Transcurría julio de 2015, y en ese entonces el portal El Estímulo reseñó las declaraciones a VTV del entonces Contralor General de la República, Manuel Galindo, indicando que la inhabilitación administrativa de María Corina Machado tenía una duración de 12 meses, es decir, venció en julio de 2016

El contralor general de la República indicó que tanto la inhabilitación de María Corina Machado como la del ex alcalde de San Cristobal, Daniel Ceballos, responden a procesos administrativos. Destacó que la Contraloría «no busca perseguir a ningún funcionario».

“Ambas inhabilitaciones son administrativas, el proceso de impugnación que debe durar unos 45 días y hasta que eso no termine y salga en Gaceta Oficial no se puede determinar si se pueden postular o no”, declaró.

Durante el Foro Análisis sobre la situación del Esequibo, indicó que la inhabilitación de Machado tiene que ver con «inconsistencia o el ocultamiento de algunos activos que ella debió haber presentado oportunamente en su declaración jurada de patrimonio». Explico que se trató   específicamente «de las prestaciones sociales y algunas bonificaciones o dietas que ella cobró a la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada».

«Al no incluir en la declaración jurada de patrimonio tales conceptos de carácter laboral, eso lo considera la ley, no la Contraloría General, sino la ley contra la corrupción, como una inconsistencia o un ocultamiento que de manera expedita y sin procedimiento alguno acarrea la inhabilitación administrativa por 12 meses». 

Galindo aseguró que la Contraloría General de la República, «en sus 76 años desde fundación no persigue políticamente a ningún ciudadano solo se dedica a controlar el patrimonio público»

«No tenemos ninguna retaliación, ni ninguna persecución con ningún ciudadano o ciudadana. A María Corina Machado le hemos dado el trato de una ciudadana común y corriente que incumplió con un deber consagrado en la ley. Y por eso te voy a decir que la Contraloría general está apegada a hacer patria», indicó.