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Por Héctor Schamis

Era el martes 27 a las 7:32pm en la ciudad de Kramatorsk, en el oriente ucraniano. En “Ria”, una pizzería popular entre los habitantes de la ciudad y frecuente lugar de encuentro de visitantes fugaces; periodistas, escritores e intelectuales ucranianos y extranjeros. Estos últimos testigos voluntarios, prestando sus ojos y oídos al mundo para dar testimonio de esta guerra de otro tiempo.

Y también prestando su piel. La pizzería estaba colmada de gente cuando dos misiles Iskander hicieron impacto; era la hora de la cena. Murieron allí 13 personas y más de 60 resultaron heridas. Entre los fallecidos se encuentran dos mellizas de 14 años; entre los adultos, una renombrada escritora ucraniana, Victoria Amelina. Sus aclamadas obras incluyen novelas infantiles; la ironía no habría podido ser más amarga.

Ante las condenas, el Kremlin formuló su descargo de inmediato, alegando que Rusia no ataca infraestructura civil y que los bombardeos están de un modo u otro relacionados con la infraestructura militar. Un vínculo que requeriría una lógica en exceso perversa para sostenerse, lógica que no obstante Rusia utilizó al día siguiente sin pudor alguno: “el blanco atacado era un puesto de comando temporario”, decía el comunicado del Ministerio de Defensa.

Y no es la primera vez que Kramatorsk es blanco de ataque. La estación ferroviaria ya había sido bombardeada en abril de 2022, dejando 63 muertos y más de cien heridos. No obstante, que ahora le toque a una pequeña pizzería en una ciudad de tamaño medio agrega otra dimensión. Es que, además de crimen de guerra, no puedo dejar de pensar en el infanticidio. Pues, ¿qué niño no goza comiendo pizza? Deliciosa y accesible, ¿qué familia no organiza una fiesta con tan sólo una pizza?

La noticia viajó rápidamente a América Latina. Amelina estaba en Ria cenando con un grupo de escritores y periodistas colombianos cuando ocurrió el ataque. Héctor Abad, Catalina Gómez y Sergio Jaramillo, este último ex-comisionado de paz, fueron heridos. La peculiar definición de “infraestructura militar” del Kremlin fue desbaratada por Gustavo Petro en una frase: “Rusia ha atacado a tres colombianos indefensos, violando los protocolos de la guerra”.

Colombianos, ucranianos y de cualquier nacionalidad. De eso se trata, justamente, a propósito de las guerras de antes y las de ahora. Para algunos, toda guerra es un crimen, pero no toda acción bélica es un crimen de guerra. Los protocolos que señala Petro, la Convención de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma de 1998, así lo estipulan y tipifican. Incluyen el ataque a civiles y a la infraestructura civil.

En Ucrania tanto como en Siria y Georgia, los bombardeos a hospitales, mercados e infraestructura eléctrica son costumbre en las acciones de las fuerzas rusas. Rusia intenta normalizarlos, o por lo menos acostumbrar al mundo a ellos, como ahora en una pizzería. Es que para el Kremlin los blancos civiles son objetivos militares, solo que con un impacto más profundo. Con ellos no persigue superioridad táctica, su objetivo es deteriorar la moral de una nación. Y con ello torcer la voluntad de un pueblo que no parece someterse.

La pizzería no era un puesto de comando temporario, era un lugar para reforzar la sociabilidad y suturar el tejido social rasgado. Ese es el verdadero enemigo de Rusia. Ello está incrustado en la ideología que subyace la invasión, la cual niega la propia existencia de la nación ucraniana. Con la misma lógica perversa con la que se define el concepto de “objetivo militar”, los ideólogos del Kremlin podrían argumentar que no es posible cometer crímenes contra algo que no existe.

Ello también explica la deportación a Rusia de niños ucranianos, las cifras que manejan los gobiernos y ONGs oscilan entre 20 mil y 700 mil. El Kremlin asegura que se trata de medidas de evacuación para garantizar la seguridad de los niños que viven en zonas próximas al frente de batalla. Sin embargo, se acumula la evidencia de niños deportados luego reeducados y adoptados por familias rusas. La orden de arresto contra Putin y su “Comisionada por los Derechos del Niño de la Oficina del Presidente” librada por la Corte Penal Internacional en marzo así lo atestigua.

