Por Benigno Alarcón

Venezuela vive hoy una situación difícil de explicar porque se parece demasiado a una transición, pero todavía no lo es. Hay más movimiento internacional, más apertura económica, más presencia de actores externos, más conversación sobre elecciones y más actividad opositora. Pero falta lo esencial: una ruta verificable para que los venezolanos elijan, en condiciones reales de competencia, un gobierno legítimo, condición sine qua non para retornar al país a la democracia y a partir de allí reconstruir instituciones que funcionen bajo la independencia e imparcialidad que caracterizan los balances y contrapesos propios de un régimen democrático y esenciales para construir la confianza que es garantía de estabilidad e ingrediente esencial para la recuperación económica

Ese es el punto central. El país no está inmóvil, pero la fase de estabilización de la que habla el Secretario de Estado Marco Rubio ha servido para estabilizar al país en un punto de equilibrio muy frágil, bajo un gobierno ilegitimo y altamente impopular, en una zona intermedia, peligrosa, inestable y decisiva, donde la única forma de mantener el equilibrio es avanzando, bien sea hacia una transición democrática o hacia la consolidación de una forma más sofisticada de normalización autoritaria.

La administración de Delcy Rodríguez intenta presentar la reapertura económica como prueba de estabilidad y pretende transformar normalización en legitimidad, lo cual, como hemos visto en la reciente encuesta de AtlasIntel/Bloomberg, no ha funcionado. Hay petróleo que vuelve a moverse, conversaciones con India, interés de empresas, discusiones sobre deuda, electricidad, minería, vuelos y reinserción internacional. Para una sociedad agotada, empobrecida y con años de colapso institucional, cualquier señal de normalidad puede parecer alivio. Pero la realidad es que tal alivio hasta el día de hoy no se siente en las calles. La inflación continua galopante, la brecha cambiaria responde a la desconfianza y hace que cualquier producto importado cueste el doble de lo que cuesta en Colombia o incluso los Estados Unidos. Los servicios públicos continúan presentando deficiencias, incluso mayores a las del año pasado, con zonas donde el agua corriente llega una vez por semana o donde los cortes de luz se extienden hasta por ocho horas diarias. Un país puede vender petróleo, renegociar deuda y recibir inversionistas que se acercan a explorar oportunidades y casi nunca a invertir, mientras sigue sin Estado de derecho, sin árbitro electoral confiable, sin justicia independiente, sin liberación plena de presos políticos, sin garantías para la oposición y con la mayoría de su población viviendo en condiciones de pobreza.

Por eso son tan importantes las señales que vienen de Washington. Marco Rubio y María Elvira Salazar colocaron en el Congreso de Estados Unidos un punto que no debe pasar inadvertido: Venezuela necesita avanzar hacia condiciones electorales que permitan elegir un gobierno legítimo. Rubio ha hablado de prensa independiente, partidos con capacidad de organizarse y una nueva autoridad electoral. Salazar ha presionado para que la estabilización no sustituya la democracia. La señal es correcta. Pero tiene un problema: se habla de condiciones, no de fecha. Y en política, cuando hay condiciones sin fecha, el poder suele convertir las condiciones en excusa para postergar o no hacer nada.

Venezuela necesita condiciones electorales, sí. Nadie serio puede sostener que basta con convocar una votación cualquiera. Sin nuevo CNE, registro electoral auditado, voto exterior, observación internacional robusta, garantías de campaña, libertad de presos políticos y retorno seguro de los liderazgos democráticos, una elección puede ser apenas una ceremonia de legitimación. Pero el otro riesgo es igual de grave: que se diga que todavía “no hay condiciones” para diferir indefinidamente la decisión ciudadana. Aquí vale la pena recordar que la oposición ganó el 28 de julio de 2024 una elección presidencial sin precedentes, a pesar de no contar con condiciones mínimas. El país quiere una elección con condiciones, pero no aspira a la elección perfecta que ningún país democrático tiene y, menos aún, a una que solo sea posible en años, porque el riesgo que se corre es que nunca la tengamos. El país no puede quedar atrapado entre una elección fraudulenta y una transición eternamente pospuesta. Aquí es donde, como reza la sabiduría popular, lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Además, la sociedad venezolana de 2026 no es la sociedad aislada y silenciada de hace una década. Consultores 21 muestra un país mucho más conectado: internet, teléfonos inteligentes, WhatsApp, Instagram, TikTok y redes sociales se han convertido en los canales reales de información, conversación y organización. Esto no elimina el miedo. El miedo sigue allí, porque la represión no desapareció, pero cambia la forma en que opera. Una sociedad conectada observa, compara, comparte, desmiente y se activa más rápido cuando percibe una oportunidad real.

