Por Fernando Schmidt
A pesar de las palabras del Presidente Boric en Washington, comprometido con la realización de elecciones libres en Venezuela el año próximo y el simultáneo levantamiento de sanciones norteamericanas a Caracas, es bastante predecible saber, hoy día, quién las va a ganar. Hace agua el avance democratizador que supuso el “Acuerdo para la Promoción de los Derechos Políticos y Garantías Electorales y para la Garantía de Intereses Vitales de la Nación”, o Acuerdo de Barbados, suscrito entre el Gobierno y la oposición venezolana el pasado 17 de octubre. El diálogo entre ambos sectores, promovido por Noruega desde el 2019 como país facilitador, parecía prometedor hace apenas quince días. Cuenta con el apoyo de Colombia, Brasil, Estados Unidos, la UE, Francia, Argentina, Reino Unido, Países Bajos, Rusia y México, como colaboradores, pero, al parecer, todo ese edificio político se derrumba.
Han transcurrido más de cuatro años sin resultados visibles desde que los noruegos iniciaron su labor. Entre medio, fueron vetados por Maduro, retomaron los contactos con el auxilio mexicano y produjeron el Acuerdo de Barbados. Sin embargo, lo peor no es el tiempo que ha pasado, sino la amenaza que supone al proceso democratizador el cuestionamiento por parte del régimen de las primarias realizadas por la oposición el pasado 22 de octubre. En ellas resultó ganadora María Corina Machado con más del 92% de los votos.
A los pocos días del triunfo de Machado, el Presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, convocó a todo el cuerpo diplomático en Caracas a una reunión en la Cancillería para exhortarlos a no inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, y aprovechó de “retar” a diplomáticos occidentales por sostener reuniones con María Corina y personas próximas a ella. Les recordó que él es el encargado por el régimen de las relaciones con la oposición. ¿Qué habría pasado en la década de los 80 en Chile si el régimen hubiera coartado el derecho de un embajador a sostener reuniones con los opositores a Pinochet?
Sin embargo, la señal de Maduro a través de Rodríguez fue contundente e inequívoca, ya que el lunes pasado las primarias fueron suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “para todos los efectos”. No podía ser de otra manera, ya que el órgano judicial venezolano es parte del poder chavista. Sus jueces son elegidos por la Asamblea Nacional dominada absolutamente por el oficialismo en elecciones probadamente fraudulentas. Esto muestra, una vez más, que en Caracas no hay división de poderes. Ejecutivo, Legislativo y Judicial están amalgamados.
No obstante, las primarias organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática constituyeron un hecho político relevante y nuevo. Fueron una expresión de la voluntad popular. Votaron en ellas 2,4 millones de ciudadanos y relevaron a María Corina Machado como la figura protagónica de la oposición a Maduro, nacional e internacionalmente. Aprovechando los pocos espacios que les dejó la dictadura, la Plataforma dictó su reglamento y procedimientos internos y armó una campaña abierta y transparente a nivel nacional (con cobertura mundial) para convocar a sus electores a pronunciarse. El régimen pretende tardíamente anular este proceso en su totalidad alegando que el Consejo Nacional Electoral, controlado por ellos mismos, es el único encargado por la Constitución para efectuar consultas políticas.
De este modo, el Acuerdo de Barbados que abría una tenue luz de esperanza para que Venezuela regresara a la democracia, vive sus horas más críticas. La medida del TSJ del lunes generó la reacción inmediata de los Estados Unidos, que amenazó echar marcha atrás el levantamiento de sanciones. Senadores demócratas e influyentes como Bob Meléndez y otros, presionan en Washington por más firmeza. Por otro lado, Noruega y los países que respaldan este proceso están descolocados, pero mantienen una débil confianza en su continuidad. Sin embargo, están obligados a acomodar de algún modo a María Corina en el panorama político, algo impensable para el régimen hoy en día. ¿Qué sentido tendrían las palabras de Boric que públicamente dijo que espera que se “permita que en esas elecciones compitan todos los candidatos que así deseen hacerlo”, si Machado es vetada?
En medio de esta encrucijada sobre el futuro de la democracia, Maduro ha decidido jugar la carta nacionalista convocando un referéndum consultivo para el próximo 3 de diciembre en defensa de la soberanía venezolana sobre el Esequibo, enorme territorio que ocupa tres cuartas partes de la vecina Guyana, que Venezuela alega que le pertenece. Es decir, la dictadura quiere convertir un asunto que tiene un origen totalmente distinto en un instrumento para su legitimidad y validación interna, maniobra que la oposición obviamente rechaza.
Por el momento, la prudencia es la que se ha impuesto entre nosotros como reacción a la arremetida madurista contra las primarias opositoras en Venezuela. Es lo que explica el comedido término “decepción” usado por nuestro Canciller para referirse a la medida del TSJ venezolano.
Sin embargo, si el régimen sigue por esta línea y anula definitivamente las primarias y priva a María Corina Machado de su derecho a enfrentarse a Maduro en elecciones libres, transparentes, informadas e internacionalmente supervisadas, las palabras suaves debieran dar lugar a una actitud firme. En tal escenario, nuestra Cancillería debería tener preparada una reacción contundente si el gobierno chileno no quiere aparecer cohonestando un nuevo golpe a la esperanza democrática en Venezuela. Son cientos de miles los venezolanos que viven entre nosotros que esperarían un pronunciamiento rotundo de nuestra parte. El gobierno no debería ampararse en el principio de no intervención.
El abanico de respuestas en este supuesto escenario no es muy amplio a nivel bilateral, pero podemos contribuir a mandar una señal política eficaz de alcance regional y mundial si la coordinamos con un grupo representativo de países latinoamericanos y del Caribe, especialmente con aquellos que acompañan el proceso conducido por Noruega; si generamos un frente unido de gobierno y oposición ante el zarpazo de la esperanza democrática y los derechos de María Corina; si nos coordinamos con organismos como IDEA y otros para asumir acciones a nivel mundial. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un amplio grupo de países latinoamericanos decide retirar sus embajadores de Caracas en protesta, tal como ahora lo hacemos con Israel? ¿No lo ameritaría acaso la defensa de la democracia y el respeto a la voluntad popular?
Fernando Schmidt es Embajador, ex Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile