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Corte Penal Internacional

Un nuevo grupo de Juristas se ha adherido a la petición de medidas de arresto contra Nicolás Maduro y su cadena de mando, al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Hon. Karim Khan.

Destacan Presidentes, académicos, magistrados y diplomáticos de reconocidas organizaciones como Irwing Cotler Presidente del Centro de DDHH de Canadá Roul Wallenberg; William Cárdenas [Presidente de CICIVEN/Comite Internacional Contra la Impunidad], Tomás Jorge FARINI DUGGAN [Académico impulsor de la jurisdicción penal universal en Argentina] Javier Cremades [Presidente de la World Jurist Association]; Dr. Carlos Rodríguez Campos [Presidente del Instituto Mexicano de Víctimas]; Dr. Marco Antonio García Claros [Presidente de la Federación Internacional de Abogados /FIA]; Dr. Andrés Guerrero [Presidente de la Asociación de Juristas de Iberoamérica]; Dr.Juan Solaeche-Jaureguizar y Bielsa [Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales/España]; Dr. Miguel Ángel Rodríguez Mackay [ex Canciller del Perú], Elisa Trotta [Ex Embajadora en Argentina].

Contando juristas y miembros activos de las organizaciones representadas, son más de 1.000 abogados de todo el mundo que se suman a esta petición ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, subrayando «el carácter de urgencia vista la escalada de represión y manifiesta impunidad en Venezuela » 

 Expresa el texto:

«Nosotros, los abajo firmantes nos adherimos plenamente a la solicitud realizada antes de esta Oficina el pasado sábado 17 de agosto de 2024, que insta a esta digna Fiscalía activar las medidas coercitivas de detención, comparecencias forzadas, alertas y otras prohibiciones, contra los régimen de Nicolás Maduro Moros, su cadena de mando y cualquier funcionario que se identifica y/o aparece como autor de crímenes de lesa humanidad en el marco de la investigación Situación Venezuela I que cursa ante esta Honorable Corte y Despacho Fiscal. Vista la manifiesta impunidad en Venezuela y la escalada de represión, al punto de ordenarse la detención del presidente electo por los venezolanos en las pasadas elecciones del 28/7/24, Edmundo González Urrutia, ratificamos la urgencia de esta petición y advertimos la necesidad de la activación imperiosa de las medidas coercitivas previstas en el Estatuto de Roma en el marco del deber de prevenir y proteger establecido en su preámbulo, en la Carta Fundamental de las NNUU, Tratados Internacionales de DDHH y el sistema de protección y tutela en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre» Es justicia a los 5 días del mes de septiembre de 2024″

Vía nota de prensa

En un acontecimiento de trascendencia internacional, un grupo de destacados juristas y exaltos funcionarios de múltiples países han presentado hoy, una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), señalando la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. El documento, suscrito por un impresionante número de expertos en derecho penal, derecho internacional y derechos humanos, destaca una serie de graves violaciones cometidas contra la población civil por parte del gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad.

Contexto del Conflicto Electoral

La crisis en Venezuela se profundizó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Edmundo González Urrutia fue proclamado ganador, un resultado inicialmente reconocido por la comunidad internacional, incluido el Centro Carter. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro rechazó los resultados y desató una ola de represión sin precedentes contra la oposición política y los manifestantes civiles que exigían el respeto a la voluntad popular.

Según el documento presentado, que recoge la firma de juristas de renombre como Lourdes Flores Nano, ex vicepresidenta de la Internacional Demócrata Cristiana, y Marta Lucía Ramírez Blanco, ex vicepresidenta de Colombia, el gobierno de Maduro ha perpetuado una serie de crímenes atroces en su intento por mantenerse en el poder. Estos actos incluyen detenciones arbitrarias, tortura, violaciones, ejecuciones sumarias y persecución política sistemática, entre otros.

Denuncia de Crímenes de Lesa Humanidad

El documento detalla que, desde las elecciones, la represión estatal ha escalado a niveles alarmantes, con informes de torturas a menores, violencia sexual, y asesinatos extrajudiciales. Los firmantes subrayan que estos crímenes no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado dirigida a silenciar a la oposición y a cualquier forma de disidencia. La denuncia resalta la responsabilidad de la cadena de mando dentro del régimen, incluyendo a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, quienes habrían ordenado y facilitado estas violaciones.

Entre las instituciones señaladas se encuentran la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), además de grupos paramilitares conocidos como «colectivos», que han actuado con total impunidad bajo la protección del Estado.

Llamado a la Acción Urgente

Los juristas han pedido a la Corte Penal Internacional que actúe con la mayor celeridad, invocando el principio de urgencia penal para prevenir la continuación de estos crímenes. El documento solicita la emisión de órdenes de arresto y comparecencia forzosa contra los responsables, así como la activación de medidas coercitivas internacionales para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia.

