América Latina es testigo de dos importantes contiendas este domingo 20 de agosto: elecciones generales en Ecuador y el balotaje presidencial en Guatemala. Dos países de la región, que definen su futuro político tras torbellinos que salpican a los gobiernos salientes o candidatos, denuncias de corrupción y una violencia enquistada que escala y se convierte en protagonista. Dos naciones sin frontera común, pero que comparten similitudes en sus problemáticas, y una ciudadanía ávida de soluciones.

La jornada de este 20 de agosto en América Latina está marcada por dos procesos electorales que se producen a más de 2.000 kilómetros de distancia, pero bajo un paraguas común. Ecuador y Guatemala eligen nuevos gobiernos en comicios atípicos.

Las denuncias de corrupción son constantes en Guatemala, donde la Fiscalía ha intentado obstaculizar la candidatura al balotaje de Bernardo Arévalo, que según las encuestas sería el más opcionado a llegar a la Presidencia. Una cruzada que, especialmente en el último mes, han protagonizado la Fiscalía y el Movimiento Semilla, al que pertenece el político progresista.

Entretanto, en Ecuador los comicios están precedidos por conflictos protagonizados por el Legislativo y el Ejecutivo, que por poco causan la destitución del presidente Guillermo Lasso. Un escenario que fue justamente la antesala de los comicios anticipados.

Torbellinos políticos, en elecciones en Ecuador y Guatemala
En el caso de Ecuador, los ciudadanos llegan a las urnas en elecciones generales y anticipadas luego de que el presidente Guillermo Lasso se viera forzado a convocar a votaciones tras activar la «muerte cruzada». Un mecanismo del Artículo 48 de la Constitución, activado por primera vez, para evitar su destitución en un juicio político.

El mandatario enfrentaba un proceso en la Asamblea Nacional por supuestamente ignorar un presunto desfalco al Estado en un contrato de transporte de petróleo firmado antes de que él llegara al cargo.

Los ecuatorianos determinarán en las urnas quién será su próximo presidente, mucho antes de lo previsto y después de meses de inestabilidad marcados por los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Kilómetros hacia el norte, en centro del continente americano, tampoco reina la tranquilidad política. Si bien no se trata de elecciones anticipadas, sino de la segunda vuelta de comicios presidenciales, los guatemaltecos eligen a su nuevo jefe o jefa de Estado tras intentos por parte de la Fiscalía de suspender a uno de los dos partidos del balotaje: el Movimiento Semilla, lo que fue calificado por el candidato presidencial de la bancada como un “golpe de Estado técnico”.

Se trata del partido del candidato presidencial Bernardo Arévalo, calificado según los sondeos locales como el más opcionado para llegar a la Presidencia, frente a la exprimera dama Sandra Torres.

Aunque finalmente, Arévalo llega a la contienda luego de que el pasado julio la Corte de Constitucionalidad del país amparara a Semilla y bloqueara la polémica suspensión, la conflictiva situación está lejos de terminar.

El jueves 17 de agosto, a tan solo tres días de la cita electoral, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público de Guatemala, Rafael Curruchiche, señaló que no descarta allanamientos y órdenes de captura contra dirigentes del Movimiento Semilla, después de la segunda ronda electoral.

«No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto (…) Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político», aseguró Curruchiche.

La acusación apunta a la presunta afiliación, por parte del Movimiento Semilla, de 18 fallecidos y más de 300 personas inscritas de forma irregular, para alcanzar el número de afiliados necesarios para registrar el partido.

Desde el Movimiento Semilla rechazan las acusaciones. En una entrevista con la prensa local el pasado julio, cuando estaba en riesgo su participación en el balotaje, Arévalo aseguró que las acciones de la Fiscalía corresponden a «una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político».

Pese al aval que recibió su candidatura por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), el proceso de la entidad acusadora ha continuado y el conflictivo escenario está lejos de terminar, según el anuncio de Curruchiche.

Alerta internacional frente al balotaje en el que Arévalo lideraría la intención de voto

Un sondeo de la firma Gallup, publicado este jueves, indica que el candidato de Movimiento Semilla contaría con el 61 % de los votos válidos para la segunda vuelta presidencial. Una segunda encuesta de los medios Prensa Libre y Guatevisión aumentan ese porcentaje hasta el 64,9 %.

