Por Florantonia Singer en El País

Desde hace tres meses, tres páginas de una sentencia exprés de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo sostienen en la presidencia de Venezuela de Delcy Rodríguez. Hasta inicios de 2026 vicepresidenta de Nicolás Maduro, Rodríguez asumió como encargada del Poder Ejecutivo gracias a una medida cautelar “urgente y preventiva” dictada tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero pasado por un comando enviado por Estados Unidos a Caracas. El chavismo se las ingenió así para, con la anuencia de Donald Trump, dar un formato legal a su permanencia en el poder.

El Gobierno de Venezuela enfrenta una vez más una crisis de legitimidad y un llamado a elecciones no parece estar en la agenda. El Supremo, que por años ha sido un órgano sometido al Ejecutivo, decidió declarar como “ausencia forzosa” la salida de Maduro del poder, una categoría que no está en la Constitución y que vuelve a abrir el debate sobre el piso jurídico en que se apoya Delcy Rodríguez. “El pecado original está en esa sentencia”, sostiene Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela. “Esta es una sentencia evasiva y deliberadamente le da la espalda a calificar la falta absoluta y temporal y esto no es casual. Calificar la falta absoluta o temporal obliga a activar lapsos de 90 días prorrogables en caso de ausencia temporal o a convocar a elecciones en 30 días en caso de falta absoluta. Es innegable que la falta absoluta ya existe, porque no es razonable esperar que Maduro regrese al país próximamente”, agrega el académico.

La semana pasada, Nicolás Maduro y su esposa tuvieron su segunda vista en el tribunal de Nueva York acusados de narcoterrorismo. Sus abogados intentaron anular la causa con el argumento de que los acusados no podían pagar la defensa por el bloqueo del Departamento del Tesoro a su dinero. El juez Alvin Hellerstein rechazó la petición y el proceso sigue.

La sentencia del Tribunal Supremo venezolano establece que juramentar a Delcy Rodríguez no supuso “decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta)”. El máximo tribunal del país dejó por escrito que hasta nuevo aviso la institucionalidad venezolana está amarrada a esas tres páginas y que, por el momento, no se resolverá la incertidumbre jurídica. Aunque en las calles, los partidos políticos comienzan a exigir con protestas un nuevo Consejo Nacional Electoral y la convocatoria a elecciones, este asunto pocas veces es tocado por los funcionarios estadounidenses y venezolanos.

La ONG Provea ha advertido este fin de semana que la extensión de la presidencia encargada de Rodríguez debe tener un límite. Ha advertido que el silencio del Supremo sobre la continuidad de Rodríguez no es “una omisión neutral”, sino más bien “una decisión política”. “Hace tres meses el TSJ designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro por Estados Unidos, calificando la situación como ‘ausencia forzosa’, un término que no existe en la Constitución y es usado para evitar sus mecanismos”, alertaron desde la organización en un comunicado.

Los períodos de suplencia en la Presidencia que puede asumir el vicepresidente ejecutivo, según la Constitución, son de hasta 90 días ante una falta temporal, prorrogables por otros 90, con un plazo máximo de 180 días. “Ya se cumplió el primero. A los 90 días, la Asamblea puede declarar falta absoluta. A los 180, tiene la obligación. Eso obliga a convocar elecciones en 30 días”, señala Provea. El próximo 5 de julio se vencería, en teoría, el segundo y último tiempo de Rodríguez. “Venezuela tiene derecho a decidir. La falta absoluta no es un tecnicismo, sino un mecanismo que devuelve la palabra al pueblo. Tenemos derecho a elecciones democráticas; el reloj constitucional corre”.

Los plazos, sin embargo, parecen congelados. La legitimidad de Rodríguez está dada a estas alturas por el respaldo y el tutelaje de Estados Unidos, que la ha reconocido como autoridad ante el Departamento de Justicia con facultades para actuar en nombre de Venezuela y que esta misma semana levantó las sanciones que pesaban sobre ella desde 2018.

Se trata de una frágil institucionalidad que no es nueva para los venezolanos atrapados hace años en el laberinto por un cambio político. En 2019, se instaló el gobierno encargado de Juan Guaidó con sus representaciones diplomáticas y juntas directivas paralelas, amparado en los recovecos constitucionales para declarar la ausencia del presidente —de uno electo legítimamente, luego de que Maduro fuera reelecto en 2018 en medio de denuncias de fraude— y también con el visto bueno de Donald Trump y otros gobiernos del mundo.

