Morfema Press

Es lo que es

Benigno Alarcón Daza

Por Benigno Alarcón Daza

La visita de María Corina Machado a la Casa Blanca no puede leerse con seriedad como un episodio de fricción con Washington ni como un encuentro irrelevante por la sola ausencia de anuncios públicos sobre sus resultados. En política internacional, especialmente en contextos de alta complejidad estratégica, el silencio suele ser una decisión deliberada, no un vacío. Más aún cuando la reunión involucró al presidente Donald Trump, al vicepresidente J. D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y a la jefa de gabinete Susie Wiles, y se extendió por más de dos horas. El solo hecho de una reunión de ese nivel y duración constituye, en sí misma, una señal política relevante que desmiente lecturas simplistas o interesadas.

La falta de comunicación detallada ha alimentado interpretaciones apresuradas que buscan deducir conclusiones sin base suficiente, proyectando supuestos enfrentamientos, fracasos o subordinaciones donde no existe evidencia que los sustente. Sin embargo, cuando lo que está en discusión no es un gesto simbólico ni una declaración para el ciclo noticioso, sino el posible diseño —o la corrección— de una estrategia de transición, la discreción comunicacional suele ser condición obligatoria para todos los involucrados. En estos escenarios, comunicar demasiado pronto puede ser más riesgoso como no comunicar.

Para entender el sentido de esta visita es indispensable situarla en su contexto. Venezuela atraviesa una fase en la que el conflicto político ha dejado de expresarse únicamente en el terreno diplomático y se ha desplazado hacia el de lo operacional: ataque militar con detención de Maduro, coerción expresa sobre actores de la élite gubernamental. control institucional, manejo del aparato coercitivo, administración de recursos estratégicos y relación con los actores internacionales clave. En ese marco, Estados Unidos parece haber optado —al menos hasta ahora— por evitar escenarios de colapso o intervención prolongada, que no han tenido un buen desenlace en otros países, privilegiando una transición que reduzca los costos externos y obligue a quienes hoy controlan las instituciones a introducir cambios graduales que garanticen estabilidad para un futuro gobierno democrático.

Una estrategia de ese tipo, si existe, no puede ejecutarse de manera abrupta ni transparente en tiempo real. Su implementación genera, y generará, resistencias internas significativas, sobre todo entre aquellos actores cuyo costo de salida es más alto o cuya supervivencia política, económica o judicial depende de la continuidad del sistema actual. También expone a riesgos a quienes, desde dentro, pudieran estar dispuestos a cooperar si el proceso se percibe como irreversible y ordenado. En ese contexto, el silencio no es señal de debilidad, sino parte de la estrategia y una forma de manejo del riesgo.

Desde esta perspectiva, la visita de Machado no debe evaluarse por lo que se dijo públicamente al salir de la Casa Blanca, ni por la ausencia de comunicados oficiales conjuntos, sino por su significado político. Que una dirigente opositora venezolana sea recibida durante más de dos horas por el núcleo del poder ejecutivo estadounidense indica que su rol no ha sido descartado ni marginalizado. Tampoco implica, necesariamente, que exista una coincidencia plena de visiones o un acuerdo ya cerrado. Indica, más bien, que Machado sigue siendo considerada como la líder relevante en la discusión sobre el futuro político de Venezuela, en un momento en el que se están calibrando tiempos, secuencias y límites.

En este contexto, la fotografía difundida al día siguiente de la visita de Machado, mostrando a Delcy Rodríguez en lo que debió haber sido la incómoda situación de tener que estrechar la mano de nada menos que el director de la CIA, John Ratcliffe, ha sido interpretada por algunos como una señal contradictoria o incluso desautorizadora. Esa lectura confunde interlocución con legitimación. En procesos de transición diseñados para evitar el colapso institucional y una intervención externa prolongada, es habitual que los canales políticos y los canales operativos funcionen en paralelo y de manera coordinada. Mientras el liderazgo democrático discute el marco y las condiciones del futuro, los organismos de inteligencia gestionan el presente: riesgos, resistencias, capacidades reales y escenarios de ruptura. Leída de este modo, la imagen no contradice la visita de Machado, sino que ilustra la importancia y complejidad de un proceso en pleno desarrollo, que se mueve muy rápido, pero se intenta conducir con cautela, secuencia y manejo del riesgo interno, usando todos los recursos disponibles al más alto nivel del gobierno norteamericano.

En este clima de silencio estratégico, no sorprende que hayan proliferado interpretaciones interesadas que buscan presentar la visita como un fracaso, una desautorización o una derrota política. Algunas provienen de actores y espacios mediáticos cuya agenda pasa por preservar el statu quo, normalizar la administración actual del poder o deslegitimar cualquier liderazgo opositor que no puedan controlar. Otras responden a la lógica más simple del descrédito: llenar el vacío informativo teorías de la conspiración que siempre se venden bien. Ninguna aporta evidencia verificable; todas comparten, en cambio, un mismo objetivo político: erosionar la legitimidad de un liderazgo opositor que hoy conserva respaldo social, coherencia estratégica y reconocimiento internacional.