Con lo cual se trata de limpieza étnica, el umbral del crimen de genocidio. Que el Estatuto de Roma define como “la deliberada intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Incluye matar, lesionar, someter, impedir los nacimientos en el seno de ese grupo (o sea, la esterilización compulsiva), así como también transferir por la fuerza a niños de ese grupo a otro grupo. Dicho crimen ya había sido juzgado en Rwanda y Bosnia, que abrieron la posibilidad de procesar por genocidio crímenes que no necesariamente causen la muerte.

Casi en simultáneo con el ataque a la pizzería, y luego de meses de esfuerzo del gobierno de Zelensky, se abrió en La Haya el “Centro Internacional para el Procesamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania” bajo auspicios de Eurojust, la agencia de justicia de la Unión Europea. Se define como “el uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado, o en cualquier forma que sea inconsistente con la Carta de las Naciones Unidas”.

O sea, es inequívoco, el crimen de agresión ocurre cuando se invade otro Estado sin motivo ni provocación previa. El primer tribunal especial a tal efecto en la historia fue el de Nuremberg en 1945, el propuesto hoy también se inspira en los tribunales especiales de Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone y Camboya. La Corte Penal Internacional está investigando crímenes de guerra, pero no tiene jurisdicción para enjuiciar crímenes de agresión. El nuevo organismo se encargará de ello y es un primer paso hacia posibles tribunales de altos jerarcas rusos.

El problema jurídico, pero sobre todo político, que enfrentará este nuevo tribunal será que, en tanto la decisión de Rusia de invadir un Estado—Ucrania—no esté separada de la denegación a una nación de su derecho de existir de manera independiente—la nación ucraniana—el crimen de agresión y el de genocidio van juntos. Por eso la pizzería de Kramatorsk.

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Por Héctor Schamis

La respuesta de la Administración Biden a la actual crisis europea comenzó con un cierto desconcierto. En las semanas previas al 24 de febrero, el inicio de la invasión rusa, tuvo una reacción dubitativa, un discurso ambiguo y reflejos lentos. Soslayó el hecho que cuando un adversario militar concentra 200 mil tropas a lo largo de una frontera es sensato prepararse para lo peor; más aún cuando se trata de un país previamente invadido y con partes de este anexadas.

Washington era inacción. Su versión de “diplomacia” sonaba equivalente a “apaciguamiento”; las palabras nunca han sido efectivas en disuadir a Putin. El propio presidente Biden parecía considerar la invasión como un hecho consumado.

Las contradicciones y errores en el abordaje de la crisis permearon también la respuesta europea, lógicamente. No es casual que la OTAN inicialmente se limitara a citar el artículo 5, en referencia a no poder involucrarse porque Ucrania no es miembro del tratado, y que la primera “sanción” de la Unión Europea fuera expulsar a Rusia de Eurovisión.

Todo ello cambió con las imágenes de los crímenes de guerra, la destrucción de ciudades y los videos del presidente Zelensky exhibiendo su notable carisma. Con ello, las sociedades europeas salieron masivamente a la calle en apoyo de Ucrania. Europa despertó, el azul y amarillo se hizo la bandera de todos y los gobiernos comenzaron a escuchar a quienes, en definitiva, son sus votantes.

La belleza de la democracia aún en las circunstancias más trágicas; y, si no, que lo diga Macron quien tal vez le deba su reelección a Putin. Pues Europa no solo despertó, sino que comprendió el cambio histórico precipitado aquel 24 de febrero. Ello se ve con la mayor claridad en la decisión de Finlandia y Suecia en relación a la OTAN, interrumpiendo siglos de neutralidad, y en el debate sobre el mismo tema en Austria y Suiza. No hay más neutralidad europea, la Unión y la OTAN ya casi son lo mismo.

La Administración Biden leyó la nueva realidad acertadamente y se puso a la altura de las circunstancias. Encontró el sutil equilibrio para evitar el escalamiento del conflicto, pero sin caer en el apaciguamiento. Apoyó la expansión de la OTAN, al mismo tiempo que impuso sanciones a Rusia y presionó a los europeos a hacer otro tanto.Activó la ayuda militar a Ucrania, cooperando en la búsqueda de fuentes alternativas de energía para los países más dependientes de Rusia, Alemania y Polonia en particular. Ponderando riesgos, la Administración asumió aquella expresión de Joe Nye con convicción: “Bound to Lead,” destinado a liderar.

