Vía El Nacional

El ministro del Interior, conductor del programa Con el mazo dando en la televisión pública, dedicó la mayor parte de la emisión 541 de su espacio al caso de la embarcación destruida por fuerzas de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, que causó la muerte de once hombres que transportaban drogas desde Venezuela. La operación había sido confirmada por el propio presidente Donald Trump.

Cabello, que siempre hace gala de saber todo lo que ocurre en el país, en esta oportunidad se comportó como el ancla despistada de un programa de televisión que plantea dudas pero no sabe nada, o aparenta no saber nada: que por qué los hombres de la embarcación eran del Tren de Aragua y no del Cártel de los Soles, que él solo cuenta cinco en la imagen difundida y no once, que si van once dónde cabe la droga y el combustible, que no es un buque sino un peñero (embarcación ligera para la pesca), que la punta es más afilada que la usual de un peñero, etc. 

El programa del ministro fue transmitido el miércoles en la noche, mucho más de 24 horas después de que se conociera el ataque. Y Cabello, que ya arrojó por la borda la bufonada inicial de su colega ministro de Comunicación, Freddy Náñez, de que todo era una invención de la inteligencia artificial, no es capaz, sin embargo, de dar una explicación de los hechos, como lo obliga su alto cargo tanto en la administración pública como en el partido del régimen. Por el contrario, exige al gobierno de Donald Trump que lo aclare, lo que está lejos de parecer una defensa rodilla en tierra de la soberanía territorial, si hubiera sido vulnerada, y de la vida de once venezolanos, así sean del Tren de Aragua o del Cártel de los Soles.

Son versiones periodísticas -a pesar de lo difícil y peligroso que resulta ejercer ese oficio en el país- las que han establecido que la embarcación salió de San Juan de Unare, en el municipio Arismendi del estado Sucre, apenas separado por una lengua de mar de Trinidad, que ocho de sus once tripulantes habitaban en el poblado y tres en otras localidades cercanas y que la información sobre la destrucción de la lancha circuló muy pronto el propio martes  entre los vecinos y familiares de los que perecieron. Pero Cabello, que lo sabe todo, no estaba enterado la noche del miércoles. ¿Entre tantos milicianos, fuerzas militares y policiales desplegadas por todo el territorio no hay ningún control sobre lo que ocurre, ningún reporte de incidencias?

El estado Sucre es uno de los más pobres del país. Desde hace muchos años, décadas, el tráfico de drogas es un serio problema social, que ha alterado la vida en algún tiempo apacible de los pueblos de la larga y hermosa costa de la península de Paria. El asunto se ha agravado con el paso de los años hasta el punto de que esas poblaciones se han convertido en refugio de jefes de mafias carcelarias, que pasaron por la prisión de Tocorón, en Aragua, y la de Puente Ayala, en el estado Anzoátegui. Desde allí se dedican a sacar cargamentos de drogas por el mar hacia las cercanas islas caribeñas. En septiembre de 2018, bandas de San Juan de las Galdonas y San Juan de Unare se enfrentaron a tiros durante dos días, con un alto saldo de muertes sin confirmación oficial.

Tampoco ahora hay confirmación oficial de las autoridades de lo que ocurrió con la lancha bombardeada por Estados Unidos, como parte de su despliegue militar en aguas del mar Caribe. La tensión sube tras cada nuevo episodio de esta situación de desenlace impredecible, en la que el régimen que ejerce de manera ilegítima el poder pretende poner al país en una movilización militar insensata antes que garantizar la paz de los venezolanos.  

Editorial El Nacional

El canal oficial del Estado venezolano ha mostrado como un éxito por la paz y la seguridad a unos hombres uniformados de policías o de militares con el rostro cubierto llevándose detenido al dirigente político Juan Pablo Guanipa: con su rostro serio y descubierto y su templanza para soportar semejante humillación.

Estamos frente a una nueva arremetida del poder.  El ministro del Interior -de cuyo nombre nadie quiere acordarse- anunció que más de 70 personas, de varias  nacionalidades, han sido apresadas en las últimas horas en el desmontaje de un boicot electoral, violentísimo, armadísimo y financiadísimo, pero no por el imperio sino por el narcotráfico.

