Vía La Nación
El fiscal Diego Luciani se prepara para presentar el lunes el cierre de su alegato y pedir penas para Cristina Kirchner.
A punto de terminar el alegato en el juicio contra la vicepresidenta, la fiscalía aseguró que “ha quedado demostrado” que Cristina Kirchner era la jefa de la asociación ilícita que funcionó durante 12 años para otorgar a Lázaro Báez obras públicas. Sugirió, además, que el testamento del empresario santacruceño impide a sus hijos disponer de sus bienes durante 30 años (como si no tuviera control sobre su patrimonio) y los obliga a renovar eternamente contratos que implicaban trasferencias de dinero a la familia presidencial.
El alegato de la fiscalía continuará el lunes próximo con los pedidos de condenas para Cristina Kirchner, Julio de Vido y José López entre otros acusados. La fiscalía anticipó que no acusará a Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente, como integrante de la asociación ilícita, aunque eventualmente si lo haga con respecto al otro delito que se juzga, que es el fraude contra el Estado.
El fiscal Diego Luciani comenzó a describir qué conductas de los acusados prueban que integraban una asociación ilícita creada para sustraer fondos públicos millonarios y argumentó por qué considera que Cristina Kirchner era la jefa. Dijo que no solo dio las indicaciones sobre la manera en que se debía seguir con el plan de obras.
Sostuvo que se cumplen con los requisitos de la asociación ilícita en cuanto a su extensión en el tiempo, la diversidad de delitos, la organización, la permanencia, la habitualidad y que está constituida por al menos tres personas, que la integraban con intención de cometer esos ilícitos y asegurar la permanencia de la organización.
Tal es así que dijo que Cristina Kirchner planeó y controló la huida y abandono de las rutas antes de perder las elecciones con Macri, cuando supervisó el modo en que se iba a desmantelar Austral Construcciones y despedir a “miles de empleados” de la firma. “El plan impar todo”, como lo denominaron los acusados en los mensajes de WhatsApp de José López.
Para la fiscalía, los integrantes de la asociación ilícita son Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez.
Dijo que la maniobra era sustraer los fondos públicos “mediante la aparente licitación de la obra pública en Santa Cruz y después darles apariencia legal a esos fondos en la causa Los Sauces y Hotesur”, en la que se investiga como se blanqueó ese dinero y en parte regresó al patrimonio presidencial, según expusieron los fiscales.
El fiscal dijo que Cristina Kirchner está sobreseída en esa causa, “en una extraña resolución”, pero que se fallo no está firme porque la fiscalía lo apeló, tareas que efectuaron el fiscal de Juicio Diego Velasco y el fiscal de Casación Mario Villar. La Cámara de Casación fijó dos audiencias, el 10 y el 22 de noviembre para escuchar a las partes y decidir si reabre el caso y ordena hacer el juicio o lo deja cerrado.
“Este monotributista [por Báez], al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández, era dueño de 415.000 hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz. Para que se entienda bien la dimensión: la ciudad donde está este tribunal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una superficie de 20.300 hectáreas, Báez y su grupo compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires”, dijo Luciani.
Luciani aprovechó para seguir criticando a la Unidad e Información Financiera (UIF) por no acusar por asociación ilícita y fraude, cuando en el juicio contra Báez por la ruta del dinero K no solo entendió que las licitaciones tenían sobreprecios y eran fraudulentas, sino que dijo que el dinero que lavó provenía de esos delitos, además de la evasión fiscal. Dijo que la UIF tuvo “poca imaginación y mala intención” al reducir el asunto a las cinco obras peritadas de las 51 investigadas.
Dijo Luciani que los autores de la asociación ilícita formaban parte del acuerdo para sustraer los fondos, ya que conocían su origen y cada uno hizo su aporte para poder obtenerlos.
Para la fiscalía, los integrantes de la asociación ilícita son Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez.
Dijo que la maniobra era sustraer los fondos públicos “mediante la aparente licitación de la obra pública en Santa Cruz y después darles apariencia legal a esos fondos en la causa Los Sauces y Hotesur”, en la que se investiga como se blanqueó ese dinero y en parte regresó al patrimonio presidencial, según expusieron los fiscales.
El fiscal dijo que Cristina Kirchner está sobreseída en esa causa, “en una extraña resolución”, pero que se fallo no está firme porque la fiscalía lo apeló, tareas que efectuaron el fiscal de Juicio Diego Velasco y el fiscal de Casación Mario Villar. La Cámara de Casación fijó dos audiencias, el 10 y el 22 de noviembre para escuchar a las partes y decidir si reabre el caso y ordena hacer el juicio o lo deja cerrado.
“Este monotributista [por Báez], al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández, era dueño de 415.000 hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz. Para que se entienda bien la dimensión: la ciudad donde está este tribunal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una superficie de 20.300 hectáreas, Báez y su grupo compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires”, dijo Luciani.
Luciani aprovechó para seguir criticando a la Unidad e Información Financiera (UIF) por no acusar por asociación ilícita y fraude, cuando en el juicio contra Báez por la ruta del dinero K no solo entendió que las licitaciones tenían sobreprecios y eran fraudulentas, sino que dijo que el dinero que lavó provenía de esos delitos, además de la evasión fiscal. Dijo que la UIF tuvo “poca imaginación y mala intención” al reducir el asunto a las cinco obras peritadas de las 51 investigadas.
Dijo Luciani que los autores de la asociación ilícita formaban parte del acuerdo para sustraer los fondos, ya que conocían su origen y cada uno hizo su aporte para poder obtenerlos.
Luciani aludió a la existencia de un “estado paralelo al margen de la ley” encarnado por esta asociación ilícita. “Los altos mandos dieron las órdenes para ejecutar las acciones corruptas”, enfatizó.
El fiscal Sergio Mola entendió que el rol de Cristina Kirchner como jefa de la organización y presidenta fue tomar la decisión de continuar invirtiendo en las obras públicas viales santacruceños y desde el Poder Ejecutivo elaborar los presupuestos que las incluyeran. Cuando se las ocultaban al Congreso, se financiaban con Decretos de Necesidad y Urgencia firmado por Néstor Kirchner primero y luego por Cristina Kirchner.
“La expresidenta tuvo el dominio sobre el empresario infiel y los funcionarios complacientes informándose, impartiendo órdenes a ellos que tenían un fluido contacto con Báez”, dijo Mola.
“Hemos destacado las pruebas que acreditan un claro direccionamiento de las licitaciones en favor de Báez, que solo se explican en el afán de sostener un flujo constante de fondos pagados a los empresarios. Cristina Kirchner no solo tuvo un rol dirimente en el desarrollo de la maniobra sino en su desarticulación cuando se desarmó Astral Construcciones a costa de miles de empleados”, argumentó Mola. “Los expresidentes se sirvieron de fondos públicos comportándose como inversores privados, buscando un rédito personal en detrimento del mandato de la ciudadanía de proveer el bien común”, agregó el fiscal.