Vía Politico

El presidente Donald Trump ha indicado que, tras la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de su administración, el control estadounidense del país podría prolongarse durante años. Sin embargo, los «halcones» de Venezuela dentro de su partido están presionando para que se celebren elecciones mucho antes.

La «solución real» para Venezuela debe incluir elecciones y un retorno a la normalidad «lo antes posible», dijo el representante Mario Díaz-Balart (R-Fla.) en una entrevista, haciendo eco de declaraciones similares de su colega republicano de Florida, el representante Carlos Giménez, a principios de semana. Giménez dijo a CNN el jueves que no estaba necesariamente alineado con el cronograma de Trump y que la transición debería ocurrir «en términos de meses, no de años».

Un retraso, advierten, corre el riesgo de atrincherar aún más lo que describen como un régimen autoritario ilegítimo en Caracas.

Aunque los defensores más vocales de un cronograma más rápido son los halcones republicanos de Florida, que representan a grandes comunidades de inmigrantes venezolanos, la preocupación no se limita a ellos.

El representante Don Bacon (R-Neb.), un crítico frecuente del presidente, no llegó a ofrecer una receta exacta de cuándo deberían ocurrir las elecciones en Venezuela, pero el republicano de Nebraska dijo que «debería ser pronto».

«Deberíamos estar tratando de conseguir un líder legítimo en Venezuela por el que votó el 70 por ciento de la gente, no una vicepresidenta ilegítima que no fue elegida legítimamente», dijo Bacon, añadiendo que cree que la presidenta interina Delcy Rodríguez no debería liderar el país.

Esto representa una ruptura tajante con las últimas declaraciones de Trump. En una entrevista con The New York Times publicada el jueves, Trump dijo que «solo el tiempo dirá» cuánto tiempo mantendrá EE. UU. la supervisión de Venezuela. Al pedirle una estimación de cuánto tiempo podría permanecer EE. UU. en control —tres meses, seis meses, un año o más— Trump respondió: «Yo diría que mucho más».

Esos comentarios han sido secundados por altos funcionarios de la administración, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, quienes han argumentado que el país necesita estabilizarse antes de que puedan realizarse elecciones

Fisuras en el GOP

Esta es solo la señal más reciente de una fisura dentro del Partido Republicano (GOP) sobre la política hacia Venezuela, que ya ha demostrado ser un punto de presión dentro del partido. El jueves, cinco republicanos del Senado rompieron filas para apoyar una medida que limitaría la capacidad de Trump para emprender más acciones militares en el país, provocando la ira del presidente.

Algunos de los que piden elecciones rápidas están midiendo sus palabras con cuidado para no parecer que están rompiendo totalmente con Trump o criticando la operación militar para remover a Maduro.

Díaz-Balart reconoció que el problema central de la presencia de cárteles en el país persiste, y subrayó que «tiene que haber un proceso» que incluya seguridad suficiente para la oposición. El representante Mike Lawler (R-N.Y.) presionó por celeridad pero no dio un cronograma.

«Creo que estamos progresando», dijo sobre los esfuerzos de la administración para ejercer presión sobre el actual gobierno venezolano. Pero el aparato gubernamental de Maduro todavía permanece en gran parte en su lugar, señaló Lawler, lo que podría complicar el proceso de transición.

«Lo ideal sería que ocurriera en los próximos meses, pero esta va a ser una situación fluida y continua», dijo.

El papel de Delcy Rodríguez

Rodríguez, anteriormente vicepresidenta bajo Maduro, juró su cargo horas después de la captura de su jefe. La administración está tolerando el ascenso de Rodríguez al poder como un paso necesario para evitar que el país descienda a un caos sectario, ya que aún existen preocupaciones en el gobierno de EE. UU. de que la oposición venezolana no sea capaz de controlar todavía a las poderosas fuerzas armadas del país.

Rubio y Trump enfatizaron en los días posteriores a la captura de Maduro que las elecciones son el paso final en los planes de la administración para Venezuela, después de los esfuerzos para apuntalar la economía del país.

«Ni siquiera sabrían cómo tener una elección ahora mismo, el país se ha vuelto tercermundista», dijo Trump en una entrevista con Fox News que se emitió el jueves. «Vamos a reconstruir el petróleo, la infraestructura petrolera, nosotros estaremos a cargo de ello. Va a ir de maravilla. Ganaremos mucho dinero y partiremos de ahí, pero reconstruiremos el país y, finalmente, tendrán elecciones».

La constitución de Venezuela exige que se celebren elecciones poco después de la muerte, renuncia o destitución de un presidente. La esperanza entre los defensores de la democracia en Venezuela es que, en una futura elección, la popular líder de la oposición y premio Nobel, María Corina Machado, pueda postularse a la presidencia por derecho propio.

Sin embargo, al permitir que Rodríguez tomara el poder, la Asamblea Nacional del país también invocó una ley que le permite gobernar por decreto y posponer las elecciones por 90 días. La Asamblea Nacional conserva el derecho de extender ese estado de emergencia indefinidamente.

Algunos demócratas advirtieron contra confiar en Rodríguez, una leal a Chávez y Maduro que anteriormente se desempeñó como ministra de Petróleo y de Relaciones Exteriores del país.

«He estado allí y me he reunido con ella. Es una línea dura, por lo que sería muy cauteloso con sus promesas», dijo el senador Dick Durbin (D-Ill.), quien ha trabajado durante mucho tiempo en asuntos de Venezuela.