Conviene, además, desmontar una confusión frecuente: la idea de que toda transición debe anunciarse como tal para existir. La experiencia comparada muestra lo contrario. Las transiciones diseñadas para evitar el colapso del Estado, el vacío de poder o una ocupación externa prolongada suelen avanzar por etapas poco visibles, con señales indirectas, ajustes operativos y decisiones que solo adquieren sentido cuando se observan retrospectivamente en su conjunto. Pretender extraer conclusiones definitivas a partir de una sola reunión, o exigir resultados inmediatos y públicos, equivale a desconocer, por ignorancia o malicia, la lógica de estos procesos.

Para los venezolanos, dentro y fuera del país, la tentación de llenar los vacíos con interpretaciones categóricas es comprensible. Años de frustración, falsas expectativas y procesos inconclusos han erosionado la esperanza y la paciencia colectiva. Sin embargo, en un momento tan delicado como el actual, apresurar conclusiones dice más de la ansiedad acumulada que de la realidad del proceso. La política internacional no se mueve al ritmo de las redes sociales ni de la necesidad inmediata de certezas, y mucho menos cuando se trata de transiciones complejas, diseñadas para minimizar riesgos y resistencias. Leer con responsabilidad la visita de María Corina Machado a Washington implica observar con atención lo que comience a ocurrir —y también lo que no ocurra— en los días y semanas siguientes. Las señales relevantes no estarán necesariamente en los comunicados ni en las fotografías, sino en la coherencia de las decisiones, en los gestos políticos, en los cambios operativos y en la evolución del comportamiento de los actores clave. A la luz de la información disponible hasta ahora, no hay elementos serios para hablar de un resultado negativo. Lo prudente, y lo intelectualmente honesto, es entender que estamos ante una fase temprana de un proceso cuya lógica no es la información instantánea a la que las redes sociales nos han acostumbrado, sino la de la secuencia estratégica.

Por Benigno Alarcón Daza

El estudio estadístico nacional realizado entre el 4 y el 10 de noviembre de 2025 aporta una mirada rigurosa, compleja y, en muchos sentidos, sorprendentemente madura sobre cómo entienden hoy los venezolanos la posibilidad de un cambio político y una eventual transición a la democracia. Los datos muestran una sociedad que desea un cambio, reconoce el liderazgo opositor y tiene expectativas económicas relativamente realistas; pero también evidencian temores, tensiones psicosociales y reservas frente a los acuerdos propios de una transición negociada.

El pasado jueves 20 tuve la oportunidad de conocer los resultados del estudio estadístico realizado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello y presentado en el evento Prospectiva 2026 Semestre I que nos ofrece una radiografía del estado de ánimo, las percepciones y expectativas de la gente con respecto a la necesidad de un cambio de gobierno y una eventual transición democrática.

Y aunque, lamentablemente, las encuestas no son hoy en día presentadas públicamente, tal como pasa con estudios económicos y otros análisis serios de la realidad venezolana, por miedo a las consecuencias de decir la verdad, por lo que se pidió a la audiencia que no se hicieran públicos sus resultados, me atreveré a compartir mis propias conclusiones y algunos pocos datos que el mismo Centro ha hecho públicos en su propia página web (https://politikaucab.net/2025/11/21/rector-de-la-ucab-la-universidad-y-la-iglesia-estan-unidas-en-principios-como-la-democracia-y-los-derechos-humanos/).

Un consenso transversal: la mayoría quiere un cambio político

Los hallazgos, basados en 1.000 entrevistas directas a personas inscritas en el Registro Electoral, revelan que al día de hoy se mantiene un consenso abrumador sobre la necesidad de un nuevo rumbo político.

La encuesta evidencia que el deseo de un cambio de gobierno es prácticamente unánime a lo largo del espectro político venezolano. Casi ocho de cada diez venezolanos (un 77,1%) consideran que un cambio de gobierno es «necesario» o «muy necesario». Esta cifra representa incluso un aumento con respecto a mayo de 2025, cuando la encuesta que realizamos para entonces registró 73,4%.

La primera conclusión es clara: casi ocho de cada diez venezolanos consideran necesario o muy necesario un cambio de gobierno. La cifra alcanza 77,1 % en noviembre de 2025. Lo relevante es que este deseo no se limita a la oposición.