Todo lo anterior es contexto para la Cumbre. Lo del espejo es solo parcialmente una metáfora, pues contiene un mensaje concreto para la Administración: hagan lo mismo en las Américas y déjenlo claro en Los Ángeles. Europa está en guerra y, en consecuencia, el mundo está en guerra. Los causantes fundamentales de inestabilidad de este hemisferio están nítidamente alineados frente a dicho conflicto. Alcanza con recordar los nombres de las abstenciones a la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y como Observador Permanente de la OEA.

Que esas dictaduras alineadas con Rusia no hayan sido invitados importa menos que la necesidad de responsabilizarlos adecuadamente por sus aparatos represivos coludidos con el crimen transnacional. La Cumbre de Los Ángeles debería exigirles rendir cuentas por ello, “hold them accountable”.

La Administración Biden tiene un papel fundamental, desde luego. La vasta mayoría de las democracias del mundo y de América han condenado los crímenes de Rusia, esa debe ser la vara con la que se mida una nueva configuración del sistema interamericano. Estados Unidos debe premiar a quienes contribuyan a la creación de este nuevo orden y castigar a quienes están alineados con Rusia y otros Estados extra-regionales a su vez asociados a dichas entidades criminales.

La guerra en Ucrania no es solo en Ucrania, tiene correlatos en América. La abstención de Brasil es inexplicable e irresponsable, debe corregir el rumbo. No solo se acerca a las autocracias criminales, sino que echa por la borda la tradición de aliado de Occidente desde la Segunda Guerra. La Cumbre debe ser el lugar para plantearlo.

Lo de México, a su vez, comienza a tener una explicación plausible: la indulgencia de su gobierno con el narco-tráfico, posición conveniente para el régimen castrista en Cuba. Sería bueno que se le diga a López Obrador que ya basta con lo de “lacayo” y lo de desmantelar la OEA. La CELAC no es para democracias.

Esta también podría ser una ocasión para corregir errores pasados. Resulta una suerte de incógnita la falta de una política exterior clara con el Caribe. Son 14 países que se sienten abandonados por Estados Unidos desde hace años, realidad que la diplomacia e inteligencia cubana (son sinónimos) han aprovechado con éxito. Un recordatorio a Washington y a la Florida: en muchos de esos Estados insulares la principal fuente de divisas y de creación de empleo es el turismo. No es tan complicado ni tan costoso construir puentes con ellos.

Y a propósito de errores y de Cuba, sigue teniendo consecuencias nefastas que Estados Unidos haya reestablecido relaciones diplomáticas con la Isla en 2014 a cambio de muy poco. Hoy la Administración Biden no invita a Cuba y a Venezuela a la Cumbre, mientras miles de militares cubanos continúan en Venezuela a cargo de la inteligencia, el control de aeropuertos, la seguridad de Maduro y la tortura en las prisiones; todo lo cual debió negociarse e interrumpirse en 2014. Por ello, es contradictorio hablar de levantar sanciones a esas dictaduras mientras se las excluye por ser precisamente dictaduras. Así se confunde a las democracias aliadas.

De nuevo, Washington debe hacer en el hemisferio occidental lo mismo que ha estado haciendo en Europa. El orden europeo está en proceso de reconfiguración, por supuesto que contando con la convicción y el liderazgo de Estados Unidos. Pues que la Administración Biden asuma ese liderazgo con igual convicción en este continente. Así como Europa debe ser protegida de Putin, las Américas deben ser protegidas de las dictaduras criminales, aliadas de Putin.

@hectorschamis

Héctor Schamis es un prestigioso académico argentino. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Autor de varios libros y articulista de opinión en diferentes medios.

En comunicación de fecha 22 de octubre de 1964 dirigida al entonces ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Raúl Roa García, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le refiere denuncias que violarían lo estipulado en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, normas que el Estado cubano se comprometió a respetar. Le exhorta a adoptar “medidas progresivas a favor de los derechos humanos y aquellas que sean apropiadas para fomentar la fiel observancia de esos derechos”.

