Por Guillermo Bello Vicentini

El mercado inmobiliario, en las pocas zonas que lograron sobrevivir a treinta años de empobrecimiento socialista, conocidas como “burbujas”, experimentará una demanda inusual con incrementos de precios extraordinarios. El 2 de enero escribí *Amanecer Inmobiliario* – casualidad – pero, con una visión optimista, afirmé que, ante un previsible retorno a la democracia y con un gobierno que garantice seguridad jurídica, la reacción sería inmediata: “resurgimiento en la construcción de nuevas unidades, actualización de precios de las viviendas y reactivación general del sector inmobiliario.”

Esas pequeñas “burbujas” con dueños muy apegados a sus casas, a su entorno y felices de haber resistido la caída de precios, no saldrán al mercado; al contrario, invertirán en mejorarlas. Esta nueva y notable demanda se ve en el Municipio Chacao, ciertas zonas de Baruta y El Hatillo. Algo similar, aunque más lento, ocurre en Puerto La Cruz, los canales y algunas áreas o urbanizaciones en Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Maracay, que muestran una actividad en alza. Margarita sigue su propio ritmo, pero ya vivió su primer buen repunte.

Con la llegada del renovado y activo vecino de Colinas de Valle Arriba, se enciende un punto de atracción que impulsa las decisiones de inversión y negocios en Caracas. Países que nunca habían invertido en Venezuela ahora muestran interés, grandes transnacionales regresan, y con ellas un flujo de empresas y familias venezolanas exiliadas o autoexiliadas por las difíciles condiciones de vida. Ese vecino no solo se mudó: sacudió al mercado.

Mucha información y análisis inmobiliarios siguen en el laberinto de las ideas y se presentarán en próximas entregas. Pero otros están a la vista y afectan el presente. Los repatriados regresan con capital fresco y urgencia de encontrar hogar. Los mantuanos del interior – esas familias de Barquisimeto, Acarigua o Calabozo que un día se mudaron a Caracas y ni de vaina vuelven – compiten con la billetera abierta. Los amos del valle, de raíces profundas, defienden su territorio. Y los extranjeros, recién llegados, descubren que en las burbujas hay valor por aprovechar. Cuatro fuerzas, un inventario limitado y precios al alza. Cambio de zonificación: de refugio a campo de batalla… PUGNA POR VIVIENDAS EN LAS BURBUJAS.

Por Guillermo Bello Vicentini

El paso más importante de la nueva administración del país en materia de políticas públicas de viviendas debe ser el retorno a un sistema de propiedad y financiamiento sano, correcto y de crecimiento acorde con la nueva y próxima riqueza del país. La propiedad es un derecho ciudadano enunciado en nuestra Constitución actual, en la anterior, y en el concepto de vivienda de la ONU.

Un círculo financiero sano, correcto y creciente se cumple cuando existe propiedad del terreno, financiamiento de la construcción con sus intereses, y venta a un tercero con sus respectivas cuotas mensuales que formalizan el retorno del capital invertido —por lo general a través de un ente financiero que facilita el apalancamiento de fondos para nuevos desarrollos inmobiliarios—. Estas viviendas, con apoyo del gobierno, son operadas y promovidas por el sector privado, que se ocupa de seleccionar los desarrollos con mayor probabilidad de éxito, administrar los fondos y gestionar la venta y retroalimentación de recursos hacia el sistema financiero.

Este modelo genera puestos de empleo formales, formaliza la legalidad de la tierra, fomenta el ahorro familiar; los desarrolladores pagan permisos de construcción de urbanismo y viviendas, pagan derechos de incorporación, y luego el propietario paga agua, cloacas, electricidad, aseo, condominio e impuesto inmobiliario. Las viviendas suben de valor, crean patrimonio familiar, incentivan el mantenimiento y las ampliaciones, y ofrecen libertad a sus dueños para vender, alquilar, permutar, hipotecar o heredar sin requerir dinero del Estado. Son «viviendas vivas», financieramente hablando.

Socialmente, las «viviendas vivas» tienen un propietario que se obliga a respetar las leyes, decretos y normativas del país. Son terrenos legales, proyectos legalmente permisados, con documentos de parcelamiento, condominio y propiedad. Sus habitantes tienen múltiples razones para pagar condominio y contribuir con el bienestar de la comunidad, mejorar la calidad de vida urbana y ser autosuficientes. Crean arraigo, sentido de pertenencia y un nexo humano-vivienda que forma el hogar.

Las viviendas de interés social contribuyen a generar desarrollo y progreso, luchan contra la marginalidad urbana brindando servicios ciudadanos, mejoran el paisaje urbano, resguardan y dignifican a sus propietarios. Son viviendas formadoras de la Escalera Social y Económica de la nación.

El nuevo gobierno entrante debe promover una ley de emergencia nacional que permita generar el título de propiedad a las viviendas asignadas —»viviendas muertas»— y activar los mecanismos financieros requeridos para incentivar nuevos desarrollos inmobiliarios que cumplan con el correcto ciclo financiero y social, activando todo lo necesario para EL RETORNO A «VIVIENDAS VIVAS».