Por eso el eventual regreso de María Corina Machado a Venezuela tendría consecuencias políticas positivas de primera magnitud. No sería un gesto simbólico más. Sería un punto focal. En regímenes autoritarios, la gente no se moviliza solo porque está molesta, se moviliza cuando cree que otros también están dispuestos a hacerlo, cuando percibe liderazgo, dirección y posibilidad de éxito. La legitimidad de Machado podría elevar el costo de reprimir, pero también el costo de no avanzar. Para ser estratégicamente útil, su regreso debe estar coordinado, protegido y vinculado a una demanda claramente democrática: elecciones presidenciales libres, verificables y con garantías.

La progresiva activación de la gente no debe confundirse con una explosión espontánea o desestabilización. Al contrario, de extenderse la actual situación, con un crecimiento progresivo de protestas espontaneas y cada vez más numerosas a lo largo y ancho del país y sin liderazgo que canalice el descontento social hacia una ruta de salida institucional, la situación podría volverse caótica e impredecible. En un escenario como este, el gobierno interino venezolano, y en consecuencia el gobierno de Trump, se encontrarían ante la disyuntiva de controlar a través de la represión, lo que podría originar la fractura del aparato represor por temor a las consecuencias, hoy evidentes, de violar derechos humanos, o distender la situación, apurando una elección que se volvería impostergable.

La presencia militar norteamericana y la visita esta semana del general Dan Caine a Caracas deben leerse en ese contexto. No significan, por sí solas, una intervención militar ni una solución automática. Significan algo más sobrio: Estados Unidos está supervisando de cerca el arreglo político, militar y estratégico venezolano. Está enviando una señal a las élites internas, a los mandos militares, a los actores económicos y a los aliados externos: Washington no está observando desde lejos. Esa presencia puede reducir la capacidad de sabotaje de sectores duros del mismo oficialismo que hoy se oponen a Delcy Rodríguez, pero también puede producir una narrativa nacionalista, si no se utiliza para acompañar una ruta clara de democratización. La fuerza externa puede contener una ruptura por algún tiempo; lo que no puede es sustituir la falta de legitimidad del actual gobierno.

Lo que se necesita es canalizar el descontento hacia presión cívica organizada, inteligente, amplia, sostenida y focalizada. Sindicatos, estudiantes, gremios, iglesias, universidades, partidos, familiares de presos políticos y ciudadanos comunes deben converger en una misma exigencia: un cronograma electoral verificable que permita avanzar hacia la tercera fase del plan Trump/Rubio: una transición democrática por la vía electoral; sin condiciones mínimas no hay elección; sin elección legítima no hay gobierno legítimo.

La clave está entonces en impedir que la normalización económica se adelante tanto que termine sustituyendo la democratización. Cada avance en petróleo, deuda, inversión, licencias, vuelos o financiamiento internacional debe tener un espejo institucional: nuevo CNE, registro electoral auditado, voto exterior, observación, presos políticos libres, garantías para todos los candidatos y fecha presidencial. Si no hay equivalencia entre apertura económica y apertura política, Venezuela puede terminar con más negocios, más petróleo y más estabilidad, pero sin democracia, y con un gobierno autocrático con más recursos y más poder. Y no creo que esa sea la herencia que nos quieren dejar como resultado el plan Trump/Rubio.

