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Es lo que es

Daniel Ortega

Una investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua hizo una espeluznante recopilación a partir de los casos reportados en los últimos cuatro años

Este jueves, Josefina Gurdián denunció que su hija, la presa política Ana Margarita Vijil, “fue agredida por un oficial de alto rango de la Policía” que, en la madrugada del pasado 19 de diciembre, “penetró en estado de ebriedad a la celda de la Dirección de Auxilio Judicial donde Ana Margarita se encuentra secuestrada e incomunicada desde hace más de seis meses”. No se sabe aún que ocurrió, pero la demanda de la madre es constatar el estado físico y emocional de su hija.

Por Fabián Medina Sánchez en Infobae

La denuncia se produce un día después que la abogada Marta Patricia Molina, investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, presentara una recopilación de los 38 métodos de tortura que usa el régimen de Daniel Ortega, especialmente contra presos políticos capturados después de abril de 2018.

Infografía: Marcelo Regalado

“Cuando se sepa qué ocurrió con Ana Margarita, podría ser el método 39 de la lista”, dice la investigadora.

La lista es un espeluznante recorrido por el sufrimiento humano. Desde introducción de cañones de fusiles por el ano, violaciones y abortos hasta arrancamiento de uñas y golpizas. Todos son casos denunciados por las víctimas, familiares u organismos de derechos humanos en los últimos cuatro años. La gran mayoría de los hechos expuestos fueron perpetrados contra presos políticos después de las protestas de abril 2018, y solo incluye dos casos anteriores a esa fecha.

Los 38 métodos de torturas expuestos son: 1. Desprendimiento de uñas con tenazas. 2. Reclusión en sitios inmundos con ratas, cucarachas y pulgas. 3. Asfixia con bolsas plásticas. 4. Permanecer desnudos. 5. Introducción a hombres de rifles por el ano. 6. Quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos. 7. Uso de alambres de púas. 8. Golpizas con puños y tubos 9. Intentos de estrangulación. 10. Permanencia en celdas subterráneas, oscuras y húmedas. 11. Golpes hasta producir hematomas y sangrado interno. 12. Aislamiento total. 13. Poca comida y agua. 14. Negación de medicinas o aparatos médicos a los presos políticos enfermos. 15. Sometimiento a fríos extremos.16. Entregan de comidas descompuestas, con vidrio e insectos. 17. Luz permanente para evitar el sueño. 18. Torturas psicológicas. 19. Sol 15 minutos cada diez días o más. 20. Negación de Biblia y artículos religiosos.

Lenin Rojas Contreras, detenido en julio de 2018 , muestra sus dedos con las uñas arrancadas durante las torturas que sufrió a manos de policías y paramilitaresLenin Rojas Contreras, detenido en julio de 2018 , muestra sus dedos con las uñas arrancadas durante las torturas que sufrió a manos de policías y paramilitares

21. Defecar sobre la mano y luego depositar excremento en una bolsa. 22. Lenguaje soez. 23. Decomisan lentes para que no puedan ver bien y sufran dolores de cabeza. 24. Falta de atención médica a los presos heridos. 25. Colgamientos para golpizas. 26. Tocamientos y amenazas de violación. 27. No permiten comunicación con familiares ni abogados. 28. Violación sexual a mujeres. 29. Golpizas en los ojos. 30. Rapamientos. 31. Uso de bombas lacrimógenas y gas pimienta. 32. Interrogatorios diarios 33. Hacer las necesidades fisiológicas en un hoyo 34. Abortar. 35. Desprendimiento de dientes 36. Atarlos a una silla y proporcionarles golpes hasta que vomiten. 37. Inducción a presos comunes que hagan daño a presos políticos. 38. Acuchillamientos.

La Constitución Política de Nicaragua prohíbe expresamente la tortura. El artículo 36 establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”.

El documento recoge el testimonio de Lenin Rojas Contreras, un joven al que el arrancaron las uñas cuando fue detenido en julio de 2018. “Pusieron mi mano sobre la mesa, luego me colocaron la rodilla encima de la mano y con una tenaza me jalaron la uña. La uña se despegó con pedazos de piel y carne colgando. Yo sentía cuando la uña y el pellejo se iban desprendiendo de la carne y la sangre brotaba, es un dolor que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo”.

