El 7 de junio ocurrió el atentado contra Miguel Uribe Turbay. El senador falleció dos meses después, el 11 de agosto. El magnicidio de un precandidato presidencial puso a la sociedad frente a sus peores fantasmas, evocando temores y la aprehensión de volver a la época del terrorismo sin control. Se le llamaba “Estado fallido”. El homicidio de un candidato era noticia frecuente; el secuestro de un ciudadano, un hecho casi rutinario.

Tal vez el Estado colombiano no sea fallido hoy, pero la paz prometida en el acuerdo de 2016 no se ha cumplido, ni total ni parcialmente. La justicia transicional no está pensada para reinsertar narcotraficantes a la vida política, así proclamen ser “guerrilleros revolucionarios”. En consecuencia, el país es más inseguro desde entonces. El asesinato de un senador, que podría haber llegado a presidente, revela la magnitud de dicha inseguridad. El propio presidente Petro reconoció que el esquema de protección de Uribe Turbay había “disminuido extrañamente” el día del atentado, y que solicitaría por ello una investigación al Consejo de Seguridad.

Dicha situación había sido advertida por la familia. Ya en 2023 la Unidad Nacional de Protección calificó al senador con “riesgo extraordinario”, pero en 2024 no tuvo en cuenta que era candidato a la presidencia y, por lo tanto, se le debía reforzar aún más sus condiciones de seguridad. La familia argumenta una omisión, dado que también había solicitado incrementar la seguridad del senador en reiteradas oportunidades.

La desprotección de un senador atenta contra la integridad de todo un poder del Estado: el Legislativo. Obviamente, existe una cadena de responsabilidades específicas, burocráticas si se quiere, acerca de la “disminución extraña” de dicha protección, pero la responsabilidad política de última instancia siempre recae en el gobierno, sobre todo en el presidencialismo, en el cual, el jefe de Gobierno es también el jefe de Estado. El presidente habla como si estuviera en la oposición o, peor aún, fuera de las instituciones del Estado. De eso trata el “divorcio”.

En julio, apenas semanas después del atentado contra el senador Uribe Turbay, Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para crear una “Zona Económica Especial Binacional” en la frontera entre el departamento de Norte de Santander, en Colombia, y los estados venezolanos de Táchira y Zulia. Maduro declaró que aspira a que se amplíe. Ello comprendería toda la frontera, por demás porosa y con baja presencia estatal, propicia para el accionar del crimen organizado y los flujos financieros ilícitos, lo cual fortalecería a las economías criminales.

Asimismo, el departamento de Norte de Santander incluye el Catatumbo, un territorio con la segunda mayor concentración de cultivos de coca del país y donde la guerrilla del ELN opera a voluntad. Una región rica en petróleo, carbón y uranio, su ubicación estratégica la convierte en un hub de las rutas de cocaína. A mediados de enero de 2025 estalló un conflicto entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN por el control de las mismas. En esos combates murieron más de 56 personas y fueron desplazadas más de 54.000.

Ambos grupos cuentan, a su vez, con la protección del régimen de Maduro. Son subcontratistas del Cartel de los Soles, según documentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en marzo de 2020 y el Departamento de Estado en julio de 2025. Dentro de Venezuela compiten por el control de las rutas de la cocaína y por el acceso a valiosos recursos en el Arco Minero del Orinoco.

En este contexto, la opacidad y el déficit de legitimidad de dicho acuerdo binacional, la consolidación de un sistema criminal en la frontera, con soberanías parciales controladas por bandas transnacionales y con el beneplácito del régimen de Maduro, representan una erosión de la soberanía estatal colombiana. Ello también pone en riesgo la certificación, pues implica un importante foco de contagio autoritario y desestabilización para Colombia y el resto de la región. Representa un daño colateral, lo que debilita la alianza estratégica con Estados Unidos justo cuando Washington aumenta la presión sobre la dictadura venezolana.

El 21 de agosto pasado, un atentado con explosivos contra una base militar en Cali y el derribo con drones de un helicóptero de la policía, en Antioquia, dejaron al menos 19 personas muertas y varias decenas de heridos. Las autoridades atribuyeron ambos hechos a dos fracciones disidentes de las FARC: el “Estado Mayor Central” y el “Estado Mayor de Bloques y Frentes”, respectivamente.

Antes formaban parte de una misma estructura, pero dichos grupos se dividieron en 2024. Desde entonces, el gobierno está enfrentado con el EMC. Tras conocerse los ataques, Petro pidió que las disidencias de Iván Mordisco —es decir, el EMC— fueran consideradas “terroristas y perseguidas en cualquier lugar del planeta”. Es así desde el fracaso de las negociaciones en marzo de 2024.

Sin embargo, dicho tratamiento contrasta con el del EMBF, con cuyo liderazgo, alias Calarcá, el gobierno se reunió el viernes 22 en el municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá. La reunión estaba agendada desde antes, “para negociar la paz”. Realizarla, no obstante, el ataque, y al día siguiente del mismo, revela inconsistencias para con los diferentes grupos terroristas. Asimismo, constituye un agravio para los policías asesinados, sus familias y toda la comunidad antioqueña.

Estos tres episodios arrojan luz sobre el gobierno de Gustavo Petro y su divorcio del Estado. Todo Estado tiene por objetivo la creación y reproducción de un orden. Esto depende de su capacidad de monopolizar el uso de la violencia legítima, para controlar el territorio; de su eficacia en definir y hacer cumplir derechos de propiedad, a efectos de reducir el riesgo del inversor, y de ahí su facultad de recaudar impuestos, para poder financiar al Estado mismo. Si el ciclo se retroalimenta, se hace virtuoso.

Se llama soberanía. Todos los Estados están obligados a cumplir las funciones enumeradas; las diferencias entre ellos radican en los grados de efectividad con que lo logran y en los mecanismos e instrumentos que usan a tal efecto. Eventualmente, ello incluirá el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la protección de la ciudadanía, ya sea ante amenazas externas o internas.

