Frente a la compleja situación de contingencia provocada por los sismos que afectan al país, Venezuela requiere de mecanismos institucionales ágiles que superen las reformas burocráticas lentas. Con este propósito, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) presenta al país, con carácter de extrema urgencia, la propuesta de un «Macro Marco Jurídico de Transición – Ley Puente-«, un instrumento legal único concebido de forma excepcional para operar en un lapso de entre 3 a 5 años.

Esta iniciativa de política pública surge a partir de un diagnóstico técnico riguroso: debido a que el volumen de leyes que ameritan reforma supera ampliamente la capacidad técnica y el tiempo disponible en la actualidad. Este instrumento transitorio y unificado legislaría de forma inmediata para destrabar el aparato productivo, mientras se ejecuta la adecuación progresiva del resto del sistema normativo nacional.

Al respecto, Tito López, presidente de Conindustria, enfatizó la urgencia de adoptar esta propuesta legislativa para el bienestar de la nación. “El país exige con determinación acciones legales inmediatas que logren destrabar el aparato productivo nacional”, aseveró el líder gremial. Asimismo, puntualizó que “esta macro ley marco no solo reactivará la economía, sino que atenderá por efecto sistémico a todos los sectores clave, incluyendo manufactura, construcción, inmobiliario, comercio, servicios y turismo, entre otros”.

Para garantizar un impacto estructural y sostenible, el proyecto legislativo promovido por Conindustria se fundamenta rigurosamente en tres ejes estratégicos delineados en su documento base:

• Incentivos y estímulos fiscales: Consisten en la reducción o exención de tributos tanto nacionales como locales, orientados formalmente a viabilizar la reindustrialización y acelerar de manera directa la inversión nacional y extranjera.
• Simplificación y desburocratización de trámites: Contempla la agilización y optimización sustancial de los procesos aduaneros y de transporte de carga, pero para el caso de la emergencia establecería como prioridad absoluta el ingreso eficiente de ayuda humanitaria al territorio nacional.
• Condiciones especiales para la reconstrucción: Define el desarrollo de un esquema de incentivos especiales dirigidos a viabilizar la operación comercial, el levantamiento integral y la reactivación de la economía, en particular de los sectores económicos.

Sobre el impacto socioeconómico proyectado para esta Ley Puente, el máximo representante del sector industrial venezolano reiteró que la gravedad del panorama actual exige respuestas concretas y pragmáticas. 

“Nuestra propuesta busca activar el aparato productivo de manera inmediata, contrarrestar de forma efectiva los nefastos efectos de los sismos, maximizar la formalidad empresarial y generar con la mayor urgencia los empleos estables que las familias venezolanas necesitan hoy más que nunca”, concluyó López.

Por morfema.press

Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), informó que en el año 1998 la industria generaba cerca de 1.492.000 empleos y el poder adquisitivo estaba ubicado en $360 al mes, hoy la industria genera cerca de 532.000 empleos de manera directa e indirecta

En cuanto a la prórroga de la exoneración de pagos de aranceles de productos importados, Pisella indicó que la medida va en decremento la producción nacional, favorece a las economías de otras países, protege la industria y el empleos de otros naciones, al contrario de lo que afecta en Venezuela este decreto.

“Nosotros hemos venido conversando, desde hace mucho tiempo, con el ejecutivo y tratando de influir en ello de que este decreto ya cesase, incluso hemos tenido muchas reuniones con parte de ejecutivo y todos nuestros sectores para determinar cuáles eran los códigos arancelarios que están afectando a la industria nacional”

En una entrevista realizada en el programa Portales, por el equipo de Actualidad Laboral, el presidente de Conindustria denunció que las industrias venezolanas pagan aranceles e IVA por la materia prima que se usa en el país, en comparación con los productos importados, lo que se convierten en una competencia desleal contra la producción nacional.

No cumplen con las normas de higiene

Pisella mencionó que muchos de los productos que entran al país no cuentan con las normas de higiene o el etiquetado necesario para ser colocado en los anaqueles, lo que no permite al usuario conocer el producto que está consumiendo y todos sus componentes.

“Adicionalmente a ellos tenemos una sobreevaluación de la moneda muy pronunciada que afecta a la producción nacional»

Luigi indicó que la inflación de acuerdo a los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) del año 2021 es de 686%, lo que se traduce en el porcentaje en el que subieron de precio los productos nacionales en promedio y la devaluación está menos del 50%, es decir, que los productos importados resultan más económicos.

Luigi Pisella afirmó que la industria se ha visto afectada en la capacidad instalada, debido a este decreto, actualmente está operando con una capacidad de 23%, indicando un leve crecimiento, pero en comparación de otros países de Sudamérica y años anteriores se encuentran muy atrás. En Brasil operan con un 80% de capacidad, Colombia con un 70% aproximado y Argentina 65%.