Vía Derecha Diario
El fallecido mandatario italiano reformuló los principales cimientos de la estructura estatal italiana, incluyendo la legislación laboral, el sistema previsional y el sistema impositivo. Las reformas de Berlusconi avanzaron con la necesaria modernización del país.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, apodado cariñosamente como “Il Cavaliere”, falleció este lunes por la mañana, luego de una larga carrera política donde fue el gran protagonista de una serie de reformas que modernizaron la estructura del Estado italiano desarmando décadas de burocracia socialista en favor del libre mercado.
Ocupó la dirección del Poder Ejecutivo por primera vez en un breve período entre 1994 y 1995, más tarde logró formar un Gobierno con respaldo parlamentario entre 2001 y 2006, y en contra de todo pronóstico logró nuevamente imponerse como mandatario entre el año 2008 y 2011, completando 9 años al frente del poder en Roma.
Sus reformas fueron fundamentales para garantizar la solvencia fiscal a largo plazo, contener la tasa de desocupación y estimular el crecimiento, aún a pesar de las serias dificultades que atravesó la economía italiana, y los problemas estructurales que aún persisten en ella.
Las reformas en el mercado laboral
La reforma de la legislación laboral italiana es sin lugar a dudas uno de los puntos más favorables de la gestión Berlusconi. Aunque Italia tuvo un desempeño similar al de España en cuanto a su nivel de actividad, la tasa de desocupación española prácticamente duplicó a la italiana durante la crisis internacional de 2008 y en adelante.
La divergencia en favor de Italia se debió fundamentalmente a la flexibilización de la legislación laboral que impulsó Berlusconi en sus primeros mandatos. Entre 2001 y 2002 se llevó a cabo una reformulación integral del sistema, por la cual se amplió el “despido libre” para una gran cantidad de contratos (sin indemnización) y a cambio se amplió por un año la percepción por seguros de desempleo.
Para esto hubo que modificar el artículo 18 de la legislación laboral italiana, que requirió meses de negociaciones con el sindicalismo, las cuales Berlusconi encabezó personalmente, con una cumbre con la Confederación General del Trabajo (CGL) donde se acordó finalmente la reforma.
Al mismo tiempo, la reforma estableció una rebaja gradual de aportes patronales: cayeron un punto porcentual del 34,1% al 33,1% a partir de 2001, y en el año 2006 se dispuso una nueva rebaja hasta llevar al impuesto al 32,1%. Las cargas sociales para los trabajadores aumentaron muy ligeramente del 10,2% al 10,5% en el mismo período, en compensación por la extensión del seguro de desempleo.
Reforma del sistema impositivo y disciplina fiscal
El Gobierno de la derecha italiana apostó fuertemente por las “políticas del lado de la oferta”, bajando impuestos para fomentar la libre iniciativa del sector privado. La tasa marginal máxima del impuesto a las Ganancias se redujo fuertemente del 46,1% en 2002 al 45% desde 2003, y a partir de 2005 se dispuso de una rebaja adicional hasta el 43%.
De la misma manera, la tasa sobre Sociedades se redujo del 41,3% al 37,3% entre 2001 y 2006. Esto permitió corregir al menos una parte del enorme atraso competitivo que tenía el sistema fiscal italiano frente a otras economías desarrolladas como Estados Unidos y Alemania. Más tarde, Berlusconi llevó a cabo otra gran rebaja fiscal que llevó la tasa de Sociedades al 31,4% a partir de 2008.
Estas medidas se tomaron sin descuidar la responsabilidad fiscal. Bajo la administración de la derecha, Italia mantuvo estrictamente el superávit fiscal primario de manera ininterrumpida entre 2001 y 2006, y lo perdió solo entre 2009 y 2010 como consecuencia de la crisis internacional.
Por otra parte, el resultado financiero total promedió el 3,4% del PBI hasta 2006, ligeramente por encima de los postulados de Maastricht.
Reforma previsional
La última gran reforma de Berlusconi fue para garantizar la solvencia a largo plazo del Estado italiano, y probablemente sea una de las herencias más positivas de la gestión Berlusconi, dando más poder al sector privado y entregándole sustentabilidad al sistema.
Se determinó un aumento de la edad mínima de jubilación de 57 a 60 años, una medida histórica porque ningún otro Gobierno se había animado a proponerlo desde la creación misma del régimen de reparto en Italia. También se elevó la cantidad mínima de años de cotización necesarios para poder jubilarse hasta los 35 años, un ajuste necesario en compensación por no aumentar aún más la edad jubilatoria estándar.
Se estima que las medidas supusieron un ahorro del 0,7% del PBI por año para las arcas públicas desde el año 2008, con lo cual hasta 2023 el Estado se evitó un gasto sideral de hasta 10,5 puntos porcentuales del PBI, que de otro modo habría tenido que desembolsar, probablemente a base de endeudamiento.
Y si bien el sistema previsional italiano aún necesita urgentes reformas y la edad jubilatoria sigue muy atrasada en términos de envejecimiento poblacional, la gestión de Silvio Berlusconi fue el primer gran precedente reformista que avanzó en la dirección correcta.