Vía Derecha Diario
La derecha finlandesa impone la responsabilidad fiscal como el principal objetivo a seguir por la administración. El país acumula 14 años sin superávit fiscal, a pesar de que desde 2015 los impuestos aumentaron estrepitosamente.
El gobierno de la Coalición Nacional, presidido por el derechista Petteri Orpo, se propone revertir y combatir los resultados del fracaso socialdemócrata en los últimos años. Por primera vez en 7 años, Finlandia eligió a una administración decida por dos cosas: bajar la presión impositiva y recortar el tamaño del Estado elefantiásico que azota la economía del país.
La gestión socialdemócrata entregó el país con el mismo margen de déficit fiscal que había en el año 2019 (antes de la pandemia), a pesar de haber aprobado una fuerte suba del impuesto sobre la renta. El nivel de actividad entró en recesión durante la segunda mitad de 2022 y actualmente permanece estancada.
Asimismo, la tasa de desocupación persiste en el 7% y la escasez de mano de obra no cede. Bajo este panorama, el oficialismo prepara reformas para revitalizar la dañada economía.
Recorte al Impuesto a las Ganancias
Por primera vez en 7 años, tras sucesivas administraciones socialdemócratas o partidarios afines, el Gobierno de Finlandia propondrá una rebaja sobre el impuesto a las Ganancias de personas físicas, uno de los más importantes en el país por su peso en la recaudación total.
Se implementará una revaluación general de las deducciones por hijos e ingresos del trabajo, con el objetivo de que no solamente menos personas se vean alcanzadas por el impuesto, sino que además las que ya lo pagan también abonarán una contribución menor. La reforma incluye incentivos para fomentar la natalidad nacional, similares a los que ya están adoptando otros países europeos.
La deducción por hijo tendrá un valor inicial de 50 euros y el recorte total superará los 100 millones de euros, todavía muy modesto en comparación a los 1.000 millones prometidos en recortes durante la campaña electoral del oficialismo.
Recorte al “Estado de Bienestar”
Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el Gobierno adopta una postura mucho más estricta para arribar al superávit fiscal por primera vez en 14 años. Se pretende arribar a un recorte total por 7.367 millones de euros para los próximos 8 años.
A continuación las principales partidas presupuestarias sujetas al ajuste fiscal:
- Educación: 149 millones de euros
- Servicios sociosanitarios: 2.050 millones de euros
- Seguridad social y prestaciones: 1.200 millones de euros
- Gastos ligados a la indexación de partidas: 519 millones de euros
- Agricultura y silvicultura, medio ambiente: 78 millones de euros
- Comercio, transporte, vivienda: 228 millones de euros
- Inmigración, cooperación al desarrollo, defensa y seguridad: 226 millones de euros
- Racionalización de la planta de personal del sector público: 276 millones de euros
- Mejora de la eficiencia de los condados de servicios de bienestar: 1.190 millones de euros
- Recorte a prestaciones vinculadas al índice nacional de pensiones o al índice de precios al consumo (excluyendo asistencia social): 387 millones de euros
- Prestaciones y ayudas a la vivienda: 363 millones de euros
- Prestaciones laborales: 175 millones de euros
- Recorte a servicios por cooperación al desarrollo: 283 millones de euros
- Mejora de la eficiencia del sector público: 243 millones de euros
También se llevará a cabo una reforma sobre las prestaciones por desocupación, a fin de reducir gastos y fomentar activamente la oferta laboral. Hasta ahora, el Estado otorgaba una prestación relacionada con los faltantes de ingresos por un período de 43 a 57 semanas dependiendo el caso.
Con la reforma propuesta, a partir de la octava semana el nivel de beneficios se reduce hasta representar el 80% de la cuota original. Una vez pasadas las 34 semanas la cuota vuelve a caer al 75% del valor inicial.
A fin de cumplir con los recortes a los servicios sociosanitarios, se prevé una mayor participación de las instituciones privadas dentro del sistema de salud, especialmente para abastecer la demanda que no puede ser eficientemente atendida por el sector público.
El Gobierno apuesta por la tercerización de servicios de atención e incrementar las concesiones para centros de salud privados, así como fomentar un aumento de la digitalización para reducir los tiempos de espera. Se pretende alcanzar un recorte neto por 1.400 millones de euros anuales antes de 2027, y 3.000 millones para el año 2031.