Por Benigno Alarcón

Cuatro meses después del 3 de enero, el proceso político venezolano comienza a definirse con mayor claridad. El país no está inmerso en una transición democrática, sino que avanza hacia la normalización económica sin condiciones políticas significativas, una estrategia que el gobierno de Delcy Rodríguez está llevando a cabo con notable disciplina táctica.

La secuencia de los acontecimientos recientes sugiere un plan coherente más que improvisación: un nuevo acuerdo con Chevron en la Faja del Orinoco; las licencias generales 56 y 57 de la OFAC; el registro de Rodríguez como candidato presidencial bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de EE. UU .; la derogación unilateral de la Ley de Amnistía mientras 473 presos políticos permanecen detenidos; y la toma del poder del llamado Poder Ciudadano mediante el nombramiento de sus aliados Larry Devoe como fiscal general y Eglée González Lobato como defensora del pueblo. Estas acciones apuntan a un esfuerzo no solo por gobernar, sino por consolidar el poder bajo nuevas condiciones.

Ha habido cierta resistencia. Las reuniones europeas de María Corina Machado —que incluyeron encuentros en Francia, los Países Bajos, Portugal y España— confirmaron que la oposición aún conserva un importante apoyo internacional. La recepción que Michael Kozak, subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, ofreció el 22 de abril en Washington a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, demuestra que la administración Trump sigue recibiendo a figuras de la oposición a pesar de su buena relación con Rodríguez. Figuera fue una figura legislativa clave que ayudó al presidente interino Juan Guaidó a intentar derrocar al exdictador Nicolás Maduro.

Pero ninguno de estos esfuerzos altera la variable central: si la normalización económica estará ligada a condiciones políticas significativas. Hasta ahora, no lo ha estado.

Los líderes europeos siguen hablando de una «transición democrática pacífica». Kozak se refirió a una «transición estable, ordenada y consolidada». Sin embargo, estas fórmulas no son más que mera retórica diplomática, no criterios vinculantes. El levantamiento de las sanciones y la apertura económica no se han vinculado claramente a logros electorales verificables, reformas institucionales ni a la liberación de los presos políticos que aún permanecen en el poder.

Esa ambigüedad podría estar jugando a favor de Rodríguez.

Un nuevo encargado de negocios

El nombramiento de John Barrett como encargado de negocios de Estados Unidos, en sustitución de Laura Dogu, y su declaración a su llegada a Caracas de que continuaría implementando el plan de tres fases de la administración Trump —estabilización, recuperación y transición— ofrece un marco útil. El problema es que la tercera fase sigue sin estar definida.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que las elecciones se celebrarían «durante la administración Trump», dando a entender que podrían tener lugar en cualquier momento antes de enero de 2029. También sugirió que su organización requeriría al menos nueve o diez meses una vez que se inicie un esfuerzo coordinado. En el mejor de los casos, esto situaría las elecciones a mediados de 2027, después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses de noviembre.

Para entonces, el equilibrio político interno de Washington podría haber cambiado significativamente. Lo mismo podría ocurrir con la prioridad que le asigne a Venezuela.

Esta es la variable que la oposición tiende a subestimar: el tiempo favorece al gobierno. Cada semana que avanza la normalización económica sin condiciones políticas, Rodríguez se fortalece y la influencia de Washington disminuye.

Los recientes nombramientos en Citizen Power ilustran este punto. Devoe dedicó años a defender al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. González Lobato fue promovido por un sector de la llamada “oposición no radical”.

Su instalación cumple dos propósitos. Primero, ayuda a proteger a la coalición gobernante actual de una futura transición electoral. Un fiscal general leal reduce la probabilidad de que cualquier investigación llegue a la estructura de poder saliente. Segundo, y más importante, otorga al gobierno influencia sobre las consecuencias de cualquier transición negociada. Si se produce un cambio, instituciones como la fiscalía general y el defensor del pueblo determinarán quién es investigado, qué bienes se recuperan y cómo se exige rendición de cuentas.

Presos políticos

La misma lógica se aplica a la Ley de Amnistía. Rodríguez la declaró terminada el 23 de abril, a pesar de que la ley no contiene ninguna cláusula de vencimiento. La medida ya había cumplido su propósito inicial: 8.616 liberaciones, aunque Foro Penal afirma que solo 186 eran verdaderos presos políticos. Ponerle fin ahora preserva la influencia que aún conserva el gobierno y les indica a los opositores que la represión selectiva sigue estando disponible.

Rodríguez también parece estar convirtiendo cada paso de la normalización económica en un paso hacia su propia normalización política sin Maduro.