Un nuevo liderazgo

Durante los últimos tres meses, Delcy Rodríguez ha remodelado más de la mitad del gabinete que heredó de Maduro e intenta reperfilar su liderazgo como aliada de Estados Unidos y promotora de la convivencia democrática en el país. Para ello, aprobó una ley de amnistía y una excarcelación de decenas de presos políticos que todavía es parcial. A inicios de la Semana Santa, apareció en un acto público en el que dejaron ver afiches con una nueva imagen en azul y colores claros —sin el rojo característico del chavismo— y el lema “Delcy, avanza, tienes mi confianza”, una señal de que está en campaña. La presidenta también ha emprendido una purga de fichas claves de su antiguo jefe, sin que quede claro si es parte de una transición dictada desde Washington o de un reacomodo dentro del chavismo.

Entre los cambios más notables está la salida de la primera línea de la estructura oficial de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, operadores políticos clave del chavismo. El primero está ahora a cargo de un programa gubernamental para promover las tradiciones culturales venezolanas.

Está pendiente, además, la renovación del cuerpo de magistrados del Supremo, que está en una suerte de parálisis operativa, señala Apitz, quien advierte que el asunto es más político que jurídico. Un eventual llamado a elecciones, mientras tanto, está pendiente. “Cuando lo ordene el gobierno estadounidense, se harán las elecciones. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro y reconoce circunstancialmente a Delcy Rodríguez”, subraya el abogado. “Pero también hay una presión inmensa de las empresas petroleras y mineras para que haya certidumbre política y jurídica para poder hacer las inversiones que se esperan. Las compañías ven un hervidero social en Venezuela que en cualquier momento explota. Por eso la fecha de esas elecciones será del acta de defunción del chavismo”, sentencia.

Vía El Mundo

Se reencontraron en el umbral del apartamento y el abrazo desencadenó otro torrente de la misma energía que mantiene a Venezuela en estado de esperanza nacional. Abogado y defendido, ambos presos de la dictadura hasta hace muy poco, sólo posible en revolución. El periodista Carlos Alberto Rojas (excarcelado dos semanas antes) acudió a saludar a su amigo Eduardo Torres, que había regresado a su casa horas antes desde el penal de Yare II.

El defensor de derechos humanos, profesor en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y miembro de Provea, y Rojas, el activista indomable de la Candelaria, el barrio español de Caracas, fortificaron su amistad en la siniestra cárcel caraqueña del Helicoide, sentenciada hoy a muerte. Antes de que Torres fuera capturado en mayo del año pasado, defendía a su amigo de la injusticia chavista que le mantenía preso.

«No podía dejar de ir a tu casa y agradecerte la lucha y apoyo incansable que llegó al sacrificio de terminar juntos en las celdas del Helicoide ¡Eres un hermano de vida, la dignidad nos hizo libres!«, recordó Rojas emocionado, pese a las medidas cautelares que el régimen mantiene contra todos ellos para evitar que la energía se transforme en protesta.

El Helicoide, cuyo cierre anticipó Delcy Rodríguez en su histórica alocución ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que estaba condenado de antemano cuando el 6 de enero Donald Trump lo calificó de «cámara de tortura en pleno centro de Caracas». La misma en la que Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y asesor electoral de Nicolás Maduro, daba charlas remuneradas sobre derechos humanos mientras a pocos metros se llevaban a cabo las torturas que la han convertido en uno de los principales símbolos de la dictadura.

Tanto Provea como el Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos han hecho saber sus múltiples inquietudes sobre una ley de la que nada se sabe todavía, más allá de lo anunciado por la presidenta encargada del Gobierno de facto. La nueva cabecilla del chavismo reciclado se comprometió a impulsar la amnistía para todo el periodo que va desde 1999, con la llegada del comandante Hugo Chávez al trono del Palacio de Miraflores, hasta estos días intensos que están cambiando la Historia de Venezuela.

