Por Daniel Lozano en El Mundo
El plan tiene como objetivos principales a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por EEUU, Italia, Ecuador, Panamá y Costa Rica.
La revolución bolivariana ha declarado alerta roja interna de cara a la juramentación presidencial del 10 de enero, decidida a hacer lo que haga falta para abortar los reclamos constitucionales de la oposición democrática, vencedora por goleada de los comicios del 28 de julio. Sus líderes han ordenado la movilización general de los cuerpos de Seguridad y de la militancia, que se hacen notar en las calles del país como en otros momentos clave. Hasta los moteles por horas, casi siempre fuera de la mirada de las autoridades por sus connotaciones sexuales, son visitados en estos días por la policía con mayor frecuencia.
El acoso chavista alcanzó incluso en la noche del jueves por primera vez la vivienda caraqueña de Corina Parisca, madre de María Corina Machado. Agentes enmascarados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se desplegaron con armas largas en torno al hogar de la mujer, de 84 años.
El plan chavista para el 10-E tiene como objetivos principales a la propia Machado y a Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por EEUU, Italia, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Contra la líder opositora se ha armado una imputación por traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, mientras que para González la revolución ha exhibido las esposas que le esperan en Caracas si cumple su promesa y aparece en la capital venezolana la fecha señalada.
«Sabemos tejer las fuerzas del pueblo para seguir en revolución. Estamos conmemorando cuatro meses de la gran victoria popular del 28-J contra el fascismo y contra el plan imperialista de desestabilizar Venezuela, de ponerle la mano a nuestra patria amada. Venezuela seguirá libre construyendo la máxima felicidad, su nueva democracia», arengó Maduro para celebrar su estrepitosa derrota electoral, cuando perdió por cuatro millones de votos frente a Edmundo.
La presión chavista llega por todos los frentes. Diosdado Cabello, ministro de Interior, ha reconocido que sus hombres también han atosigado a vehículos de una embajada, pese a que cuenta con inmunidad diplomática. El régimen está convencido de que la líder opositora se encuentra bajo cobijo de una legación, pese a que ha situado a Machado en Madrid, Panamá y Colombia de forma simultánea. Con la misma estrategia de acoso y derribo que en su día aplicó contra González Urrutia, Maduro busca el exilio de Machado antes del día de su coronación revolucionaria.
La embajada Argentina y sus seis refugiados, estrechos colaboradores de Machado, sufren también el asedio de los agentes chavistas, quienes les han cortado la electricidad desde principios de semana, y desde hace un par de días el suministro de agua potable. Maduro se niega a entregarles un salvoconducto, pese a las reiteradas peticiones del gobierno de Lula da Silva, aliado histórico del chavismo.
«Hay plena activación de la maquinaría del partido. Se ve no sólo en la calle y en las alcabalas (controles militares y policiales en las carreteras y dentro de las ciudades), también en los mensajes de los canales chavistas. Han convocado un congreso internacional para los aliados extranjeros que acaba el día 10 de enero», resumió para EL MUNDO el sociólogo Gianni Finco, uno de los principales especialistas del país en propaganda revolucionaria.
Contra la ley Bolívar
Además del músculo policial, militar y propagandístico, Maduro ha ordenado extremar la legislación para luchar contra la Ley Bolívar, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que impide a instituciones gubernamentales contratar a personas o empresas que mantengan lazos comerciales con el chavismo. La iniciativa de republicanos y demócratas ha venido acompañada además de una nueva andanada de sanciones contra los nuevos comandantes de la Inteligencia represiva, contra ministros y contra la hija artista de Diosdado, ahora al frente de la Agencia de Promoción de Exportaciones.
El artefacto legislativo se llama Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y prevé penas de 25 y 30 años de cárcel, 60 años de inhabilitación política y un millón de euros de multa para quienes promuevan o estén implicados en las sanciones extranjeras impuestas al chavismo. También amenaza a los medios de comunicación que difundan mensajes sobre las sanciones o que «afecten» a la revolución.
El nuevo marco legal tampoco se olvida del 10-E: el oficialismo castigará las acciones que pongan en riesgo la «soberanía» con el reconocimiento de investiduras de personas que «simulen» ser presidentes. Una medida preparada contra González Urrutia, dispuesto a viajar a Venezuela y desafiar al régimen.
«El régimen está pasando una aplanadora, pero no ha apagado un sentimiento difícil de ocultar, vinculado a la verdad. Lo que hay alrededor del 10-E es una construcción in crescendo, algo para lo que nos preparamos desde antes de las elecciones. El 10-E es una formalidad pero a la vez es una posibilidad enorme de concretar algo en lo que llevamos años. La gente sabe que el régimen se ha aferrado al poder, pero están pasando cosas«, adelantó para EL MUNDO Claudia Macero, una de las seis dirigentes asiladas en la embajada de Argentina.