Estado y gobierno son mutuamente necesarios y dependientes. No son sinónimos, pero no se concibe al uno sin el otro. Cuando el Estado actúa, lo hace por cuenta del gobierno. Cuando el gobierno habla, es la voz del Estado. Un gobierno es fuerte en tanto sepa administrar con eficacia las instituciones del Estado. El problema es que, tanto en acciones concretas como en gestos, el gobierno de Petro ha desprotegido al Estado, debilitando con ello a su propio gobierno.

Tómese la decisión de exonerar 52 generales en el sexto día de su gobierno, los 30.000 uniformados que abandonaron el servicio, 27.000 de ellos de manera voluntaria, y la merma presupuestaria. Esto fue erosionando la moral y reduciendo la capacidad operativa de la fuerza pública, con la consiguiente reducción de la seguridad en los territorios. Los ataques terroristas recientes en Cali y Antioquia lo ejemplifican.

Pues la seguridad es un bien público y es socialmente redistributiva. A diferencia de los grupos de altos ingresos, que la compran en el mercado, los sectores de menores ingresos no pueden acceder a la seguridad privada. Así es como los más humildes son las principales víctimas de la criminalidad. No tener seguridad les impide ir a trabajar, a estudiar, a cuidar a un familiar enfermo. Un presidente, que además se considera progresista, no puede descuidar esa obligación del Estado.

Pero en Petro, lo gestual también debilita al Estado. Sus frecuentes referencias a “libertad o muerte” y “guerra a muerte” son incomprensibles. En realidad, evocan menos a Bolívar que a los métodos políticos violentos, su pasado antisistema y a aquel Estado fallido.

¿Además, contra quién sería esa guerra a muerte hoy? El jefe de Estado es él mismo.

Por Héctor Schamis

Las deportaciones de inmigrantes indocumentados no podían ser sorpresa, estaba claro desde la campaña que serían una prioridad de la presidencia de Trump. Lo que si resultó sorpresivo fue que se aplicara la Ley de Enemigos Extranjeros para ejecutarlas. Promulgada en 1789, dicha ley autoriza al presidente a detener y deportar ciudadanos de países con los que Estados Unidos está en guerra. Sólo se ha invocado tres veces, la más reciente para detener a ciudadanos alemanes, italianos y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

Con lo cual la presencia del Tren de Aragua en el país—organización criminal designada como terrorista—resultó conveniente para usar dicho instrumento. Es que toda deportación requiere una orden judicial de expulsión y de esta manera el Ejecutivo la elude. La contradicción es que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, país de origen de los 238 migrantes deportados.

La Administración argumenta que el TdA es indistinguible del Estado venezolano, por lo que la presencia de los pandilleros constituye una invasión de un país extranjero. El argumento es inconsistente, si se tratara de una invasión—una impensable idea, por lo demás—la respuesta de Estados Unidos no sería meramente la deportación de venezolanos; ello más allá del hecho que en la práctica el TdA sea un agente del régimen. Quedaron preguntas sin respuesta, entonces, precipitadas por la celeridad de la orden y su ejecución, su justificación y su lógica.

Una de ellas fue si el Departamento de Justicia contaba con evidencia firme que los 238 deportados fueran todos criminales del TdA, lo cual era posible pero improbable. Otra acerca de la razón por la cual su destino sería El Salvador, siendo que la deportación de migrantes indocumentados se efectúa a sus países de origen. Y, finalmente, la propia legalidad del procedimiento; es decir, si las deportaciones se ajustaron a la norma y observando el debido proceso.

Todo ello motivó la intervención de un juez de distrito de Washington DC, quien ordenó la detención y/o el regreso de los aviones que estuvieran transportando a dichas personas, así como los nombres de las mismas. Lo hizo primero verbalmente y luego por escrito. La orden no se cumplió, no fue recibida o fue ignorada deliberadamente; la diferencia no es trivial. La Casa Blanca tuvo palabras beligerantes. El zar fronterizo dijo que no importaba lo que piensen los jueces. El subjefe de gabinete aseguró que el caso podría terminar en la Corte Suprema, y ganarían. Trump fue más allá: “el juez que bloqueó las deportaciones merece un juicio político (impeachment)”.

Las palabras del presidente, a su vez, motivaron la intervención del juez John Roberts, presidente de la Corte Suprema: “el juicio político no es la respuesta apropiada por un desacuerdo con respecto a una decisión judicial, un poder judicial independiente es algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos,» expresó a manera de sentencia. Tómese este intercambio como las primeras fricciones de un conflicto de poderes que podría crecer, dada la propensión de Trump al hiperpresidencialismo.

Pues el proceso no fue transparente. La suerte de esas 238 personas se conoció una vez llegadas a San Salvador y gracias a Nayib Bukele; es decir, gracias al acostumbrado exhibicionismo del presidente salvadoreño y sus producciones cinematográficas en las que muestra al mundo la humillación y vulneración de derechos a las que somete a quienes aloja en su megacárcel, ya sean estos pandilleros salvadoreños o migrantes venezolanos. O simplemente jóvenes con la piel tatuada.

Si el destino de los deportados se conoció por Bukele, sus nombres se hicieron públicos a través de filtraciones periodísticas. Quedó claro con ello que no todos los deportados son criminales del TdA. Ambos hechos también subrayan la opacidad de las actuaciones oficiales, enfatizando aún más la importancia del objetivo inicial del juez: determinar si las deportaciones se ajustaron a la norma jurídica y observaron el debido proceso. No lo parece.

Edmundo González y María Corina Machado se pronunciaron al respecto. Pidieron evitar la “injusta criminalización” de los migrantes, exhortando a las autoridades a “extremar las precauciones al administrar justicia”, distinguiendo entre criminales empleados por el régimen para delinquir en el extranjero y la gran mayoría de migrantes, “ciudadanos de bien que huyeron y no pueden regresar al país mientras Maduro no sea desalojado del poder”.

