Vía El Salto Diario

Las elecciones del 25 de junio están marcada por la deriva autoritaria, la exclusión y las acusaciones de fraude electoral.

El pasado 2 de mayo, una encuesta divulgada por el medio nacional Prensa Libre posicionaba a Pineda en cabeza de la contienda electoral con el 23,1 % de la intención de voto. Este empresario desmarcado del oficialismo se situaba por encima de Zury Ríos, hija del dictador acusado de genocidio Efraín Ríos Montt, y de Sandra Torres, candidata conservadora de la oposición, pero afín al gobierno.

Pocos días después de la publicación de la encuesta, la Corte de Constitucionalidad prohibía la candidatura de Prosperidad Ciudadana, el partido que acogió a Pineda como presidenciable. La organización política supuestamente incurrió en varias irregularidades cuando realizó la asamblea donde se proclamaron a todos sus candidatos.

El país centroamericano vive desde el 2015 un retroceso democrático marcado por la cooptación de todas las instituciones del estado y la persecución de opositores, periodistas y jueces o fiscales que denuncian la corrupción. En estas elecciones, las más pesimistas y con menos esperanzas de cambio de los últimos 30 años, Guatemala se juega el viraje definitivo hacia la autocracia.

La exclusión de candidatos críticos

Pineda se ha convertido en el tercer candidato presidencial excluido del proceso electoral. Anteriormente, el Tribunal Supremo Electoral rechazó inscribir la candidatura de Roberto Arzú y David Pineda, del partido Podemos, por supuestamente hacer campaña electoral anticipada. El máximo tribunal también bloqueó el binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), encabezado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas.

Carlos Pineda | Foto cortesía

En este caso, las acusaciones son contra Rodas por no haber presentado el finiquito, un documento que demuestra la ausencia de cualquier reclamo a nivel administrativo. Ambas candidaturas eran críticas con el sistema y se proyectaban como fuertes aspirantes en la contienda electoral.

Carolina Villatoro, vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, sostiene que “el TSE junto a otros actores están jugando un rol arbitrario, imparcial y subjetivo permitiendo que lleguen a la papeleta únicamente ciertas opciones políticas y en cambio bloqueando la inscripción de otros candidatos”.

En el caso de la candidatura del MLP se añade un agravante, la representatividad de las comunidades indígenas. Esta organización política de izquierdas y proveniente de los movimientos sociales y campesinos, está encabezada por Thelma Cabrera, líder indígena de origen maya mam.

Las autoridades electorales, en cambio, sí que han aceptado la inscripción de candidatos juzgados por diversos delitos, que van desde lavado de dinero hasta homicidio

En las elecciones de 2019 obtuvo el cuarto lugar, “pero el hecho que en esta ocasión no haya sido inscrita nos da una alarma importante de que espacio se le está dando a la representación de pueblos indígenas en el sistema político guatemalteco”, afirma Villatoro. El voto indígena en Guatemala representa el 42% de la población total, y por primera vez en la historia una candidata había logrado aglutinar las demandas de estas comunidades.

Las autoridades electorales, en cambio, sí que han aceptado la inscripción de candidatos juzgados por diversos delitos, que van desde lavado de dinero hasta homicidio. Uno de los casos más controvertidos es el de la candidata Zury Ríos, hija del dictador acusado de genocidio Efraín Ríos Montt, quien, pese a las prohibiciones constitucionales, ha sido aceptada en la carrera electoral.

Un estado capturado por la corrupción

La contienda electoral tendrá lugar en un contexto que el politólogo y antropólogo Ricardo Saenz de Tejada define como una ofensiva autoritaria. Una regresión democrática en la que el gobierno tiene el pleno control del estado, del sistema de justicia y los órganos de control; “conceptos como asilo político o exilio, que no se escuchaban en Guatemala desde hace cuarenta años, son cada día más frecuentes”. En los últimos años, más de 30 abogados, fiscales, jueces y periodistas que denunciaron la corrupción en el país centroamericano han tenido que exiliarse señalando una persecución política en su contra.

Una “democracia de fachada” o una “dictadura en la que se realizan elecciones”, según la opinión de Saenz de Tejada. Para el analista político, en Guatemala existe una coalición de redes económicas y políticas ilícitas que incluye a funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que han colonizado el sistema de partidos en favor de su propio interés.

En Guatemala existe una coalición de redes económicas y políticas ilícitas que incluye a funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que han colonizado el sistema de partidos

Una muestra de ello es el juicio que se esta semana se está llevando a cabo contra José Rubén Zamora, periodista y director del medio El Periódico. Zamora, quien lleva 10 meses encarcelado bajo acusaciones de obstaculización a la acción penal, era conocido por denunciar múltiples casos de corrupción de los distintos gobiernos del país.

Fue capturado en su casa el pasado julio, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción contra el presidente Giammatei y su círculo íntimo. Ahora la fiscalía pide 40 años de cárcel contra él y el medio que dirigía ha cerrado tras denunciar persecución, presiones políticas y económicas.

Ante estos hechos, la percepción de fraude o de “fraude sistémico” se agudiza entre la población. Carolina Villatoro defiende que “se trata de una estrategia diferente a la de épocas anteriores, más sofisticada y legalista”. Es decir, se trata de una contienda prediseñada para que solo determinados candidatos compitan y que una sola opción, la consensuada entre los grupos de poder, llegue a la presidencia.

Tras la salida de Carlos Pineda, las últimas encuestas colocan a Sandra Torres y Edmond Mulet como los candidatos con la mayor intención de voto, seguidos muy de cerca por Zury Ríos. “En varios sentidos, estos son candidatos de continuidad y es muy difícil que cualquiera de ellos vaya a impulsar cambios significativos en el sistema político guatemalteco”, asegura Carolina Villatoro. Mientras tanto, la mayoría de analistas coinciden en sostener que en estas elecciones el país se juega la consolidación definitiva de una autocracia.