La evaluación de la gestión del presidente Nicolás Maduro es percibida como «mala o muy mala» por un porcentaje similar de los encuestados. Pero lo que resulta particularmente notable es que esta opinión se extiende al propio chavismo: el grupo denominado «chavismo blando» que constituye la mitad del total del chavismo, se une al reclamo por un cambio de gobierno. En otras palabras, el reclamo de cambio es un sentimiento nacional, y no meramente partidista.

Este consenso se sostiene sobre dos pilares fundamentales. El primero es la evaluación negativa de la situación del país: la percepción de que la realidad nacional es “mala” está extendida incluso entre muchos ciudadanos que aún se autodefinen como chavistas. El segundo es la atribución de responsabilidad: la población identifica de forma creciente a Nicolás Maduro como el principal responsable de la crisis, independientemente de su orientación política.

Esto configura un elemento clave para cualquier transición: un diagnóstico común sobre la necesidad de cambio y sobre quién representa el pasado que debe superarse.

¿Quién puede lograr el cambio? La ciudadanía se reconoce como actor, pero el miedo inhibe la acción

El estudio confirma algo que la ciencia política ha observado como un factor clave en otros procesos de cambio: los venezolanos se reconocen como actores del posible cambio político. A la pregunta sobre quién tiene capacidad real para lograrlo, “la gente” aparece en primer lugar; pero lo más significativo es el ascenso del liderazgo opositor encabezado por María Corina Machado y Edmundo González que pasa de 15,9 %, en el estudio que hicimos bajo mi dirección en mayo, a casi el doble en noviembre.

La población, por tanto, no delega completamente la posibilidad de cambio en fuerzas externas: percibe, según este estudio, a la sociedad, los militares y la oposición, junto a la comunidad internacional (principalmente los EE.UU.) como actores fundamentales con capacidad para generar un cambio. Esto es consistente con la literatura sobre transiciones, que subraya la necesidad de coaliciones amplias (O’Donnell y Schmitter, 1986).

Sin embargo, esta autopercepción convive con un freno central: el miedo a la represión. Aunque la disposición a participar en protestas no violentas también se ha duplicado con relación a los estudios de julio de 2024 y mayo de este año, cuando se registraba 18,3%. La población sabe que tiene un rol, pero considera que el costo de ejercerlo es demasiado alto. Esta combinación mantiene el potencial de movilización social en estado latente.

Cultura política: La Preparación Psicológica para una Transición

Una de las novedades de esta encuesta, reflejo del área de inteterés del nuevo director del Centro, Angel Oropeza quien es psicólogo, es el abordaje explícito hacia la preparación psicológica de la población para apoyar una transición democrática, o si, por el contrario, sus exigencias podrían convertirse en un obstáculo, como ha ocurrido en transiciones fallidas en el mundo.

En este sentido, por un lado, existe un buen nivel de tolerancia a situaciones cotidianas, como tener por vecino a alguien de la oposición o del gobierno actual. En contraste la tolerancia y la confianza es menor cuando se trata de otras áreas. Por ejemplo, la gente no quiere al chavismo en funciones de gobierno y casi nadie cree en la información que proviene de la contraparte.

Esta intolerancia a un co-gobierno se refleja en la visión que la gente tiene sobre el conflicto: la mayoría ve en el conflicto una lucha entre «el bien y el mal». Si el conflicto es moral (bien versus mal), la posibilidad de compromiso se reduce en algunas áreas especificas:

  1. Justicia Transicional: La mayoría exige el castigo para todos los responsables de corrupción y violaciones de derechos humanos. Las opciones que buscan acuerdos o reducción de penas para quienes colaboren suman una minoría.
  2. Acuerdos Pragmáticos: La mayoría rechaza otorgar «ciertos privilegios políticos» a actores del antiguo régimen a cambio de facilitar una transición pacífica. Asimismo, la población no parece estar dispuesta a mantener por un tiempo a ciertas figuras en instituciones claves para evitar un vacío de poder.
  3. Alianzas: Incluso para lograr una mayoría estable en un gobierno de transición, la mayoría no apoyaría que el liderazgo del nuevo gobierno de transición forme alianza con actores gubernamentales o con partidos identificados con el gobierno actual. Asimismo, no hay apoyo mayoritario a que el nuevo gobierno se establezca con alianzas alternativas y distintas a la que resultó ganadora de la elección presidencial de 2024, o sea la liderada por María Corina Machado – Edmundo González Urrutia.

Expectativas económicas: un país más realista de lo que se cree

Quizás uno de los hallazgos más favorables para la viabilidad de una transición es que las expectativas temporales de mejora económica son moderadas. Solo 8% piensa que un cambio mejorará la economía para todos en menos de un año; el resto se divide entre quienes creen que tardará entre uno y tres años, tres y cinco años o más de cinco.

Esto coincide con estudios internacionales sobre democratización: las transiciones exitosas suelen ocurrir cuando las expectativas sociales son realistas y existe disposición a tolerar costos temporales (Przeworski, 1991).