Evitaron comentar sobre temas tales como el marco legal utilizado para justificar las deportaciones y las consiguientes tensiones entre poderes. No correspondería, sería interferir en asuntos internos de Estados Unidos, y no sería prudente ni inteligente, son el gobierno de Venezuela en espera y necesitan el apoyo de la Casa Blanca y el Congreso.

Curiosamente, los jerarcas del régimen sí se constituyeron súbitamente en campeones del debido proceso y los derechos humanos. Jorge Rodríguez, calificó de “vulgar secuestro” el traslado de los migrantes desde Estados Unidos a El Salvador y denunció que esta operación se llevó a cabo sin garantizar sus derechos humanos ni el debido proceso. Diosdado Cabello acusó a González y Machado de “firmar un comunicado INFAME en el que avalan las medidas inhumanas contra nuestros compatriotas migrantes, apoyando deportaciones y criminalizando a los venezolanos en el exterior”.

Maduro se dirigió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU para que se activen los mecanismos para proteger a los venezolanos. Justificó esta decisión en que los migrantes venezolanos están siendo “secuestrados” por la Administración de Donald Trump, siendo víctimas de una “violación flagrante de sus derechos”.

Los pronunciamientos de los funcionarios del régimen son del 17 de marzo. Curiosamente, el informe presentado el 18 de marzo por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca que “el Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades». “Este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad”, declaró la presidenta de la Misión.

Dijo “crímenes de lesa humanidad”, a propósito de derechos humanos y debido proceso.

Por Héctor Schamis

De la euforia a la decepción en un puñado de horas. Del derroche de optimismo, por momentos el puro anhelo, a la aflicción desconsolada en un viaje sin escalas. Es comprensible, sí, salvo por el hecho que, en el proceso, varios aprovechan para practicar su deporte predilecto: el canibalismo. Como Saturno, Cronos, que se devoraba a sus propios hijos. En este caso, a los mejores.

Hablo del 9 y 10 de enero en Venezuela; la frustrada juramentación de quien fue abrumadoramente elegido y la nueva usurpación del dictador, derrotado en julio por 7.4 millones contra 3.3 millones de votos, 67% a 30%.

A pesar de ello, o quizás precisamente por ello, la democratización de Venezuela posee hoy más recursos, ha acumulado capacidad de acción colectiva, solidaridad y participación. Eso es mucho más de lo que se podía imaginar dos años atrás.

Esa democratización está más cerca que en 2016, cuando construir instituciones democráticas consistía en descolgar cuadros de Chávez. Más cerca que el 30 de abril de 2019, cuando la liberación de Venezuela ocurriría por la quimera de un golpe militar, idea que además distanció a la Administración Trump. Y más cerca que en mayo de 2020, cuando aquella invasión militar que rescataría al país, operación Gedeón, no fue más que la aventura de una empresa de seguridad privada.

Y más cerca que en cada una de las traiciones de una oposición supuestamente opositora, pero en realidad colaboracionista y normalizadora, si no encubridora, de la dictadura. Son los que pasaron años abogando por el levantamiento de sanciones con el argumento que “Venezuela es una sociedad dividida”. Pues Biden los escuchó, Chevron y Repsol exportan cada vez más. Y tenían razón sobre la división de la sociedad, sólo que es 70-30 en contra de Maduro.

Es que, en estos dos años, el liderazgo de María Corina Machado rechazó soluciones desde arriba para construir desde la base en todo el territorio. Así, su partido, Vente Venezuela, se transformó en un movimiento social para organizar las elecciones primarias, desplegar la campaña, superar las inhabilitaciones, resistir la represión, forjar consenso en la verdadera oposición, promover la participación, fiscalizar la elección con voluntarios y, finalmente, monitorear el cómputo de los votos y demostrar, con el 85% de las actas, quién ganó y por cuánto.

Todo lo anterior desde una cuasi clandestinidad, ocultándose de la represión del régimen. Por ello es que los normalizadores ahora jibarizan este movimiento social y sus logros con criticas baratas y descalificaciones inaceptables. Que Edmundo González no era un buen candidato, siendo que fue más que digno y que no había otro posible. Qué María Corina equivocó la estrategia, ya que el regreso y la juramentación del presidente electo no eran posibles. Eso mismo decían Maduro, Cabello y los Rodríguez, curiosamente.

Con el diario del lunes es simple, el problema es que en política hay que decidir antes, definir la estrategia con información incompleta y, particularmente en Venezuela, en condiciones inconcebiblemente adversas. Se trató de una elección en un Estado bajo la ocupación de un conglomerado de organizaciones criminales, el “gobierno” de Nicolás Maduro. Por ello también, lo logrado en términos de acumulación de capital social y capital democrático es sencillamente extraordinario.

Por lo dicho, Venezuela votó; la victoria fue abrumadora; el establishment de políticos colaboracionistas pasó a pertenecer al museo de la historia; la fiscalización de la ciudadanía no tuvo precedentes; la auditoría técnica fue colosal y las actas recorrieron el mundo. En estos 25 años el chavismo ganó elecciones, pero también las robó. Es sólo que no había manera de demostrarlo, hasta ahora. Maduro perdió en todas las comunas de Caracas, incluida Petare, la más humilde. Además de derrota, fue humillación para el régimen.

Todo lo anterior forma parte de ese capital acumulado. El “hasta el final” no era “hasta el 10 de enero”, sino hasta la construcción de una sociedad democrática, lo cual llevará más tiempo, y, desdichadamente, más sangre, sudor y lágrimas. La democratización de Venezuela apenas comienza.

