Cuando agentes de la DEA trasladaron a Nicolás Maduro a Nueva York en enero para enfrentar cargos de narcoterrorismo, su esposa, Cilia Flores, lo acompañaba.
Con las manos atadas con bridas de plástico, la mujer de 69 años cruzó el helipuerto de Wall Street bajo la atenta mirada de guardias fuertemente armados y francotiradores apostados en las azoteas. Cuando un juez le pidió que se identificara en la corte, Flores respondió: «Soy la primera dama de la República de Venezuela».
De hecho, Flores era presuntamente una jefa del crimen, perseguida durante años por unidades de la DEA supervisadas por fiscales federales en Nueva York y Florida. Una acusación federal, revelada el día en que comandos estadounidenses sacaron a Flores y Maduro de su habitación en Caracas, la acusaba de conspirar con altos funcionarios venezolanos para introducir de contrabando cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos, aceptar sobornos para permitir vuelos de narcotráfico y ordenar asesinatos.
La acusación ofrecía pocos detalles sobre Flores. Sin embargo, una serie de casos anteriores que involucran a sus familiares, junto con entrevistas a investigadores y antiguos colaboradores, dibujan la imagen de una política sumamente ambiciosa que, operando en gran medida fuera del ojo público, ascendió desde un barrio pobre hasta convertirse en una de las principales artífices del control del poder que su esposo ejerció durante 13 años.
Allí, cultivó una organización criminal familiar conocida en Venezuela como “El Jardín de Flores”, un juego de palabras con su apellido. Según los registros judiciales y antiguos socios, recompensó a una red de familiares con rutas de narcotráfico, contratos estatales e impunidad. Su nombre le abrió las puertas a lucrativos negocios con la petrolera estatal venezolana y permitió a sus familiares transportar cargamentos de droga desde el hangar presidencial del aeropuerto internacional de Caracas. Pocos se atrevían a desafiarla.
En una comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York el 5 de enero, Flores se declaró inocente y afirmó ser “completamente inocente”. Su abogado estadounidense, Mark Donnelly, declaró: “Esperamos revisar y refutar las pruebas que tiene el gobierno”.
El gobierno estadounidense ha sancionado a una docena de sus familiares a lo largo de los años por presunta corrupción y narcotráfico, incluyendo a su hermana, tres hijos de un matrimonio anterior y un sobrino considerado el cerebro financiero de la familia. Agentes de la DEA detuvieron a otros dos sobrinos en Haití en 2015 durante un intento de transacción de cocaína que, según ellos, tenía como objetivo financiar la campaña política de Flores. Su propio hermano ayudó a gestionar el envío, según informó un informante a la DEA.
Funcionarios del gobierno venezolano y miembros de la familia Flores no respondieron a las solicitudes de comentarios o no fue posible contactarlos.
Abogada de profesión, Flores fue una de las primeras seguidoras del Movimiento Revolucionario Bolivariano socialista de Hugo Chávez, a quien defendió cuando fue encarcelado tras el intento de golpe de Estado de 1992. Ascendió rápidamente una vez que Chávez tomó el poder, presidiendo el parlamento y desempeñándose como fiscal general hasta la muerte de Chávez en 2013 y la llegada de Maduro al poder.
Mientras su esposo supervisaba el colapso económico del país, el sistema de clientelismo familiar de Flores floreció.
Tras su captura, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ocupó su puesto vacante con la aprobación del gobierno de Trump. Rodríguez ha intentado congraciarse con Trump aceptando abrir las enormes reservas petroleras de Venezuela a inversionistas estadounidenses, pero el sistema que Flores ayudó a construir permanece prácticamente intacto.
Sistema de impunidad
Hija de un vendedor ambulante, Flores creció en la modestia de las colinas de bloques de cemento de Catia, un barrio humilde del oeste de Caracas.
«Eran personas muy, muy, muy humildes», dijo Andrés Izarra, ministro durante el gobierno de Chávez, en una entrevista.
En ese mismo barrio, Flores crió a tres hijos con su primer esposo, Walter Gavidia, un detective de policía. Su casa estaba llena de otros familiares. Entre ellos se encontraban dos sobrinos que la DEA detendría más tarde: Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, ambos criados por Flores tras la muerte de una de sus hermanas.
«El amor a la familia», dijo Flores en un podcast, «es lo más importante».
Flores ha afirmado que descubrió su «vocación revolucionaria» durante los disturbios de Caracas de 1989. Tras el fallido golpe de Estado de Chávez, Flores pasó horas con él en la prisión de Yare, un complejo penitenciario superpoblado a las afueras de la capital, elaborando planes para Venezuela en el nuevo siglo. Cuando Chávez recibió el indulto presidencial, se convirtió en una de sus asesoras más cercanas.
En una de esas visitas a la prisión, Maduro, un líder sindical que asesoraba a Chávez, le guiñó un ojo. Surgió un romance.
Tras la aplastante victoria de Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, Flores contribuyó a la reforma constitucional y formó parte de la nueva Asamblea Nacional. Fue la única de sus colaboradores que lo llamaba Hugo, o simplemente el «tú» informal.