La CIDH reclama al gobierno cubano por la prisión de La Cabaña, “donde habrían llegado a recluirse hasta cien menores, sancionados con penas que oscilan entre 3 y 30 años de cárcel”. La carta hace mención especifica de la reclusión y tratos crueles de un menor de 15 años de edad, cuatro menores de 16 años y uno de 17, y de otros menores acusados de delitos “contrarrevolucionarios” alojados en prisiones para delincuentes adultos.

La comunicación también hace referencia a los casos de Rubén Acosta y Justo García, menores de 16 años juzgados en la provincia de Matanzas bajo la acusación de sabotaje contra plantaciones de caña de azúcar, y que fueron sentenciados a la pena de muerte por fusilamiento el 12 de abril de 1964. Todo lo cual es violatorio del propio Código de Defensa Social de la República de Cuba, señala la carta, el cual contempla circunstancias atenuantes para los menores de dieciocho años y prescribe, cuando más, su reclusión en un reformatorio juvenil.

Dicha metodología represiva, con el consiguiente abuso y vulneración de derechos de menores, continúa. Ello aún después de que, en enero de 1990, Cuba ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y en vigencia desde el 2 de septiembre de 1990.

Específicamente, el gobierno cubano viola de manera flagrante el artículo 37 de dicha Convención, el cual prohíbe la privación ilegal o arbitraria de la libertad de menores de 18 años, las torturas y tratos crueles, la pena capital y la prisión perpetua, y determina que todo menor privado de libertad debe estar separado de adultos en similar situación y tener contacto directo con su familia, pronto acceso a asistencia jurídica y el derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal. Dispone asimismo que los Estados Partes tienen obligación de velar por el cumplimiento de dicha normativa.

Si acaso alguna vez en estos 63 años de totalitarismo, nada de esto se cumple desde las protestas ciudadanas iniciadas el pasado 11 de julio. Según diversas organizaciones de derechos humanos al menos 45 menores de entre 14 y 17 años están siendo procesados penalmente en Cuba por participar en dichas marchas, y 14 de ellos están privados de libertad a la espera de juicios.

Se debe subrayar “al menos” ya que el número es incierto, pues la información proporcionada por el Estado es imprecisa y contradictoria. De hecho, la Fiscalía también informó que el ministerio público recibió 117 expedientes sobre los hechos “de mayor connotación”, y que 790 personas fueron instruidas por actos vandálicos en las protestas iniciadas el 11 de julio pasado.

Entre ellos se cuentan 55 adolescentes de entre 16 y 18 años, y otros 27 menores de 16 años que supuestamente participaron en las protestas pero no son sujetos del derecho penal. A estos últimos se les aplica el procedimiento legal “de rutina”, un sistema que los ubica en centros de “reeducación” custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y que suspende la capacidad de los padres de usar recurso alguno para defender a sus hijos, o sea, derogando en los hechos su Patria Potestad.

Según el Código Penal Cubano la edad de imputabilidad comienza a los 16 años: a todo aquel que haya cumplido 16 años le es aplicable lo establecido en el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. La incongruencia con lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño es flagrante, al igual que el limbo legal en el que se encuentran los menores de 16 años.

En concreto, no existen cifras oficiales de cuántos menores han sido juzgados por la ley o recluidos en penales por la comisión de delitos. La ausencia de garantías procesales es así evidente, rasgo central de las disposiciones legales en todo Estado totalitario, un diseño jurídico que persigue con ello aterrorizar en la población.

Un grupo de senadores estadounidenses de ambos partidos ha pedido por medio de una carta a la recién nombrada directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, interceder en la protección de estos niños. En noviembre pasado, UNICEF ya se había sumado a otras organizaciones internacionales para pedir a las autoridades cubanas proporcionar información fidedigna sobre estos casos.

Pero allí siguen los “niños presos políticos”. Como se sabe, la niñez siempre ha sido descartable en la Cuba del castrismo. Si, como en el Saturno de Rubens (y el de Goya), toda revolución termina devorándose a sus propios hijos, ello ocurre desde el primer día en esta revolución jinetera.

@hectorschamis

El fin de la Guerra Fría y la caída del comunismo produjeron la reconfiguración del territorio europeo. No se trató solo de un cambio de régimen. Tres Estados—la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia—se transformaron en 22 de la noche a la mañana. Ocurrió de manera pacifica, en el divorcio de terciopelo de Praga y Bratislava, pero también con guerra y genocidio hasta bien entrado el siglo XXI, en los Balcanes.

