Delcy Rodríguez viajó a Países Bajos para entregar «la verdad histórica de Venezuela» el próximo lunes 8 de abril ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)  de La Haya en torno a la disputa territorial con Guyana.

A través de lsu cuenta en X, la representante del chavismo señaló «en nombre del presidente Nicolás Maduro y en cumplimiento al mandato de nuestro pueblo el 3 de diciembre, hemos llegado a Holanda a entregar la verdad histórica de Venezuela; su derecho irrenunciable al territorio de la Guayana Esequiba».

Enfatizó «ni el Comando Sur, ni la CIA, ni la Exxon Mobil, ni el gobierno títere de Guyana podrán con el pueblo venezolano».

La Corte Internacional de Justicia tiene una fecha resaltada en su calendario en el marco de su examen de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana: el 8 de abril de 2024. Es un día “crucial” del caso, a pesar de la resistencia de Caracas a reconocer la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas en el conflicto, advierten especialistas consultados por la Voz de América.

La Corte, cuyos jueces suelen recordar que sus decisiones son legalmente vinculantes y finales, han fijado para la fecha una audiencia en la cual el Estado venezolano debe desplegar “su mejor defensa” para contrarrestar la validez del Laudo Arbitral de París, de 1899, que defiende Guyana, explica el abogado especialista en derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba.

Según todos los gobiernos venezolanos desde el siglo XX, ese laudo es “nulo e írrito” como documento en cuanto a la potestad territorial sobre el Esequibo, una zona de 159.000 kilómetros cuadrados rica en minerales y recursos petroleros.

Guyana solicitó en marzo de 2018 a la Corte Internacional de Justicia que iniciara un proceso contra Venezuela, pidiéndole que confirme la validez jurídica y vinculante del laudo de París, favorable para su reclamo.

Fue el secretario general de la ONU, António Guterres, quien opinó en 2017 que ese debía ser el mecanismo para zanjar la disputa.

Venezuela, en cambio, insiste en que el diferendo debe resolverse según el Acuerdo de Ginebra, de 1966, que establece varios mecanismos para hallar una solución satisfactoria para ambas partes según la Carta de las Naciones Unidas.