El líder del Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, ha encendido nuevamente el debate político en Países Bajos tras anunciar que, de llegar al poder, su formación cerrará todas las escuelas islámicas del país.
El polémico anuncio lo realizó a través de la red social X, donde Wilders afirmó que esta medida forma parte de su manifiesto electoral con el objetivo de eliminar lo que considera una “ideología de odio y violencia” en el sistema educativo neerlandés.
“El islam no tiene cabida en nuestras escuelas. Los niños no deberían crecer bajo una ideología que atenta contra nuestros valores”, declaró Wilders, quien desde hace años mantiene un discurso abiertamente contrario a la religión islámica y la inmigración procedente de países de mayoría musulmana.
La reacción no se hizo esperar. Diversos partidos progresistas, así como organizaciones musulmanas y de derechos humanos, calificaron la propuesta de “discriminatoria” y alertaron de que contraviene principios fundamentales de la Constitución neerlandesa, como la libertad de religión y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Actualmente, la ley de educación en Países Bajos permite la existencia de escuelas confesionales de distintas religiones —católicas, protestantes, judías e islámicas— siempre que cumplan con los estándares académicos y normativos del Estado. De prosperar, la medida enfrentaría un fuerte desafío jurídico por su posible choque con derechos fundamentales consagrados.
No es la primera vez que Wilders impulsa propuestas de esta naturaleza. En años anteriores ha abogado por prohibir el Corán, cerrar mezquitas y restringir la inmigración musulmana, iniciativas que le han generado tanto respaldo de sectores nacionalistas como duras críticas a nivel nacional e internacional.
El PVV ha visto crecer su base electoral en los últimos comicios gracias a un discurso centrado en la identidad nacional, la seguridad y la crítica a la inmigración. De cara a las elecciones, Wilders apuesta a reforzar su imagen de “mano dura” con medidas que prometen reavivar la polarización política en un contexto europeo ya marcado por tensiones sobre integración y multiculturalismo.
Observadores anticipan un debate encendido en la campaña y posibles impugnaciones legales si la propuesta se convierte en parte de un eventual acuerdo de gobierno.