Las propias alteraciones cartográficas—o sea, la inestabilidad de la institución política primordial, el mapa—revelan que la promesa de un nuevo orden internacional en los noventa nunca llegó a concretarse. De hecho, publicado en 2014, “World Order” de Kissinger es en realidad acerca del “desorden” de la post-Guerra Fría. Desde entonces, ello se ha visto reforzado por la confluencia de dos tendencias mutuamente complementarias: un nuevo soberanismo estatal y el resurgimiento del sentimiento nacionalista.

El reclamo soberanista propone un orden que vuelva a poner el centro de gravedad en el Estado. Una reacción “neowestfaliana” si se quiere, se expresa como una suerte de post-multilateralismo crítico de las instituciones que forjaron la gobernabilidad internacional desde 1945. Nótese que dicha posición ha adquirido protagonismo tanto bajo un orden político democrático—por ejemplo en el Reino Unido—como autocrático—por ejemplo en Rusia—y en contextos culturales también marcadamente divergentes.

El nacionalismo, a su vez, descansa sobre la idea que el Estado, una construcción jurídica y política, es—o debería ser—el reflejo de una comunidad relativamente homogénea étnica y culturalmente, organizada en base a identidades y anhelos comunes. El problema de esta visión es que la vasta mayoría de los Estados son multinacionales, formados por múltiples y diversas comunidades, de ahí que sean esencialmente heterogéneos. Ello subraya que la utopía del nacionalismo es problemática para crear un orden político inclusivo, pacífico y mínimamente democrático.

O sea, es una receta para la autocracia que, en Rusia, además evoca nostalgias imperiales. Es el caso de Putin, cuya política exterior, obligada a recuperar la influencia perdida con la disolución de la Unión Soviética, incluye recorrer Europa buscando personas con ancestros rusos a quienes les concede pasaportes y pensiones del Estado. Herencia del periodo de sovietización en los países bálticos y en Ucrania, esa es la base sobre la cual Putin planta su bandera, declara soberanía y cambia el mapa.

Lo hace por medio de plebiscitos de dudosa legitimidad, invasiones y acciones terroristas de “rusos étnicos”. Paradójicamente, Putin auspicia en Ucrania exactamente lo mismo que padece en Chechenia y Daguestán. Mientras los separatistas ucranianos derriban aviones civiles, como el vuelo 17 de Malaysia Airlines en julio de 2014, los Chechenos asaltan teatros y masacran al público. La lógica es idéntica.

En otras palabras, con el manual nacionalista en mano, las cien mil tropas rusas estacionadas en la frontera con Ucrania no estarían preparando una invasión sino cumpliendo con el mandato de la Gran Madre Rusia: regresar a casa a socorrer a sus hijos, reunificar a esa gran familia extendida y completar la tarea iniciada en 2014 con la anexión de Crimea y la ocupación militar de las provincias (oblast) de Donetsk y Luhansk.

Es decir, la amenaza de Putin de hoy es redundante, dicha invasión comenzó hace siete años. Al igual que en América Latina, donde también amenaza con hacer lo que ya hizo, enviar tropas y equipamiento a Venezuela (y Cuba), ahora como elemento de presión a Estados Unidos y OTAN en relación a la crisis ruso-ucraniana. De hecho, información de inteligencia habla de dos bases rusas operativas en Venezuela desde 2018: una en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, y la otra en Manzanares, estado Miranda.

Lo nuevo ahora es la expansión de la geografía del conflicto. En la Guerra Fría, el continente americano estaba fuera de las hipótesis de guerra a consecuencia de la negociación que resolvió la crisis de los misiles en 1962. El “campo de batalla” siempre estuvo en Europa. Hasta los tratados de armas nucleares limitaban el alcance mutuo de misiles, pero no así a territorio europeo. Europa siempre es el escenario, pero Putin acaba de poner al hemisferio occidental en el radar bélico; América es ahora otra variable en la ecuación militar.