Una anécdota. Hernán Siles Zuazo fue electo presidente de Bolivia en 1980, pero no pudo asumir debido a un golpe de Estado. Finalmente, el 10 de octubre de 1982, juró como presidente en una ceremonia en el Congreso Nacional, marcando el retorno de la democracia después de años de dictadura militar. María Corina y Edmundo tienen trabajo por delante: hacer contar los 7.4 millones de votos.

@hectorschamis

Por Héctor Schamis

Cada preso político de Maduro es una obscena injusticia, una sistemática y generalizada violación de derechos. Es un crimen continuado, sin interrupción desde hace años. Cada preso es un rehén, la metodología del abuso es la llamada “puerta giratoria”: por el mismo lugar dónde salen algunos entran otros tantos.

No se trata de concesiones sino de mercancía de cambio. Así es como el régimen negocia el levantamiento de sanciones; allí está el origen de las grandes utilidades de las empresas petroleras. La dictadura venezolana no es diferente a una banda de secuestradores, el encarcelamiento es una industria próspera. Es un negocio siempre en expansión: hoy son 1,905 los presos políticos, una cantidad en aumento desde las protestas contra el fraude electoral del pasado 28 de julio.

El Foro Penal informa que la edad de la vasta mayoría de los detenidos desde entonces oscila entre los 14 y los 25 años. Que todavía permanecen en prisión muchos adolescentes de 18 y 19 años, técnicamente adultos. Y que, sin embargo, 67 detenidos tienen entre 14 y 17 años, menores de edad, habiendo sido excarcelados otros 86 menores un mes atrás. Es decir, un total de 153 menores fueron encarcelados por protestar en la calle en este periodo. O sea, 153 niños.

Se les imputa terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad; habiendo sido torturados con el objetivo que se declaren culpables. Sus padres no han podido acceder a los expedientes judiciales, ni han tenido contacto irrestricto con ellos.

Muchos ya enfrentan juicio sin poder escoger abogado para su defensa, un derecho constitucional garantizado. Tampoco se les ha permitido llevarles alimentos, siendo que muchos de ellos exhiben desnutrición y registran enfermedades estomacales. Todo preso político es una obscena injusticia del régimen, pero algunas son más obscenas que otras. Sobre todo si se trata de menores.

Así lo admite el capitán Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, Justicia y Paz, nada menos. “Si ahora capturas a 300 y los liberas de inmediato se impone la impunidad y entonces en la próxima ocasión son 600?, dijo en la noche del miércoles por TV. Y vaya si el capo del Cartel de los Soles, cuya recompensa por su captura asciende a 10 millones de dólares, conoce el significado del término “impunidad”.

Las denunciadas contra la dictadura venezolana acumuladas en el tiempo han documentado sobradamente la comisión de crímenes de lesa humanidad. A saber: asesinatos y ejecuciones extrajudiciales; traslado forzoso de personas, causante de la peor crisis migratoria en la historia del continente americano; detenciones arbitrarias; desaparición forzada de personas; tormentos, violaciones y torturas de carácter sexual; encarcelamientos por razones políticas; el uso de la desaparición forzada como táctica represiva y la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.

A dichas violaciones del Estatuto de Roma, debe agregarse también el incumplimiento de otros estatutos y convenciones internacionales. En este caso de la Convención sobre los Derechos del Niño que especifica los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes, que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, suscripto por Venezuela el 26 de enero de 1990 y ratificado el 29 de agosto de ese mismo año.

Pero esta es una dictadura paria, además de criminal. Es un régimen premeditadamente transgresor del derecho internacional. Con lo cual determinar los hechos, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables y reparar a las víctimas; es decir, acabar con la impunidad y hacer justicia sólo podrá emanar de instancias internacionales.

@hectorschamis

La información acerca de mercenarios rusos en Venezuela, involucrados en la represión de las protestas, circulaba desde el 1ro. de agosto en blogs y medios especializados en defensa e inteligencia. Fue en el día 3 cuando un post en X le dio otra entidad a la noticia. Era de la cuenta de @ZelenskyyUa, Volodymyr Zelenskyy.

“Las informaciones sobre la presencia de mercenarios rusos de Wagner en Venezuela junto a las fuerzas gubernamentales son preocupantes. Dondequiera que vayan estos matones, traen muerte e inestabilidad. Este es un claro ejemplo de la descarada intromisión de Rusia en los asuntos de otros países, así como de su acostumbrada estrategia de sembrar el caos en todo el mundo”. Son las palabras del presidente de Ucrania.

El post colocó el fraude electoral y la consiguiente represión bajo otra óptica. Wagner en Venezuela expresa acabadamente el carácter criminal del régimen de Maduro y confirma su dimensión extra-regional. A su vez, el pronunciamiento de Zelenskyy señala que la guerra de Ucrania, sistémica y civilizatoria, se libra en múltiples frentes.

Es sistémica porque afecta el funcionamiento de Europa como un sistema político, económico, jurídico y de seguridad; por ende, con efectos planetarios. Tan sistémica es que en la Cumbre de la OTAN de junio de 2022 en Madrid se adoptó un “nuevo concepto estratégico” que identifica a Rusia como la amenaza más importante. Allí se especificó el compromiso de fortalecer la alianza, aumentando el gasto en defensa hasta el 2% del producto y aprobando el ingreso de Finlandia y Suecia.

Esta guerra es existencial para Ucrania y también para Occidente, entendido como una construcción cimentada en el derecho internacional, garante de los derechos humanos. Ello consagra normas tales como la inviolabilidad de las fronteras internacionales; o sea, la caducidad de la ley del más fuerte en las relaciones entre Estados. Que un miembro permanente del Consejo de Seguridad vulnere disposiciones fundamentales de la propia Carta de las Naciones Unidas subraya la dimensión civilizatoria del conflicto.

Las lógicas expansionistas de Rusia, siempre desestabilizadoras, son múltiples. El rango de acciones no-bélicas incluye tácticas híbridas, ataques cibernéticos, y acciones de desinformación e interferencia en procesos políticos, involucrándose en elecciones, como ocurrió en Francia en 2017, o apoyando movimientos secesionistas, como el Procés catalán, entre otros.