Por Guillermo Bello Vicentini

Venezuela enfrenta un inmenso crecimiento urbano no planificado, la falta de proyectos de servicios a nivel nacional y la ausencia de construcción de nuevos urbanismos de interés social ha resultado en el desarrollo de periferias en las grandes ciudades, conocidos como cinturones de marginalidad. Es crucial planificar proyectos de viviendas acordes con la realidad del país, analizando tres premisas fundamentales: Demanda, Presupuesto, Tiempo.

Demanda: Déficit actual + crecimiento vegetativo.
Presupuesto: Limitado por los ingresos.
Tiempo: Periodo presidencial + necesidad a corto plazo de los excluidos.

Uno de los planes inmediatos es la posibilidad de «parcelas con servicios»  entregadas en propiedad bajo las primicias antes mencionadas.

Demanda: Esta condición es ilimitada, tiene complicaciones estadísticas debido a la cantidad de familias que viven hacinadas en viviendas y ranchos. La atención a este grupo de personas es posible a corto plazo y a nivel nacional con la colaboración del sector privado.

Presupuesto: Esta condición está limitada por la imposibilidad del gobierno de aportar dinero; siempre será insuficiente. De manera que, matemáticamente hablando, una respuesta rápida son los desarrollos de urbanismos masivos, logrando un equilibrio entre rapidez, dinero y número de familias beneficiadas.

Tiempo; Esta condición está limitada por el período constitucional. Todo político en democracia tiene definido el día de su salida. La gestión de los políticos de poca visión regala láminas de zinc, bloques, puertas, etc. … pero el verdadero estadista planifica su país a 15-20 años y se proyecta a sí mismo en el tiempo con urbanismos que trasciendan dejando huella visionaria.

El concepto que sustenta un plan masivo de «parcelas con servicios» es que el gobierno proporciona aquello que el jefe de familia no puede aportar por sí mismo a una vivienda (acceso, vías, agua, electricidad, alcantarillas, parques, áreas deportivas, documento de propiedad, etc.), pero que, si puede con sus propios recursos económicos, familia y amigos, la construcción de la vivienda propiamente dicha. Tal como se ha demostrado todas las barriadas existentes, donde dicha construcción genera un arraigo a la zona, con su vivienda, medio ambiente y protección a la propiedad privada

La exclusión social es la falta de participación en la infraestructura de servicios del estado y de los recursos de cultura y educación, las cuales el ciudadano común no puede superar por sí mismo. Son más de 20 tipos de marginalidades que padecen a diario estas familias y los gobiernos están sujetos a proyectar un PLAN DE VIVIENDAS: DEMANDA – PRESUPUESTO – TIEMPO.

Por Guillermo Bello Vicentini

Existen miles de viviendas bajo el sometimiento del regimen que no son de su propiedad pero las usurpan, controlan, asignan, alquilan y/o inclusive las venden. Son viviendas que se encuentran en una especie de «limbo de propiedad», difíciles de ubicar e identificar por el desorden y anarquía administrativa, legal, oscura y tenebrosa que las rodea; las vamos a analizar en en dos grandes grupos.

El primero son las viviendas provenientes del sector privado bajo el control/custodia de tribunales mercantiles y penales por demandadas entre privados o instituciones del estado, pleitos sucesorales, querellas entre socios, divorcios, viviendas de bancos intervenidos y/o cerrados, viviendas de políticos exilados, ciudadanos con orden de captura, invasiones, tomas por grupos anárquicos, proyectos fallidos, expoliaciones, expropiaciones a promotores, confiscaciones, tomas forzosas, desertores militares y/o «traicioneros políticos».

Un segundo grupo de viviendas que el regimen maneja a su antojo y conveniencia política y tiene tres subdivisiones; La primera es de naturaleza esclavizante ejecutada por Misión vivienda (Las viviendas muertas*) con miles de inmuebles asignados. La segunda es de naturaleza empobrecedora a familias de clase media que son expoliadas mensualmente por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento con mas de 250.000 unidades. El tercer grupo son todas aquellas viviendas de ministerios, gobernaciones, alcaldías, institutos autónomos, etc. que por naturaleza son controladoras de la conducta de los funcionarios.

Es imperativo que las viviendas asignadas pasen a propiedad privada, las arrendadas sean liberadas y las en custodia de tribunales y las de entes gubernamentales sean vendidas en oferta publica. La practica diaria de utilizar la vivienda como herramienta de control ciudadano, empobrecimiento, chantaje y corrupción se deben suprimir; es difícil con las leyes, decretos y regulaciones actuales y por lo tanto hay que promover procedimientos de simplificación con la ayuda de una Justicia Transicional que permita ordenar el caos y dar LIBERTAD A VIVIENDAS BAJO LA OPRESION DEL REGIMEN.

(*) Las Viviendas muertas  14 de Junio del 2024