La percepción sobre las sanciones refuerza este cuadro de madurez política de la sociedad venezolana: Aunque 65 % está en desacuerdo con las sanciones porque afectan en alguna medida a la población, un 61 % rechaza el argumento de que sean la causa principal de la crisis económica y culpa a Maduro porque no logró demostrar que ganó las elecciones.

Conclusión: ¿Está preparada la sociedad venezolana para una transición democrática?

El estudio permite una conclusión equilibrada: Venezuela está relativamente preparada, aunque mucho mejor que nunca antes para una transición, lo cual es un escenario común, considerando que ningún actor individual o colectivo puede estar totalmente preparado para algo que no ha vivido previamente. Ese es el estado en el que todos los países han vivido sus procesos de transición política.

Lo que favorece una transición:

  1. Un consenso abrumador sobre la necesidad de cambio.
  2. Reconocimiento del liderazgo opositor y su creciente credibilidad.
  3. Expectativas económicas realistas, compatibles con una transición gradual.
  4. Comprensión de que el cambio requiere presencia de múltiples actores, no solo externos, en especial de los venezolanos.

Pero existen riesgos que deben ser gestionados:

  1. Miedo inhibidor que limita la acción colectiva, aunque exista voluntad política.
  2. Intolerancia parcial hacia el pluralismo político.
  3. Demandas de justicia absolutas que podrían chocar con los pactos de estabilidad y experiencias positivas en la aplicación de la justicia transicional.
  4. Resistencia a acuerdos que podrían ser indispensables con actores institucionales y sectores del antiguo régimen.

En síntesis, la sociedad venezolana tiene la base emocional, racional y política suficientes para acompañar una transición exitosa, pero requiere liderazgo claro, narrativa estratégica y una hoja de ruta honesta que combine gradualismo con resultados concretos.

El reto del liderazgo democrático —y del acompañamiento internacional— consiste en transformar ese consenso de cambio en capacidad efectiva de sostener el proceso cuando surjan tensiones, costos y conflictos inevitables. Los datos sugieren que, con conducción adecuada, el país puede avanzar. La clave será trabajar deliberadamente los nudos políticos y psicoculturales que podrían frenar el tránsito hacia la concresión y consolidación de una transición democrática.

Por Benigno Alarcón Daza

A medida que aumenta el debate internacional sobre Venezuela, también crecen las dudas: ¿está la sociedad venezolana preparada para una transición? ¿Se desataría una guerra civil? ¿Podría el país volverse ingobernable por la presencia de grupos armados? Este artículo intenta responder, con evidencia y realismo, los temores más frecuentes expresados por algunos articulistas y entrevistados recientemente en medios internacionales, algunos de ellos muy prestigiosos.

1. ¿Quieren realmente los venezolanos un cambio político?

, sin lugar a dudas, y de manera abrumadora. Todas las encuestas independientes coinciden en que entre 70% y 80% de la población desea una transición democrática y rechaza al gobierno actual [1][2]. El chavismo duro representa menos del 20%, y aun dentro de ese segmento existe más añoranza por lo que Chávez representaba que afección por el actual gobierno.

Pero aparte de la elección del pasado 28 de julio de 2024 en la que la única evidencia existente muestra el triunfo de la oposición por una amplísima mayoría en la que obtiene casi 70% de la votación, existe un plebiscito silencioso: el éxodo. Al día de hoy van cerca de 8 millones de venezolanos que han abandonado el país en la última década. Y aunque su posición política no se puede cuantificar porque a la diáspora, salvo contadas excepciones, no se le permitió participar electoralmente, ninguna sociedad que migra en esa escala está satisfecha con el statu quo.

2. ¿Está la sociedad venezolana políticamente madura para enfrentar una transición sin expectativas irreales?

, y más que en cualquier otro momento de los últimos 25 años. La prolongada crisis ha producido un doble efecto:

  1. Realismo político: los venezolanos han aprendido, a través de una amarga experiencia de ensayo y error, que no hay soluciones mágicas ni transiciones instantáneas. Los estudios cualitativos y de campo muestran claramente que la población prioriza hoy estabilidad, servicios básicos, orden y seguridad, incluso por encima de sus aspiraciones legitimas a cambios en su nivel de vida, que han sido largamente postergados [3].
  2. Disposición a dar tiempo a un nuevo gobierno: en todos los sondeos recientes, amplias mayorías reconocen que una transición requerirá sacrificios y tiempo. La gente quiere resultados, pero entiende que los problemas estructurales —infraestructura colapsada, servicios destruidos, economía paralizada— no se resuelven en meses.

