La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que al menos 100 presos políticos en Venezuela se encuentran en condición de desaparición forzada debido a traslados arbitrarios ejecutados sin notificación a familiares ni autorización de los tribunales competentes.
Desde el 2 de agosto, diversas ONG han alertado sobre esta práctica que inició con el traslado de los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, junto a su primo Juan Guevara —exfuncionarios policiales condenados en 2005 por el asesinato del fiscal Danilo Anderson—. Días después se conoció que otros presos políticos, entre ellos Freddy Superlano, Roland Carreño y Carla Da Silva, también fueron movidos a destinos desconocidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), expresó su preocupación por la desaparición de Carreño y Superlano, ambos beneficiarios de medidas cautelares. Según denuncias familiares, fueron sacados de la sede del Sebin en El Helicoide y hasta la fecha se desconoce su paradero.
“Las autoridades venezolanas deben informar ubicación y proteger sus derechos”, subrayó la Relatoría en un comunicado difundido en la red social X.
Una política de traslados arbitrarios
En entrevista con Efecto Cocuyo, la abogada Martha Tineo, coordinadora general de JEP, explicó que estos movimientos responden a una nueva política de traslados intercarcelarios, ejecutada de forma discrecional y sin control judicial.
“Los traslados de presos políticos se hacen de forma arbitraria porque no son los tribunales que conocen esas causas los que están ordenando, sino órdenes ejecutivas. Tanto es así que, en el caso de los hermanos Guevara, los abogados acudieron al tribunal competente y este ni siquiera tenía información sobre su paradero”, señaló Tineo.
La defensora advirtió que ni los jueces ni los familiares ni los abogados reciben notificación oficial, lo que convierte a estas personas en víctimas de desaparición forzada bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
¿Dónde están los presos políticos?
La pregunta sigue sin respuesta. Para JEP, estos traslados y desapariciones representan una grave amenaza a los derechos fundamentales, y exigen al Estado venezolano informar con urgencia sobre la ubicación y condiciones de los detenidos.