Pero la férrea oposición y actuar de la Fiscalía en contra de Arévalo han generado alerta internacional de cara al balotaje. Tanto la Organización de Estados Americanos, OEA, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos han sido enfáticos en la necesidad de respetar «la voluntad expresada en las urnas».

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó el país hace poco en un intento por verificar el desarrollo del proceso electoral, un viaje que contó con un encuentro con el presidente Alejandro Giammatei, quien garantizó que todo avanzará en orden. 

La Unión Europea, con su grupo de observadores electorales, también ha expresado su preocupación por lo que los funcionarios podrían quedarse en el país durante el cambio de Gobierno, que está previsto para el próximo enero.

El malestar también ha sido tangible entre diferentes sectores de la población que han salido a las calles a protestar para exigir la renuncia de Consuelo Porras, la fiscal general.

Estudiantes, indígenas, organizaciones sociales y demás colectivos han participado en las movilizaciones en las que se pide también que las autoridades respeten la decisión del pueblo, que le dio el segundo lugar a Arévalo en la primera vuelta.

Toda la situación ha exacerbado la tensión en el país en medio de capturas de periodistas y opositores al actual Ejecutivo de Giammatei y cuando los ciudadanos temen que la Fiscalía emita nuevas órdenes de detención o emprenda acciones que socaven la democracia en el proceso electoral.

Inseguridad, una pesadilla que escala en la región

El asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto, ha conmocionado al país y sacudido el tablero político en la recta final hacia las elecciones.

En la nación sudamericana, los ciudadanos van a las urnas en medio del peor repunte de violencia en décadas. Villavicencio fue asesinado a tiros cuando salía de un evento de campaña en el norte de Quito, la capital.

Ese crimen causó que, incluso, el presidente Lasso decretara el estado de emergencia nacional y llevó a aspirantes como Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez a suspender cualquier evento masivo para no arriesgar la seguridad de sus simpatizantes.

Si bien la violencia ya se encontraba entre las preocupaciones de los ecuatorianos, la vertiginosa escalada del crimen organizado puso este asunto en el centro de las preocupaciones ciudadanas más que en otro momento de la campaña.

Según datos oficiales, entre el 1 de enero y el 2 de julio de este año, la cifra de muertes violentas se ubicaba en 3.568, un ascenso del 74,7 % en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se registraron 2.042 asesinatos.

Ecuador enfrenta un grave flagelo en medio de la presencia de bandas criminales que controlan el narcotráfico en esa nación y que tienen fuertes influencias en las cárceles del país. La violencia carcelaria ha dejado alrededor de 400 muertos desde 2021.

En abril pasado, Lasso declaró oficialmente «terroristas» a las organizaciones criminales que tienen vínculos con carteles mexicanos y colombianos de la droga, y con otros grupos internacionales.

De la violencia rampante tampoco está exenta Guatemala. Y es que en la nación centroamericana, después de la economía, la mayor preocupación de los ciudadanos es la inseguridad, como lo señaló una encuesta del pasado mayo realizada por el diario local ‘Prensa Libre’.

En la nación centroamericana, los asaltos y extorsiones son frecuentes y las llamadas «maras» continúan azotando a la población.

En medio de este panorama y con la promesa de resolver una de las mayores demandas de solución por parte de la ciudadanía, desde la primera vuelta de elecciones la campaña estuvo marcada por propuestas de los candidatos que, incluso, apuntaron a replicar partes de la polémica política de «mano dura» contra el crimen organizado en la vecina nación de El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele.

Un mandatario, cuyo Gobierno destaca cifras sobre una amplia reducción en delitos como los homicidios, pero que es fuertemente criticado por organizaciones civiles debido a presuntos excesos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos en las prisiones a las que han sido trasladas cientos de personas, en medio de un prolongado estado de excepción.

Sandra Torres ha prometido públicamente “implementar las mismas estrategias del presidente Bukele ( en El Salvador)”.

Arévalo, por su parte, propone el fortalecimiento de la Policía, con el que apunta a graduar «12.000 nuevos agentes honestos y altamente entrenados. Profesionalizar el sistema de inteligencia para combatir de manera eficaz el crimen organizado, y construir cárceles seguras y libres de corrupción para impedir que desde estas los criminales continúen amenazando la seguridad y extorsionando», destaca un reporte de ‘Prensa Libre’.

Sin duda, dos procesos electorales en dos naciones distintas, pero con problemáticas similares, que despiertan expectativas más allá de sus fronteras.

France24