Lo que está en juego no es solo quién gobierna. Es cómo se reconstruye la autoridad legítima del Estado. Un país no se estabiliza de verdad cuando el poder se administra desde acuerdos opacos entre élites. Se estabiliza cuando la gente puede decidir, cuando las instituciones vuelven a ser árbitros y no instrumentos, y cuando quienes pierden una elección aceptan los resultados y tienen la oportunidad de competir nuevamente. Eso sí, solo bajo reglas estrictamente democráticas.

Venezuela necesita orden, sí. También necesita inversión, servicios, petróleo, empleo y seguridad. Pero nada de eso será sostenible si no descansa sobre legitimidad e instituciones democráticas que estén al servicio del Estado y del ciudadano, no de un gobierno autocrático que tendrá siempre la última palabra, incluso por encima de la ley. La elección presidencial no es un capricho opositor. Es la pieza que falta para que la transición deje de ser una promesa difusa y comience a convertirse en una realidad.

El verdadero dilema venezolano

En Venezuela comienza a abrirse nuevamente una discusión que parecía clausurada hace apenas meses: la posibilidad de una transición política. La extracción de Maduro, la intensificación de la presión internacional, el control del gobierno estadounidense sobre las finanzas del país, el impacto simbólico, político y diplomático del liderazgo de María Corina Machado, y las señales enviadas desde Washington sobre un eventual proceso de “estabilización, recuperación y transición” han modificado el entorno político y estratégico.

Sin embargo, existe un riesgo central que todavía no parece estar siendo suficientemente comprendido: una transición democrática no depende únicamente de la muerte o la salida del líder, como demuestran los casos de Chávez y Maduro entre muchos otros a nivel internacional, o del debilitamiento de la cúpula autoritaria, sino de la reconstrucción efectiva de las instituciones que fueron desmontadas o colonizadas para hacer posible la sustentabilidad del autoritarismo.

Ese es hoy el gran dilema para quienes dirigen el Plan de Tres Fases, como lo ha llamado el Secretario de Estado, Marco Rubio, y para quienes tienen responsabilidad en su ejecución, como es el caso del Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Venezuela, el Sr. John M. Barrett. Porque una transición que preserve intacta la arquitectura institucional del oficialismo podría terminar produciendo una mutación del régimen y no una democratización real y sostenible.

Cuando el gobierno norteamericano decidió dejar a Delcy Rodríguez al frente del gobierno venezolano nuestra apuesta fue, como lo comentamos en varios artículos y entrevistas, que el plan sería utilizar a quienes tenían control del sistema que sostenía al oficialismo para desmontar su propio sistema e instalar uno que significaría la reinstitucionalización del Estado bajo reglas democráticas para asegurar la viabilidad de un gobierno electo, fuese este el de Edmundo González quien resultó electo en 2024 o el que resultará de una nueva elección.

Lamentablemente, aunque seguimos apostando a esta tesis al menos como intención, lo que hemos visto desde entonces no pareciera caminar, al menos en sus resultados, hacia una reinstitucionalización del Estado. Lo que hemos visto es un reacomodo en donde las élites leales a Maduro han sido sustituidas por otras, también chavista pero que había sido relegada, que hoy ascienden no por su imparcialidad o idoneidad, sino por su cercanía a los hermanos Rodríguez.

El problema no son solo las personas, sino el sistema de poder

Durante años, el debate venezolano se ha concentrado en la necesidad de elecciones libres. Pero la experiencia comparada demuestra que las elecciones, por sí solas, no garantizan democratización cuando las instituciones que administran el poder siguen capturadas.

El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, los organismos policiales y de inteligencia, e incluso buena parte de la estructura doctrinaria y operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fueron progresivamente transformados en instrumentos de control político.

No se trata simplemente de instituciones debilitadas. Se trata de estructuras diseñadas para impedir la alternancia y garantizar la preservación del poder.

Por eso resulta imposible pensar en una transición viable si el TSJ continúa funcionando como apéndice del Ejecutivo, si el CNE mantiene capacidad de manipular condiciones y resultados electorales, o si los organismos de inteligencia siguen operando bajo una lógica de persecución y represión política hacia el “enemigo interno”, o sea la oposición.