El menú de operaciones militares también es extenso. En agosto de 2008 fuerzas rusas ingresaron en Georgia para apoyar la secesión de Osetia del Sur y Abjasia. En febrero de 2014 Rusia invadió y anexó Crimea, y en abril de ese año ocupó el oriente ucraniano, “la guerra del Donbas”. En septiembre de 2015 se involucró en la guerra civil en Siria. A partir de esa fecha comenzó a surgir evidencia firme de operaciones desestabilizadoras del grupo Wagner en Libia, República Centroafricana y Mali. Y, desde luego, sus mercenarios combaten en Ucrania desde el inicio de la guerra.

En las Américas, Rusia nunca abandonó la estrategia de la Guerra Fría, desplazando conflictos al continente americano en forma de enfrentamientos de menor intensidad. Una agresión indirecta a Estados Unidos que nunca alcanzó a afectar su seguridad nacional, pero sí a desestabilizar al resto del hemisferio.

En diciembre de 2021, en vísperas de la invasión de Ucrania, Putin amenazaba con desplegar efectivos militares a Cuba y Venezuela y así forzar a Estados Unidos a aceptar las cien mil tropas rusas estacionadas en la frontera. Una amenaza redundante: en Cuba hay militares rusos desde los años de la Guerra Fría, justamente; en Venezuela desde 2018, con bases operativas en Valencia, estado Carabobo, y Manzanares, estado Miranda. A Nicaragua llegaron en junio de 2022.

La presencia de Wagner tampoco es nueva. En enero de 2019, durante las protestas por el fraude electoral de 2018, un contingente de 400 mercenarios llegó a Venezuela vía La Habana. Desde entonces son el primer círculo de seguridad de Maduro. También están involucrados en el entrenamiento de tropas y colectivos, y en la provisión de seguridad a los intereses rusos en infraestructura de petróleo y minería, e instalaciones militares.

Lo dicho, la guerra de Ucrania es sistémica y civilizatoria, como tal tiene lugar en varios frentes. En América Latina es de menor intensidad, lógicamente, pero no de menor importancia, pues la guerra de Putin y la dictadura de Maduro son dos caras de la misma moneda. La caída de Maduro sería una pésima noticia para Putin; la victoria de Ucrania, nefasta para Maduro.

@hectorschamis

Las primeras imágenes llegaron desde Coro, estado Falcón. Un manifestante encapuchado se trepa a la estatua de Chávez. Le desfigura el rostro a martillazos. Al cabo de varios minutos, el monumento cae del pedestal entre aplausos y vítores de la multitud.

En Mariara, Carabobo, derriban otra tirando de sogas atadas al cuello provocando el júbilo de la muchedumbre, para luego cortar su cabeza y arrastrarla en moto por las calles; una escena que se ha vuelto una insignia de esta lucha. Y así varias estatuas más, con videos y fotos de diversas localidades dando la vuelta al mundo, una verdadera iconoclasia.

Que el déspota ya no esté entre nosotros sino en el bronce, o cualquier otro material, no le resta significación al ritual en cuestión. Al contrario, su valor simbólico es mayor. Con ello se desmantela el mito, se escribe una historia alternativa. Por cierto, una historia liberadora, catarsis de tanto sufrimiento cuyo único final con justicia es la democracia.

Aunque el régimen logre perdurar hoy, su horizonte temporal está a la vista. Y si no obstante logra desafiar el calendario, será tan sólo prolongarse un rato más sobre la base de fraude y represión. Ya no tiene una historia para contar, eso que los expertos llaman “narrativa”. Esta rodó calle abajo junto con la cabeza de aquella estatua.

Es que las estatuas son artefactos políticos. En autocracia, su destrucción es mucho más que vandalismo. Es un vehículo de resistencia a la opresión, un canal de expresión de la ira colectiva, una narración que desafía el dogma oficial. Implica terminar de derrocar al déspota y su sistema de representación en el imaginario social, no importa que ese derrocamiento ya haya ocurrido en los hechos y esté en el registro de la historia.

Destruir esos monumentos procesa, si bien nunca resuelve, la humillación colectiva de la privación de derechos. Derribar estatuas demuele los mitos del totalitarismo, ello recompone la integridad de esa sociedad luego del trauma. Precisamente, en Kiev, Tallin o Praga, entre otros, la constitución de una identidad y una cultura democráticas incluyó abordar el legado histórico de los monumentos de la era soviética. Chávez está en buena compañía, su cabeza ha rodado como la de Lenin.

En muchas ciudades de Ucrania, inclusive, la destrucción de monumentos fue en su mayoría espontáneo. Por ejemplo, durante las protestas del Euromaidan en 2013, precipitadas por la decisión del gobierno de suspender un acuerdo de asociación con la Unión Europea. En Venezuela, la destrucción espontánea de estatuas es similar, una forma de post-chavismo autónomo de la sociedad civil, desde abajo.

En la Europa post-comunista, otras opciones han incluido relocalizar monumentos en museos al aire libre y parques a tal efecto; por ejemplo, el Grütas Park en Lituania, el Memento Park en Budapest y el cementerio de estatuas soviéticas en Tallin. Ello como testimonio de la historia porque el pasado no debe borrarse, sino reinterpretarse para darle sentido al futuro. Ya llegará ese momento en Venezuela, por ahora seguirán derribando estatuas de Chávez.

Mientras tanto continuarán las herejías, el rechazo a sus dogmas, creencias y leyendas, la rebelión contra el chavismo como autoridad establecida. Es que la elección fue un plebiscito sobre Maduro y su camarilla criminal. Han llevado al chavismo al pasado y probablemente lo dejen allí, fue un voto de reprobación, una rebelión cívica que cruzó clase social, región, educación y cualquier otra categoría de análisis electoral.