Delcy ordenó «máxima celeridad» para que la Asamblea Nacional (AN), el órgano chavista que dirige su hermano Jorge, apruebe la ley que abra de par en par las puertas de los 90 centros de reclusión y malos tratos que la revolución ha dispuesto a lo largo y ancho de Venezuela. Para ello se creó una Comisión de Paz conformada por 15 ministros de Delcy, jerarcas revolucionarios, boliburgueses, operadores oficialistas y un intelectual cercano al ex candidato presidencial Henrique Capriles, sin presencia de la oposición democrática. El juego, para el que los hermanos en el poder cuentan en algún momento con el tercer Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero, comenzará este lunes.

El hombre fuerte de Delcy en la comisión es Larry Devoe, el consultor jurídico de cabecera de los hermanos. De su pluma saldrán los distintos apartados de la ley, que realmente se escribirá en el Palacio de Miraflores y deberá pasar el escrutinio de Washington antes de ser asumida por la Comisión de Paz y la AN. La experiencia previa con la Ley de Hidrocarburos, que ha reformado de forma sorprendente a la industria petrolera, adelanta que las correcciones de Marco Rubio volverán a tener mucho peso en la disposición final.

«Es como si Delcy Rodríguez hubiera agarrado el plan de gobierno de la oposición», ironiza para EL MUNDO, bajo secreto, uno de los dirigentes opositores que permanecen en Caracas, que alerta sobre la «letra chiquita (pequeña) de la ley».

Ambas leyes, hidrocarburos y amnistía, confirman hasta qué punto Washington teledirige al nuevo Gobierno, pero no desvela qué esconde el chavismo para mantenerse en el poder, que es el primer mandamiento de la Biblia de las revoluciones. La primera carta de los Rodríguez, según expertos en descifrar al oficialismo y antiguos dirigentes bolivarianos, hoy críticos, es sobrevivir de forma numantina, apostarlo todo a la estabilidad y que esta sea tan fructífera para ellos y para el Gobierno de Trump que se olvide el último capítulo que llevaría hasta las elecciones. Para ello cuentan con un declive republicano en las elecciones de medio término de noviembre y la propia coyuntura internacional.

Pero si finalmente hay comicios presidenciales, cuanto más tarde mejor para sus intereses, el plan pasaría por impedir el voto de la diáspora (cerca de seis millones de votantes) y apostar que el 30% obtenido por Maduro en 2024 alcanzaría hasta 15 puntos más gracias a la bonanza económica. Trump citó expresamente un año y medio para reconstruir la industria petrolera (paso previo a la cita electoral) y The Wall Street Journal adelantó ayer que el secretario de Energía trasladó a las petroleras que las elecciones se celebrarían dentro de 18 y 24 meses.

Espectadora de primera línea de este juego de tronos caraqueños es desde este sábado la nueva jefa diplomática de la Embajada de EEUU, quien aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía. La experimentada diplomática Laura Dogu conoce de primera mano cómo se las gastan las dictaduras y los gobiernos izquierdistas de la región, tras su paso por Managua y Tegucigalpa. Fungirá, de momento, como encargada de Negocios en la reapertura de una legación cerrada desde 2019.

«Ahora están dispuestos (los hermanos Rodríguez) a entregar todas las riquezas de Venezuela y liberalizar la economía por la misma razón que antes expropiaron y destruyeron la infraestructura del país: mantenerse en el poder», advierte el analista Jorge Lazo Cividanes.

Los planes de Miraflores y Washington olvidan el verdadero motor de lo que ocurre en Venezuela: la gente. La noticia de la amnistía provocó de inmediato la respuesta de las heroicas madres, en vigilia permanente a las afueras de las cárceles desde el 8 de enero.

Lo sucedido con el canal Venevisión, una de las grandes referencias en el campo audiovisual, dibuja a las claras lo que está en juego hoy en Venezuela. Desde hace más de una década, esta televisión se ha plegado a las órdenes chavistas y ha mantenido bajo censura a la líder democrática, María Corina Machado, que para sorpresa de sus espectadores regresó de forma sorprendente a las pantallas tras su reunión en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio.

La respuesta del régimen ha llegado en las últimas horas: su señal fue sacada a la fuerza de la parrilla de canales nacionales que se ofrecen de forma gratuita en el sistema de televisión digital abierta y satelital.

«¡Democracia y libertad!», gritaron una y otra vez varios de los exprisioneros políticos que acudieron ayer a la Universidad Central de Venezuela (UCV) para ayudar a la colecta solidaria, dirigida a las madres que luchan por la libertad de sus hijos presos, organizada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).