La sostenibilidad democrática depende precisamente de lo contrario: de la reconstrucción del Estado de Derecho y de la generación de garantías institucionales suficientemente sólidas como para impedir una rápida reversión autoritaria.

El riesgo de estabilizar antes de democratizar

Las señales enviadas por Washington merecen atención cuidadosa.

El llamado plan de “estabilización, recuperación y transición” impulsado por sectores de la administración estadounidense parece responder más a una lógica de manejo geopolítico y estabilización gradual que a una estrategia clásica de democratización.

El problema es que la historia demuestra que las autocracias rara vez desaparecen completamente derrotadas. Con frecuencia intentan adaptarse, moderarse parcialmente, flexibilizar ciertos controles y recuperar legitimidad internacional sin desmontar los mecanismos fundamentales que sostienen su poder o les permitirían desestabilizar al siguiente gobierno para luego regresar.

El Plan de Tres Fases, aunque invierte el flujo natural de los procesos de democratización en los que normalmente la estabilización y la recuperación son consecuencias de la transición,  no por ello el planteamiento adolece de méritos que podrían convertirse en un nuevo paradigma para futuros procesos. De hecho, obedece a una lógica que goza de todo sentido si consideramos que más del cincuenta por ciento de las transiciones se revierten porque el nuevo gobierno llega sin control ni capacidades institucionales. Ese riesgo es particularmente alto en el caso venezolano si no se sustituye efectivamente la actual estructura institucional por una que goce de independencia y atienda a los intereses del Estado, y no a los del gobierno de turno.

La apertura y estabilización económica sin reformas institucionales profundas podría terminar fortaleciendo a sectores autoritarios todavía intactos, al tiempo que permite a quienes gobiernan utilizar la negociación y cooperación selectiva como táctica dilatoria. La recuperación petrolera podría convertirse en una válvula de supervivencia del sistema político actual si no está condicionada a cambios institucionales verificables. Es así como la “transición” podría convertirse en una promesa indefinidamente postergada bajo el argumento de preservar la gobernabilidad o evitar el caos.

Precisamente por ello, los actores democráticos venezolanos y la comunidad internacional deben comprender que la reinstitucionalización no puede ser un tema secundario ni diferido. Debe ser parte central de cualquier negociación, acuerdo o proceso de transición.

Lo que está diciendo la sociedad venezolana

Los estudios de opinión disponibles muestran una sociedad agotada, pero no resignada.

La población quiere estabilidad económica y normalidad cotidiana, pero también exige elecciones, respeto al voto, garantías, justicia y condiciones reales de cambio. Después de años de fraude, represión y promesas incumplidas, existe una profunda desconfianza hacia cualquier solución percibida como cosmética o simplemente pactada entre élites.  

Una transición percibida como un simple reacomodo interno del poder difícilmente generará legitimidad social sostenible. Y sin legitimidad social, la gobernabilidad es extremadamente frágil.

En otras palabras: la sociedad venezolana no está demandando un simple cambio de gobernante, Delcy por Maduro, sino una reconstrucción profunda de su sistema político, económico y social.

El papel de María Corina Machado

En este contexto, la presencia de María Corina Machado dentro de Venezuela adquiere un valor estratégico central.

La principal prueba sobre la verdadera disposición del gobierno a avanzar hacia la tercera fase del plan que Delcy Rodríguez conoce, o sea la transición democrática, no será el discurso diplomático ni las declaraciones públicas. Será la posibilidad real de que la principal líder opositora pueda ejercer libremente actividad política dentro del territorio nacional.

Mientras Machado no pueda regresar, movilizarse libremente, organizarse, hacer campaña y ejercer liderazgo político sin persecución, cualquier narrativa sobre transición seguirá enfrentando un severo problema de credibilidad.

Además, existe otro factor delicado: una permanencia demasiado prolongada fuera del país podría facilitar la narrativa oficial que intenta presentar a la oposición democrática como una dirigencia desconectada del territorio nacional y dependiente exclusivamente del respaldo internacional. Diversos análisis recientes advierten precisamente ese riesgo político y simbólico, del cual, obviamente, el oficialismo trata de tomar ventaja. 

