Fernando Blasi instó al gobierno de Biden a relajar las agobiantes sanciones petroleras contra el gobierno de Nicolás Maduro o correr el riesgo de que el país socialista se convierta en otra Cuba con Washington como chivo expiatorio por el aumento del autoritarismo y las dificultades económicas.

Los comentarios de Fernando Blasi a The Associated Press representan una ruptura radical con la “campaña de máxima presión” de la oposición de los últimos cuatro años, cuando confiaba en Estados Unidos para sacar a Maduro del poder.

El empresario, radicado en Miami y vinculado al partido Un Nuevo Tiempo, se desempeñó como agregado comercial en la Embajada del gobierno interino en Washington, durante la gestión de Carlos Vecchio.

La Asamblea Nacional electa en 2015 designó el 19 de enero a los cinco miembros del nuevo Comité de Administración y Protección de Activos del país en el Exterior. Este órgano asumirá las competencias del extinto gobierno interino de Juan Guaidó en lo que corresponde al manejo de los recursos venezolanos retenidos en el extranjero, así como el nombramiento de enviados legales. Este comité está coordinado por Gustavo Marcano, exalcalde de Lechería y dirigente de Primero Justicia (PJ). También estará integrada por Carlos Millán (Acción Democrática), Yon Goicoechea (Voluntad Popular), René Uzcátegui (independiente) y Fernando Blasi (Un Nuevo Tiempo).

“Si seguimos por este camino, Venezuela está destinada a ser otra Cuba”, dijo Blasi en la entrevista del viernes en Miami. “Se convertirá en un problema para los políticos de Florida ganar las elecciones. … Ese sería un destino extremadamente triste para un país”.

Blasi. 51, discutió el futuro de las sanciones estadounidenses en reuniones recientes con miembros del Congreso principalmente demócratas, incluido el representante Gregory Meeks, el miembro de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Blasi advirtió que no habla en nombre de la opositora Plataforma de Unidad en su conjunto. Reconoció que muchos de sus aliados en la coalición opositora se enfurecen ante la idea de recompensar a Maduro sin compromisos iniciales para nivelar el campo de juego antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

Blasi dijo que el ritmo del alivio de las sanciones avanza demasiado lento. Las negociaciones en México, donde se suponía que el gobierno y la oposición negociarían las condiciones para las elecciones del próximo año, no han tenido lugar durante meses, aunque las conversaciones informales han continuado en Caracas. Dijo que cualquier alivio de las sanciones brindaría un alivio muy necesario a los venezolanos regulares golpeados por la alta inflación y la escasez . Si Maduro no cumple con sus compromisos, las concesiones pueden revertirse rápidamente, dijo.

“El tiempo se acaba”, dijo Blasi. “Tenemos que empezar ahora con un plan coherente en el que demos algo y el gobierno reciproque… para tratar de generar el mejor escenario posible para 2024”.

En respuesta a una consulta de AP, el Departamento de Estado dijo en un correo electrónico que “la política de Estados Unidos es calibrar las sanciones sobre la base de la necesidad humanitaria y los resultados democráticos positivos y siempre en estrecha coordinación con la Plataforma Unitaria”.

Radicado en Miami

A diferencia de muchos activistas exiliados de la oposición, que huyeron de un posible arresto en Venezuela tras las protestas antigubernamentales, Blasi abandonó su tierra natal antes de que Maduro asumiera el poder en 2013, escapando de lo que dijo fue un intento de las fuerzas de seguridad de extorsionar a su empresa de servicios médicos. Se instaló en Miami, donde construyó una compañía de financiamiento de bienes raíces.

Debe su nueva prominencia a su afiliación al partido Nueva Era, un movimiento político centrado en su ciudad natal de Maracaibo, el centro petrolero en el occidente de Venezuela gobernado por Manuel Rosales, quien en los últimos días también se ha puesto del lado de Maduro para pedir el fin de las sanciones.

Washington Post, escándalo e investigaciones

En 2019, luego de que el gobierno de Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, se designó a Carlos Vecchio como su representante diplomático en ese país. Desde ese momento Blasi también ingresó a la recién formada embajada, como director de Asuntos Comerciales.

El 5 de marzo de 2020, Guaidó nombró a Blasi como miembro del Consejo de Administración. Este órgano, que funcionaba igual que la Oficina Nacional del Tesoro, tenía como propósito analizar y aprobar las órdenes de pagos de los jefes de cada una de las unidades del gobierno interino. Estaba presidido por el entonces comisionado para el Desarrollo Económico, Alejandro Plaz, además de Yon Goicoechea, Gustavo Marcano y Eva Hurtado.

El 17 de septiembre de 2020, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció una investigación contra el diplomático y su hermano, Magin Blasi. Designó a la Fiscalía 67ª Nacional para imputarlos por traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones, entre otros delitos. Esto, luego de acusarlos de formar parte de una presunta red de sobornos y apropiación de activos venezolanos. 

De acuerdo con Saab, los acusados supuestamente intentaron negociar un contrato con el consorcio Caribbean Recovery Assets, dirigido por Jorge Reyes y Pedro Antar. La empresa pasaría a administrar cuentas y bienes del Estado venezolano, a cambio de quedarse con el 18 % de los activos confiscados. Posteriormente, los involucrados recibirían también la mitad del dinero de la comisión.

A principios de enero de 2021, el periódico estadounidense The Washington Post publicó una entrevista a Reyes y Antar, donde confirmaron parcialmente los señalamientos del régimen. El reportaje, en el que se revisaron varios documentos y el aparente contrato, explica que los empresarios propusieron a finales de 2019 un plan para captar hasta 40 millardos de dólares en activos. Estos estaban repartidos en el Caribe en forma de empresas, carros, casas y propiedades a nombre de PDVSA.

Indicaron que la idea era emplear los servicios de su empresa recuperando esos activos para el gobierno interino. Esto fue negociado directamente en Miami con Blasi y Troconis. Sin embargo, los funcionarios habrían hecho una serie de peticiones “inusuales”. Por ejemplo, un pago por adelantado de $750.000 a una compañía de Magin Blasi, a cambio de firmar el contrato, entre otras cosas. Al no llegar a un acuerdo entre las partes, el contrato nunca se concretó.

En el mismo reportaje de The Washington Post, Blasi y Troconis desmintieron esas acusaciones. Si bien reconocieron el plan para recuperar activos de PDVSA en el Caribe, negaron la exigencia de sobornos. Aseguraron que el acuerdo se canceló de inmediato, luego de que se descubriera un juicio pendiente de Reyes por fraude en una corte federal. Reyes posteriormente fue arrestado por su conexión con una trama de exportaciones fraudulentas hechas en 2008 por el entonces gobierno de Hugo Chávez.

Por su parte, la Asamblea Nacional opositora abrió una investigación del caso, en la que determinó que, a pesar de detectarse serias irregularidades en el proceso de contratación, no se encontraron evidencias de corrupción. En el caso de la embajada venezolana en Washington, Vecchio solicitó a la justicia estadounidense hacer sus propias investigaciones para determinar si hubo alguna acción ilícita. Las autoridades de ese país hasta el momento no han emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Con información de AP, El Diario