A Guanipa, acusa el jefe de la furia bolivariana, le fueron decomisados los siguientes artefactos: una peligrosa agenda, cuadernos, cuatro teléfonos y una laptop, quizás también un par de bolígrafos. Es la confirmación, dice el susodicho, del plan terrorista. Un plan que con el paso de los días crearía una hecatombe superior a la que pacientemente se han dedicado los “revolucionarios”,  que saltaron a la fama por usar las armas, que la República les confió en algún momento para la defensa del país, para desatar una balacera contra la vida republicana.

Los hombres y mujeres (éstas menos) al mando transitan por su 27 calendario anual al frente de la nación. Un período tan largo como el del general Juan Vicente Gómez, que fue como se inició el siglo anterior. Más de un cuarto de siglo atornillados en el Palacio de Miraflores y no pueden ofrecer a los venezolanos un solo día de paz y tranquilidad.

El régimen cometió un fraude gigantesco el 28 de julio y ahora concibe esta trama insólita para volver a reprimir. Antes hubo violencia poselectoral, ahora es violencia preelectoral, en la víspera de unos comicios sosos y desacreditados, sin poder de convocatoria, en los que el poder que han acumulado no corre absolutamente ningún peligro.

El llamado a no votar el domingo ha sido un hecho notorio y público planteado por la líder de la oposición María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, junto con la Plataforma Unitaria Democrática, de la cual dos de sus organizaciones sí decidieron concurrir a las urnas. A rostro descubierto.

Al ministro del Interior, y del mazo, le está ocurriendo exactamente igual a lo que le pasó a Jorge Rodríguez después de que firmó el Acuerdo de Barbados en octubre del año 2023, que allanó, sin ser ese el propósito del régimen, el camino para la primaria de la oposición y, al menos en el papel, trazó una hoja de ruta política, que el régimen unas semanas después burló.  Rodríguez tuvo que rendir cuentas internas a la cúpula por tal despropósito de supuesta blandura; y el ministro del Interior está ahora desbocado después de que los rehenes de la sede diplomática argentina se le fugaron en sus narices y con Maduro de viaje.

Es doloroso e insoportable saber que 70 personas han sido detenidas, sin pruebas y sin derecho a la defensa. Acusadas de patrañas, porque ni siquiera se molestan en inventar un expediente con un mínimo rigor oficial. La conclusión es lamentable: son dueños del país, de sus armas, de sus recursos, y arrinconan y encarcelan a quien quieren cuando quieren.  

Todos deben ser puestos en libertad, a todos se les debe garantizar el derecho a la defensa, ¿aunque cómo defenderse de una locura semejante a la expuesta por el ministro del Interior y el mazo? Juan Pablo Guanipa, que es la máxima figura política detenida en esta redada, es un hombre de lucha y de ideas, con la entereza que muestra frente al atropello del poder.

Editorial El Nacional

La separación temporal del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por las acusaciones en su contra de acoso sexual ha generado muchas especulaciones en torno a la labor de la Corte, a su credibilidad y al papel que debe jugar en la lucha contra la impunidad por los crímenes internacionales más horrendos que se han cometido y se siguen cometiendo en el mundo, como los de lesa humanidad, guerra, agresión y genocidio que conforman su competencia.

El fiscal facilita con su separación temporal la investigación de los hechos que venían siendo considerados por su propia iniciativa, por un órgano independiente de las Naciones Unidas, desde octubre de 2024. Khan niega los hechos rotundamente y considera que forman parte de los ataques y las amenazas contra la Corte, según él, por gobiernos que han cuestionado algunas de sus decisiones en casos recientes: los más delicados política y jurídicamente hasta ahora tratados por el tribunal, como son la responsabilidad de los crímenes cometidos en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania y los cometidos en el marco del conflicto en curso en el Medio Oiente.
La decisión del fiscal pudiera afectar los procesos de investigación en curso, entre ellos, los llevados a cabo sobre Venezuela y los presuntos autores de los crímenes cometidos desde 2014 que, según opiniones muy válidas, serían pronto objeto de órdenes de citación y de detención en contra de funcionarios de alto rango del régimen venezolano, reportados, entre otros, por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.

