En rueda de prensa, Diosdado Cabello habló de la detención de supuestos mercenarios que pretendían desestabilizar al país, pero los nombres coinciden con una banda de secuestradores que fue parcialmente desmantelada por el Cicpc
El 19 de mayo de 2025 quedará como otro hito en la tragicomedia autoritaria venezolana. Lo que comenzó como la desarticulación de una banda de secuestradores integrada por funcionarios activos y retirados del CONAS —según consta en una minuta policial verificada por NTN24— terminó, en boca de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, convertido en un supuesto operativo internacional de sabotaje electoral, liderado nada menos que por la “mafia albanesa del Ecuador”.
Los nombres de siete supuestos mercenarios que fueron acusados por el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Diosdado Cabello, de dirigir acciones para desestabilizar Venezuela, son los mismos que aparecen en una minuta policial por un caso de secuestro en el estado Lara.
Se trata del sargento supervisor Roger Garrido Sánchez, de 48 años, adscrito al Comandando Nacional de Extorsión y Secuestro (Conas) de la GNB, seccional Acarigua; el teniente coronel Arturo Gómez Morantes, Kender Alexander Castillo Osta (42) y Natanael David Saavedra Alvarado (39), exfuncionarios del Conas; el sargento mayor de segunda Julio Rivero y los civiles Robert Jesús Garrido Sánchez (47) y Ángel Rafael Martínez Rodríguez (44), apodado “El Negro”.
Según Cabello estos “mercenarios” fueron capturados con explosivos que serían puestos en puntos estratégicos para sabotear las elecciones del próximo domingo.
Los hechos reales son contundentes: ocho funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y dos civiles fueron detenidos por haber mantenido secuestrado durante 19 días a un empresario en el estado Lara, exigiendo un millón de dólares por su liberación. Parte del dinero fue pagado y el resto de la banda sigue siendo buscada. Pero ante la evidencia, el régimen optó por un relato alternativo: no eran secuestradores, eran “mercenarios con explosivos”, enviados para desestabilizar las elecciones del 25 de mayo.
La operación de manipulación comenzó con Cabello, quien presentó ante las cámaras las fotos de los supuestos terroristas. Pero bastó contrastar los nombres con el informe policial para constatar que eran los mismos implicados en el secuestro. Lejos de rectificar, el régimen redobló su apuesta propagandística: Maduro afirmó sin prueba alguna que la mafia albanesa radicada en Ecuador, en coordinación con Colombia, Estados Unidos y el contratista militar Erik Prince, había enviado comandos entrenados para introducir bombas en Venezuela.
Este nivel de ficción geopolítica —que mezcla narcotráfico, mercenarios, teléfonos celulares incautados y hasta referencias a Cristo— revela no solo una desconexión delirante con la realidad, sino un patrón recurrente: transformar los delitos del Estado en supuestas conspiraciones internacionales para reforzar el control, criminalizar a la disidencia y distraer a la opinión pública del verdadero colapso institucional.
Mientras la narrativa oficial habla de estabilidad y paz, la realidad muestra una estructura represiva corroída por la corrupción, en la que los cuerpos de seguridad no combaten el crimen: lo cometen. Lo ocurrido en Lara no es una excepción, es un síntoma. Y al intentar encubrirlo con un montaje tan torpe como peligroso, el régimen confirma que su prioridad no es proteger a la ciudadanía, sino protegerse a sí mismo del juicio popular.
La suspensión de vuelos con Colombia y las referencias a mafias invisibles no son políticas de seguridad: son shows diseñados para sembrar miedo, justificar detenciones arbitrarias y cubrir el fracaso del aparato represivo en su propio seno.
l abogado penalista Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, se refirió a este caso en su cuenta en X y aseguró que “todo lo dicho hoy es mentira”, en alusión a las declaraciones de Cabello.
“La piratería de Diosdado al descubierto. La semana pasada funcionarios activos y retirados del Conas secuestraron a un ciudadano en Lara, lo retuvieron durante 19 días y le quitaron cerca de 500 mil dólares en cripto activos por su liberación. Ahora son conspiradores”, apuntó.
Mundaray mencionó que “en el expediente judicial dice claramente que el móvil del hecho es pecuniario, nada político”.
“Incautaron varias armas de fuego, vehículos entre otras evidencias. Un delito común lo convierten en político para hacer bulto y distraer a la población”, escribió.