El riesgo no está en la acumulación de expectativas imposibles; está en no dar señales claras de que la transición es posible y será real. Cuando la población percibe ambigüedad, temor o indefinición, surge frustración y la desesperanza. Pero cuando ve dirección y posibilidad de éxito, resurgen las expectativas positivas, así como la disposición a participar y construir con disciplina y paciencia, como quedo demostrado en la Primaria de 2023 y la elección presidencial de 2024.

3. ¿Existe riesgo de una guerra civil o de violencia política generalizada?

No. No existen condiciones estructurales para una guerra civil en Venezuela.

Venezuela no tiene dos bandos armados comparables y dispuestos a confrontarse. Lo que sí tiene es:

  • Un aparato coercitivo centralizado;
  • Una sociedad desarmada y exhausta;
  • Y más de una década de crisis sin que haya habido insurgencia organizada.

Pero para quienes tratan de utilizar la historia reciente haciendo referencia a procesos como los de 2014, 2017, 2019 y 2023, es importante aclarar que lo que hubo en momentos como estos, e incluso antes (2000, 2002, 2007) fueron protestas masivas, represión estatal y paraestatal, colapso económico, censura y persecución política, pero nunca surgió un conflicto armado bilateral. Las pocas estructuras armadas no estatales —colectivos, grupos irregulares, pandillas— no representan un ejército alternativo, sino grupos paraestatales mantenidos por una lógica clientelar, más que ideológica, que pueden ser reincorporados a una sociedad con libertad política y Estado de derecho.

El riesgo real no es una guerra civil: es que la inacción mantenga un ecosistema fuera de las reglas mínimas de una sociedad con garantías legales, que tiende a fortalecerse con el tiempo y se convierte en una amenaza no solo para el país, sino para toda la región.

4. ¿Podría un nuevo gobierno perder el control del territorio debido a guerrilla, minería ilegal y economías ilícitas?

No, si se hacen las cosas bien. Este es un temor que se manifiesta frecuentemente, pero que la mayoría de las veces (y a veces maliciosamente) está mal planteado.

Las áreas bajo influencia del ELN, disidencias de las FARC o grupos mineros no existen porque el Estado se retiró, sino porque sectores del propio Estado venezolano las toleran por razones políticas, ideológicas y econńmicas, en incluso bajo lógicas clíentelares [4][5]. Son zonas en las que el mismo Estado ha tolerado un ecosistema con reglas distintas en el ejercicio del poder, no como ausencia de poder. En este sentido, el statu quo consolida estas dinamicas.

Una transición, por el contrario, abre por primera vez en años la posibilidad de:

  • Cooperación real con Colombia y Brasil en materia de seguridad fronteriza;
  • Presencia internacional de verificación;
  • Reformas profundas en el sector y las doctrinas de seguridad;
  • Sustitución progresiva de economías ilegales;
  • Aumento de la presencia del Estado y reducción del uso de Venezuela como santuario para grupos armados.

El temor de “ingobernabilidad” de estas zonas ignora que sólo un cambio político puede revertir la situación actual en estas zonas. El riesgo real está en continuidad de la situación actual.

5. ¿No es más responsable negociar con el régimen una transición parcial donde el gobierno conserve parte del poder?

No. Los estudios sobre transiciones de regímenes autoritarios a democracias muestran que los pactos donde las élites salientes mantienen control sobre instituciones o poder de veto sobre armas, justicia o seguridad terminan en el bloqueo de las reformas legales e institucionales necesarias para estabilizar y consolidar una transición política, la captura del nuevo gobierno; y, a mediano plazo, la reversión del proceso hacia una reautocratización mucho más dura.

Esto ocurrió en países como Nicaragua y Egipto, donde las viejas élites conservaron el control sobre el aparato institucional y coercitivo. Las “transiciones controladas” no estabilizan, sino que, por el contrario, garantizan la inestabilidad y el fracaso de los gobiernos de transición.

Garantías personales y salidas negociadas son siempre deseables y necesarias para reducir los costos de una transición; pero un co-gobierno o dejar al régimen anterior en control de instituciones clave solo acarrearán el fracaso. Es por ello que deberá priorizarse la celebración de comicios con integridad electoral que permitan la reinstitucionalización del Estado y la relegitimación de sus autoridades.

6. ¿Qué haría viable una transición en Venezuela?

Hay, al menos, cuatro factores que deben recibir especial atención en el corto plazo:

1. Reafirmación clara e inmediata de la subordinación de la institución militar al poder civil legítimamente constituido.

2. Reinstitucionalización rápida y focalizada de las principales instituciones del país, lo que incluye Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Contraloría y cuerpos policiales. Sin estos cinco pilares, no hay transición sostenible en el corto plazo.

3. Estabilización económica inmediata: Un paquete internacional de apoyo —fiscal, energético y social— que reduzca presión en los primeros meses y evite estallidos sociales que socaven la legitimidad del nuevo gobierno.