Putin es un arriesgado jugador. En el lenguaje de las relaciones internacionales su estrategia es pura “brinkmanship”. Su país no puede financiar un esfuerzo bélico sostenido, no tiene los recursos ni la infraestructura necesarios. Cuenta con las armas heredadas de su pasado de superpotencia, pero su economía es más pequeña que la de Italia y apenas por encima de la de Brasil. No obstante, con su extraordinaria audacia, Putin pone al mundo, y a Rusia, al borde del desastre con frecuencia.

Y también de rodillas. En parte lo logra por la inacción y el desconcierto de Occidente, hay que decirlo. Los funcionarios de la Administración Biden no hablan con una sola voz. Algunos prometen una “respuesta decisiva” a cualquier incursión en Ucrania. Otros prometen “duras sanciones económicas”, en caso de producirse; lo cual no suena proporcional a la gravedad de la crisis ni parece suficiente para disuadir a Putin.

El Presidente, por su parte, pareció considerar la ocurrencia de dicha invasión poco menos que un hecho consumado. Las inconsistencias en el mensaje reflejan contradicciones en el abordaje de la crisis. Ello evoca las líneas rojas de Obama a Al-Assad, aquel ultimátum sin efecto alguno—la guerra civil siria se convirtió en un genocidio que dura hasta hoy—o la misma partida de Afganistán, que dejó detrás caos y pérdida de credibilidad.

Los europeos, a su vez, no lo están haciendo mejor, debe destacarse. Ucrania pidió armamento defensivo como ayuda para hacer frente a la amenaza, a lo cual el Reino Unido accedió. Alemania optó por la posición apaciguadora, argumentando que enviar armamento solo agravará la situación. Ello como muestra, este Occidente de hoy parece ser capaz de renunciar a sus principios y abandonar a sus aliados.

Como construcción política y económica, el orden liberal internacional post-1945 tenía una operación sistémica. La estabilidad de todo sistema depende de la cooperación entre sus miembros, tanto como de la capacidad del mismo de sancionar a los infractores. Para ello depende de convencer a los adversarios sobre la conveniencia de abandonar posturas agresivas y reasegurar a los aliados que cuentan con su protección.

Y hacerlo de ser necesario. Como en 2014, esta crisis es el test de Litmus para probar si ello ocurre todavía, si los infractores serán sancionados y los aliados, protegidos.

@hectorschamis

La cumbre de CELAC de Buenos Aires continuó en Managua pocos días después. En Nicaragua, la puesta en escena incluyó un mensaje, que el bloque conforma una especie de “Internacional de las Dictaduras”; en América Latina y el Caribe, pero también más allá. Debido a sus alianzas con autocracias extra-regionales, CELAC representa una amenaza inusual a la democracia, la seguridad y la paz del hemisferio.

China ya había estado presente en la cumbre de CELAC de México; de hecho, la inauguró con un video de Xi Jinping. Luego inició relaciones diplomáticas con Nicaragua, apenas horas después de que ambos fueran excluidos de la cumbre de la democracia de la Administración Biden, desplazando así a Taiwán. Al mismo tiempo, El Salvador, tampoco invitado, aceleró negociaciones con China por inversiones en proyectos de infraestructura. Y la presidente electa de Honduras, nación también excluida, a su vez prometió establecer relaciones diplomáticas con Beijing.

El desaire casi siempre genera espontánea empatía entre los agraviados. También ocurrió en esta ocasión, desplantes que China ya está capitalizando con una ambiciosa estrategia para el triangulo norte.

En Managua el protagonista extra-regional fue Irán, invitado especial a la quinta posesión de Daniel Ortega. Lo humillante no fue solo la presencia del régimen teocrático de Teherán, un tipo de autocracia desconocido en las Américas, sino quién encabezó la delegación oficial: Mohsen Rezai, viceministro de Asuntos Económicos, uno de los acusados por el atentado a la AMIA en julio de 1994 en Buenos Aires cuando era un alto jefe de la Guardia Revolucionaria.

Ortega junto a Rezai

Sobre Rezai pesa una alerta roja por los cargos de homicidio calificado en perjuicio de 85 víctimas fatales y daños múltiples agravados por haber sido motivado por odio racial o religioso, según informa Interpol en su página oficial. Nicaragua debió notificar a Interpol, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo el embajador argentino, estando allí presente. Llamativo por decir lo menos siendo que la causa origina en denuncias de varios gobiernos de su país.

