El Comité de Derechos Humanos de la organización denunció que el arresto de la coordinadora de Asociaciones Ciudadanas busca “secuestrar” los logros de su labor, y afirmó que su ejemplo sigue inspirando a quienes mantienen la lucha.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) exigió este viernes la liberación inmediata de Catalina Ramos, coordinadora de Asociaciones Ciudadanas de la organización, quien permanece detenida desde hace cuatro meses.
En un comunicado difundido a través de la red social X, la agrupación destacó que Ramos “se ha preparado y se ha enfocado en formar a otros”, calificándola como una “líder que ha demostrado su amor profundo por el país”.
“Hoy, todos esos logros quisieron ser secuestrados por el régimen, pero sus propósitos siguen siendo un ejemplo para todos los que seguimos empujando esta lucha”, expresó la organización.
El Comité de Derechos Humanos de VV subrayó además que, junto con Ramos, otros 111 militantes y dirigentes del movimiento permanecen tras las rejas.
La denuncia coincide con el más reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, presentado este lunes, que alertó sobre el incremento de actos represivos vinculados a las elecciones presidenciales de 2024. El informe ratifica que en Venezuela persiste el “crimen de persecución por razones políticas” y advierte que no existe ninguna autoridad nacional capaz de prevenir ni sancionar graves violaciones de derechos humanos, por lo que “la única esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional”.
Por su parte, la ONG Foro Penal informó que actualmente en Venezuela existen 823 presos políticos, la mayoría detenidos tras los comicios de julio de 2024. En esa elección, el Consejo Nacional Electoral —controlado por el chavismo— proclamó como reelecto a Nicolás Maduro, mientras que la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunció el resultado como fraudulento.
El gobierno de Maduro y la Fiscalía General, en contraste, insisten en que no existen presos políticos en el país, argumentando que las detenciones responden a delitos comunes, una versión rechazada por los partidos opositores y por organizaciones de derechos humanos, que la califican como parte de una estrategia de persecución sistemática.