Su inscripción en el registro FARA como candidata presidencial formaliza ante Estados Unidos lo que ya se infería: no se trata de una medida temporal, sino que está construyendo una plataforma electoral y buscando el reconocimiento estadounidense.

Al mismo tiempo, el cálculo interno del régimen sigue favoreciendo la represión institucionalizada selectiva siempre que los costos externos sean bajos. Informes de abusos en la prisión de El Rodeo I, reiteradas demoras en las audiencias de la adolescente Samantha Hernández, quien tenía 16 años al momento de su detención por oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La detención fue denunciada por organizaciones de derechos humanos como arbitraria, y su aparente propósito era forzar la entrega de su hermano, un oficial militar exiliado y figura de la oposición. El caso fue citado por el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, durante la presentación del Premio Nobel de la Paz 2025.

El mayor riesgo

Casos como este y la detención continuada de prisioneros militares excluidos de la amnistía sugieren una estrategia de Washington para poner a prueba los límites paso a paso.

El mayor riesgo, entonces, no es simplemente la ausencia de una transición, sino la simulación de la misma.

Eso podría significar unas elecciones no competitivas en 2027, con Rodríguez ya normalizado internacionalmente, la fiscalía y el defensor del pueblo alineados con el gobierno, el calendario electoral impuesto unilateralmente y con la presión internacional agotada por las concesiones económicas anteriores.

Tal resultado equivaldría a una normalización sin una transición genuina.

Para evitar este escenario, es necesario vincular las concesiones económicas a objetivos políticos medibles. Se requieren tres medidas urgentes: condicionar el levantamiento de futuras sanciones al nombramiento de una autoridad electoral independiente y a la liberación total de los presos políticos; aprovechar la llegada de Barrett a Caracas para establecer condiciones públicas claras para un mayor diálogo; y cuestionar formalmente el cierre unilateral de la Ley de Amnistía antes de que se pierda esta oportunidad de ejercer presión.

Rodríguez aún podría fracasar. Pero por ahora, parece comprender algo que sus oponentes y homólogos extranjeros suelen pasar por alto: en Venezuela, el proceso de transición se moldea menos por discursos que por la secuencia de eventos. Hasta el momento, la está secuenciando correctamente.

Por Benigno Alarcón

La pregunta que se hace todo venezolano es una sola: ¿cuándo habrá elecciones? Y aunque la mayoría hubiésemos preferido que se reconociera el resultado del 28 de julio de 2024 —fruto de una gesta ciudadana inolvidable—, asumimos el reto de repetir esa victoria comprendiendo que es el precio de una transición que, por razones que podemos compartir o no, se gerencia desde afuera porque no pudimos lograrla desde adentro.

Pero la pregunta por la fecha, con ser urgente, es insuficiente si no se acompaña de otra más profunda: ¿hasta cuándo permanecerá abierta la ventana de oportunidad que se abrió el 3 de enero? La historia de las transiciones en el mundo —pero también la de los múltiples intentos fallidos de negociar un cambio en Venezuela— nos advierte que lo que parece subordinación incondicional del régimen en lo económico puede ser exactamente lo que siempre ha sido: una táctica dilatoria para ganar tiempo y evitar el cambio político, tal como Jorge Rodríguez lo logró en cada proceso de negociación anterior.

Los hechos hablan por sí solos. Chevron y Shell negocian los primeros grandes contratos desde la captura de Maduro. El secretario de Energía de Estados Unidos proyecta un aumento de producción de 30-40% este año. Se restablecieron relaciones diplomáticas. Trump elogió a Delcy Rodríguez diciendo que “está haciendo un gran trabajo”. Y sin embargo, no existe un solo compromiso verificable sobre el calendario electoral que forma parte de la tercera etapa del plan de transición presentado por Marco Rubio al Congreso.

Mientras tanto, la Misión de la ONU documentó esta semana que las estructuras represivas siguen operativas, con 87 nuevas detenciones desde enero, y que la Ley de Amnistía excluye a centenares de presos políticos. El régimen anuncia más de 7.700 “libertades plenas”, pero la mayoría corresponde a personas que ya estaban en libertad con medidas cautelares. Foro Penal registra más de 500 detenidos por motivos políticos.

Esta coexistencia de apertura económica y cierre político no es una contradicción. Es una estrategia. Y tiene precedentes cuyo desenlace debería alarmar a quien los conozca.