Pero en verdad la separación de Karim Khan no debería afectar el proceso. La Fiscalía tiene funcionarios que están dedicados desde hace tiempo a la recaudación, análisis y evaluación de las pruebas e informaciones recibidas en las que el fiscal basaría la formulación de cargos en su oportunidad. La Fiscalía seguirá su trabajo y todos esperan que las decisiones que ha debido tomar hace tiempo, y que para muchos constituye un retardo injustificado, sean adoptadas en estos momentos en que la persecución política y los crímenes de lesa humanidad contra miembros de la oposición y defensores de derechos humanos se han intensificado.

Mientras tanto y aprovechando el río revuelto, Delcy Rodríguez declara que las medidas “coercitivas unilaterales”, es decir, las sanciones o medidas restrictivas que se adoptaron contra Venezuela y algunos presuntos responsables, constituyen un crimen de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional debería también examinar.

Lo que Rodríguez pretende es que se establezca la responsabilidad penal individual internacional de funcionarios de alto rango de la administración de Estados Unidos, tal como el régimen y su equipo jurídico lo han planteado en sus escritos anteriores a la misma CPI. El intento no pasó la prueba del examen preliminar que realiza la oficina del fiscal para poder iniciar una investigación formal.

En todo caso, la dictadura aprovecha para relanzar el tema de las sanciones y culpar por completo a otros países de la miseria que nos agobia y dejar de lado la corrupción y saqueo con los que el régimen ha castigado al país y a toda su población.

Editorial El Nacional

Conrado Pérez Briceño es rector principal del Consejo Nacional Electoral en sustitución de Juan José Delpino, quien fue destituido por la Asamblea Nacional en octubre pasado. Delpino para los legisladores oficialistas habría puesto en duda la transparencia del órgano electoral en las elecciones del 28 de julio. Y esas dudas no las tiene Pérez Briceño, también miembro de la Comisión de Registro Civil Electoral, docente universitario y exdiputado.

En reciente entrevista en Globovisión, Pérez Briceño dejó caer un par de noticias que no perturbaron para nada su aire profesoral: una, el hackeo del CNE está “prácticamente” solventado; dos, las actas de la elección del 28J van a ser publicadas en la Gaceta Electoral. “Nosotros tenemos las actas. Son los pocos que no las tenían los que armaron este escándalo.”

Es necesario hacer memoria: el “hackeo” fue una figura usada por el régimen para suspender, hasta donde le fue posible, el proceso de escrutinio del 28 de julio, aun cuando se había asegurado previamente que el sistema electoral venezolano es el mejor del planeta y sus alrededores. Con el expediente del  tal “hackeo” el CNE procedió en las primeras horas del 29 de julio a dar como ganador de la elección a Nicolás Maduro y punto final. No se mostraron actas. En los días y semanas siguientes ocurrieron en paralelo dos situaciones: la oposición sí tenía las actas de más de 80% de las mesas y el mundo democrático le exigía al régimen venezolano y al CNE que mostrara las actas.  Han pasado más de 250 días y ahora el CNE dice que tiene las actas y que las va a publicar. Este rector principal ni siquiera pestañeó cuando hizo tamaña revelación.

Según Conrado Pérez en el CNE no hay nada oculto. Y se pregunta, en vivo y en directo, “¿qué se puede hacer de oculto?”, y a continuación se responde: “Absolutamente nada”. Es de entender que 250 días sin actas que demuestren, así sea tramposamente, que Maduro ganó la elección es un incidente menor. “Yo no tengo duda alguna. En eso estoy muy claro. Quien quiera competir por el ticket presidencial tendrá que esperar seis años”. Claro no, cristalino, como le dice Tom Cruise a Jack Nicholson en aquel éxito fílmico Cuestión de honor.

Con la misma seriedad, igual porte y ajustándose los lentes, Pérez Briceño sostiene que el CNE es tan solo un árbitro, no cuenta votos ni cancela actas. “Es el equilibrio de la democracia”. Sin embargo, admite, que la presentación en cámara lentísima y secretísima de las actas del proceso electoral del 28 de julio le devolverá la confianza al CNE. Muy claro todo, para una clase puede servir como borrador, sin mencionar país, edad histórica, situación política y esas impertinencias de persecución, cárcel, exilio. Fraude.