En otro episodio de la tradicional iconoclasia venezolana, los cerros han vuelto a bajar; sólo que ahora es contra el fraude. El país ha mutado, de la revolución socialista-bolivariana de Hugo Chávez a otra utopía, la cívico-democrática de María Corina Machado. Los cacerolazos resuenan más alto en los barrios más humildes, allí donde la pobreza está bien por encima del 80 por ciento. Que los colectivos chavistas estén a los tiros patrullando Petare, el barrio más chavista que jamás existió, resume esta historia.

Maduro habitualmente se define a sí mismo como “hijo de Chávez”, pues ha cometido un parricidio. No importa si paga sus otros crímenes con cárcel, la culpa que sentirá por este crimen, y que le recriminarán los otros hijos de Chávez, será su condena de por vida.

@hectorschamis

Faltan siete días para una elección como ninguna otra. Lo es para Venezuela, desde luego, así como para toda la región, teniendo en cuenta las relaciones orgánicas del régimen madurista con otras dictaduras y con el crimen organizado transnacional. De hecho, cómo concluya este proceso electoral tendrá un efecto directo sobre la viabilidad de las democracias hoy debilitadas en todo el hemisferio.

Ello además de las implicaciones para la propia integridad del Estado venezolano, fragmentado, sin control del territorio y exportador de crisis y de organizaciones criminales. Todo lo cual se agravaría exponencialmente si otra artimaña electoral volviera a burlarse de la voluntad popular. El éxodo es de 8 millones de personas, 25% de la población. La pregunta es a cuánto llegaría ante otro fraude, la continuidad del régimen e, inevitablemente, más represión. Ese número es hoy impensable.

Se dice que la democracia es producto de la incertidumbre de un resultado electoral amparado en la certeza de las reglas; o sea, las instituciones. En Venezuela ha sido a la inversa por décadas. La diferencia es que ahora el chavismo está más débil que nunca, la sociedad movilizada y “arrecha” como pocas veces, y la oposición unida y cohesionada detrás del liderazgo de María Corina Machado y la candidatura de Edmundo González.

De ahí que en esta elección “como ninguna otra” sea útil pensar en tres escenarios. Primero, si las elecciones del próximo domingo 28 efectivamente tendrán lugar. Segundo, cómo se contarán los votos. Tercero, cuál será el esquema de gobierno que se forme a partir del lunes 29, asumiendo la realidad irrebatible: que el régimen es profundamente impopular. Todo lo anterior, por cierto, hace que esta sea una historia con final abierto.

Sobre el primer escenario, abundan rumores de una suspensión. La beligerancia con Guyana, los fantasiosos intentos de asesinato de Maduro, la fábula de una guerra civil y la amenaza de un baño de sangre—como si no hubiera ya ocurrido en este cuarto de siglo—exhiben la verdadera agenda de campaña de la dictadura. O sea, una hipotética—y claramente fabricada—crisis de seguridad nacional que impediría votar.

Maduro es como un jugador de póker no sólo propenso sino adicto al “bluff”. Los relatos fantasiosos le son de utilidad, el absurdo es tal que nadie se molesta en rebatirlos. Así se normaliza la paranoia oficial, se banaliza el sentido de la palabra—como en el uso de “guerra civil” y “baño de sangre”—y la persecución se hace rutina. El propio régimen sabe que en la normalidad Maduro no puede ganar; según diferentes encuestas su derrota se encuentra entre 20 y 35 puntos. De ahí su apego por las crisis.

Nótese la intensificación de la persecución a los activistas del partido Vente una vez iniciada oficialmente la campaña, el secuestro del jefe de seguridad y el sabotaje a los vehículos de María Corina Machado, entre otros métodos represivos. O las burdas clausuras de hoteles, bares y el ahora famoso puesto de empanadas “Pancho Grill”, todos por atender a la caravana de la campaña.

A pesar de la constante intimidación, la multitud los sigue acompañando con convicción y un contagioso apasionamiento. Suspender los comicios del 28, por tanto, le significaría a Maduro un aislamiento casi completo del mundo democrático, incluso entre aliados latinoamericanos que lo han apoyado. Sin ir más lejos, Lula y Petro también se han pronunciado acerca de la necesidad de llevar a cabo elecciones libres y justas, y que se respete la voluntad popular. Es decir, que no haya fraude.

Con lo cual importa el segundo escenario: el escrutinio de los votos. Hay una sola manera de contarlos bien: llegar al número preciso por medio de procedimientos objetivos y neutrales previamente establecidos y garantizados, mesa por mesa y en la transmisión de los datos. Pero hay muchas maneras de contarlos mal, piénsese en una especie de escala de fraudes posibles, práctica en la que el régimen exhibe sobrada experiencia.

El rango va de los 2 o 3 puntos que robaron en 2013 para asegurar la victoria de Maduro, hasta el millón de votos que agregaron groseramente en la elección constituyente de 2017 y que fue denunciado por la propia empresa a cargo del sistema de voto electrónico, Smartmatic. Un fraude obsceno hoy podría partir de los inexistentes 10 millones de votos declarados por Maduro en ocasión del referéndum del Esequibo. Una masiva participación ciudadana el día 28 es imprescindible para neutralizarlo.

En mi irracional optimismo, sin embargo, anhelo otro diciembre de 2015, cuando los dos tercios obtenidos por la MUD fueron reconocidos por el régimen, claro que bajo presión del propio ejército. ¿No existen hoy oficiales legalistas?

Voy al tercer escenario: el día después y el largo periodo de negociación y transición que inevitablemente se abrirá, más allá de la falta de claridad sobre el punto de llegada. Quien asuma el nuevo periodo presidencial luego de esta elección lo hará recién en enero de 2025, ello abre una larga etapa de extraordinaria incertidumbre.