Por eso el eventual regreso y permanencia de Machado en Venezuela no es solo una decisión personal o política. Es un elemento central para medir si realmente existen voluntad y condiciones mínimas para avanzar hacia una transición auténtica.

El rol de Estados Unidos y de la comunidad democrática internacional

La Embajada de Estados Unidos y los actores democráticos internacionales enfrentan también un desafío complejo. No pueden limitarse a administrar una negociación política o una eventual estabilización económica. Su verdadero papel debería consistir en actuar como garantes internacionales de condiciones mínimas de reinstitucionalización democrática. Sin ello el Plan de Tres Fases terminaría fracasando estrepitosamente.

Eso implica exigir reformas verificables en el sistema electoral, judicial y de seguridad; condicionar incentivos económicos y alivios de sanciones al cumplimiento efectivo de esas reformas; y construir mecanismos internacionales de supervisión capaces de reducir el riesgo de reversión autoritaria.

La experiencia comparada demuestra que las transiciones exitosas suelen requerir árbitros externos creíbles cuando las instituciones nacionales han sido completamente capturadas. Pero también demuestra que esos árbitros fracasan cuando priorizan estabilidad inmediata sobre democratización estructural, como hemos visto en casos como el de Myanmar, Egipto, Nicaragua o Venezuela en intentos previos.

Ese es precisamente el riesgo que volvemos a enfrentar hoy.

La verdadera batalla

El oficialismo parece entender perfectamente la naturaleza de esta disputa.

Por eso intenta simultáneamente abrirse hacia fuera y cerrarse hacia adentro, mejorar parcialmente su imagen internacional mientras preserva intactos los centros reales del poder interno: el aparato judicial, el control territorial, el sistema de inteligencia, la estructura militar, e incluso lo que queda del mal llamado “Estado comunal”.

La verdadera batalla por la democracia venezolana no es solamente sobre quién gobierna.

Es sobre si el país logrará reconstruir instituciones capaces de impedir que el autoritarismo sobreviva a este nuevo intento de democratización o retorne rápidamente bajo nuevas formas.

Porque el mayor peligro para Venezuela no es únicamente una continuidad autoritaria abierta, como la que tenemos hoy. Es una transición aparente que preserve intactos los mecanismos que hicieron posible el desmontaje de la democracia.

Por Benigno Alarcón

Cuatro meses después del 3 de enero, el proceso político venezolano comienza a definirse con mayor claridad. El país no está inmerso en una transición democrática, sino que avanza hacia la normalización económica sin condiciones políticas significativas, una estrategia que el gobierno de Delcy Rodríguez está llevando a cabo con notable disciplina táctica.

La secuencia de los acontecimientos recientes sugiere un plan coherente más que improvisación: un nuevo acuerdo con Chevron en la Faja del Orinoco; las licencias generales 56 y 57 de la OFAC; el registro de Rodríguez como candidato presidencial bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de EE. UU .; la derogación unilateral de la Ley de Amnistía mientras 473 presos políticos permanecen detenidos; y la toma del poder del llamado Poder Ciudadano mediante el nombramiento de sus aliados Larry Devoe como fiscal general y Eglée González Lobato como defensora del pueblo. Estas acciones apuntan a un esfuerzo no solo por gobernar, sino por consolidar el poder bajo nuevas condiciones.

Ha habido cierta resistencia. Las reuniones europeas de María Corina Machado —que incluyeron encuentros en Francia, los Países Bajos, Portugal y España— confirmaron que la oposición aún conserva un importante apoyo internacional. La recepción que Michael Kozak, subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, ofreció el 22 de abril en Washington a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, demuestra que la administración Trump sigue recibiendo a figuras de la oposición a pesar de su buena relación con Rodríguez. Figuera fue una figura legislativa clave que ayudó al presidente interino Juan Guaidó a intentar derrocar al exdictador Nicolás Maduro.

