Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sobrevino una represión sin precedentes. El mismo gobierno se encargó de destacar que más de 2.000 personas habían sido detenidas, particularmente en el contexto de manifestaciones contra los resultados electorales oficiales que le otorgaron la victoria a Nicolás Maduro, a pesar de las pruebas exhibidas por la oposición sobre el triunfo de Edmundo González Urrutia.
Esta especie de razzia contra toda persona percibida como adversaria del oficialismo, incluyó a 11 periodistas encarcelados o encarceladas entre julio y diciembre de 2024. Sin embargo, la prisión contra representantes de la prensa independiente prosiguió en 2025 y, desde enero hasta el 25 de julio otros nueve periodistas fueron enviados a la cárcel.
Antes, del 28 de julio de 2024, habían sido encarcelados tres periodistas, también como resultado de la persecución política que, de manera sistemática, ha desarrollado el oficialismo contra quienes se dedican profesionalmente a informar. Para el 25 de julio de 2025 se contabilizan 15 periodistas tras las rejas. Este número, sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela, constituye una situación alarmante que resume el riesgo actual de hacer periodismo y los déficits democráticos en el país.
La toma de posesión de Maduro como presidente de la República reelecto estaba prevista para el 10 de enero. El acto caldeó los ánimos nuevamente, pues se planteó la posibilidad de que González Urrutia regresara a Venezuela el 9 de enero e intentara juramentarse como presidente. Finalmente, González Urrutia permaneció en el exilio y la juramentación de Maduro se realizó sin mayores contratiempos el 10 de enero.
Sin embargo, desde el oficialismo se repitieron las versiones sobre planes de desestabilización política promovidos por la oposición, y sobre esa base, se reactivó el plan gubernamental denominado “Furia Bolivariana”, emprendido después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y el cual incluía la actuación coordinada entre agentes de los cuerpos de seguridad del Estado y civiles adeptos al oficialismo para neutralizar nuevas protestas antigubernamentales.
En el contexto de la toma de posesión del 10 de enero, IPYS Venezuela registró 25 ataques a la prensa en el país, entre ellas cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. Además, entre el 7 y el 10 de enero, hubo bloqueos a 58 sitios web de redes sociales y herramientas para evadir la censura en internet. La novedad en ese momento fue el bloqueo a la red social TikTok durante cinco días.
A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo alertas oportunamente y en enero de 2025 publicó un detallado informe sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral, así como la aplicación de “prácticas de terrorismo de Estado”, la represión contra la prensa independiente no ha cesado.
Una de las situaciones más preocupantes es el desplazamiento forzado de periodistas como medida de protección. Hay quienes se han tenido que mudar de ciudad y de estado, temporal o permanentemente, e, incluso, quienes se sienten más perseguidos y perseguidas por el Estado venezolano han huido al exterior. El exilio de periodistas venezolanos y venezolanas comienza a consolidarse como otra evidencia de las dificultades para ejercer la profesión en el país.
La arremetida gubernamental también se ha profundizado en el plano legislativo, mediante normas restrictivas de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública. Durante los primeros meses de 2025, las organizaciones no gubernamentales venezolanas han afrontado la ejecución de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Dicha ley, aprobada en 15 de noviembre de 2024, es un instrumento adicional para la persecución por motivos políticos. Muchos medios de comunicación independientes se han visto afectados por el creciente y progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y las dificultades para contar con fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos periodísticos.
En este informe semestral, IPYS Venezuela pone el acento en el encarcelamiento de periodistas como una modalidad perversa de censura. Cada vez más, el Estado venezolano descuida las formalidades jurídicas y abusa del poder para avanzar en la criminalización del ejercicio periodístico: cuerpos de seguridad, fiscales y jueces siguen lineamientos del oficialismo y actúan coordinadamente para poner al periodismo tras las rejas.
Panorama general
Durante el primer semestre de 2025, el monitoreo de IPYS Venezuela registró un total de 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, que derivaron en 110 vulneraciones específicas a derechos informativos. Los principales afectados fueron periodistas y trabajadores de la prensa, aunque también se documentaron agresiones dirigidas a medios de comunicación y fuentes informativas.
Los tipos de vulneración más frecuentes destacan las restricciones en internet (33 casos), las agresiones físicas o verbales (23), el discurso estigmatizante (18), las detenciones arbitrarias (11) y las restricciones administrativas (9). También se reportaron restricciones de acceso a la información (7), hostigamiento judicial (6), y un caso de desaparición forzada.
Una de las principales tendencias observadas en este período ha sido el aumento sostenido de las detenciones arbitrarias de periodistas, con 11 trabajadores de la prensa privados de libertad. Esta práctica, que suele ir acompañada de acusaciones desproporcionadas como “terrorismo”, “asociación para delinquir” o “instigación al odio”, ha reforzado el patrón de judicialización selectiva del ejercicio periodístico.
Otra tendencia alarmante ha sido la criminalización de las fuentes informativas, lo que representa una amenaza doble. Por un lado, inhibe la labor periodística; y por otro, socava el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público. Estas formas de intimidación, especialmente en regiones donde persiste la opacidad institucional, se ha convertido en una estrategia de censura indirecta.
Las víctimas de estas vulneraciones fueron 54 personas identificadas, 40 hombres y 14 mujeres. Aunque estas cifras reflejan una mayor exposición de los hombres a situaciones de riesgo directo, es importante subrayar que en el caso de las mujeres periodistas las agresiones pueden tener impactos diferenciados y más profundos, debido a factores como la estigmatización de género y la afectación de sus entornos familiares.
En cuanto a las profesiones, los reporteros fueron los más afectados (31 casos), seguidos por directivos de medios (7), activistas de derechos humanos (4), editores (4) y otros roles como camarógrafos, conductores de TV, escritores y choferes. También se documentó la afectación de al menos 24 medios o plataformas informativas, de los cuales la mayoría fueron medios digitales (12) y radioemisoras (6), además de cuentas informativas en redes sociales, una agencia de noticias y una televisora.
El actual escenario es el resultado de una política sistemática de erosión de las garantías informativas, que se ha venido consolidando a través de marcos normativos ambiguos, la inacción de las instituciones de justicia, y el uso instrumental del sistema penal como herramienta de castigo.
Desde 2023, en el marco del ciclo electoral, esta dinámica se ha intensificado con medidas más agresivas contra la prensa independiente. La ausencia de mecanismos eficaces de protección, sumada a la concentración del poder y la falta de independencia judicial, ha profundizado un estado de inseguridad jurídica e indefensión estructural para quienes ejercen el derecho a informar. Este deterioro no es casual ni aislado, responde a una estrategia deliberada de control informativo.