Vía Primer Informe

Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos, relata el periodista Casto Ocando

Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que hablaron con Primer Informe.

Las agencias están “ampliando acusaciones que ya existen o abriendo nuevas investigaciones federales” contra las casi cuatro docenas de operadores y funcionarios que han sido conectados con la corrupción en Pdvsa –y en su mayoría arrestados–, que podrían haber incurrido en una serie de violaciones a las leyes de Estados Unidos, indicaron las fuentes.

Los delitos abarcan desde violación a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Pdvsa, hasta operaciones de lavado de dinero basados en el dólar o en conexión al sistema financiero norteamericano con parte del dinero expoliado.

Las investigaciones están centradas en personajes que ya están bajo investigación o han sido sancionados por el Departamento del Tesoro. Al menos dos fiscalías, la del Distrito Sur de la Florida con sede en Miami, y la del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, están ampliando las indagaciones.

Encabezando las investigaciones se encuentran el ahora ex ministro de Petróleo Tarek El Aissami, que ha sido acusado por el régimen de Nicolás Maduro de dirigir una organización criminal que desfalcó al menos US$3,000 millones en negocios con la petrolera estatal venezolana, y dejó facturas sin pagar por un monto de US$21,000 millones.

Al lado de El Aissami, aparecen como señalados en el desfalco varios de sus socios por décadas, entre ellos el diputado Hugbel Roa, que controló un grupo de empresarios que presuntamente invirtieron el dinero desfalcado en proyectos de construcción y otras inversiones dentro y fuera de Venezuela.

Los federales están particularmente interesados en el papel de los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, a quien el Departamento del Tesoro consideran como los “herederos” del operador colombiano Álex Saab, actualmente detenido en Estados Unidos, y calificado por Washington como el testaferro del dictador Nicolás Maduro.

Ambos operadores son considerados personal de confianza de El Aissami, un fugitivo de la justicia de Estados Unidos –con una recompensa sobre su cabeza de US$15 millones–, que acaba de ser defenestrado por el régimen de Maduro y actualmente bajo detención domiciliaria.

Tanto Bazzoni como Leal fueron sancionados en 2021 por la OFAC. Los investigadores federales determinaron que después de la detención de Saab en junio de 2020, Bazzoni asumió el rol de Saab de coordinar las operaciones de re-venta de crudo de Pdvsa, y de suministrar los barcos para recoger el crudo en puertos venezolanos.

Joaquín Leal, por su lado, coordinó “la compraventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa y su filial, Pdvsa Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores”, en abierta violación a las sanciones norteamericanas.
Según la OFAC, Bazzoni y Leal usaron la empresa Libre Abordo S.A para el intercambio de petróleo por cisternas, a un precio inflado, generando ganancias corruptas para los implicados en la negociación.

Ambos están en el centro de una investigación criminal por su continua participación en el esquema de corrupción de transporte ilegal de crudo venezolano a mercados internacionales, utilizando medios y mecanismos que violan las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, indicaron las fuentes.

Según los detalles que han trascendido en el esquema de corrupción investigado por la Fiscalía de Venezuela, Bazzoni y Leal se asociaron con distintos armadores, principalmente con los ciudadanos griegos George Moundreas y Panagis Zissimatos, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados, y manejar los recursos generados sin rendir cuentas

A su vez, Bazzoni y Leal contrataron a Erik Roveta, italiano residenciado en Atenas para ser el administrador y operador de todos los buques necesarios para esta estafa. Roveta es un broker que se desempeña como gerente técnico (technical manager) y es dueño de varias empresas especializadas como Sernavimar SRL y Axione Chartering OU entre otras, también bajo investigación.

Bazzoni y Leal también se asociaron con el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss Oil Trading SA, basada en Ginebra y también bajo sanción de Estados Unidos, para comercializar en Asia los crudos y refinados venezolanos.

Los dos operadores usaron a un financista de origen mexicano, José Luis Chávez Cava, que reside entre Londres y Dubai y trabaja para la organización de Joaquín Leal, para cobrar y facilitar todos los pagos del esquema de corrupción que se estima movilizó recursos estimados por encima de los US$8,000 millones, según las indagaciones.

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