Pero ninguno de estos esfuerzos altera la variable central: si la normalización económica estará ligada a condiciones políticas significativas. Hasta ahora, no lo ha estado.

Los líderes europeos siguen hablando de una «transición democrática pacífica». Kozak se refirió a una «transición estable, ordenada y consolidada». Sin embargo, estas fórmulas no son más que mera retórica diplomática, no criterios vinculantes. El levantamiento de las sanciones y la apertura económica no se han vinculado claramente a logros electorales verificables, reformas institucionales ni a la liberación de los presos políticos que aún permanecen en el poder.

Esa ambigüedad podría estar jugando a favor de Rodríguez.

Un nuevo encargado de negocios

El nombramiento de John Barrett como encargado de negocios de Estados Unidos, en sustitución de Laura Dogu, y su declaración a su llegada a Caracas de que continuaría implementando el plan de tres fases de la administración Trump —estabilización, recuperación y transición— ofrece un marco útil. El problema es que la tercera fase sigue sin estar definida.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que las elecciones se celebrarían «durante la administración Trump», dando a entender que podrían tener lugar en cualquier momento antes de enero de 2029. También sugirió que su organización requeriría al menos nueve o diez meses una vez que se inicie un esfuerzo coordinado. En el mejor de los casos, esto situaría las elecciones a mediados de 2027, después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses de noviembre.

Para entonces, el equilibrio político interno de Washington podría haber cambiado significativamente. Lo mismo podría ocurrir con la prioridad que le asigne a Venezuela.

Esta es la variable que la oposición tiende a subestimar: el tiempo favorece al gobierno. Cada semana que avanza la normalización económica sin condiciones políticas, Rodríguez se fortalece y la influencia de Washington disminuye.

Los recientes nombramientos en Citizen Power ilustran este punto. Devoe dedicó años a defender al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. González Lobato fue promovido por un sector de la llamada “oposición no radical”.

Su instalación cumple dos propósitos. Primero, ayuda a proteger a la coalición gobernante actual de una futura transición electoral. Un fiscal general leal reduce la probabilidad de que cualquier investigación llegue a la estructura de poder saliente. Segundo, y más importante, otorga al gobierno influencia sobre las consecuencias de cualquier transición negociada. Si se produce un cambio, instituciones como la fiscalía general y el defensor del pueblo determinarán quién es investigado, qué bienes se recuperan y cómo se exige rendición de cuentas.

Presos políticos

La misma lógica se aplica a la Ley de Amnistía. Rodríguez la declaró terminada el 23 de abril, a pesar de que la ley no contiene ninguna cláusula de vencimiento. La medida ya había cumplido su propósito inicial: 8.616 liberaciones, aunque Foro Penal afirma que solo 186 eran verdaderos presos políticos. Ponerle fin ahora preserva la influencia que aún conserva el gobierno y les indica a los opositores que la represión selectiva sigue estando disponible.

Rodríguez también parece estar convirtiendo cada paso de la normalización económica en un paso hacia su propia normalización política sin Maduro.

Su inscripción en el registro FARA como candidata presidencial formaliza ante Estados Unidos lo que ya se infería: no se trata de una medida temporal, sino que está construyendo una plataforma electoral y buscando el reconocimiento estadounidense.

Al mismo tiempo, el cálculo interno del régimen sigue favoreciendo la represión institucionalizada selectiva siempre que los costos externos sean bajos. Informes de abusos en la prisión de El Rodeo I, reiteradas demoras en las audiencias de la adolescente Samantha Hernández, quien tenía 16 años al momento de su detención por oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La detención fue denunciada por organizaciones de derechos humanos como arbitraria, y su aparente propósito era forzar la entrega de su hermano, un oficial militar exiliado y figura de la oposición. El caso fue citado por el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, durante la presentación del Premio Nobel de la Paz 2025.

El mayor riesgo

Casos como este y la detención continuada de prisioneros militares excluidos de la amnistía sugieren una estrategia de Washington para poner a prueba los límites paso a paso.

El mayor riesgo, entonces, no es simplemente la ausencia de una transición, sino la simulación de la misma.

