Editorial El País

Los observadores del Centro Carter certifican la victoria de la oposición y anulan toda legitimidad del régimen chavista

La crisis de legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro se agranda según pasan las semanas desde las elecciones que asegura haber ganado. El Centro Carter, el único organismo internacional independiente que participó en la observación de las elecciones del 28 de julio, presentó el martes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) las actas recopiladas por la oposición en el 83,5% de las mesas y que otorgan una rotunda victoria a su aspirante, Edmundo González Urrutia, con el 67% de los votos. Se trata de un anuncio de una enorme trascendencia porque ratifica la validez de los documentos publicados por la alianza opositora en una página web. La responsable de la misión, Jennie Lincoln, fue tajante: las papeletas, cuya autenticidad está garantizada por los códigos de seguridad QR, demuestran el triunfo de González Urrutia.

La carga de la prueba pone en jaque a Maduro, que en su huida hacia delante ha rechazado hasta ahora enseñar las actas electorales y trata de aprovechar la coyuntura internacional. El conflicto en Oriente Próximo o la campaña electoral en Estados Unidos han restado presión al Ejecutivo chavista. El mandatario ha adelantado las celebraciones navideñas a octubre y da por zanjada la disputa sobre las actas aferrándose a una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de facto un brazo judicial del Gobierno.

Mientras tanto, el aparato chavista ha endurecido la represión. González Urrutia está asilado en España; la líder opositora, María Corina Machado, sigue en Venezuela, pero resguardada en un lugar secreto y viviendo en condiciones de semiclandestinidad, y la persecución de los opositores deja casi a diario un nuevo balance de detenciones. La más reciente, la del alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad del país. Según la ONG Foro Penal, que lleva casi dos décadas contabilizando las capturas de disidentes, el número de personas que pueden considerarse presas por razones políticas asciende a 1.905. Es decir, más que en el resto de Latinoamérica junta, incluidas Cuba y Nicaragua.

A Maduro se le acaba el tiempo. El próximo 10 de enero comienza el mandato presidencial, seis años más en los que el sucesor de Hugo Chávez pretende mantenerse en el poder. Aunque el control férreo sobre todos los resortes del Estado, del sistema de justicia a las Fuerzas Armadas, le permitirá tomar posesión, su legitimidad será nula. Las principales instancias internacionales, de Estados Unidos a la Unión Europea, no reconocen su victoria, al igual que mandatarios de la izquierda latinoamericana como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro, que le reclaman la publicación de las actas.

Ante un escenario de creciente aislamiento y malestar de los votantes, el chavismo ya ha puesto en marcha un plan para desactivar las presiones internas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y principal operador político de Maduro, hizo esta semana un llamamiento al diálogo a las fuerzas antichavistas y a “todos los sectores de la sociedad” para abordar la anunciada reforma electoral. Para muchos opositores, un farol o el enésimo intento para hacer luz de gas.

Maduro solo tiene una opción ante su falta de credibilidad: mostrar las actas y someterlas a revisión de una comisión independiente.

Editorial El País

La certificación de Maduro como ganador de las elecciones es una deriva autoritaria intolerable que confirma los peores augurios

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un órgano controlado por el chavismo y que carece de independencia, consumó este jueves la argucia con la que el presidente, Nicolás Maduro, quería revestir de legalidad el supuesto triunfo electoral que obtuvo el pasado 28 de julio y del que aún no ha mostrado una sola prueba. El Supremo no solo validó la victoria del líder chavista, pese a la falta notable de transparencia, sino que pidió responsabilidades al candidato opositor, Edmundo González, y a quienes publicaron las actas que están en poder de la oposición, que contradicen la versión oficial y muestran una victoria de González. La decisión apunta a un recrudecimiento de la represión en Venezuela.

Haciendo caso omiso al llamamiento de la comunidad internacional para que hubiese una verificación imparcial de los resultados tras las crisis poselectoral, el Supremo convalidó los resultados de la autoridad electoral del 28 de julio y pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), también en manos del chavismo, que publique los datos definitivos. El órgano máximo de la justicia venezolana aseguró que pudo validar el material presentado por el CNE tras un proceso opaco en el que supuestamente participaron peritos venezolanos e internacionales, sin aportar información sobre quiénes son los citados expertos.

Lo más preocupante va más allá de este nuevo capítulo en el manual de maniobras del Gobierno de Maduro para atrincherarse en el poder. La sentencia leída por la presidenta del TSJ, una exconcejal del partido oficialista, declara en desacato a Edmundo González y asegura que se deberá someter a las sanciones que impone la ley venezolana. Además, pidió a la Fiscalía que presente cargos contra quienes participaron en la publicación de las actas en la página web que activó la oposición para demostrar al mundo su triunfo. Ante esa investigación por usurpación de funciones y desacato, y a tenor de cómo se ha comportado el régimen tras el 28 de julio, los peores augurios van cobrando forma. Todo apunta a que el chavismo va a incrementar la represión sobre los líderes opositores y contra cualquier persona que participase en la recolección de actas la noche electoral, lo que es a todas luces intolerable. El candidato opositor ha pedido en repetidas ocasiones en el último mes que se respete la soberanía popular y que no es el TSJ, sino la autoridad electoral, quien debe responder ante la falta de transparencia.

Es un hecho que Nicolás Maduro y su círculo de poder, sostenidos por las Fuerzas Armadas, no han hecho ni el menor gesto de querer escuchar la posibilidad de lograr una salida negociada a esta nueva crisis en Venezuela. De poco ha servido la intención de los líderes de izquierda de la región, especialmente los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro, aliados o cuando menos condescendientes con Maduro en el pasado, de proponer iniciativas para desbloquear la situación. La comunidad internacional, con el liderazgo de Brasil y Colombia por su cercanía geográfica y sus canales con el régimen, debe persistir en su presión para que Maduro abandone su aislamiento. Lo único que consigue con su atrincheramiento es profundizar en el dolor de un pueblo, el venezolano, que vive preso del miedo y de la deriva autoritaria del líder chavista. La paradoja trágica de la senda hacia el autoritarismo se produce cuando quienes atentan contra la democracia utilizan las propias instituciones de manera sutil e incluso legal para liquidarla. En Venezuela no hay sutileza y es dudoso que haya legalidad con maniobras como esta.