La administración del presidente Donald Trump se prepara para emitir una nueva licencia restringida a la empresa estadounidense Chevron Corporation, que le permitirá realizar únicamente tareas esenciales de mantenimiento y seguridad en sus operaciones en Venezuela.
Así lo confirmaron a Bloomberg fuentes cercanas al proceso, que solicitaron el anonimato debido a la naturaleza confidencial del tema.
El Departamento del Tesoro tiene previsto otorgar esta exención específica justo cuando vence la licencia actual —el próximo 27 de mayo—, la cual autorizaba actividades más amplias. El secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado esta semana que no habría prórroga de la licencia vigente, frustrando así las expectativas de una posible extensión de 60 días que algunos actores del sector daban por descontada.
La medida se da en un contexto en el que Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, buscando cerrar los espacios de financiamiento derivados de la industria petrolera. La licencia contemplada para Chevron prohibiría expresamente nuevas inversiones o la exportación de crudo, limitando la presencia de la empresa a tareas técnicas críticas similares a las permitidas hasta noviembre de 2022, antes del giro en la política petrolera que emprendió la administración Biden.
El enviado especial del presidente Trump, Ric Grenell, había anunciado una posible extensión tras su regreso de Caracas esta semana, luego de negociar la liberación de un veterano estadounidense que se encontraba detenido en Venezuela. No está claro aún si otras compañías estadounidenses recibirán permisos similares.
Analistas consideran que la concesión de una licencia limitada podría representar una salida estratégica que mantiene líneas de comunicación abiertas, sin debilitar la política de sanciones que busca una transición democrática en el país suramericano. En ese sentido, Rubio reafirmó el compromiso de Washington con la restauración de la democracia y la liberación de todos los presos políticos durante una reunión con cinco asesores de la oposición venezolana, quienes habían permanecido refugiados en la embajada argentina en Caracas durante más de un año.
La decisión de revertir las concesiones otorgadas por la administración Biden fue anunciada por el propio presidente Trump en febrero de este año: “Revertimos las concesiones que Joe Biden le otorgó a Nicolás Maduro en el acuerdo de transacción petrolera”, escribió entonces en sus redes sociales.
Esta nueva fase de la política energética y diplomática de EE.UU. hacia Venezuela se perfila como un equilibrio entre la presión máxima y la preservación de activos estratégicos de largo plazo, en espera de un cambio político sostenible en el país caribeño.
La nueva licencia que se perfila guarda similitud con la Licencia General 8F, emitida el 21 de abril de 2020 durante la administración Trump. Esta autorizaba a Chevron y a un grupo de proveedores estadounidenses —como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford— a mantener activos esenciales en Venezuela bajo una estricta definición de “preservación limitada”. Permitía únicamente transacciones necesarias para la seguridad del personal, la integridad de las operaciones, la participación en juntas corporativas y el cumplimiento de obligaciones contractuales previas.
Sin embargo, la licencia 8F prohibía expresamente cualquier perforación, comercialización, transporte o exportación de petróleo o productos derivados del crudo venezolano, así como cualquier pago de dividendos o reparto de utilidades al régimen de Maduro. También quedaban excluidas las inversiones adicionales y cualquier transacción que implicara transferencias de tecnología o expansión de actividades. Se trataba, en esencia, de un mecanismo para evitar el colapso físico de activos estratégicos sin permitir flujo alguno de recursos hacia el aparato represivo del Estado venezolano.