Estados Unidos publicó este viernes la orden judicial federal que autoriza la incautación del petrolero M/T Skipper, abordado el miércoles por la Guardia Costera en aguas internacionales tras salir de Venezuela, aunque la sección de la declaración jurada que argumenta la medida aparece completamente tachada.
La orden, emitida por un juez de primera instancia el 26 de noviembre, fue desclasificada parcialmente por solicitud de los fiscales, según anunciaron la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, y el director del FBI, Kash Patel.
La Administración Trump sostiene que el buque era utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán y para apoyar a Hezbollah y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La información publicada este viernes no añadió detalles nuevos, ya que la declaración jurada completa permanece censurada.
De acuerdo con el comunicado oficial, la orden judicial para ejecutar la incautación fue firmada a finales de noviembre, y el pasado 10 de diciembre la Guardia Costera abordó y confiscó el buque mientras navegaba en alta mar, luego de haber zarpado desde Venezuela.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el M/T Skipper, anteriormente conocido como Adisa, había sido identificado por el Departamento del Tesoro como parte de una red de transporte de petróleo vinculada al financiamiento de organizaciones terroristas, entre ellas Hizbulá y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Según la investigación, los ingresos obtenidos por estas operaciones petroleras eran utilizados para sostener actividades terroristas internacionales.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro aseguró que su despacho mantiene el compromiso de respaldar los esfuerzos del gobierno estadounidense para interceptar embarcaciones utilizadas para evadir sanciones internacionales. Destacó además la experiencia de su oficina en el combate contra redes ilícitas que operan a través del comercio marítimo.
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que esta incautación demuestra la determinación de Estados Unidos para imponer costos reales a gobiernos que utilizan mecanismos ilegales para acceder a mercados financieros y tecnológicos. Subrayó que la cooperación entre distintas agencias es clave para frenar estas operaciones y debilitar a actores considerados adversarios de la seguridad internacional.
La operación fue ejecutada por Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI, con el apoyo directo de la Guardia Costera de Estados Unidos. El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía del Distrito de Columbia, en coordinación con divisiones especializadas del Departamento de Justicia.