En Egipto, tras la caída de Mubarak en 2011, el ejército prometió transición y permitió elecciones, pero nunca desmanteló su control sobre la economía ni las instituciones. Cuando el presidente electo intentó gobernar con autonomía, los militares dieron un golpe, convocaron comicios bajo sus reglas y construyeron un régimen más represivo que el anterior. La comunidad internacional lo aceptó porque Egipto ofrecía estabilidad. La normalización se tragó la democracia.

En Myanmar, la junta militar abrió el sistema en 2010: liberó a la líder opositora, atrajo inversión, fue celebrada dentro y fuera del país. Occidente levantó sanciones, las empresas llegaron. Pero cuando unas elecciones amenazaron el poder real del ejército en 2021, simplemente revirtieron toda la apertura con un golpe. Las sanciones tuvieron que reimponerse, pero la ventana ya se había cerrado.

La lección es inequívoca: cuando la presión externa se agota en normalización económica sin haber asegurado hitos políticos verificables, la transición no se congela. Se pierde. Chile ofrece el contraste exacto. Bajo presión internacional, Pinochet convocó un plebiscito en 1988. La oposición, en vez de rechazar el mecanismo, se unificó y ganó. La diferencia decisiva fue que la presión estaba canalizada hacia un hito concreto con fecha y condiciones: La elección presidencial de 1989.

El reloj que nadie menciona

Las elecciones de medio término en Estados Unidos, en noviembre de 2026, son la variable más importante del proceso venezolano y la más subestimada. Si la administración Trump pierde el legislativo —como es muy probable que ocurra—, o si la atención presidencial se desplaza hacia otros frentes que demanden mayor compromiso, la capacidad de Washington para presionar al gobierno de Rodríguez se reducirá drásticamente. Y los Rodríguez lo saben. Toda su estrategia responde a un solo cálculo: ganar tiempo. Vivir un día más, un día a la vez, como los enfermos terminales que se aferran no al futuro sino a la próxima hora.

Si ese cálculo les funciona, las consecuencias no serían un simple regreso al punto de partida. Serían peores. Un régimen que sobrevive a una intervención militar extranjera y a la mayor presión internacional de su historia regresaría fortalecido en lo que algunos llaman el “mito de invencibilidad”: la percepción de que al chavismo no se le puede derrotar. Lo que seguiría es predecible y devastador: represión sistemática contra quienes apoyaron la intervención o a la oposición democrática, persecución judicial y política a escala sin precedentes, y un giro geopolítico hacia China, Rusia e Irán, que estarían más que dispuestos a llenar el vacío que deja Washington. Un nuevo éxodo masivo de venezolanos que pierden toda esperanza de cambio. Y la consolidación de un eje autoritario en el hemisferio con capacidad de proyección sobre el Caribe y la frontera colombiana.

Lo que falta

Hay que decirlo con claridad: Venezuela y la comunidad internacional tienen hoy algo que rara vez se encuentra en las transiciones: una líder con legitimidad democrática abrumadora, con una visión liberal y de mercado afín a los valores de Estados Unidos y de las democracias occidentales, y la capacidad demostrada de ganar una elección limpia de manera contundente. Desperdiciar esa alineación por haber invertido el tiempo en priorizar contratos petroleros (que podrían firmarse después con mayores garantías de estabilidad) sobre la democracia sería un error estratégico difícil de revertir que Washington lamentaría durante décadas, y uno de los mayores fracasos internacionales de la administración Trump y de la gestión de Marco Rubio, quien hasta ahora ha demostrado un firme compromiso con la democracia en Venezuela.

La oposición democrática debe convertir la pregunta genérica de “¿cuándo habrá elecciones?” en un benchmark concreto e innegociable: reforma del CNE, observación internacional plena, habilitación de todos los candidatos, cronograma electoral en el primer semestre de este año, y elecciones libres antes de que termine 2026. Sin ese referente verificable, la narrativa de “Venezuela está mejorando” solo abona en favor de quienes controlan las instituciones —hoy vistos como protegidos de Washington que, “por ahora”, cultivan la relación y apuestan a ganar por default.

Las ventanas de oportunidad no se cierran con un portazo. Se cierran con un lento deslizamiento: un contrato aquí, una licencia allá, la postergación del regreso de Machado por razones de seguridad, la estabilidad primero, entre otras excusas. Venezuela tiene hoy lo que Egipto tuvo en 2012, lo que Myanmar tuvo en 2015 y lo que Chile tuvo en 1987: una oportunidad real pero con fecha de vencimiento. La diferencia entre una transición exitosa y una frustrada no radica en si la oportunidad existe, sino en si los actores —y en especial Estados Unidos— serán capaces de gerenciarla antes de que se agote.

Venezuela no puede darse el lujo de descubrirlo demasiado tarde.