Si bien la administración Biden dice que mantendrá las sanciones al régimen de Maduro a menos que haya avances hacia elecciones libres, en cambio hay avances hacia el levantamiento de las sanciones mientras crece la represión.

La administración Biden no es más que firme en su fallida política hacia Venezuela. Esa política es hacer creer que el régimen de Maduro busca un compromiso y continuar ofreciendo concesiones sobre las sanciones estadounidenses a pesar de la creciente represión del régimen.

Considere los últimos días. El 23 de agosto, Reuters informó que “funcionarios estadounidenses están redactando una propuesta que aliviaría las sanciones al sector petrolero de Venezuela, permitiendo que más compañías y países importen su petróleo crudo, si la nación sudamericana avanza hacia una elección presidencial libre y justa…”. Esto se produce después de que ya se hayan levantado algunas sanciones: en noviembre de 2022, como informó entonces la revista Time, “la administración Biden otorgó al gigante petrolero Chevron Corp. una licencia para reanudar la producción de petróleo en Venezuela después de que las sanciones estadounidenses detuvieran todas las actividades de perforación hace casi tres años . » Se suponía que eso incentivaría las negociaciones entre el régimen y la oposición democrática, pero no hay negociaciones.

A pesar del fracaso de esa estrategia, aquí vamos de nuevo. El régimen de Maduro demuestra día tras día que no permitirá en absoluto elecciones libres. El 21 de agosto, el régimen anunció que buscaba una orden de arresto para el líder opositor Antonio Ledezma , ex alcalde de Caracas que vive exiliado en España. Ledezma es un partidario y asesor clave de María Corina Machado, actualmente la principal candidata de la oposición a la presidencia. El 23 de agosto, el régimen hizo que su Asamblea Nacional títere nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral.—el organismo que se supone debe gestionar las elecciones y garantizar su imparcialidad. Eligió a Elvis Amoroso para dirigir el Consejo. Amoroso recientemente, en su calidad de Contralor General, descalificó las candidaturas de la mayoría de los líderes de la oposición, comenzando con María Corina Machado e incluyendo a otros altos líderes como Leopoldo López, haciendo imposible unas elecciones justas. En 2019, Amoroso prohibió al expresidente interino Juan Guaidó postularse para el cargo durante 15 años. Amoroso ha estado bajo sanciones de Estados Unidos y Canadá desde 2017. El Tesoro de Estados Unidos lo sancionó como parte de un grupo “asociado con socavar procesos electorales, censura de medios o corrupción en programas alimentarios administrados por el gobierno en Venezuela”.

Así, en una semana tenemos titulares como “Estados Unidos en conversaciones con Venezuela sobre alivio de sanciones a cambio de elecciones justas” de Bloomberg y las respuestas desdeñosas e incluso humillantes del régimen de Maduro, demostrando una y otra vez que no habrá elecciones justas .

Como señaló Reuters, “una versión inicial de la propuesta fue rechazada en julio por Dinorah Figuera, jefa de la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por la oposición y que controla los activos extranjeros del país, después de discusiones con los principales partidos de oposición de Venezuela… La razón para rechazar el borrador de la propuesta , que podría convertirse en una de las poderosas herramientas de negociación de Estados Unidos en futuras reuniones con los enviados de Maduro, fue la falta de pasos concretos por parte de Maduro hasta el momento hacia elecciones justas en el país…”

Las únicas medidas concretas desde entonces son represivas, como el intento de arrestar a Ledezma y la selección de un secuaz del régimen sancionado para dirigir el Consejo Nacional Electoral. Y la propuesta de julio se produjo sólo unos días después de que el régimen prohibiera postularse a la figura de la oposición que lidera las encuestas entre las figuras de la oposición, María Corina Machado.

Sin embargo, la farsa continúa, como si la administración Biden realmente creyera que Maduro permitirá elecciones libres. 

Pero tal vez “farsa” sea la palabra equivocada, porque no hay nada divertido en la política de la administración. 

Envía una señal clara al régimen y a la oposición de que la administración quiere firmemente (¿desesperadamente?) un acuerdo y comprometerá los derechos políticos de los venezolanos para lograrlo. 

Al parecer, el petróleo pesa más que los derechos humanos cuando se trata de la política de la administración Biden en Venezuela.


Elliott Abrams es un político y diplomático estadounidense que ha desempeñado varios roles importantes en la administración de Estados Unidos en áreas relacionadas con asuntos exteriores y política internacional. En la administración de Donald Trump, Abrams fue designado como enviado especial para Venezuela

Este artículo se publicó originalmente en Council on Foreign Relation (CFR) el 27 de agosto de 2023