¿Por qué no se publicaron antes las actas? Pérez Briceño también se lo pregunta y le echa el muerto a la Sala Electoral del máximo tribunal del país, aquel que nombró una comisión de forenses electorales enguantados para examinar el crimen cometido el 28J y exoneró de culpa alguna al jefe del régimen, reelecto.  Pérez Briceño está claro. Y los venezolanos también.

Editorial El Nacional

Ayer cumplieron once meses encerrados en la Embajada de Argentina en Caracas cinco miembros de la dirección nacional de Vente Venezuela, el partido cuya coordinación nacional ejerce María Corina Machado. Entraron en la sede diplomática el 20 de marzo de 2024, luego de que el fiscal general los involucrara en una conspiración desestabilizadora. Se les acusó de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir. La única palabra verdadera de esos supuestos delitos cometidos es «asociación». Sí, están asociados en un partido político que pretende -de manera pública y notoria- el cambio político en Venezuela. Ese es el verdadero «delito» para la injusticia oficial.

La residencia de la misión argentina, que está ubicada en el sureste de Caracas, es Venezuela en pequeño. Pero peor. El servicio de agua no llega, no por la proverbial incompetencia de quienes se encargan de los asuntos públicos, sino porque hay instrucciones precisas de restringir el suministro. El servicio eléctrico no funciona, no por la proverbial incompetencia que castiga a la mayoría de los venezolanos con apagones rutinarios, sino porque arrancaron los fusibles. Nadie puede entrar a la sede diplomática: no les permiten recibir sus medicinas, no hay visitas familiares, no hay funcionarios del gobierno argentino, que fueron expulsados, ni tampoco el personal que durante un tiempo de esos once meses se ocupaba de las labores de mantenimiento y limpieza. Ni siquiera pueden ingresar funcionarios de Brasil, país al que el gobierno argentino otorgó la custodia de su sede.

La calle que da acceso a la residencia argentina en Caracas ha redoblado la vigilancia y la presencia de funcionarios armados alrededor de la vivienda, incluso desde una casa aledaña donde se habría establecido un comando de «operaciones especiales», con gente bien armada: fusiles, drones, perros pitbull.

Los salvoconductos para salir del país están negados hasta la fecha. El objetivo del cerco persistente y amedrentador es quebrar la resistencia de las cinco personas (Magalli Meda, Humberto Villalobos, Omar González Moreno, Pedro Urruchurtu y Claudia Macero) que han demostrado una fuerza de voluntad ejemplar y tozuda, comprometida con la convicción de luchar por la democratización de Venezuela. Desfallecer significaría caer en las garras de los servicios represivos, expertos en la tortura y la degradación.

No sorprende que el régimen de Maduro viole a cara descubierta la Convención de Viena y la Convención sobre Asilo Diplomático. Está en su naturaleza arbitraria, desconocedora de las leyes y vacunada contra los más elementales principios de la convivencia humana.

El artículo 22 de la Convención de Viena (en vigor desde 1964) establece que los locales diplomáticos son inviolables. “El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”. El artículo 19 de la Convención sobre Asilo Diplomático —suscrita en Caracas, vaya ironía, en 1954— consagra otros deberes cruciales del Estado receptor: Si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados. Si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella. Si esto último tampoco fuere posible, deberá entregarlos a un Estado que no sea Parte y que convenga en mantener el asilo. El Estado territorial deberá respetar dicho asilo».

Nada. No hay letra que valga, no hay derecho que no se vulnere. No extraña el comportamiento de Maduro y su alto y lastimoso funcionariado, decíamos. Lo que hace un ruido ensordecedor es el silencio. ¿La comunidad diplomática existe? ¿Los organismos internacionales cumplen su labor? ¿Los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro, que algún canal de comunicación mantendrán con Miraflores, podrán intermediar sus buenos oficios? ¿El gobierno de España, país con tantos vínculos con la América hispana, seguirá refugiado en ese mutis anodino? ¿Y el Vaticano?

Editorial El Nacional

María Corina Machado sostuvo el lunes de esta semana un encuentro con siete periodistas, de cuatro medios nacionales, dos agencias de noticias y uno internacional (NTN24, cuya directora de contenidos —Idania Chirinos— fungió de moderadora), para responder en definitiva una sola pregunta: ¿dónde estamos? 

