Vía Derecha Diario
La agenda socialista del Gobierno no mostró mayor importancia por el avance en la desregulación del mercado de capitales colombiano, una condición necesaria para evitar que el país pierda su estatus como economía emergente
El presidente socialista Gustavo Petro está decidido a boicotear una serie de reformas que habían sido programadas por la administración anterior, entre ellas la reforma del mercado de capitales para permitir una mayor flexibilidad regulatoria y adoptar estándares internacionales.
El Gobierno no quiere avanzar en este aspecto, y el proyecto de ley originalmente discutido durante el mandato de Iván Duque ahora naufraga en el Congreso sin ningún destino aparente en el corto plazo.
Las regulaciones locales limitan fuertemente las transacciones de todo tipo de activos, haciendo que el sistema se mantenga excesivamente sesgado hacia el mercado de renta fija (un hecho que denota la falta de desarrollo del sector).
La firma JP Morgan advirtió que la economía colombiana podría ser recategorizada de “país emergente” a “país de frontera”, el mismo estatus que actualmente mantienen Argentina y Venezuela, ambos en presencia de los peores desastres económicos perpetrados en la región.
La recategorización no es algo trivial. Podría desalentar gravemente el interés de los capitales internacionales para desarrollar la inversión extranjera directa en el país, especialmente en el tipo de inversión “Greenfield” en la cual una empresa matriz extranjera construye “desde cero” su filial en el país.
Por otra parte, las reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno también socavan el apetito inversor. La reforma tributaria incrementa sideralmente la presión fiscal sobre el sector petrolero, el más dinámico del país y directamente vinculado con el comercio internacional.
Por otra parte, la reforma previsional del socialismo propone unificar el sistema en perjuicio del ahorro y la capitalización del país. El actual sistema competitivo será virtualmente reemplazado por uno sustentado sobre los pilares: un haber mínimo por $500.000 mensuales de carácter no contributivo, y posteriormente una cotización forzosa a Colpensiones sobre la base de entre 1 y 4 salarios mínimos.
La experiencia chilena demostró que el desarrollo del sistema de capitalización individual constituye un elemento fundamental para la expansión del mercado de capitales en moneda doméstica, pero el proyecto del Gobierno de Petro una vez más avanza en dirección contraria.