Maduro adelantó las elecciones para estar “ratificado” cuando se vote en Estados Unidos e intenta un referéndum el 25 de agosto para reciclar la etérea noción de “poder comunal”, suerte de soviets que el mismo Chávez invocaba con frecuencia. Pensada como reemplazo del sistema de representación democrático, siempre fue una idea confinada al dominio de la retórica. También lo es para Maduro.

Es que Venezuela ya está en transición, pues no es posible hacer indefinidamente lo mismo. A propósito, resulta inconcebible Maduro juramentándose el próximo enero y hasta el año 2031. El bloque autoritario está resquebrajado y dividido, piénsese en todos los jerarcas del chavismo que fueron purgados, encarcelados y exiliados por Maduro. No es casual que los chavistas de alcurnia hablen de “madurismo” y hayan tomado distancia del régimen. Quitar una pieza de ese mecanismo obligará a cambiar muchas otras, suerte de dominó del cambio.

Es una historia con final abierto, hasta soy capaz de imaginar un régimen de cohabitación. María Corina lo dijo más de una vez: todos necesitan garantías para avanzar hacia la reconciliación del país. Si no todo, mucho parece ser negociable en esta transición plagada de incertidumbres. Como dijo Luis Almagro hace ya dos años, “en el sistema venezolano actual, todos quieren el todo y prefieren la nada antes que ceder y renunciar a la posibilidad de tener el todo”. Tal vez eso haya cambiado.

Lo que no parece ser materia de negociación alguna para la sociedad venezolana es la reunificación familiar. Rayma lo resumió con una de sus conmovedoras ilustraciones. “¿Por qué votar?”, ella pregunta a sus personajes. “Porque vuelva mi nieta, mi hija, mi mamá, los presos políticos…” le responden.

Han sido 25 años en el poder, ocho millones de exiliados, miles de asesinados, torturados y encarcelados, familias enteras partidas; no sería justo que esas cantidades aumenten. Exactamente eso ocurriría con otra espuria victoria de Maduro.

@hectorschamis

La cumbre de Mercosur en Asunción estaba pensada para abordar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, en particular la inflación y la declinación del suministro de granos. En la extensa planicie ruso-ucraniana está el suelo más fértil del planeta, el chernozem, y el principal puerto de exportación, Odessa, se halla bloqueado por la flota de Rusia.

Justamente, esa es la geografía de este conflicto cuyos efectos comienzan a actuar a escala planetaria. De ahí que estuviera programada la presencia virtual del presidente Zelensky para tratar una problemática por cierto que cercana al bloque. Ello fue planteado a iniciativa del país anfitrión.

El objetivo de Zelensky, por su parte, era presentar su posición sobre la guerra tal como lo hizo ante otros bloques internacionales. A comienzos de julio, se había comunicado con Alberto Fernández para agradecerle la ayuda humanitaria e hizo lo mismo con el presidente Abdo de Paraguay pocos días atrás. Hace unas semanas el presidente ucraniano había publicado en su cuenta de Twitter que seguía estableciendo “lazos con una región importante: América latina”.

Pero su participación finalmente no sucedió. Ocurre que los países miembros toman las decisiones por consenso y el mismo no fue alcanzado en este tema. Así lo informó la Cancillería de Paraguay, sin especificar las razones ni tampoco quiénes se opusieron a la participación del presidente ucraniano. Las posiciones individuales de los países deben mantenerse anónimas.

Un anonimato bastante difícil de mantener. Paraguay invitó a Zelensky, su presidente hablo con él. Lacalle lamentó su ausencia. Brasil no se pronunció pero su dependencia con los fertilizantes rusos ha determinado su persistente neutralidad frente a la guerra. Además, Bolsonaro no asistió. Argentina, por su parte, siempre con posiciones contradictorias, vota erráticamente en todos los foros internacionales.

Más aún, según su desorientado presidente, “cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría”. Metáfora desafortunada pero consistente con su idea de hacer de Argentina la “puerta de entrada de Rusia en América Latina”, frase que pronunció en Moscú tan solo tres semanas antes de la invasión de Ucrania iniciada el 24 de febrero.

En este contexto, la narrativa instalada y recogida por la prensa dice que la participación de Zelensky se frustró porque la guerra fue desplazada de la agenda por la decisión de Uruguay de avanzar en las negociaciones de un tratado comercial con China sin la anuencia del resto de los socios. Excusa predecible pero no creíble por varias razones.

Primero porque el gobierno de Uruguay ha propuesto dicha estrategia comercial para todo el bloque. No es una buena idea, por cierto, pero no es unilateral. Brasil propuso lo mismo en relación a India, un tratado comercial de todo el bloque. Y segundo porque la realidad de Uruguay, una economía pequeña y abierta entre dos países mucho más grandes y proteccionistas, le obliga a buscar horizontes comerciales mas allá de Mercosur. Ya en 2007, y por las mismas razones, Uruguay estuvo cerca de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Es que mucho de lo que sucede con el bloque carece de sentido estratégico en lo comercial, y de principios en cuanto a lo normativo. Es decir, la incapacidad del bloque de resolver la acostumbrada tensión entre la racionalidad de un maximizador (el interés) y la normatividad que se deriva de una identidad definida (los principios). En lo primero porque Mercosur actúa como mecanismo obstaculizador del libre comercio, más que como facilitador del mismo. En lo segundo porque aplica sus clausulas según la ocasión y la preferencia de los presidentes de turno.

El lector recordará las idas y vueltas con la aplicación a Maduro del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, tema que recién se pudo resolver en agosto de 2017, suspendiendo a Venezuela y superando la prolongada oposición a actuar por parte del entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.

Lo que hoy ocurre con Ucrania es similar. Mercosur no se compromete con los principios—del derecho internacional; la paz y la soberanía territorial de los Estados, entre otros—al tiempo que desatiende sus intereses comerciales; el libre comercio. La negativa a escuchar a Zelensky por cierto que tampoco es auspicioso para la implementación del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea firmado en junio de 2019 y que, se supone, debe abrir diversas áreas de la economía europea.