La interrogante conduce a examinar el momento político del país después de la juramentación ilegítima de Nicolás Maduro y la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Washington ha sido, con demócratas o republicanos al mando, un apoyo con sus matices a la causa democrática venezolana. Pero las señales enviadas desde el 20 de enero parecen ir a contrasentido de las expectativas que se habían alimentado con su victoria y come back.

La puesta al día era oportuna y muy necesaria. Machado mostró la convicción de siempre, la inquebrantable decisión de luchar hasta el final, la confianza en la estrategia que requiere la participación de todos los venezolanos y de aliados internacionales para un solo propósito: “unificar a todas las familias venezolanas en una nación libre, segura y próspera, y para hacer eso es absolutamente indispensable salir de este régimen”. No es el momento, dijo, para escuchar “a los estafadores y perdedores”, sobre lo que volvería, enérgica y con un punto a la vez de enfado y bravura, en otros momentos del encuentro.

La estrategia es una: se enfrenta a un régimen criminal y hay que construir fuerza y tener más fuerza que el régimen en el poder. Esa estrategia se adapta a los cambios, pero con la claridad de que “el régimen va para fuera con o sin negociación”. Luego Machado expuso las cuatro etapas de la estrategia:

• La primera, había que construir fuerza real y eso se hizo en dos años con la campaña a la primaria de octubre de 2023. “Lo hicimos hablando desde la verdad, desde el honor y con el compromiso de todos”.
• La segunda, había que demostrar con números y pruebas que igual que se había derrotado al régimen “en el alma y los corazones de los venezolanos”, también había que derrotarlo con los votos y las actas. Por eso el mundo entero reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente de los venezolanos. Contra Edmundo, María Corina denunció “chantajes y una presión insólita”. 
• La tercera, el aislamiento internacional del régimen, que ejemplificó con la foto del 10 de enero de Maduro junto a los dictadores de Cuba y Nicaragua. 
• La cuarta fase, es el desalojo de la tiranía. “Lo derrotamos pero están aferrados al poder y tienen las armas, esa es una realidad”. Al régimen le queda una estructura represiva de terror con capacidad para hacer  mucho daño, y la “plata de los negocios criminales” que va para la corrupción y la represión. “Hemos construido un paquete de acciones con aliados internacionales para cerrar la plata criminal y quebrar la estructura represiva. Eso falta y en eso estamos trabajando”.

Machado reiteró, con el puño cerrado, que la lucha se da en Venezuela y la dirigen venezolanos. Los detalles de la estrategia no se pueden exponer a los ojos de Maduro, aunque hay tres planes: 

1.- La organización ciudadana, silenciosa, en condiciones “muy distintas a las vividas hasta ahora”; 

2.- Fortalecer la “gran alianza” (Gana Venezuela) de todos los sectores para alcanzar la victoria y luego para gobernar.  

(La idea de Gana fue lanzada en enero de 2024 pero tuvo escaso protagonismo en el desarrollo de una campaña electoral atípica marcada por la persecución y el amedrentamiento. Retomarla es un acierto).

3.- El papel de los aliados internacionales, con los cuales se está en contacto “permanente” en Europa, América Latina y Estados Unidos, incluso desde antes de que Trump asumiera la presidencia. “Creer que el gobierno de Estados Unidos tiene alguna duda sobre la amenaza a la seguridad hemisférica que representa este régimen es realmente ingenuo”. Machado afirmó que iba a hacer lo que tenga que hacer dentro y fuera de Venezuela para lograr los acuerdos que se requieren. “Necesitamos a los aliados para acciones claras y lo vamos a lograr. No tengan duda”.

La fecha del desalojo de la tiranía nadie la conoce –“solo Dios”, dijo María Corina–, pueden ser días, semanas, meses. “La victoria final va a llegar cuando tenga que llegar, haciendo lo que tenemos que hacer”.

Editorial El Nacional

En la Venezuela de hoy cada hecho político es una pieza cuidadosamente movida en un tablero donde el poder y la legitimidad se disputan palmo a palmo. La difusión reciente de  un video con el supuesto motorizado que trasladaba a María Corina Machado el pasado 9 de enero por parte del régimen de Nicolás Maduro, en el que se intenta incriminar a la líder de Vente Venezuela, no es un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia para manipular la percepción pública y desviar la atención de lo verdaderamente importante: el golpe de Estado a la soberanía popular perpetrado el 10 de enero de 2025 y el desconocimiento mundial que enfrenta el gobierno de facto.