También se expone el caso del campesino Juan Lanzas Maldonado, detenido el 27 de diciembre de 2017 después de que un vecino lo acusara del robo de herramientas agrícolas. Durante su detención los policías le dieron una golpiza con fusiles de guerra, puños y patadas. Le quebraron una costilla y causaron diversas lesiones. Como la celda en la que lo iban a encerrar estaba saturada de reos, lo metieron a un baño donde pasó 18 días en la humedad llena de heces y orinesSus pies sufrieron gangrena y fueron amputados. Durante el juicio, el juez desestimó los cargos por los que lo detuvieron.

El campesino Juan Lanzas perdió sus pies en enero de 2018 después que sufrió una golpiza al ser detenido, fue recluido en un baño inmundo durante 18 días lo que le provocó gangrena, (Foto cortesía La Prensa)El campesino Juan Lanzas perdió sus pies en enero de 2018 después que sufrió una golpiza al ser detenido, fue recluido en un baño inmundo durante 18 días lo que le provocó gangrena, (Foto cortesía La Prensa)

El neurocirujano Josmar Briones, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, aseguró haber atendido a dos estudiantes a quienes policías y paramilitares violaron con los cañones de fusiles en las celdas de El Chipote. “Los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal fue el de dos varones que fueron violados con fusiles AK-47, aún recuerdo sus rostros llenos de dolor e impotencia. Llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente, las lesiones (que sufrieron) son para escribir un libro de historias de terror. Cuando bajaron del vehículo no podían ni caminar, sangraban mucho, su rostro lleno de vergüenza por un delito que no cometieron; esos pobres hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Ese lamentable suceso marcó su vida para siempre y la nuestra”, narró el médico.

El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, aseguró asimismo haber recibido nueve denuncias de mujeres que habían sido violadas por policías y por paramilitares. Entre los casos documentados por este organismo, está el de una joven de 21 años que fue violada por 18 policías y paramilitares, en el norteño departamento de Matagalpa.

Elsa Valle, detenida en 2018 cuando tenía 19 años de edad, llegó a la cárcel embarazada y abortó a consecuencia del maltrato, denunció. “En agosto tuve una hemorragia, se me vinieron como cuatro coágulos de sangre, pensé que era mi período, pero no, era el aborto, porque me dio temperatura y empecé a temblar”.

La abogada Molina llama la atención sobre la impunidad que hay en estos casos. Ni uno solo de ellos ha sido investigado o llevado a juicio. “Esta es la característica de principal de un Estado criminal que promueve la impunidad. Todos estos funcionarios públicos que andan cometiendo estos crímenes y actos de tortura lo hacen porque saben que tienen un respaldo del Estado, del sistema de justicia de nuestro país, que no se apega a derecho, que no respeta la constitución ni las leyes, ni todo el cuerpo jurídico internacional que Nicaragua está obligado a cumplir y respetar. Bajo este régimen es imposible que sean investigados”.

Dice que la intención de documentar los casos es “para que sirvan en futuros juicios e investigaciones y que la comunidad internacional se entere de lo que pasa en Nicaragua”.

Con las dictaduras no funciona el diálogo ni las concesiones en busca de salidas a las crisis propiciadas por los regímenes autoritarios. El lenguaje que entienden es el de las sanciones y el aislamiento internacional; en ello coinciden dos analistas consultados sobre el tema.

Por: La Gaceta de la Iberosfera

El dictador sandinista Daniel Ortega sigue ignorando la solicitud de reunión de “urgencia” realizada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en cumplimiento de la resolución aprobada por el Consejo Permanente tras los fraudulentos comicios presidenciales en Nicaragua.

La resolución, aprobada el 8 de diciembre, establece que Nicaragua no cumple con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana, insta a Ortega a aceptar una “misión de alto nivel” para llevar a cabo reformas electorales “de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional”, y designa a Almagro a gestionar una reunión para pedirle al dictador acepte el ingreso de la misión al país.

Nicaragua realizó elecciones el 7 de noviembre en las que Ortega y su mujer Rosario Murillo se declararon “ganadores” de unos comicios en los que Ortega impidió la participación de la oposición y encarceló a siete aspirantes presidenciales que aun permanecen tras las rejas.

Ortega, que maneja los asuntos de Estado como su finca, no ha respondido sobre la solicitud enviada por el secretario general, quien pidió al organismo extender el plazo a Nicaragua en espera de una respuesta hasta mediados de enero.