«Es imperativo que la CPI tome medidas inmediatas para detener las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela,» declaró Camille Wagner, una de las firmantes y ex asistente del Fiscal General en la Oficina del Fiscal General de D.C., Estados Unidos. «La justicia no puede esperar cuando se trata de proteger vidas humanas y restaurar el orden democrático.»

Apoyo Internacional y Repercusiones

Este llamado a la justicia no solo cuenta con el respaldo de importantes figuras legales, sino también con el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional. La denuncia presentada es un recordatorio contundente de que la comunidad internacional sigue vigilante ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

«El mundo no puede permanecer indiferente ante la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa Venezuela,» afirmó Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas y uno de los firmantes de la denuncia. «Es nuestra responsabilidad moral y legal actuar para poner fin a este sufrimiento y llevar a los responsables ante la justicia.»

La presentación de esta denuncia marca un hito en la lucha por la justicia en Venezuela, subrayando la gravedad de los crímenes cometidos y la determinación de la comunidad internacional para hacerles frente. La Corte Penal Internacional tiene ahora en sus manos la posibilidad de detener la impunidad en Venezuela y de ofrecer esperanza a un pueblo que ha sufrido demasiado.

La comunidad global espera con ansias una respuesta firme y decisiva por parte de la CPI, confiando en que la justicia prevalecerá y que aquellos que han cometido estos crímenes atroces serán finalmente responsabilizados por sus acciones.

Firmantes Destacados:

El documento cuenta con las firmas de prominentes figuras jurídicas y políticas de América Latina y Europa, entre ellas:

Víctor Rodríguez Cedeño (Venezuela)

Marta Lucía Ramírez Blanco (Colombia)

Orlando Viera-Blanco (Venezuela)

Camille Wagner (Estados Unidos)

Lourdes Flores Nano (Perú)

Blas Jesús Imbroda Ortiz (España)

Didier Opertti (Uruguay)

Robert Carmona-Borjas (Venezuela)

Estos nombres, entre muchos otros, representan un frente unido de juristas que demandan justicia y el fin de la impunidad en Venezuela.

«La justicia es el mejor camino hacia la paz. Esperamos que se haga justicia en La Haya.»

La Corte Penal Internacional se enfrenta a una encrucijada histórica que definirá no solo el destino de Venezuela, sino también el compromiso global con los derechos humanos y la justicia internacional. 

El «caso Venezuela» y los crímenes de lesa humanidad. La posición del gobierno de Maduro en Venezuela se enfrenta a numerosos retos internos y externos en un futuro cercano. ¿Será capaz de mantenerse en el poder el presidente venezolano?

Por: Roberto Mansilla Blanco – EsGlobal

Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), visitó Venezuela en la primera toma de contacto con las autoridades venezolanas para dirimir el curso de las investigaciones que desde 2018 se llevan a cabo contra el régimen de Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Estas denuncias se enfocan en la represión oficial a las protestas llevadas a cabo entre abril y junio de 2017 y en la que murieron unas 124 personas a manos de Fuerzas de Seguridad del Estado y fueron detenidas más de 5.000.

El fiscal británico Khan fue elegido como máximo representante del CPI el pasado 12 de febrero, con el voto a favor de un total de 72 países de los 123 miembros del Tribunal Penal Internacional de La Haya, todos ellos firmantes del Estatuto de Roma, entre los que se encuentra Venezuela (firmó este estatuto en 1998 y lo ratificó en 2000). Khan sustituyó en el cargo a la fiscal Fatou Bensouda, asumiendo esa responsabilidad el pasado 16 de junio.

Este 17 de diciembre, desde su sede en La Haya (Países Bajos), la CPI ratificó su decisión de avanzar en las investigaciones que se llevan a cabo contra Maduro y altos cargos de su régimen por violaciones de derechos humanos.

¿Por qué es tan importante el fiscal Karim Khan?

En lo que respecta al caso venezolano, la elección de Khan era mirada con lupa tanto por el régimen de Maduro como por las ONG de derechos humanos que elevaron sus denuncias ante la CPI y también por los principales líderes de la oposición venezolana, siendo estos Juan Guaidó, Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski, Julio Borges y María Corina Machado, abiertamente favorables a las investigaciones de la CPI contra Maduro.

Si bien consideró las evidencias de las denuncias contra el régimen de Maduro, la antecesora de Khan, la fiscal Bensouda, manifestó una posición mucho más prudente y distante a la hora de acelerar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo cual obviamente beneficiaba a Maduro. Un enfoque diferente al que expone Khan, más condescendiente a la hora de atender estas demandas y de llevar el «caso Venezuela» a una fase más elevada de investigación dentro de la CPI.

¿Terminará Maduro ante la CPI?

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, da una conferencia de prensa. (Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images)

Por ello, la elección de Khan como nuevo fiscal de la CPI provocó, casi de inmediato, una inédita reacción dentro del régimen «madurista», en este caso en la persona del Fiscal General de la Nación, Tarek William Saab, uno de los altos cargos del régimen que también están siendo investigados por la CPI. En mayo pasado, Saab llegó incluso a reconocer que «se pudieron haber cometido atrocidades» por parte de los organismos de seguridad del Estado contra manifestantes y disidentes, en particular en casos específicos del capitán Acosta Arévalo, del político Fernando Albán y del estudiante Juan Pablo Pernalete.