El propósito del régimen es claro: sembrar dudas sobre la líder de las fuerzas democráticas y deslegitimar su lucha por el reconocimiento nacional e internacional. En ese esfuerzo, las autoridades no han dudado en fabricar eventos que, bajo un escrutinio detenido, revelan una preocupante falta de autenticidad. El video en cuestión, que muestra al motorizado acusando a Machado de un supuesto incidente, evidencia múltiples inconsistencias: desde la ausencia de protocolos legales en el allanamiento hasta el comportamiento ensayado del individuo.

Este tipo de montaje no es nuevo; forma parte de un patrón repetitivo del régimen que busca controlar el relato y perpetuarse en el poder.

Las fuerzas democráticas, encabezadas por María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, enfrentan un desafío monumental: no solo deben combatir la represión, sino también la batalla por el control del discurso. Su misión es desenmascarar las maniobras del régimen y exponer ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional la ilegitimidad de Maduro y su entorno.

La estrategia del régimen se basa en dos pilares fundamentales: desacreditar y encubrir. Desacreditar a María Corina Machado implica minar su credibilidad y generar desconfianza en sus seguidores —especialmente en el ámbito militar—; con el encubrimiento buscan desviar la atención de las sanciones internacionales y las acusaciones de usurpación del poder. Este doble enfoque revela una preocupación creciente dentro de la cúpula del madurismo por su aislamiento y la posibilidad de una transición que luce inevitable.

El régimen subestima la capacidad de la oposición para movilizarse y exponer estas maniobras. La estrategia de Machado y González Urrutia se centra en consolidar el apoyo interno y mantener la presión externa, utilizando cada intento fallido de propaganda oficial como una oportunidad para fortalecer su legitimidad. Al hacerlo, buscan aumentar el costo político de cada acción del régimen, tanto en el entorno doméstico como en el contexto global.

La solución a esta crisis va más allá de un mero reemplazo de figuras políticas; requiere forjar un nuevo acuerdo tanto a nivel nacional como internacional que valide la autoridad del gobierno elegido democráticamente y rechace categóricamente el clima de terror que ha impuesto la cúpula gobernante. 

La difusión del video por parte del régimen no es más que un intento desesperado por aferrarse a un cuento que ya no se sostiene. La oposición debe seguir denunciando estas maniobras y consolidando su posición como la única fuerza política capaz de guiar al país hacia la democracia. Con firmeza y claridad, se podrá derrotar no solo al poder usurpador y desalmado y su falso relato.

Flor de un día. Eso fue el acuerdo suscrito en Bridgetown el 17 de octubre de 2023 entre el “gobierno de la República Bolivariana de Venezuela” y la “Plataforma Unitaria de Venezuela”, como reza el texto olvidado. Pero ese día único de vida fue realmente importante. El denominado Acuerdo de Barbados “liberó” el camino para la realización de la elección organizada por la Comisión Nacional de Primaria que consolidó el liderazgo de María Corina Machado. Conviene recordar que los días previos al 17 de octubre eran los días típicos de una nación gobernada por una dictadura: no se sabe qué va a ocurrir, ni cuándo, ni cómo. Sin embargo, el 22 de octubre, el día de la primaria, ocurrió un fenómeno electoral incontestable..

Es posible pensar que el “gobierno”, para respetar el lenguaje del acuerdo, haya pecado, además de soberbia, de desconocimiento de la realidad política del país  y calculó, en consecuencia, que la primaria sería un fracaso. Fue lo contrario: el anticipo del gigantesco deslave electoral del 28 de julio de este año. También es posible pensar que privilegiaron obtener el alivio de las sanciones para salir del marasmo en que quedó el régimen, económico y político, después del escándalo de Tareck el Aissami y los 40 ladrones. Se sabe, hasta la saciedad, que lo que mueve realmente a los “revolucionarios” en el poder es el vil metal que tanto dicen aborrecer.