4. Presencia y acompañamiento internacional, lo que incluye cooperación fronteriza; asistencia técnica en seguridad; monitoreo de derechos humanos; apoyo en zonas de minería ilegal y narcotráfico, entre otros.

7. ¿Los venezolanos aceptarían los sacrificios y tiempos de una transición ordenada?

. La evidencia cualitativa acumulada por universidades, ONG y estudios internacionales muestra que la mayoría de la población es consciente de que la recuperación será lenta; el venezolano prefiere hoy un proceso ordenado a cualquier aventura caótica; y está dispuesta a apoyar un gobierno democrático si muestra compromiso, dirección, coherencia y resultados iniciales que vayan en la dirección correcta.

El colapso y la crisis que se ha vivido durante años ha producido, como resultado positivo, una sociedad más pragmática, menos polarizada y más consciente de sus límites. La condición sine que non para la gente es una sola: que la transición sea real, no cosmética. El fenómeno político del que hemos sido testigos desde la Primaria de 2023 hasta hoy, pasando por la elección de julio de 2024, nos enseña que la madurez y legitimidad política no se fracturan por expectativas que alguien podría considerar desmesuradas, sino por falta de coherencia y promesas vacías.

8. Entonces, ¿cuál es el verdadero riesgo?

El verdadero riesgo no está en la transición. Está en el statu quo.

El statu quo implica la continuación de la crisis venezolana; la expansión de los problemas de seguridad e ingobernabilidad; la consolidación y fortalecimiento de los enclaves armados; la influencia creciente de actores extrahemisféricos como Rusia, China e Irán; el deterioro ambiental acelerado, principalmente en la Amazonia venezolana; la aceleración de una nueva ola migratoria cuyas proporciones superan el éxodo de países en guerra como Siria y Ucrania.

Una transición democrática, bien diseñada y apoyada por la comunidad internacional, no garantiza milagros. Pero es la única vía para contener el deterioro, estabilizar el territorio, apuntalar la seguridad hemisférica y la democracia en la región, e iniciar un proceso de reconstrucción y reinstitucionalización que permitiría el regreso de millones de venezolanos que han visto obligados a salir del país por razones de supervivencia política, social y económica.

Conclusión

El debate sobre Venezuela suele centrarse en lo que podría salir mal si se intenta una transición. La pregunta correcta es lo contrario: ¿qué ocurriría si no hubiese una transición democrática en Venezuela?

Toda la evidencia apunta en una dirección inequívoca: los venezolanos quieren el cambio; después de 25 años hay madurez política para sostenerlo; es absolutamente falso de que la alternativa al statu quo es el caos o una guerra civil; la ingobernabilidad territorial es producto del sistema actual, no la consecuencia probable de una transición; y los pactos para preservar el poder total o parcialmente en manos de quienes sostienen al autoritarismo no estabilizan, sino que condenan al país a nuevos retrocesos y ciclos de colapso.

Venezuela no necesita un salto al vacío. Necesita —y puede tener— una transición democrática real, con respaldo internacional, instituciones con legitimidad y un plan serio para recuperar el Estado. Lo verdaderamente irresponsable sería permitir que el país siga deslizándose por el abismo actual.

Referencias

[1] Panteras Market Research, Encuestas Nacionales Venezuela 2023–2025. https://panteraresearch.com/venezuela

[2] Delphos, Opinión Pública 2024–2025. https://delphos.com.ve/

[3] UCAB – Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, Barómetro de la Gobernabilidad 2023–2025. https://cepgy.ucab.edu.ve

[4] International Crisis Group, “Roots of Violence in Venezuela’s Mining Arc.” https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela

[5] CSIS, “Illicit Economies and Armed Groups in Venezuela’s South.” https://www.csis.org/analysis

Por Benigno Alarcón Daza

A finales de 2025, Venezuela se encuentra en un punto de inflexión de máxima tensión, definido por la confluencia de dos fuerzas de magnitud histórica. En el frente externo, el país enfrenta un cambio cualitativo en la política estadounidense, que ha transitado de una estrategia de disuasión basada en sanciones a una de coerción cinética activa en el mar Caribe. Simultáneamente, en el plano interno, la nación sufre un colapso socioeconómico que ha erosionado sistemáticamente el poder adquisitivo, desmantelado los servicios públicos y sumido a la mayoría de la población en un estado de desesperanza. Esta convergencia de crisis ha reducido drásticamente la viabilidad del statu quo, planteando la pregunta central que articula este análisis: ¿cuáles son los escenarios más probables para el futuro a corto plazo del país? Para entender las trayectorias posibles, es indispensable comprender primero la profunda fractura política que define el presente venezolano.

