Vía EL Tiempo
Además de incautar bienes del régimen y aumentar la recompensa sobre Maduro, EE. UU. desplegó tropas en el Caribe.
Lo que parecía un proceso de distensión tras el intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington y la autorización a Chevron para retomar operaciones en Venezuela, ha derivado en una nueva fase de confrontación. La relación bilateral se ha tensado tras la designación del “Cartel de los Soles” como organización terrorista y el incremento a 50 millones de dólares de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar dicha estructura criminal.
A esta ofensiva se sumó la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien informó esta semana sobre la incautación de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Maduro en República Dominicana y Florida. Paralelamente, el Pentágono desplegó en el Caribe más de 4.000 infantes de marina junto con destructores, un crucero de misiles guiados, un submarino nuclear y aeronaves de reconocimiento, como parte de una operación antidrogas bajo el Comando Sur.
La reacción en Caracas no se hizo esperar. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, sobre quien pesa una recompensa de 25 millones de dólares, rechazó la acusación y aseguró que en Venezuela “no hay producción ni tránsito de drogas” y que el único cartel que opera “a la luz del mundo es la DEA”.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que el régimen de Maduro “no es un gobierno, es una organización criminal”, al señalar que el Cartel de los Soles es “una de las redes más amplias del hemisferio”. La dirigente opositora María Corina Machado, en la clandestinidad, respaldó la línea dura de Washington y calificó a Maduro de jefe de la organización criminal y del grupo delictivo transnacional Tren de Aragua.
Expertos advierten que la política de la administración Trump hacia Venezuela combina presiones radicales con gestos pragmáticos, como la licencia otorgada a Chevron. Según el analista Michael Shifter, esta dualidad “mantiene a todos adivinando” y refleja las contradicciones en el enfoque hacia Caracas.
Para el politólogo Daniel Arias, la nueva estrategia busca forzar una negociación política y romper el estancamiento posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024. El exministro chavista en el exilio, Andrés Izarra, sostuvo que el objetivo no es una invasión, sino crear condiciones para “la repetición de elecciones libres” en Venezuela.
En este contexto, países de la región enfrentan el dilema de definirse. Gobiernos como los de Colombia, México y Brasil, cercanos a Maduro, deberán calibrar sus posturas para evitar sanciones o retaliaciones financieras de Washington.
La escalada actual marca un punto de inflexión en la relación bilateral y reabre el debate sobre la viabilidad de una salida política en Venezuela bajo la presión internacional más fuerte de los últimos años.