Esta cercanía se tradujo en un poder real. Había comenzado su carrera como taquígrafa en el equivalente venezolano del FBI, donde forjó estrechos lazos con fiscales y abogados y adquirió un profundo conocimiento de las bandas de narcotraficantes, según Zair Mundaray, exfiscal venezolano con larga trayectoria. Su nombramiento como presidenta de la Asamblea Nacional en 2006 le otorgó un papel central en la selección de jueces, especialmente magistrados del Tribunal Supremo.
Estos cargos la situaron en el centro del surgimiento de Venezuela como importante centro de narcotráfico, parte de una estrategia de Chávez para desafiar a su rival político, George W. Bush, inundando Estados Unidos con cocaína, según una declaración jurada de la DEA.
Mientras otros autodenominados revolucionarios del gobierno de Chávez se enriquecían a costa del derroche de gasto público, Flores encontró su propio nicho de mercado: influir en las investigaciones criminales, según personas que trabajaron con ella.
Se convirtió en «la artífice de un sistema de impunidad» en torno al narcotráfico, declaró Mundaray a The Wall Street Journal. «Esta sensación de seguridad, la posibilidad de traficar y operar sin consecuencias legales, se debe a Cilia Flores».
Según la acusación estadounidense, Flores aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para facilitar una reunión en 2007 entre un importante narcotraficante y el director de la oficina antidrogas de Venezuela. El narcotraficante supuestamente acordó un pago mensual al director, más 100.000 dólares por cada vuelo de droga, una parte de los cuales iba a parar a Flores.
La corrupción llegó a las calles, donde las fuerzas policiales que Flores ayudó a dirigir operaban como bandas de narcotraficantes, según Martín Rodil, un venezolano que trabajó como contratista de la DEA. Cuando los agentes capturaban a narcotraficantes ajenos a su alianza, Rodil y exfuncionarios venezolanos afirmaron que les confiscaban la droga y la vendían.
«Porque es un Flores»
Flores comenzó a sembrar su propio jardín a medida que ganaba poder.
Repartió más de una docena de cargos parlamentarios entre hermanos, primos, cuñados e incluso su exmarido Gavidia, según informó en su momento el sindicato de la Asamblea. Su hermano Bladimir Flores fue nombrado jefe de seguridad del Parlamento antes de convertirse en inspector general del FBI venezolano. Otro sobrino, Carlos Malpica Flores, administraba las finanzas de la Asamblea, un primer paso para hacerse cargo de las finanzas familiares.
En 2008, el diario venezolano El Nacional publicó una carta escrita por trabajadores parlamentarios que instaban a Chávez a «combatir la corrupción» que Flores estaba fomentando. “La Asamblea Nacional cambió de nombre. Ahora se llama ‘El Jardín de las Flores’”, decía la carta. El apodo se popularizó.
Flores defendió los nombramientos de sus familiares, declarando a la prensa: “Me enorgullece que sean mi familia”.
Fuera del Parlamento, sus tres hijos, Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como “Los Chamos” —término coloquial para referirse a los jóvenes—, comenzaron a recibir sobornos ayudando a empresarios a obtener contratos gubernamentales, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que posteriormente los sancionó. El mayor, Walter, era juez en Caracas, siguiendo los pasos de su madre en la abogacía.
Los hijos organizaban fiestas ostentosas en mansiones frente al mar y a bordo de yates, utilizaban aviones del gobierno para viajar al extranjero y transportaban cajas de billetes de dólares entre sus casas en jeeps militares, según personas cercanas a la familia. Flores impidió que se investigaran sus actividades, añadieron estas personas.
Cuando Maduro reemplazó a Chávez en 2013, Flores se autoproclamó su «Primera Combatiente». Renunció a su cargo de fiscal general, pero acumuló aún mayor influencia como mano derecha de Maduro, con la capacidad de dirigir políticas y distribuir favores sin restricciones.
Su sobrino Malpica fue ascendido a los cargos de tesorero nacional y director financiero de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), lo que le otorgó el control de una vasta cartera de gasto público. Circularon fotos de Malpica brindando por sus nombramientos con botellas de Dom Pérignon en una discoteca de la lujosa isla caribeña de San Bartolomé.
A mediados de 2015, los otros sobrinos de Flores, Efraín Campo y Franqui Flores, de 28 y 30 años respectivamente, intentaron unirse a su primo mayor en el mundo de los grandes negocios. Ambos ya eran cómplices, intercambiando historias del hampa caraqueña por WhatsApp. Según las transcripciones presentadas posteriormente por la fiscalía, hablaron del desmembramiento de un conocido, la compra de una subametralladora Uzi y un atentado con bomba en una gasolinera, que, según Campo, enfureció a su tío Bladimir, inspector general de policía.
Ambos le propusieron a Malpica un plan para que aprobara pagos a empresas a las que PdVSA les debía dinero a cambio de comisiones. El plan dependía de la influencia de Malpica dentro de la petrolera. En agosto de ese año, Campo le envió un mensaje a un socio comercial para decirle a un cliente potencial que Malpica era «actualmente la máxima autoridad allí. Porque es un Flores».
Pero Malpica se negó a colaborar. Así que Campo y Franqui Flores recurrieron a otro negocio familiar: el narcotráfico.