Eso podría significar unas elecciones no competitivas en 2027, con Rodríguez ya normalizado internacionalmente, la fiscalía y el defensor del pueblo alineados con el gobierno, el calendario electoral impuesto unilateralmente y con la presión internacional agotada por las concesiones económicas anteriores.

Tal resultado equivaldría a una normalización sin una transición genuina.

Para evitar este escenario, es necesario vincular las concesiones económicas a objetivos políticos medibles. Se requieren tres medidas urgentes: condicionar el levantamiento de futuras sanciones al nombramiento de una autoridad electoral independiente y a la liberación total de los presos políticos; aprovechar la llegada de Barrett a Caracas para establecer condiciones públicas claras para un mayor diálogo; y cuestionar formalmente el cierre unilateral de la Ley de Amnistía antes de que se pierda esta oportunidad de ejercer presión.

Rodríguez aún podría fracasar. Pero por ahora, parece comprender algo que sus oponentes y homólogos extranjeros suelen pasar por alto: en Venezuela, el proceso de transición se moldea menos por discursos que por la secuencia de eventos. Hasta el momento, la está secuenciando correctamente.

Por Benigno Alarcón

La pregunta que se hace todo venezolano es una sola: ¿cuándo habrá elecciones? Y aunque la mayoría hubiésemos preferido que se reconociera el resultado del 28 de julio de 2024 —fruto de una gesta ciudadana inolvidable—, asumimos el reto de repetir esa victoria comprendiendo que es el precio de una transición que, por razones que podemos compartir o no, se gerencia desde afuera porque no pudimos lograrla desde adentro.

Pero la pregunta por la fecha, con ser urgente, es insuficiente si no se acompaña de otra más profunda: ¿hasta cuándo permanecerá abierta la ventana de oportunidad que se abrió el 3 de enero? La historia de las transiciones en el mundo —pero también la de los múltiples intentos fallidos de negociar un cambio en Venezuela— nos advierte que lo que parece subordinación incondicional del régimen en lo económico puede ser exactamente lo que siempre ha sido: una táctica dilatoria para ganar tiempo y evitar el cambio político, tal como Jorge Rodríguez lo logró en cada proceso de negociación anterior.

Los hechos hablan por sí solos. Chevron y Shell negocian los primeros grandes contratos desde la captura de Maduro. El secretario de Energía de Estados Unidos proyecta un aumento de producción de 30-40% este año. Se restablecieron relaciones diplomáticas. Trump elogió a Delcy Rodríguez diciendo que “está haciendo un gran trabajo”. Y sin embargo, no existe un solo compromiso verificable sobre el calendario electoral que forma parte de la tercera etapa del plan de transición presentado por Marco Rubio al Congreso.

Mientras tanto, la Misión de la ONU documentó esta semana que las estructuras represivas siguen operativas, con 87 nuevas detenciones desde enero, y que la Ley de Amnistía excluye a centenares de presos políticos. El régimen anuncia más de 7.700 “libertades plenas”, pero la mayoría corresponde a personas que ya estaban en libertad con medidas cautelares. Foro Penal registra más de 500 detenidos por motivos políticos.

Esta coexistencia de apertura económica y cierre político no es una contradicción. Es una estrategia. Y tiene precedentes cuyo desenlace debería alarmar a quien los conozca.

En Egipto, tras la caída de Mubarak en 2011, el ejército prometió transición y permitió elecciones, pero nunca desmanteló su control sobre la economía ni las instituciones. Cuando el presidente electo intentó gobernar con autonomía, los militares dieron un golpe, convocaron comicios bajo sus reglas y construyeron un régimen más represivo que el anterior. La comunidad internacional lo aceptó porque Egipto ofrecía estabilidad. La normalización se tragó la democracia.

En Myanmar, la junta militar abrió el sistema en 2010: liberó a la líder opositora, atrajo inversión, fue celebrada dentro y fuera del país. Occidente levantó sanciones, las empresas llegaron. Pero cuando unas elecciones amenazaron el poder real del ejército en 2021, simplemente revirtieron toda la apertura con un golpe. Las sanciones tuvieron que reimponerse, pero la ventana ya se había cerrado.

