Vía Infobae
Una nueva controversia sacude a Bolivia en los últimos meses del mandato de Luis Arce. Dos de sus hijos menores, Rafael y Camila Arce Mosqueira, están en el centro de un escándalo de presunto tráfico de influencias tras revelarse que accedieron a créditos bancarios por más de 9 millones de dólares, permisos ambientales extraordinarios y una obra pública cercana a una propiedad de su proyecto agropecuario en Santa Cruz.
Según documentos obtenidos por fiscales y publicados por medios nacionales y la plataforma de periodismo investigativo Connectas, los hijos del presidente recibieron entre 2021 y 2022 seis préstamos del Banco Ganadero para impulsar una hacienda llamada Adán y Eva, pese a no contar con experiencia empresarial previa ni trayectoria en el rubro agrícola. A esto se suman permisos acelerados de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar desmontes en un área con restricciones ecológicas y la construcción de un puente financiado por el Estado a escasos 15 kilómetros del predio, inaugurado en marzo de este año.
La situación ha generado una ola de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y el posible favorecimiento a familiares del mandatario. Imágenes satelitales revelan que más de 180 hectáreas del predio fueron deforestadas en 2024, pese a estar vigente una prohibición nacional de quemas por incendios forestales que afectaron a millones de hectáreas.
El presidente Arce defendió públicamente los créditos obtenidos por sus hijos, afirmando que se otorgaron con base en la “solvencia del proyecto” y minimizó los cuestionamientos ambientales al señalar que la tierra “ya tenía cultivos”. Sin embargo, la Fundación Tierra, especializada en temas agroambientales, advirtió que podría tratarse de un caso de tráfico de influencias y pidió una “investigación transparente e imparcial”.
El Banco Ganadero, por su parte, se limitó a declarar que sus operaciones responden a criterios técnicos y se mantuvo al margen del debate. Sin embargo, una investigación del periódico El País reveló que el fondo de pensiones estatal invirtió más de 1.000 millones de dólares en el banco durante los tres años posteriores a la entrega de los créditos, sin que el Gobierno ni la entidad hayan desmentido esa información.
Además del respaldo financiero y logístico, el caso expone posibles violaciones de normativas ambientales y uso discrecional de fondos públicos. La Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia financió el puente que conecta con la propiedad de los Arce Mosqueira, sin que se justifique su impacto estratégico en la red vial nacional.
Diversos legisladores han pedido investigaciones. El diputado Enrique Urquidi presentó una denuncia ante el Viceministerio de Transparencia, mientras que la senadora Cecilia Requena calificó el caso como “un escándalo redondo de devastación y corrupción en medio del desastre ecológico de Bolivia”.
Este nuevo episodio se suma a las denuncias previas contra el hijo mayor del mandatario, Luis Marcelo Arce, señalado por su participación informal en negociaciones con empresas extranjeras interesadas en la industrialización del litio.
Luis Arce —quien ya anunció que no buscará la reelección ni una curul en el Senado— enfrenta una abrupta caída en su popularidad, una economía estancada y ahora una creciente indignación ciudadana por los negocios de sus hijos, que podrían marcar el cierre de su mandato con un serio cuestionamiento ético y político.