La respuesta de la OEA a las acciones dilatorias de Daniel Ortega, ha recibido criticas de sectores de la oposición que aseguran que otorgar la prorroga es “jugar” al plan de la dictadura que el 10 de enero asumirá el nuevo periodo de gobierno de cinco años más, con los que Ortega llegará eventualmente a 31 años en el poder. 11 de ellos durante la primera dictadura sandinista, y 20 en la segunda etapa del régimen.

Diálogo con Daniel Ortega

La misión de alto nivel de la OEA promovería un diálogo en Nicaragua “con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble”.

Pero el diálogo tampoco es visto con buenos ojos en sectores de la oposición debido a los dos fallidos diálogos entre la oposición y Ortega en el contexto de las protestas de abril de 2018, que han oxigenado al dictador.

Además, señalan que en Nicaragua pretenden promover el experimento de Venezuela en el que la oposición aceptó dialogar con la dictadura sin resultados positivos para el pueblo, el régimen se mantiene atornillado en el poder con el respaldo de las fuerzas militares.

El analista político y director del Interamerican Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzain, sostiene que los diálogos no funcionan con las dictaduras.

“La única manera de salir de las dictaduras son las sanciones inhabilitantes. Eso quiere decir que hay que poner sanciones de verdad, hay que tomar medidas para corregir, modificar o cesar la conducta de las dictaduras. Todo lo demás que se haga está destinado al fracaso, puede ser de buena fe o no, pero no va a funcionar”, afirmó.

Para Sánchez Berzain al sistema internacional y las democracias les toma mucho tiempo reconocer la condición de “dictadura”, mientras el pueblo sufre y se institucionalizan las violaciones de los derechos humanos.

“Es tiempo que la comunidad y los organismos internacionales, los gobiernos democráticos empiecen a responder en serio a las necesidades de los pueblos que están bajo a la opresión dictatorial que son Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Esa dinámica propuesta [en la resolución del Consejo Permanente] es una cuestión formal que no va a tener ninguna consecuencia, para que las tenga hay que hablar de sanciones inhabilitantes. Ese es el concepto. Todo lo demás es inadmisible”, puntualizó.

Explicó que las sanciones inahibilitantes tienen que ver con el aislamiento total, la supresión de condición de sujeto comercial a las dictaduras y con la suspensión del derecho internacional hasta que las dictaduras cesen. Hasta que se terminen.

“Hay críticas que señalan que en ese tiempo [aplicación de sanciones inhabilitantes] el pueblo va a sufrir y la respuesta a eso es: ¿Qué es lo mejor? ¿Que el pueblo sufra 63 años como en Cuba? ¿21 como en Venezuela? ¿15 o 16 años como en Bolivia? ¿O nos ajustamos los cinturones por 3 o 6 meses o un año para terminar con una dictadura?”, cuestionó.

“Si argumentamos que el pueblo va a sufrir, estamos dando a la dictadura un elemento más con el que siempre ha negociado y es utilizar a los pueblos como escudo, como rehenes, y como pretexto para seguir sosteniéndose en el poder”, dijo.

“Hay que acabar con las dictaduras y la manera del contexto internacional de la democracia son las sanciones inhabilitantes, que son las sanciones económicas. No hay que darle más créditos internacionales a Nicaragua y en referencia a los créditos que están en curso hay que suspender los desembolsos. Después hay que avanzar a suspender la calidad de sujetos del comercio privado internacional, inclusive la banca nicaragüense. Si no se hace eso la dictadura nunca va a caer”, subrayó Sánchez Berzain.

Más de lo mismo

“Aquí el problema no es persuadir a Daniel Ortega de que cambie las reglas del juego en relación a las normas electorales. Hay que exigirle algo contundente. La Carta Democrática Interamericana la han utilizado para darle más tiempo a Ortega, y el dictador ha implementado una política dilatoria para ganar tiempo”, afirma un analista político nicaragüense que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

Añadió que las propuestas de la OEA invitan a darle más tiempo a Ortega, porque eso implica que Almagro y la misión lleguen al país para realizar procesos que al final no tendrían resultados positivos para la población que desea salir del dictador.

“La OEA es más de lo mismo. Hemos visto en los últimos tres años un discurso blando”, aseveró.

“El único beneficio que busca Daniel Ortega es alargar el tiempo. Un tiempo que está asociado a él mismo, porque no le queda mucho”, puntualizó.

Se refiere a la avanzada edad de Ortega que tiene 76 años y si logra terminar el nuevo periodo que se adjudicó, entonces tendrá 81.

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