La lección es inequívoca: cuando la presión externa se agota en normalización económica sin haber asegurado hitos políticos verificables, la transición no se congela. Se pierde. Chile ofrece el contraste exacto. Bajo presión internacional, Pinochet convocó un plebiscito en 1988. La oposición, en vez de rechazar el mecanismo, se unificó y ganó. La diferencia decisiva fue que la presión estaba canalizada hacia un hito concreto con fecha y condiciones: La elección presidencial de 1989.

El reloj que nadie menciona

Las elecciones de medio término en Estados Unidos, en noviembre de 2026, son la variable más importante del proceso venezolano y la más subestimada. Si la administración Trump pierde el legislativo —como es muy probable que ocurra—, o si la atención presidencial se desplaza hacia otros frentes que demanden mayor compromiso, la capacidad de Washington para presionar al gobierno de Rodríguez se reducirá drásticamente. Y los Rodríguez lo saben. Toda su estrategia responde a un solo cálculo: ganar tiempo. Vivir un día más, un día a la vez, como los enfermos terminales que se aferran no al futuro sino a la próxima hora.

Si ese cálculo les funciona, las consecuencias no serían un simple regreso al punto de partida. Serían peores. Un régimen que sobrevive a una intervención militar extranjera y a la mayor presión internacional de su historia regresaría fortalecido en lo que algunos llaman el “mito de invencibilidad”: la percepción de que al chavismo no se le puede derrotar. Lo que seguiría es predecible y devastador: represión sistemática contra quienes apoyaron la intervención o a la oposición democrática, persecución judicial y política a escala sin precedentes, y un giro geopolítico hacia China, Rusia e Irán, que estarían más que dispuestos a llenar el vacío que deja Washington. Un nuevo éxodo masivo de venezolanos que pierden toda esperanza de cambio. Y la consolidación de un eje autoritario en el hemisferio con capacidad de proyección sobre el Caribe y la frontera colombiana.

Lo que falta

Hay que decirlo con claridad: Venezuela y la comunidad internacional tienen hoy algo que rara vez se encuentra en las transiciones: una líder con legitimidad democrática abrumadora, con una visión liberal y de mercado afín a los valores de Estados Unidos y de las democracias occidentales, y la capacidad demostrada de ganar una elección limpia de manera contundente. Desperdiciar esa alineación por haber invertido el tiempo en priorizar contratos petroleros (que podrían firmarse después con mayores garantías de estabilidad) sobre la democracia sería un error estratégico difícil de revertir que Washington lamentaría durante décadas, y uno de los mayores fracasos internacionales de la administración Trump y de la gestión de Marco Rubio, quien hasta ahora ha demostrado un firme compromiso con la democracia en Venezuela.

La oposición democrática debe convertir la pregunta genérica de “¿cuándo habrá elecciones?” en un benchmark concreto e innegociable: reforma del CNE, observación internacional plena, habilitación de todos los candidatos, cronograma electoral en el primer semestre de este año, y elecciones libres antes de que termine 2026. Sin ese referente verificable, la narrativa de “Venezuela está mejorando” solo abona en favor de quienes controlan las instituciones —hoy vistos como protegidos de Washington que, “por ahora”, cultivan la relación y apuestan a ganar por default.

Las ventanas de oportunidad no se cierran con un portazo. Se cierran con un lento deslizamiento: un contrato aquí, una licencia allá, la postergación del regreso de Machado por razones de seguridad, la estabilidad primero, entre otras excusas. Venezuela tiene hoy lo que Egipto tuvo en 2012, lo que Myanmar tuvo en 2015 y lo que Chile tuvo en 1987: una oportunidad real pero con fecha de vencimiento. La diferencia entre una transición exitosa y una frustrada no radica en si la oportunidad existe, sino en si los actores —y en especial Estados Unidos— serán capaces de gerenciarla antes de que se agote.

Venezuela no puede darse el lujo de descubrirlo demasiado tarde.