Su cancillería emitió un comunicado de queja que no tiene credibilidad alguna, pues no destituyó al embajador por su omisión grave ni por permanecer en el evento, sino que lo justificó “por no saber” que Rezai estaba presente. El problema es que en materia de actos de Estado la ignorancia jamás es excusa, y además que ello no puede ser cierto, pues el equipo de protocolo de todo gobierno siempre comunica la lista de delegaciones extranjeras invitadas a un acto oficial.

No obstante los acostumbrados bochornos e hipocresías de la Cancillería Argentina, el episodio es útil. Señala el grado de penetración de Irán en la región y echa luz sobre su doble metodología: a través de canales institucionales, como Estado, y por medio de Hezbollah, organización terrorista paraestatal del régimen.

Tengámoslo claro: Irán es un Estado terrorista, no solo postula abiertamente la desaparición de un Estado, Israel, sino que tiene una larga historia de acciones destructivas contra otro Estado, Líbano. Ello ejecutado por Hezbollah.

El punto es pertinente para ilustrar que minimizar la presencia de células yihadistas en América es por lo menos irresponsable, si no un acto de complicidad. No es solo lo ocurrido en Argentina en 1992 y 1994, es también lo divulgado por la “Operación Cassandra” de la DEA sobre las fuentes de financiamiento de Hezbollah: operaciones de narcotráfico y lavado en las Américas, cuyos recursos son luego enviados a las arcas de la organización en Líbano.

Lo cual no debería sorprendernos. Los ilícitos prosperan con Estados fáciles de capturar, fronteras porosas y corrupción generalizada. Hoy sabemos que las platas del narcotráfico, la corrupción de la obra pública y el terrorismo se lavan en el mismo sitio. En Iquique, la Triple Frontera, la Guajira o Sinaloa, entre otros sitios activos, Hezbollah está en la región. Se trata de un contratista informal, externalizado por la República Islámica de Irán.

A lo anterior debemos agregar la reciente amenaza del gobierno de Rusia de desplegar efectivos y equipamiento militar en Cuba y Venezuela para presionar a Estados Unidos a aceptar la presencia de cien mil tropas rusas en la frontera con Ucrania. Después de tres rondas de conversaciones sin resultados tangibles y con tensiones en aumento, Rusia sube la apuesta escalando la retórica y desplazando la crisis a territorio americano. A noventa millas, chico, una verdadera bola curva.

El presidente ruso, Vladimir Putin

Pues ello hace rato que ocurre. Informes periodísticos acerca de la presencia de tropas y equipamiento ruso en Venezuela tienen años, pero fueron confirmados por el ministro de Defensa de Colombia esta semana a raíz de la amenaza del viceministro de exteriores de Putin. Agregó que la frontera de Colombia con Venezuela ya está militarizada como parte del combate contra el narcotráfico.

Pero nada de esto tiene que ver con la nostalgia de 1962, según algunos que evocan la crisis de los misiles. Pues no se trata de melancolía de comunistas, sería un error asumir eso. Ninguno de los actores involucrados en esta Internacional de las Dictaduras piensa en términos ideológicos. La ideología se usa como racionalización ex–post, por el poder, como insumo para la propaganda de los cómplices y consumo de ingenuos.

Surge una nueva división del trabajo en el tablero actual de la geopolítica americana. China se concentra en infraestructura y extracción de recursos naturales. Irán en energía y en actividades ilícitas y nexos terroristas a través de Hezbollah. Rusia, sin capacidad de competir en comercio e inversión con China y Estados Unidos (su economía es similar en tamaño a la de Brasil), se especializa en sus viejos temas imperiales: infraestructura militar.

En síntesis, la autocracia del futuro—de hoy—es un comunismo meramente retórico, sin emancipación proletaria ni nacionalización de los medios de producción, como no sean las expropiaciones de la corrupción que ocurren hace tiempo.

Lo que sí habrá en la utopía del comunismo retórico será un capitalismo de partido único, como en China; autocracias consolidadas, como en Cuba; ilícitos y terrorismo, como en Irán; el crimen organizado en el poder, como en Venezuela; y la pobreza, la desigualdad y la violencia en todo un continente. Ese es el tiempo que nos toca vivir.

@hectorschamis

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