Por Jean Carlo Manzano en Economía Hoy

La decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que impone a Venezuela el pago de una indemnización total de $1.600 millones al grupo español Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos por la expropiación en 2010 de su empresa Agroisleña, es uno de los más importantes en términos monetarios que pierde el país en esa instancia y representa la sexta victoria para el bufete internacional Freshfields en casos venezolanos.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, que es el nombre completo de la firma de abogados con sede en Washington, viene anotándose éxitos en los arbitrajes contra Venezuela desde hace años, el primero que ganó fue el de la petrolera ConocoPhillips ($8.900 millones), que ahora se encuentra en revisión.

A ese triunfo le siguieron los de Vestey Group ($104 millones), Crystallex ($1.400 millones), Tenaris ($137 millones) y Rusoro ($1.200 millones). Todos ellos, excepto el de Vestey, se encuentran en tribunales estadounidenses en la búsqueda de concretar la ejecución de la indemnización.

El más avanzado es el de la minera canadiense Crystallex que ya logró que un juez embargara Citgo para ejecutar el cobro, un proceso que está frenado por las sanciones estadounidenses.

En el caso de Vestey, el gobierno interino de Juan Guaidó acordó ejecutar el pago en enero de 2021, en lo que representa una de las características que tiene Venezuela en varios de los juicios de arbitraje y en tribunales estadounidense: un gobierno dual.

«Con esta decisión (la de Agroisleña), las condenas en el CIADI sobrepasan los 14.000 millones de dólares. Esto es una muestra del grado de destrucción», aseguró en su cuenta de Twitter José Ignacio Hernández, exprocurador especial designado por Juan Guaidó y quien conoció varios casos de primera mano cuando ejerció el cargo.

En total Venezuela ha sido demandada en el CIADI en 50 ocasiones, la mayoría de ellas a partir de 2010 como resultado de la política del gobierno de Chávez, luego continuada por Maduro, de expropiar empresas sin realizar el pago o sin acordar un monto considerado justo por los afectados.

Freshfields vs dos «Venezuelas»

“El mayor desafío que tuvimos en los últimos dos o tres años fue que estábamos tratando con dos gobiernos, dos Venezuelas”, dijo al portal Law 360, Noiana Marigo quien lidera a 40 abogados de Freshfields dedicados a casos latinoamericanos. “Estábamos literalmente litigando todos los casos contra dos gobiernos. Tendríamos el gobierno de Maduro, pero también el gobierno de Guaidó, que también contrató firmas de abogados y pidió tener el derecho de ser parte de los arbitrajes”, agregó.

Freshfields tiene actualmente como clientes a tres empresas de los 13 casos que tiene pendientes Venezuela en el CIADI. Uno de ellos es el de Smurfit Kappa, la empresa de empaques corrugados expropiada por Nicolás Maduro en 2018.

También el reclamo de Dick Fernando Abanto Ishivata, el empresario peruano dueño de la empresa de telecomunicaciones Movilmax, acusado en 2014 de fraude y estafa. A estos dos litigios se agrega el de Luis García Armas, dueño de Friosa y otras empresas de alimentos expropiadas en 2010 en el oriente del país.

Venezuela se retiró del CIADI en 2012, pero los acuerdos de protección de inversiones y los contratos firmados antes de esa fecha siguen siendo materia de arbitraje ante esa instancia.

Estos procesos son largos y la decisión de pagar si bien en vinculante, puede retrasarse por mucho tiempo. El caso de Agroisleña, por ejemplo, inició en 2016 y la decisión anunciada en marzo de 2022 puede ser apelada, lo que extendería todavía más el litigio.

Un caso emblemático es el de Exxon Mobil que comenzó en 2007 y aunque se dictó una indemnización todavía está en proceso tras una anulación que ganó Venezuela.

Venezuela es el tercer país con más demandas pendientes en el CIADI, detrás de otras naciones como España y Perú.