La ruptura poselectoral: el mandato popular ignorado

El punto de partida del conflicto actual es una crisis de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, originada en el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. La percepción de un mandato popular ignorado ha creado una brecha insalvable entre el poder formal y la voluntad ciudadana, un hecho cuantificado de manera contundente por encuestas realizadas entre finales de 2024 y principios de 2025. Uno de los pocos estudios que desde entonces se ha hecho público, por el miedo a las consecuencias, el de Meganálisis de febrero de este año revela un consenso social abrumador sobre la ilegitimidad del gobierno.

  • Percepción del ganador: Una mayoría casi unánime del 91.6% de los venezolanos considera que Edmundo González fue el verdadero ganador de la elección.
  • Rechazo a la juramentación: 83,3% de la población manifestó su desacuerdo con la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial el 10 de enero.
  • Desconfianza institucional: La desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) alcanza 85,82%, mientras que la desconfianza personal en Nicolás Maduro es de 87,5%.
  • Confianza en la oposición: En contraste, figuras de la oposición como María Corina Machado (71,5%) y Edmundo González (51,6%) mantenían altos niveles de confianza popular.

Estos datos, que en estudios más recientes aunque lamentablemente no publicados, se mantienen con muy pocas variaciones, lo que no solo ilustran una fractura política, sino que describen un divorcio fundamental entre la estructura de poder que gobierna y la ciudadanía a la que dice representar. Esta desconexión es el principal combustible de la inestabilidad política, una crisis de legitimidad que se agrava y retroalimenta con el severo deterioro de las condiciones de vida de la población.

El panorama interno: colapso económico y desesperanza social

La crisis política se traduce en un sufrimiento tangible y generalizado para los ciudadanos, cuyo principal motor es el colapso económico. La gestión macroeconómica, combinada con el aislamiento internacional y la parálisis productiva, ha creado un entorno de precariedad extrema que el régimen instrumentaliza como una herramienta de control social. La gravedad de esta situación queda reflejada en indicadores económicos y sociales clave de finales de 2025.

Indicador EconómicoDato Relevante
Percepción económica ciudadana83,4% de los venezolanos calificó los primeros dos meses de 2025 como «malos» o «pésimos». Hoy todos sabemos y sentimos que la situación ha empeorado exponencialmente.
Ingreso familiarMás de 73% de los hogares venezolanos ingresa menos de 250 dólares al mes.
Devaluación aceleradaEl tipo de cambio oficial pasó de ~216 a ~258,80 Bs/USD en la última semana de octubre de 2025, pese a fuertes intervenciones del BCV.
Brecha cambiariaLa diferencia entre el dólar oficial y el paralelo superó consistentemente el 40%, acelerando la inflación.

El impacto de este panorama en la población es devastador. Encuestas no publicadas revelan que alrededor de un 80% de los venezolanos describe su estado de ánimo como «frustrado y triste», un sentimiento que se complementa con una percepción generalizada de persecución política, reportada por más del 70% de la población. Este entorno de colapso interno, caracterizado por la precariedad material y la angustia psicológica, se ve exacerbado por una presión externa que ha adquirido una peligrosa dimensión militar.

La olla de presión externa: la campaña cinética de Washington

A finales de 2025, la política de Estados Unidos hacia Venezuela experimentó un cambio radical, transitando de una estrategia de disuasión basada en sanciones a una de coerción cinética activa. Bajo la justificación de una «guerra contra el narcotráfico», Washington ha desplegado una serie de acciones que han elevado la tensión en el Caribe a su punto más alto en décadas. Las principales manifestaciones de esta estrategia incluyen:

  1. Operaciones letales: Se han ejecutado múltiples ataques en aguas internacionales contra embarcaciones que Washington describe como «narcoterroristas», con un saldo de más de cincuenta fallecidos.
  2. Despliegue estratégico: La presencia militar estadounidense en la región se ha reforzado con el despliegue de bombarderos estratégicos de largo alcance (B-1B y B-52H) y del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, uno de los más poderosos de la armada norteamericana, en el Caribe.
  3. Escalada narrativa: El propio presidente Trump ha sugerido una posible extensión de las operaciones a territorio venezolano, declarando que «la tierra es lo siguiente», en alusión a ataques contra infraestructura vinculada a economías ilícitas.
  4. Operaciones encubiertas: Autoridades estadounidenses han reconocido públicamente el uso de capacidades de la CIA en territorio venezolano, confirmando que la presión no es meramente externa.

Esta estrategia, sin embargo, no está exenta de costos políticos. La justificación oficial ha sido fuertemente cuestionada a nivel internacional y doméstico. Expertos de las Naciones Unidas han calificado los ataques como «posibles ejecuciones extrajudiciales», mientras que figuras políticas dentro de Estados Unidos, como el senador Rand Paul, los han denunciado como «asesinatos extrajudiciales» ejecutados sin una autorización formal de guerra por parte del Congreso. Dicha presión es hábilmente utilizada por el régimen de Maduro para sus propios fines.