La primaria tuvo un valor político de gran magnitud: mostró capacidad organizativa en la oposición que autogestionó una elección en la que participaron más de 2,5 millones de personas, evidenció la pulcritud de la Comisión Nacional de Primaria presidida por el doctor Jesús María Casal  —ojalá alguna vez tengamos un Consejo Nacional Electoral de esa talla—, expresó el deseo inmenso de cambio político en densas capas de la población, particularmente en sus sectores populares y sirvió para renovar el liderazgo opositor luego de la frustrada experiencia del gobierno interino. No es, para nada, poca cosa.

Una vez que el “gobierno” asumió el golpe de lo que significó la primaria opositora, se dispuso a actuar contra todo lo suscrito en Barbados, siguiendo se supone las instrucciones de Nicolás Maduro y los consejos de Jorge Rodríguez, que estampó su firma en el documento. El Tribunal Supremo de Justicia, siempre atento a la complacencia, produjo una sentencia en la que dejaba “sin efecto” la primaria. Hubo un terremoto, pero no tembló, constataron los magistrados; pasó un huracán, pero ni una sola  hoja se desprendió, garabatearon los altos jueces.

Sin entrar en el contenido del acuerdo, en la parte de las consideraciones previas que encabeza el documento, algo así como una declaración de buenas intenciones, el gobierno, con su contraparte, se comprometía a:

• Fortalecer una democracia inclusiva y una cultura de la tolerancia y convivencia política.
• Acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos consagrados en la Constitución, con todas las garantías.
• Rechazar cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones.

Los dos primeros puntos fueron demasiado pronto letra muerta: no hay una democracia inclusiva, sino una dictadura aún más abusiva; y sobre la cultura de la tolerancia y convivencia política dan muestra los 2.000 ciudadanos que fueron perseguidos y encarcelados después de las elecciones del 28J, y una cantidad menor, pero significativa, durante la campaña electoral. Lo de elecciones con todas las garantías incluye inhabilitaciones y bloqueo de candidaturas, secuestro de tarjetas de partidos hasta el robo descarado del resultado electoral.

El tercer aparte es en el que se afinca el “gobierno” para ir contra todo aquel que, por ejemplo, desconozca la veracidad de un resultado electoral sin actas de escrutinio. Ese ciudadano, esos millones de ciudadanos, son violentos. Callarlos, apresarlos si es necesario, da vida a un Estado sin ley y a instituciones sin alma y sin cordura. El efecto, inmune al TSJ, es el desprestigio mundial de Maduro y sus acompañantes. 

Editorial El Nacional

Nicolás Maduro llama patarucos a sus adversarios políticos, pero los mete presos. El lenguaje despectivo es propiedad del discurso oficial. También el uso arbitrario y desmedido de la fuerza. Además de inútil, porque cada acto represivo pone aún más evidencia a un gobierno que ha perdido la calle y la sindéresis.

En las últimas horas, las fuerzas de seguridad detuvieron a Juan Iriarte, coordinador de Vente Venezuela; a JeanCarlos Rivas, activista de Voluntad Popular, y a Luis López, periodista. Todos fueron apresados -o secuestrados- en el estado La Guaira (antes Vargas).

Un post del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indica que López había salido hacia la zona de Caraballeda para cubrir la detención de Rivas, pero no habría llegado hasta el lugar. El propio periodista había denunciado en enero que funcionarios policiales habían estado en las cercanías de su vivienda en Maiquetía preguntando por él. Hasta ayer se desconocía su paradero.

Como en tantos otros casos de vigilancia, persecución y detención se carece de explicaciones oficiales. Es el patrón de conducta del gobierno, más manifiesto aún durante el desarrollo de la campaña electoral. Es posible esperar que en algún momento un vocero del gobierno -por lo general la Fiscalía- esgrima una teoría conspiratoria para justificar estos hechos que enturbian la ya muy precaria vida política del país.

Magalli Meda, directora del Comando por Venezuela, asilada en la embajada junto a otros cinco dirigentes políticos en espera de un salvoconducto, se preguntaba en la red X “¿qué clase de campaña es esta en la que se aniquila al contrincante?”. Junto con Meda se encuentran en la sede diplomática argentina Pedro Urruchurtu, coordinador internacional; Claudia Macero, responsable de comunicaciones de la campaña de María Corina Machado; Omar González, dirigente nacional de Vente Venezuela; Humberto Villalobos, coordinador electoral; y Fernando Martínez, asesor de la Plataforma Unitaria. Otros dos responsables políticos del partido, Henry Alviarez y Dignora Hernández,  siguen detenidos.