Previo a la visita de Khan a Venezuela, el propio Maduro envió señales conciliadoras como fueron la excarcelación de algunos presos políticos así como la aplicación de determinadas reformas en el sistema judicial, en clave de mejorar su imagen ante la CPI y la comunidad internacional.

No obstante, tras publicarse el nuevo informe de la CPI sobre Venezuela, el propio Saab rechazó categóricamente esas acusaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta declaración de Saab denotaba la enorme importancia que tiene para el régimen de Maduro la designación de Khan como fiscal de la CPI porque entiende que ahora se abre una fase decisiva en la investigación que no le beneficia en absoluto.

El «caso Venezuela» y el Memorándum de Entendimiento

El pasado 12 de agosto, la CPI publicó su informe sobre Venezuela en el que «abrió la puerta de manera formal», en palabras del abogado Alí Daniels, director de la ONG venezolana «Acceso a la Justicia», para llevar a cabo «una investigación en contra de Nicolás Maduro y varios altos cargos de su régimen, con la finalidad de que el fiscal de la CPI decida sobre su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad».

En este sentido, el «caso Venezuela» refleja un hecho histórico para la CPI, ya que será la primera vez que este organismo global investigue denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito hemisférico americano, en este caso también contra un presidente en funciones como es el caso de Maduro.

La visita de Khan levantó expectativas en las ONG de derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión del régimen «chavista-madurista» sobre la posibilidad de que la CPI aumentara la presión sobre Maduro. Esta presión está contenida en la inclusión del «caso Venezuela» en la Fase 3 de este proceso de investigación, en la que la Corte atenderá con mayor celeridad las demandas de estas organizaciones no gubernamentales y exigirá al Estado venezolano una colaboración total en las investigaciones. Ello permitirá certificar con mayor exactitud si realmente el régimen incurrió en crímenes de lesa humanidad y emitir, por tanto, una sentencia definitiva.

El encuentro de Khan con Maduro en el Palacio de Miraflores definió esa perspectiva de toma de contacto inicial, pero también de inicio de esa fase decisiva en el proceso de investigación. En este sentido, la CPI firmó un Memorándum de Entendimiento con el Estado venezolano que le obliga a facilitar la colaboración e información requerida para las investigaciones. Toda vez, Khan anunció en presencia de Maduro que el «caso Venezuela» entraba en la anteriormente mencionada Fase 3, un anuncio que denota el nivel de presión de la Corte sobre el mandatario.

En esencia, este Memorándum obliga al régimen de Maduro a comprometerse en la adopción de medidas necesarias para garantizar la justicia para las víctimas con el apoyo, seguimiento y supervisión de la fiscalía de CPI.

Tras su reunión con Khan y la firma del Memorándum de Entendimiento, Maduro declaró que respetaba la decisión de la CPI de investigar las denuncias pero «que no las compartía».

Esta declaración implicaría observar que el modus operandi del régimen de Maduro seguirá manteniéndose inalterable: buscar dilatar la investigación, tal y como hizo durante la etapa de Bensouda al frente de la CPI, con la intención de ocultar preventivamente el acceso a la información y los testimonios, denunciando incluso la posibilidad de «injerencia exterior» tras la nueva fase de investigación. Pero con Khan al frente de la CPI, el escenario ahora se torna más complejo para Maduro.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a EsGlobal

La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal a Venezuela «para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», tras la visita del fiscal del alto tribunal, Karim Khan.

Por: Morfema Press / EFE / Infobae

En rueda de prensa y ante la presencia de Maduro y la cúpula del régimen, el Fiscal de la CPI exigió la apertura de un espacio para que la oficina del organismo internacional trabaje en la nación.

Kham reconoció las fallas que hay en Venezuela y las divisiones geopolíticas, tras firmar junto a Nicolás Maduro un memorándum de entendimiento, el cual establece que las investigaciones referentes a crímenes de lesa humanidad en el país, se llevarán a cabo.

Con esto, el caso Venezuela en la CPI, avanza a fase de investigación.

Khan firmó en el Palacio Miraflores un memorándum de entendimiento con el dictador Maduro, quien se manifestó en contra de la decisión del fiscal de avanzar la investigación hacia una nueva fase. “El Fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase, no estamos de acuerdo con esa decisión. Sin embargo, la respetamos”, indicó el mandatario chavista.

“Me siento complacido que a través de las cartas que acabamos de firmar, estamos comprometidos a trabajar de manera colaborativa e independiente”, comentó Khan, quien indicó que “cualquier persona justa debería aplaudir y trabajar, con todos aquellos que desean enarbolar la bandera de la justicia”.

“A aquellos que están mirando, mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma, soy consciente de las fallas en Venezuela, y las divisiones geopolíticas, pero nosotros no somos políticos”, afirmó.

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