalia. Por eso la carta le reclama a la misión estadounidense que deje de tratar la libertad de prensa como un asunto periférico y la asuma como un requisito estructural del proceso mismo.

Pero el punto más explosivo del texto es, sin duda, el tercero: el desarme inmediato de los colectivos y de todas las estructuras armadas irregulares que siguen ejerciendo control social sobre la población. Arcadia convierte este asunto en la prueba definitiva de la autenticidad o falsedad de cualquier transición. Mientras esas armas sigan intactas, sostiene la carta, toda conversación sobre normalización será una ficción administrada bajo intimidación. No basta con hablar de estabilidad. Hay que construirla. Y la estabilidad real solo comienza cuando el ciudadano deja de vivir bajo la amenaza del grupo armado que patrulla, vigila, castiga, amedrenta o ejecuta por delegación del poder. La exigencia no se formula como desiderátum remoto ni como fase futura de una eventual negociación, sino como urgencia inmediata: un proceso público, urgente y verificable de identificación, incautación, entrega, destrucción y trazabilidad del armamento ilegal, con participación y acompañamiento de instancias internacionales competentes. Es, en realidad, uno de los puntos más contundentes de toda la carta, porque desplaza el debate venezolano desde la superficie del lenguaje político hacia el problema material del poder armado real.

El documento va todavía más lejos al advertir que el régimen, o lo que queda de sus estructuras de mando, no está esperando para desaparecer, sino trabajando para reordenarse. Esa observación da a la carta una densidad estratégica superior. No se trata solo de denunciar abusos persistentes, sino de señalar el riesgo de que la transición sea saboteada desde dentro por el mismo aparato que durante años destruyó la República. Cada día sin decisiones claras, sostiene Arcadia, sirve para recomponer lealtades, intimidar testigos, preservar mandos, infiltrar la conversación pública, administrar miedo y conservar capacidad de chantaje. En otras palabras, el tiempo no opera aquí como neutralidad, sino como recurso de supervivencia autoritaria. Por eso el documento insiste en que la transición venezolana no puede ser entregada a esa lógica de reacomodo. Debe ser dirigida con suficiente fuerza para impedir que la tiranía mutile desde dentro aquello que ya no puede controlar abiertamente.

El pasaje dedicado a los intereses de los Estados Unidos revela otro de los movimientos más deliberados de la carta. Arcadia no plantea sus exigencias como si colisionaran con la agenda estratégica de Washington. Hace exactamente lo contrario. Afirma que los intereses estadounidenses y la necesidad histórica de la reconstrucción democrática de Venezuela convergen aquí de manera nítida. A Washington le conviene una Venezuela libre, estable, desmontada de sus aparatos de terror, impermeable al reciclaje del narcotráfico político y ajena al resurgimiento de redes autoritarias funcionales a intereses hostiles al hemisferio. A los venezolanos, subraya la carta, les conviene exactamente lo mismo. No hay contradicción entre ambas finalidades. Hay coincidencia estratégica y coincidencia moral. Ese pasaje no solo le da coherencia geopolítica al reclamo; también lo blinda frente a la caricatura de quienes intentan presentar toda exigencia de firmeza como interferencia indebida.

La apelación final al presidente Donald J. Trump refuerza esa misma línea. Arcadia sostiene que la historia política venezolana tendrá que reconocer, por generaciones, que su intervención modificó un curso que durante años pareció condenado a la perpetuación del crimen organizado en el poder. Pero añade de inmediato que ese reconocimiento histórico podría quedar incompleto si en el terreno la ejecución diplomática se vuelve tibia, vacilante o insuficiente. Es una advertencia calculada. El mérito estratégico de alterar el tablero puede perderse si luego se consiente que la indecisión arruine la oportunidad. La carta, en ese sentido, no solo presiona a Barrett. Lo coloca frente a una vara política altísima: estar a la altura de la acción que dice representar.

Lo que Arcadia ha hecho con este documento no es emitir una nota de apoyo ni un comunicado genérico de preocupación. Ha colocado sobre la mesa una definición severa del momento venezolano y una exigencia concreta de comportamiento político para la nueva representación estadounidense en Caracas. Su mensaje de fondo es inequívoco: no habrá transición real mientras continúen las liberaciones manipuladas, la censura intacta y las armas en manos de estructuras irregulares. Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en escenografía diplomática alrededor de una opresión todavía viva.

El relevo de Laura Dogu por John Barrett, que pudo haber pasado como un movimiento administrativo dentro del engranaje diplomático estadounidense, queda así convertido en un punto de quiebre y de evaluación. Arcadia le ha dicho al nuevo encargado de negocios que no se le juzgará por la corrección de sus formas ni por la prolijidad de sus comunicados, sino por su capacidad de romper con la inercia, asumir la gravedad del momento y ejercer la presión que corresponde. En una frase final que resume el espíritu entero del texto, la organización advierte que cuando la libertad de un país depende de decisiones que deben tomarse con firmeza, el silencio no es prudencia: es concesión. Y Venezuela, añade en esencia la carta, ya ha pagado demasiado caro el precio de las concesiones.

Se adjunta un enlace al comunicado oficial:

Arcadia Exigencia Urgente De Accion Inmediata Frente A La Manipulacion De Las Liberaciones La Censura Contra La Prensa Y La Permanencia De Estructuras Armadas Irregulares En Venezuela

Vía NdP