El gambito del régimen: la mentalidad de asedio como estrategia de supervivencia

Frente a una presión externa sin precedentes, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado una estrategia clásica de supervivencia autoritaria, apalancando la coerción externa para manufacturar cohesión interna y legitimar un estado de excepción de facto. La narrativa de «defensa nacional», posibilitada únicamente por las acciones cinéticas de Washington, le permite justificar la represión y enmarcar cualquier disidencia como traición. Las contramedidas del régimen se articulan en tres frentes:

  • Cohesión militar y narrativa patriótica: A través de ejercicios a gran escala como la operación «Independencia/Defensa de la Costa 200», el gobierno proyecta una imagen de unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Estos despliegues sirven para disciplinar las filas internas, proyectando una unidad que busca reducir la probabilidad de una fractura interna.
  • Geopolítica energética: Como represalia a la cooperación de Trinidad y Tobago con Washington, Caracas suspendió los acuerdos de explotación conjunta del campo de gas transfronterizo Dragón. Este movimiento utiliza la energía como un arma diplomática para castigar a los vecinos que se alinean con Estados Unidos y enviar un mensaje a la región sobre los costos de colaborar en el cerco a Venezuela.
  • Control social y represión: La narrativa de «amenaza externa» proporciona la coartada para intensificar el control social. Un indicador claro de esta tendencia es el incremento del número de presos políticos documentado por la ONG Foro Penal, que pasó de 845 a 875 entre el 13 y el 27 de octubre de 2025.

Esta estrategia de atrincheramiento, aunque efectiva para la supervivencia a corto plazo, agudiza las tensiones, llevando a la pregunta final: dadas estas presiones y contramedidas, ¿qué caminos se abren para Venezuela?

Análisis de escenarios: Navegando el futuro incierto de Venezuela

El análisis de la información disponible sugiere que la situación ha entrado en una fase de probabilidades dinámicas, donde la continuación del statu quo se ha convertido en la trayectoria menos sostenible. La convergencia de la presión externa y el colapso interno ha hecho que un desenlace sea cada vez más probable, aunque su naturaleza sigue siendo incierta. A partir de aquí podemos perfilar tres escenarios principales:

  • Escenario 1 – Estancamiento autoritario (probabilidad decreciente): En esta trayectoria, el régimen mantiene el control a través de la coerción y normaliza el conflicto de baja intensidad con Estados Unidos. Sin embargo, el seguimiento y análisis de la situación nos obliga a considerar el statu quo cada vez menos viable, debido a la insostenible tasa de gasto económico para mantener la estabilidad cambiaria y al creciente costo político y económico que generar para el gobierno la campaña cinética estadounidense.
  • Escenario 2 – Transición democrática (probabilidad media): Este escenario contempla dos vías principales. La primera es una salida negociada que ofrezca garantías a la élite gobernante a cambio de una transición (Escenario 2A). La segunda es un cambio intra-régimen, una fractura en las altas esferas del poder provocada por un aumento insostenible de los costos de lealtad a Maduro (Escenario 2B). La presión externa e interna está diseñada precisamente para incentivar una de estas dos resoluciones del conflicto.
  • Escenario 3 – Incidente cinético limitado (catalizador de alta probabilidad): Este es evaluado como el evento catalizador más probable a corto plazo. Consistiría en una operación militar puntual de Estados Unidos (aérea, marítima o terrestre limitada) que no buscaría una ocupación, sino actuar como un catalizador para forzar un cambio rápido en el cálculo de costo-beneficio de la élite venezolana, precipitando la fractura interna (Escenario 2B) o forzando una negociación seria (Escenario 2A).

Conclusión: En el filo de la navaja

Venezuela se encuentra en un punto de inflexión donde la crisis se define por la colisión de tres vectores: un vector militar de coerción externa sin precedentes, un vector socioeconómico de colapso interno (que ha demostrado en el pasado ser insuficiente para generar un cambio político), y un vector geopolítico en el que el régimen intenta instrumentalizar la energía como su última herramienta diplomática. La tensión central reside en una paradoja estratégica auto-consuntiva: el régimen depende de la presión militar externa para generar la cohesión interna que le permite sobrevivir, pero esta misma presión eleva los costos de gobernar a niveles que hacen su supervivencia a largo plazo insostenible. El profundo deseo de cambio de la mayoría de la población se enfrenta a un régimen atrincherado y a un escenario de intervención limitada que, si bien puede acelerar un desenlace, está cargado de peligros. Cualquier camino hacia la resolución de la crisis venezolana será, inevitablemente, complejo y de alto riesgo, pero posible y necesario.

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