Mientras escribía este texto, el presidente Chaves de Costa Rica recibía el llamado de Zelensky, expresándole su apoyo incondicional, y Putin bombardeaba el puerto de Odessa. Ello un día después de haber acordado con Ucrania, las Naciones Unidas y el gobierno de Turquía permitir la normal operación del mismo a efectos de asegurar el suministro de alimentos.

Y allí sigue Mercosur en su confusión, sin tener claro que forma parte de Occidente. Lo dicho: ni principios, ni intereses.

@hectorschamis

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Héctor Schamis es un prestigioso académico argentino. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Autor de varios libros y articulista de opinión en diferentes medios.

por Héctor Schamis

En un editorial institucional publicado en vísperas de la reciente IX Cumbre de las Américas, el Washington Post aseguraba que “Estados Unidos no podría juntar (o ‘unir’) al hemisferio porque este se halla dividido”. Como tesis, contiene dos proposiciones básicas y una derivada. El razonamiento es tautológico, pero en cada término del mismo está la médula de las relaciones interamericanas. Vayamos por partes.

A estas alturas, que las Américas están divididas es una verdad de Perogrullo. Piénsese que en 2001 los países de la región excepto Cuba firmaron la Carta Democrática y que, desde la Iniciativa de las Américas de George H. W. Bush en 1990, los tratados de libre comercio se expandieron por toda la región. Nótese que todos los países del Pacifico excepto Ecuador tienen un acuerdo comercial con Estados Unidos. Dicho sea de paso, es hora que Ecuador también lo tenga, país miembro de la Alianza del Pacifico.

Pues esa era la agenda de las Cumbres desde la primera de 1994 en Miami, presidida por Bill Clinton: comercio y democracia; inversión, empleo y prosperidad; instituciones y derechos humanos. Todo ello ha cambiado, el optimismo de entonces no duraría.

Curiosamente, dicho consenso comenzó a declinar con el boom de precios de principios de siglo XXI y los términos del intercambio más favorables de la historia. Curiosa y también contra-intuitivamente, es casi una tradición latinoamericana optar por políticas proteccionistas cuando el comercio mundial más se expande.

En algunos países de la región ello vino acompañado de una versión caricaturesca de anti-americanismo y neo-dependencia. Los canadienses, dependientes de Estados Unidos en comercio, inversión y tecnología—lo cual, por cierto, no los ha hecho subdesarrollados, pobres, ni desiguales—siempre observan dichos argumentos con extrañeza. Así comenzó a declinar la adhesión a las normas y principios del capitalismo democrático, declinación auspiciada por la simbiosis Cuba-Venezuela y financiada por el petróleo de aquel boom de precios.

En el tiempo, ello resultó en una suerte de economía pseudo-socialista y un sistema de partido único de facto que se reproduce por medio de la cooptación del poder judicial y el control de la autoridad electoral. Y en colusión con los carteles del crimen organizado que financian campañas y eliminan a los candidatos que no responden a sus intereses.

Con dicha formula es posible “ganar” tantas elecciones como sean necesarias para perpetuarse en el poder. Comillas, precisamente, porque el ataque constante a la OEA y a sus misiones de observación electoral persigue neutralizar los mecanismos de fiscalización internacional.

La consecuencia de ello no es tan solo un hemisferio “dividido”, como lo caracteriza el Washington Post, sino también fragmentado, un continente a la deriva. Todo eso que se ha llamado “populismo”, “polarización” y otros conceptos afines, no es más que la fragmentación producida por la debacle institucional en curso.

Debacle en el más amplio sentido del termino. Se ha consolidado en buena parte de este “hemisferio fragmentado” un sistema de incentivos perverso, la desaparición gradual del Estado de Derecho, y una contracción económica producida por la pandemia, la inflación y una inversión crecientemente orientada hacia actividades ilícitas, con el consiguiente daño a la base fiscal de los gobiernos y el deterioro del nivel de vida y de la sociabilidad. Nuestras sociedades son anómicas, prevalece hoy un “sálvese quien pueda”.

En este escenario, si Estados Unidos puede o no unir a las Américas es una cuestión empírica. El punto es si debe o no hacer el intento, que es lo importante. O sea, si la nación más poderosa del hemisferio debe involucrarse o no con sus vecinos. La crítica latinoamericana, y no únicamente latinoamericana, es casi siempre un contradictorio reproche adolescente. De “el imperio nos domina” se pasa sin escalas a una suerte de “América Latina no le interesa a Estados Unidos”. Ambas nociones son falaces, causa y efecto se confunden con facilidad en el complejo y fluido escenario de las Américas.

El Sistema Interamericano es un sistema, precisamente, y Estados Unidos es su centro de gravedad. Su involucramiento ocurrirá lo haga activamente o no, siempre ha sido así y no solo por tamaño y poder. En las gestas de la independencia; en el espíritu, si no la letra, de las constituciones de las nacientes naciones latinoamericanas; en sus sistemas presidencialistas y, para algunos, en su estructura política federal; desde el mismo origen se observa la inspiración de Estados Unidos.

Es solo que ahora debe involucrarse con convicción y hasta con un sentido de urgencia. Mientras escribo estas líneas, Maduro regresa “victorioso” desde Teherán. Ortega autoriza el ingreso de tropas rusas a Nicaragua. Y un avión de la iraní Mahan Air, empresa sancionada por Estados Unidos por sus vinculaciones con el terrorismo, está en Argentina luego de haber sido negado su aterrizaje en Paraguay y Uruguay. Y, por supuesto, China sigue haciendo buenos negocios en recursos naturales e infraestructura.

En las Américas de hoy, el desafío es civilizatorio. No será posible enfrentarlo sin Estados Unidos.

@hectorschamis

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