La campaña represiva del gobierno de Maduro es la respuesta -una pésima respuesta- a las constantes manifestaciones de rechazo hacia su gobierno, expresadas en los recorridos por el país de Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia.

El sector oficial debería, en cambio, volver a la mesa de negociación política con la Plataforma Unitaria, que produjo en octubre pasado el esperanzador Acuerdo de Barbados, hoy convertido en letra muerta, para regularizar la campaña electoral, ofrecer las garantías indispensables a todos los actores políticos y a los ciudadanos, porque se ha llegado a arremeter contra humildes trabajadoras, y abrir una perspectiva de entendimiento para encarar el día de las votaciones y el insólito, por excesivo, proceso que sigue hasta la asunción en enero de quien triunfe en las elecciones del 28 de julio.

La represión, la frágil institucionalidad y la ausencia de diálogo solo incrementa la incertidumbre del proceso político electoral que debería abrir las puertas a una etapa de recuperación que anhela la amplia mayoría de venezolanos, en el país y en el mundo. Restan poco más de 40 días para unas elecciones cruciales que permitan retomar la senda democrática. Aún hay tiempo para que se imponga la sensatez.

Quedan las 24 horas de este lunes 25 de marzo para el desenlace de las postulaciones presidenciales. Una decisión crucial para el éxito de las fuerzas democráticas en las elecciones condicionadas -porque no son justas ni libres- convocadas para el 28 de julio. El régimen, que inhabilitó tramposamente a María Corina Machado, también impide la inscripción de Corina Yoris.

El proceso de postulaciones iniciado el 21 de marzo aceptó sin problema alguno las candidaturas afines al régimen. Pero no procesa la de la candidata Corina Yoris presentada el viernes por María Corina Machado en un acto de la Plataforma Unitaria. La intención es muy clara. La inhabilitación es la política de Nicolás Maduro y se extiende a todo lo que tenga el aval de Machado, la líder nacional electa en las primarias de la oposición el pasado 22 de octubre.

El régimen retrasa la inscripción de Corina Yoris, reconocida académica, electa recientemente como individuo de número de la Academia de la Lengua, sin militancia política, para que en su lugar se «proponga» un nombre «potable», es decir, que tenga apariencia opositora pero que en el fondo no represente ningún peligro para la permanencia de Maduro en el poder.

Fue ayer un día de reuniones intensas entre las fuerzas políticas democráticas, curiosamente con la inasistencia de Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, al menos en la sesión matutina. Apenas 48 horas después de la postulación de Yoris, está en marcha una maniobra para desconocer esa candidatura, que tuvo el respaldo inicial de la Plataforma Unitaria y de toda la dirigencia adversa a Maduro.

El régimen sabe que está derrotado por la vía electoral y trata, mientras corren presurosos lo minutos, de dividir a la oposición y favorecer esa “candidatura potable” que repita el escenario de Barinas: la victoria parece opositora, pero es el régimen al final el que gana. Esa «candidatura potable» para sustituir la de Yoris no podría tener el apoyo manifiesto de María Corina, según ha trascendido de las reuniones que ayer se efectuaron.

La respuesta solo puede ser una: Corina Yoris es la única candidata opositora. Corina Yoris es la candidata que expresa sin reservas el mandato de la elección del 22 de octubre.

Las fuerzas democráticas que buscan el cambio político no pueden aceptar la anulación de su candidata Corina Yoris, porque entonces no habrá cambio político alguno y se defraudará la aspiración mayoritaria de un pueblo condenado a la miseria, al maltrato y al abandono.

Hay que defender el mandato del 22 de octubre, que no es otro que el inicio de la transición democrática. Y ese inicio solo se logrará con la victoria en las elecciones del 28J, a pesar de este camino de trampas y ventajismo trazado por el régimen al que alguna dirigencia opositora se puede prestar. La comunidad democrática mundial deberá tomar nota, una vez más, de cómo la dictadura de Maduro cierra todas las puertas para la elección y, por tanto, al reencuentro de los venezolanos.