Por Inés Ehulech en Infobae

Las elecciones presidenciales en Venezuela se acercan, mientras la oposición intenta esquivar los obstáculos que va plantando el régimen chavista para tratar de evitar la derrota categórica que todas las encuestas anticipan que sufriría en comicios transparentes y democráticos. El 28 de julio, los venezolanos acudirán a las urnas para decidir si Nicolás Maduro sigue gobernando después de una década o se abre paso a una transición democrática en el país.

Desde un primer momento, la pista estuvo inclinada: el régimen se niega a dejar el Palacio Miraflores ante una oposición organizada y unida por primera vez, decidida a participar y derrotarlo en las urnas.

A la ganadora indiscutida de la primaria opositora, María Corina Machado, la Justicia chavista la mantiene proscripta. Cuando se intentó postular entonces a una candidata alternativa, la prestigiosa académica Corina Yoris que contaba con aval de todos los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el Consejo Nacional Electoral también la impidió. Finalmente, el diplomático de perfil bajo, Edmundo González Urrutia, logró su inscripción a último momento y agrupó el respaldo de la PUD este 21 de abril, para sorpresa de propios y extraños. Hasta el momento, parece que podría enfrentar a Maduro en las elecciones, aunque nadie confía en que se hayan acabado las maniobras saboteadoras del régimen.

La Justicia venezolana tiene en su poder una denuncia impuesta por el ex candidato Luis Ratti que busca la impugnación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el partido que inscribió a González Urrutia. Según el político, su objeción surge de una sentencia previa del Tribunal Supremo que, en enero de 2018, ya había ordenado al Consejo Nacional Electoral que excluyera al partido del proceso de legitimación por tratarse de una agrupación de diversas organizaciones ya renovadas y otras pendientes de renovación. En otras palabras, lo acusan de militancia múltiple.

“Presentan una tarjeta que no es un partido, sino tres. Esto no es doble militancia, sino triple militancia” y representa una “desigualdad de condiciones”, declaró Ratti.

Sobre la base de esta solicitud, la Sala Electoral del TSJ deberá ahora reunirse y evaluar la situación, pudiendo acabar una vez más en la anulación de la propuesta de la oposición, esta vez no por el candidato en sí sino por el partido que lo acompaña.

De ocurrir esto, explicó el periodista venezolano dedicado a la fuente electoral y director de votoscopio.com Eugenio Martínez, lo esperable sería que Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Movimiento Por Venezuela (MPV) -otras dos fuerzas que integran la PUD- intentaran postular a González Urrutia, dejando de lado a su primer candidato, Manuel Rosales.

Dicha acción está contemplada en los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que menciona que “las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”. En caso de que se trate de un “postulado sustituto que no sea un candidato previamente admitido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento”.

El problema es que el régimen ya adelantó que no admitirá sustituciones por aspirantes que no hayan sido previamente admitidos por el Consejo Nacional Electoral, por lo que podría bloquear a González Urrutia.

Si bien este escenario parece poco probable dado que, tras denuncias iniciales, tanto UNT como MPV lograron adherirse a la candidatura del opositor, Maduro ha demostrado ser un experto en maniobras de sabotaje.

Así, si el anterior fuese el escenario, entonces la PUD tendría que debatir nuevas opciones, entre las que se encuentra volver un casillero atrás y retomar la postulación de Rosales, que bajó su candidatura para apoyar la de González Urrutia. En caso de que esta baja no se haya procesado, entonces podrían continuar con ella.

En cambio, si ya se hubiera confirmado su renuncia, otra alternativa sería apoyar a Enrique Márquez, el ex rector del CNE que se sumó a la carrera presidencial por fuera del consenso de la coalición antichavista.

En la oposición, los temores no terminan en que pueda llegar su candidato de consenso a las elecciones del 28 de julio sino que se mantiene en alerta a que la campaña y el día de los comicios se realicen con garantías de ecuanimidad y transparencia en la competencia electoral.

La PUD alertó en reiteradas ocasiones que el régimen está incumpliendo lo suscrito en el Acuerdo de Barbados no sólo porque impidió las candidaturas de Machado y Yoris sino porque allanó sus oficinas y arrestó a una decena de colaboradores cercanos a Machado. También porque se impidió el registro de la mayoría de los miles de venezolanos exiliados que intentaron registrarse parta votar en los consulados.

“Se trata de visibilizar y solicitar el apoyo de los factores democráticos de todos los países para que se cumpla el Acuerdo de Barbados que estipula unas elecciones libres y transparentes con la participación del candidato de la oposición”, reiteró la portavoz de Machado, Corina Gatti.

En ese sentido, Estados Unidos acompañó el pedido y anunció la restitución de las sanciones a la comercialización de gas y petróleo que pesaban sobre el régimen tras constatar, en los últimos seis meses, que no se habían respetado los compromisos asumidos sobre el proceso electoral.

Hacia adelante, uno de los principales reclamos opositores es la presencia de observadores internacionales, que garanticen la transparencia de los comicios. Esta semana, el CNE recibió al equipo técnico de la ONU, acompañado de representantes de la Unión Europea y del Centro Carter pero aún no ha confirmado su habilitación para la observación electoral.

Por último, la oposición exigió el fin de la “campaña de desinformación y mentiras” iniciada por el régimen para “confundir” a los ciudadanos.